Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial de la Plata Sala II Integrada · Causa 120.882
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica el fallo apelado y se hace lugar a la demanda incoada por Alberto Ricardo Ogando y Patricia González Gervasoni por la suma total de $9.585 con más los intereses fijados por el a quo y con las costas del proceso a cargo de las accionadas en su totalidad y se confirma la sentencia en lo demás que ha sido objeto de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a las demandadas en su esencial condición de vencidas (arts. 25 de la ley 13.133; 53 de la ley 24240).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXII Causa N° 120882; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº 8 - La Plata Ogando Alberto Ricardo Y Otra C/Peugeot Citroen Argentina Sa Y Otra S/ Daños Y Perjuicios REG. SENT.: 61 Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Abril de dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo ordinario la señora Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Silvia Patricia Bermejo, y por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, y por disidencia parcial el señor Juez vocal de la Sala Primera, doctor Jaime Oscar López Muro (art. 35 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 120882, caratulada: "OGANDO, ALBERTO RICARDO Y OTRA C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
LA EXCMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 539/555vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
I. El Juez de la primera instancia se pronunció “…Haciendo lugar parcialmente a la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por ALBERTO RICARDO OGANDO Y PATRICIA GONZALEZ GERVASONI contra PEUGEOT CITROEN DE ARGENTINA S.A Y PI INGENIERIA S.A y en su mérito condeno a los demandados a pagar dentro del plazo de diez días a los actores ALBERTO RICARDO OGANDO la cantidad de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($19.995,00), y PATRICIA GONZALEZ GERVASONI la cantidad de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 19.995,00) , en ambos casos con más un interés a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, desde el 9-1-07 y hasta el efectivo pago, debiendo aplicarse a tales fines la denominada tasa Banco Internet Provincia, por ser una de las especies de tasa pasiva que emplea la referida institución crediticia; 2°)- Imponiendo las costas por el rechazo de la pretensión de sustitución de la unidad adquirida por otra de idénticas características a los actores, mientras que las generadas por el progreso de la acción de daños y perjuicios serán soportadas por los demandados…” (fs. 539/555vta.).
Contra dicha forma de decidir se interpusieron los recursos de apelación que ya en esta instancia se sustentan con las expresiones de agravios de fs. 584/590 y 599/611 vta., sólo se replicó con la pieza de fs. 613/626. A fs. 629/632 obra dictamen del Fiscal General y a fs. 633 se llamaron los autos para dictar sentencia (art. 263, CPCC).
II. En prieta síntesis, insiste la legitimada activa en su recurso con la pretensión de obtener la sustitución del vehículo 0 km adquirido a la demandada, pues entiende que la reparación de dicho rodado no fue satisfactoria.
También se agravia de la cuantificación del rubro desvalorización del rodado y del rechazo de los rubros daño emergente y daño punitivo (ver fs. 584/590).
Por su lado, el letrado apoderado de Citroën Argentina se queja de la condena impuesta por privación de uso, desvalorización de la unidad, daño moral e intereses sobre rubros. Asimismo, cuestiona la imposición en costas a su parte (fs. 599/611vta.).
III. Previo a dar comienzo con la tarea revisora de este Tribunal, cabe dejar constancia que llega consentido que el presente caso será juzgado a la luz del nuevo Código Civil y Comercial (arts. 1092 y sgtes.) y de la ley 24240.
IV. Para dar respuesta concreta a los agravios esgrimidos respecto a la pretensión de la sustitución del rodado por uno de idénticas características, se impone recordar que la actora adquirió el día 2 de enero de 2007 en la agencia Pi Ingeniería S.A. un vehículo 0 km, marca Citroën, modelo Xsara Picasso HDI, dominio FYF-273, el cual le fue entregado el 9-1-07.
El perito ingeniero Mecánico designado en autos dictaminó que del análisis de la documentación adosada al expediente y de los ingresos a distintos talleres de la marca surge que las fallas y reparaciones efectuadas en el rodado del actor han existido. Que dichas fallas no se compadecen con la performance que debe entregar un automóvil 0 km. Si bien las reparaciones efectuadas que implicaron el desarme bruñido de cilindros y posterior armado del motor se realizaron en una agencia oficial donde pueden realizarse los trabajos bajo todas las normas y especificaciones técnicas fijadas por el fabricante, en este caso, el ensamblar sobre las piezas usadas (con un desgaste previo) las nuevas, puede afectar las tolerancias entre ellas (tolerancias: juegos mínimos y máximos permitidos entre piezas para garantizar el movimiento y la lubricación ideal) y afectar la prestación original del vehículo al no poder comportarse como piezas de igual uso ajustadas a sus movimientos relativos desde el origen del motor y que ante una potencial venta originará una disminución en su valor del 10% (ver fs. 446/447 y 523).
También afirmó el experto que a la fecha de la pericia el auto posee 90.063 Km y el consumo del aceite es normal (ver fs. ya citadas).
Las impugnaciones efectuadas en autos sobre el dictamen pericial, fueron desechadas por el Juez de la Primera Instancia, básicamente por no contener argumentos científicos que lo descalifiquen como tal (ver fs. 548 y vta.). Dicho ello, vista la pericia y recursos presentados, debe decirse que no se hallan elementos que permitan apartarse de la conclusión a la que ha llegado el experto, es decir que el auto fue entregado al actor con fallas en el motor que hacían que consumiera aceite desproporcionadamente y recién pudo descubrirse cuál era su problema a los 10 meses de entregado y previo desarme del motor (ver fs. 16 y pericia mecánica ya citada).
Dentro de dicho contexto, sin perjuicio del peregrinaje del actor entre los talleres de PI Ingeniería y Guini durante diez meses, es lo cierto que el ingeniero concluyó que en la actualidad la unidad consume aceite de forma normal acorde a los kilómetros que posee, por lo que puede afirmarse (a la época de la pericia) que la reparación ha sido satisfactoria, pues la falla que presentó en los inyectores luego de vencida la garantía se debió a la utilización de gasoil malo (arts. 375, 474, CPCC).
En tal sentido, la queja del actor dirigida a obtener la sustitución de la unidad por otra 0 km no puede prosperar, pues no se han probado los requisitos exigidos por el art. 17 de la ley 24240, es decir, la reparación no satisfactoria (arts. 375, 384, 474, CPCC).
Al respecto cabe señalar, claro está, que el art. 17 LDC para ser fuente del derecho a obtener la sustitución de la cosa vendida por una de idénticas características, no exige la acumulación de varios intentos infructuosos de reparación ni un tiempo mínimo de espera, lo que exige es la reparación no satisfactoria.
En la especie, se reitera, conforme emerge del dictamen pericial, la reparación del motor fue satisfactoria ya que la unidad con más de 90.000 mil kilómetros consume lo normal de aceite (arts. 375, 384, 474, CPCC).
En ese entendimiento, al estar la conclusión a la que ha llegado el a quo fundada en el dictamen pericial y no hallarse en los agravios argumentos científicos que lo descalifiquen como tal, es que el recurso intentado por la parte actora no puede prosperar, pese a lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras y a que se haya enviado carta documento al taller oponiéndose a la reparación de la unidad y exigiendo la entrega de una nueva (arts. 260, 261, CPCC; 1092, 1093, 1094, 1095, CCCN; 17, LDC).
Por otro lado, cabe señalar que el precedente citado en el embate –ver fs. 585 vta.- refiere al caso que el concesionario ofrezca un nuevo diagnóstico y reparación del vehículo dañado, pero aquí, se reitera, se dio el caso en que la falla fue encontrada y reparada satisfactoriamente (ver fs. 446/447). En cuanto a la contradicción que denuncia el recurrente, por el razonamiento seguido por el sentenciante, debe decirse que el hecho que el automotor fuera reparado satisfactoriamente no impide que se reconozca una desvalorización.
En efecto, si bien se concluyó que la reparación fue satisfactoria ello no se contradice con otorgar un monto en concepto de desvalorización del rodado pues en definitiva es un auto al que se le abrió el motor para repararlo lo cual le quita valor conforme lo dictaminado por el ingeniero mecánico, de lo cual no se hayan elementos científicos que permitan apartarse (arts. 384, 474, CPCC).
V. En cuanto al daño emergente, cabe recordar que el actor pretende se le reconozcan los gastos de los viajes que dice realizó a Corrientes y Mar del Plata con el objeto de demostrar las fallas que presentaba el motor del vehículo, lo cual fue rechazado por el Juez de la Primera Instancia por falta de prueba (ver fs. 81 y sent. específicamente a fs. 550vta./551).
En su recurso, en lo que aquí interesa destacar, sostiene el quejoso que conforme el artículo 1746 CCCN dichos gastos deben presumirse (ver fs. 587/588).
Al respecto se dirá que si bien es cierto que el artículo citado establece que se presumen ciertos gastos, se refiere a los médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones e incapacidad, por lo que al no tratarse el presente caso de dichas circunstancias, resulta inaplicable.
En consecuencia, siendo que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca salvo en los supuestos que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los hechos, al no contemplarse tal circunstancia en este caso es que corresponde rechazar el recurso intentado tendiente a obtener una indemnización sin prueba por gastos de viajes a la ciudad de Mar del Plata y Provincia de Corrientes (arts. 261, 375, CPCC; 1737, 1738, 1744 CCCN).
VI. Como estableció la Suprema Corte de Justicia, “La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño “in re ipsa”, por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio” (SCBA, votos de la mayoría en causa Ac. 44760, sent. del 2-8-1994, DJBA 147, 157, “Acuerdos y Sentencias” 1994-III-190, “La Ley Buenos Aires” 1994, 783; Ac. 52441, sent. del 4-IV-1995; Ac. 54878, sent. del 25-11-1997; esta Sala, causa 115075, sent. del 1-11-2012).
Así, la privación de uso consiste en la imposibilidad de utilizar el vehículo durante un tiempo determinado. Por consiguiente, para que proceda se debe probar su efectiva no utilización y, en principio, la utilización probada o presunta de otra cosa similar o equivalente (ver Marcelo López Mesa y Félix Trigo Represas, “Tratado de la Responsabilidad Civil, Cuantificación del Daño”, Editorial La Ley, pág. 421).
La regla consagrada en el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial, impone a cada parte la carga de probar las circunstancias de hecho invocadas como sustento de su pretensión, defensa o excepción, a través del aporte de los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, L 95453, sent. del 18-II-2009, entre otros).
En la especie, el actor se limitó a consignar en su demanda que la privación de uso le hizo recurrir al transporte público, subtes y taxis por lo que reclamó la suma de $3.600, pero lo cierto es que no acompañó ni produjo prueba que lo acredite, es por ello que se propone rechazar el rubro solicitado pues, como ya se dijo, la ley no lo imputa ni hace presumir su existencia, además no surge notorio de los hechos ya que los actores podrían poseer otro medio de transporte propio (arts. 261, 272, 375, CPCC; 1744 CCCN).
VII. En cuanto a la desvalorización del rodado cabe recordar que el Juez de la Primera Instancia otorgó bajo dicho concepto una indemnización del 10% de la unidad, de ello se agravia tanto la parte actora como la demandada (ver específicamente fs. 586vta./587 y 603vta./604).
Para resolver la controversia sobre este aspecto fáctico habrá que estar a lo que informan las pericias. Dable es precisar que el dictamen debe valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007).
Al apreciar esos informes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998).
En suma, conforme ha resuelto esta Cámara “…las reglas de la sana crítica indican que para apartarse del dictamen pericial suficientemente fundado, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica…” (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causa 109.550, sent. del 22/7/2008; causa 115.511, sent. del 26/3/2013).
En la especie, como ya se dijo, el perito ingeniero mecánico informó que el desarme del motor con el bruñido de cilindros afecta la prestación original del vehículo al no poder comportarse como piezas de igual uso ajustadas a sus movimientos relativos desde el origen del motor y que ante una potencial venta originará una disminución de su valor del 10% (fs. 447).
Dichas conclusiones, a las que ha arribado el experto, no logran ser desvirtuadas por la prueba informativa dirigida a las agencias D’arc S.A. ni L’Voiture S.A., pues que ellas consideren que el vehículo no se desvaloriza no es un argumento que alcance para derribar lo informado por el perito ingeniero mecánico (ver fs. 389, 480; arts. 384, 474, CPCC).
En efecto, un perito ingeniero mecánico evalúa el valor del auto según su estado y aplicando sus conocimientos adquiridos mediante estudios universitarios, un agenciero lo hace según su parecer, pues bien dicho parecer no alcanza para desvirtuar el del experto, por dichos fundamentos es que cabe confirmar la procedencia del rubro en cuestión y como ya se dijo, ello no se contradice con la reparación satisfactoria del automotor (arts. 384, 474, CPCC;
1092, 1093, 1094, 1095, 1738, 1739 CCCN).
Cabe agregar que, en el dictamen, el experto habló en términos potenciales para referirse a una posible venta no por la desvalorización del rodado (arts. 384, 474, CPCC).
Dicho ello, se debe señalar que para realizar el cálculo del 10% del valor de la unidad ($6.930) el a quo tomó el precio de compra que emerge de la factura acompañada a fs.3, es decir de la época del daño, en consecuencia corresponde a dicho valor aplicar intereses, desde la fecha de entrega de la unidad, el día 9/1/07 y hasta su efectivo pago (art. 1748, CCCN).
En efecto, el interés de una suma de dinero reviste la condición de un accesorio cuyo cómputo es la única forma de que el acreedor reciba al momento del pago el valor real de lo que se le adeuda y dicho accesorio se debe –en las obligaciones con fuente en hechos delictuosos o cuasi delictuososdesde que se produjo el daño, tesis ésta que es la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación (SCBA, Ac. 45.005, sent. del 27/12/91; Ac. 61.573, sent. del 13/8/96; Ac. 55.779, sent. del 10/6/97).
La circunstancia que el experto no haya consignado valores actuales a la época de la pericia impide al sentenciante tomar otros valores por lo que en el presente caso corresponde a dicho valor adicionársele los intereses pertinentes desde la fecha del hecho o incumplimiento (art. 1740 CCCN; SCBA, Ac. 92667, sent. del 14/9/2005).
En efecto, es doctrina legal de nuestro Superior Tribunal provincial que aun cuando se establecieran “valores actuales”, esto es, adecuados a la realidad económica en que se pronuncia el fallo, sin acudir a la “actualización”, “reajuste” o “indexación”, términos que suponen una operación matemática, no hay razón para variar la forma de liquidar intereses dispuesta para estos últimos supuestos (SCBA, Ac. 92667, sent. del 14/9/2005; esta Sala, causa 108909, sent. del 16/6/16).
VIII. En lo que respecta al daño moral, cabe señalar que en distintos precedentes la Corte nacional ha dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución nacional (C.S.J.N., causas C.745.XXXVII., in re "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", sent. del 21-III-2006, "Fallos" 329:695, voto del doctor Zaffaroni; F.331.XLII; REX, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", sent. del 18-XI-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda, SCBA Ac.115486).
En el caso de autos, habiéndose demostrado que el consumidor adquirió un vehículo 0 km que poseía fallas desde su origen, lo que le provocó un peregrinaje de diez meses entre dos talleres oficiales (Pi Ingeniería y Guini Servicios) de la empresa Citroën hasta que encontraron efectivamente el defecto y se lo reparó, previo desarme del motor, es que se aprecia la procedencia del daño moral reclamado en la demanda, por la notoriedad del hecho, siendo innecesario requerir otros medios de prueba conforme lo exigía el art. 522 del Código Civil derogado (arts. 1737, 1738, 1744, CCCN; 3, 17, ley 24240; 42 Const. Nacional).
Ahora bien, respecto a la cuantificación del mismo, cabe recordar un precedente de nuestro Máximo Tribunal provincial en dicha temática, en el cual el Dr. de Lazzari concluyó que resulta procedente la indemnización que en concepto de daño moral fuera reclamada, estimada en el 5% del valor del automóvil a la fecha de compra, con más los intereses fijados en la instancia de origen, desde la mora y hasta el efectivo cumplimiento (SCBA; causa 115486; sent. del 30/9/2014).
En ese camino, teniendo en cuenta la factura de fs. 3, es que resulta razonable justipreciarlo en la suma de $3.195, pues el actor ha dejado la suma librada al prudente arbitrio judicial. A dicha suma se le adicionarán los intereses desde la fecha del incumplimiento conforme ya se expresara al momento de abordar el agravio sobre los intereses dentro del rubro desvalorización del rodado a cuyo contenido se remite a los fines de no ser reiteratorio (art. 1748 CCCN; ver fs. 81vta. y 82).
IX. Se impone ahora, analizar el agravio referido a la denegatoria de los daños punitivos. Los mismos, tal como son legislados en el régimen de defensa de los consumidores (art. 52 bis ley 24.240), consisten en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder. De esta forma se aprecia su propósito meramente sancionatorio (Jorge Mosset Iturraspe –Javier H. Wajntraub; “Ley Defensa Consumidor” 24.240 mod. por leyes 24568, 24787, 24999, 26361; Ed. Rubinzal-Culzoni; año 2008; pág. 279).
En ese orden, ha de tenerse en cuenta la gravedad del hecho que se ventila y que los daños punitivos persiguen también un fin disuasorio, tratando de eliminar los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa (art. 52 bis ley 24240 mod. por ley 26361; Picasso –Vazquez Ferreyra; LDC comentada y anotada; Prólogo de Atilio A. Alterini; T° II Parte Especial; Ed. La Ley; año 2009; pág. 454/456; arts. 907 y 1071 del Cód. Civil).
Es ello así pues, contrariamente al sistema de responsabilidad objetiva sostenido por el artículo 40 de la LDC, el 52 bis resulta ser un reproche subjetivo del cual puede liberarse al incumplidor cuando no ha existido una conducta antisocial o desaprensiva con relación al consumidor o usuario (Junyent Bas, Francisco Varizat, Andrés Federico Garzino y María Constanz; “Destinatario de la multa en el daño punitivo”; La Ley, diario del 1 de marzo de 2013).
En ese camino, visto el agravio de la recurrente, debe señalarse que el desperfecto del automóvil no es de tal gravedad social que justifique aplicar una multa civil, esto es, un plus a favor del actor que exceda el monto de la indemnización que corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños a resarcir (esta Cámara, Sala III, causa 115862, sent. del 28/5/2013, causa 115947, sent. del 12/7/2013; esta Sala, causa 118304, sent. del 26/4/2016). Adoptar el criterio contrario, en las particulares circunstancias de autos, implica desnaturalizar la multa civil establecida en la ley del consumidor y conllevaría a una aplicación casi automática de dicho instituto desatendiendo los hechos acreditados en la especie (art. 52 bis., ley 24.240).
En definitiva, en el caso de autos, no se observó una conducta de la demandada merecedora de una multa civil por haber afectado el derecho a la información o al trato digno por indiferencia, pues de lo actuado surge que la demandada a cada reclamo brindó servicio mecánico hasta solucionar el problema dentro del año de garantía de la unidad, por lo que corresponde confirmar su rechazo (arts. 260, 261, CPCC; 52 bis, ley 24.240).
X. Respecto a la imposición de las costas, corresponde señalar que el art. 25 de la ley 13.133 establece que al momento de dictar sentencia el Juez impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes.
Al respecto ha dicho nuestro Máximo Tribunal que en el campo de conflictos de usuarios y consumidores se introdujo un criterio novedoso, al establecer “…El juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes” (art. 25, ley 13.133). Con todo hasta el presente no existía, en el ordenamiento bonaerense, previsión que estableciera que las costas de una incidencia (en la totalidad de los casos fuere cual fuere su resultado), hubiese o no contradicción previa a su resolución y sin reparar en el comportamiento de las partes debiera ser soportada por una de ellas (SCBA, Q 71.091, sent. del 2/10/2013).
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de revocatoria in extremis, presentado por la actora recurrente, por haber omitido valorar que en el caso resultaba aplicable el art. 55 LDC. En consecuencia, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la condena en costas establecida en su sentencia por entender que no corresponde imponérselas a la actora vencida (“Unión de Usuarios y consumidores c/ nuevo banco de entre ríos s.a. s/ ordinario, fallo de fecha 30 de diciembre de 2014).
En la especie, teniendo en cuenta que el a quo impuso las costas a la parte actora por el rechazo de la pretensión de la sustitución del rodado y a las demandadas por los rubros que prosperaron, de lo cual se agravió la parte actora (al requerir que las costas sean a cargo de las accionadas -ver fs. 586vta.- y las demandadas -ver. fs. 610/611-, ponderando que en definitiva la demanda parcialmente prosperó, se propone imponer las costas de Primera Instancia en su totalidad a las accionadas (arts. 260, 261, CPCC, 25 de la ley 13.133; 53 de la ley 24240; esta Sala, causa 120.738; sent. del 9/2/2017).
XI. Por las razones precedentemente indicadas, se propicia hacer lugar a la demanda incoada por Alberto Ricardo Ogando y Patricia González Gervasoni por la suma total de $9.585 con más los intereses fijados por el a quo y con las costas del proceso a cargo de las accionadas en su totalidad, confirmándose la sentencia en lo demás que ha sido objeto de recurso y agravios. Costas de esta instancia a las demandadas en su esencial condición de vencidas (arts. 25 de la ley 13.133; 53 de la ley 24240).
Voto pues por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO, DIJO:
I. Hago propias las consideraciones efectuadas por mi distinguido colega en los puntos I, II, III y IV de su voto. En el último ítem excepto en lo afirmado en los últimos dos párrafos y adhiriendo a los fundamentos en cuanto a mantener el pronunciamiento atacado sobre el rechazo del cambio de la unidad por otra 0 km. Empero, disiento en lo restante, acorde se pasa a explicar.
II. En cuanto a la sustitución del rodado por un 0 km, uno de los agravios traídos por el actor, concuerdo en que no puede prosperar por las razones vertidas por el señor Presidente de esta Cámara, en el voto que antecede, y por las que paso a desarrollar.
Es relevante para dirimir esa crítica lo informado en la pericia mecánica. Este dictamen refiere que a la fecha de su elaboración, el automóvil verifica 90063 Km recorridos y que el consumo del aceite es normal. Precisa que los inconvenientes en ese vehículo afectaron la aptitud del mismo hasta que fue intervenido (respuesta a los puntos 2, 3 y 4 de la codemandada, fs. 446 vta./ 447). De ello concluye en que la reparación fue satisfactoria y, por ende, -en sintonía con el voto del distinguido colega- juzgo que no cabe receptar la objeción del actor al reemplazo de la unidad por otra 0 Km (art. 17 de la ley 24.240; arts.
384, 474, CPCC).
Empero, en cuanto al embate atinente a la indemnización por desvalorización del rodado opino que su procedencia se opone al rechazo del pedido de reemplazo del automotor. Cada recurrente emplea este mismo argumento con un sentido distinto: el actor, para apuntalar el reemplazo del auto y la demandada para considerar que no existe daño por la desvalorización de la unidad. Coincido con ambos litigantes en cuanto a la incompatibilidad de admitir la reseñada minusvalía en el valor –que el experto señala en un 10%, que fue receptado por la sentencia-, si la reparación fue satisfactoria.
Si se admitieran las dos afirmaciones del dictamen, en cuanto a que el auto fue adecuadamente compuesto y además sufrió una desvalorización en su valor del 10%, padecería una contradicción lógica en los términos de la ley 24.240. Algo no puede ser y no ser a la vez. Si se produjo una desvalorización, la reparación no fue satisfactoria y si lo fue, entonces no puede tener desvalorización (arts. 17, 18, ley 24.240).
Para dirimir esta disyuntiva, traída a la alzada por ambas partes, habrá que desentrañar el sentido de la experticia. En primer lugar, cabe apreciar que para elaborar su dictamen el profesional se ilustró con las órdenes de trabajo, la factura de Rectificadora “Torino SRL”, las órdenes de trabajo de “Guini S.A.”, la lista de repuestos y la inspección del automóvil (v. fs. 446/ 447 vta., esp. fs. 446). Cuando se expidió sobre la existencia de las fallas dijo: “Del análisis de la documentación adosada al expediente y de los ingresos a distintos talleres de la marca surge que las fallas y reparaciones efectuadas en el Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi han existido” (v. fs. 446). Esta afirmación, cabe reflexionar, no la asentó en la inspección del vehículo, sino en los documentos acompañados y en su interpretación, tarea esta última que, corresponde recordar, está en manos de los jueces analizar. Distinto hubiera sido que en base a lo allí expuesto sacara conclusiones que hagan a su especialidad y no sólo se limite a citar o a repetir lo que en ellos se dice o no, en tanto su lectura e interpretación le corresponde al Juez (art. 384, CPCC). De todas maneras, la existencia de estos desperfectos no ha sido controvertida por las partes. Ambas concuerdan en que ese mal funcionamiento existió y que motivó los arreglos efectuados. La disparidad de criterios radica en la eficacia de los mismos para subsanar el desperfecto y los alegados daños que de allí se derivarían.
Con relación a este punto el experto señaló “Es opinión de este perito que si bien las reparaciones efectuadas que implicaron el desarme bruñido de cilindros y posterior armado del motor se realizaron en una agencia oficial donde pueden realizarse los trabajos bajo todas las normas y especificaciones técnicas fijadas por el fabricante, en nuestro caso el ensamblar sobre los con nuevas piezas (sic) con un desgaste previo puede afectar las tolerancias entre ellas (tolerancias: juegos mínimos y máximos permitidos entre piezas para garantizar el movimiento y la lubricación ideal) y afectar la prestación original del vehículo al no poder comportarse como piezas de igual uso ajustadas a sus movimientos relativos desde el origen del motor y ante una potencial venta originara una disminución en su valor de aproximadamente el 10%” (fs. 446 vta., punto 3, el destacado me pertenece).
Como ilustra el párrafo anterior, en cuanto al desgaste del motor por el ensamblaje de las piezas, el experto lo relató en potencial: dijo que “puede” afectar. No aseguró que ese vicio haya acontecido, por lo que se infiere su falta de certeza. Destaco, además, que el experto lo aseveró sin indicar si desarmó el motor y percibió ello en forma directa al revisar el auto, pues no lo expuso. En este aspecto le asiste razón al recurrente en cuanto que a la fecha del dictamen el perito no encontró afectado el motor por el incorrecto ensamble de las piezas (v. fs. 604).
La actora adjuntó órdenes de trabajo referidas al cambio de aceite y filtro (fs. 7, 8), al reemplazo del turbo compresor (fs. 9), que se sacó y colocó el motor y se reparó (fs. 14) y se detallaron los repuestos (fs. 15 y 16). Además, observó el funcionamiento del rodado, el consumo del aceite y el kilometraje. En base a lo expuesto, el mismo experto dijo que el arreglo mecánico fue el correcto y en tal premisa asentó que el estado del automotor era el que correspondía a uno en buenas condiciones.
En síntesis, afirmó que el auto se encontraba en buen estado, mientras que se utilizó el potencial para los posibles desperfectos. De ello encuentro que se probó el arreglo satisfactorio y no la desvalorización del auto. Incluso, si bien es cierto que en caso de duda se estará a favor del consumidor (art. 37, segundo párrafo, primera parte de la ley), en este caso no hay dudas. El mismo decreto 1798/94, reglamentario del art. 17 de la ley 24240, indica que se entenderán por “condiciones óptimas” aquellas necesarias para su uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante. En palabras de Fernando Sagarna, una vez entregada la cosa “reparada” al consumidor, el arreglo será satisfactorio cuando pueda cumplir con el fin para el cual se adquirió y de acuerdo a las instrucciones impartidas en el certificado de garantía (autor citado, “Ley de Defensa del Consumidor anotada y comentada”, dirigida por Picasso y Vazquez Ferreyra, Editorial La Ley, Tomo I, pág. 206).
Por ello, si el automotor se halla en las mismas condiciones que otro de su mismo modelo y fue arreglado conforme las pautas dadas por el fabricante, sin evidenciar el defecto que antes padecía, entonces la intervención mecánica cumplió con el fin perseguido y no persiste ningún daño o detrimento (arts. 17, ley 24.240; 384, 474, CPCC).
III. Otra razón para no receptar lo pedido en cuanto a la desvalorización del automotor, al igual que para los otros daños reclamados en la demanda -y que los legitimados pasivos cuestionan en su recurso-, es estar al art. 17 de la 24240 y a la libertad que posee el consumidor para elegir las alternativas en caso que la reparación no sea satisfactoria. El artículo referido dice: “Reparación no Satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; c) Obtener una quita proporcional del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder.” Varias reflexiones en torno a ello. La primera, que para que se den las alternativas que allí se enuncian el presupuesto es la reparación no satisfactoria, lo que en el caso de autos, por lo que emana de la pericia y de la cual se hizo mérito, no ocurre (arts. 384, 474, CPCC). Ello ya es suficiente para no abordar el resto de las opciones que da la norma, pero en tanto es lo que el voto anterior propone de otorgar y, sólo a mayor abundamiento por el sentido de mi postura, me permito profundizar en ello.
Como se transcribió, el artículo da tres opciones, las cuales están a disposición del consumidor para su elección. El actor optó por el inciso “a” -el reemplazo de la unidad, la que el primer voto y éste proponen rechazar- y también solicitó la pérdida del valor venal por la desvalorización (fs. 67/ 84 vta., esp. punto VIII; lo que podría encuadrarse en el art. 17 inc. “c”, ley cit.). Pero, como se dijo, ello es siempre que la reparación no fuere satisfactoria. Por ende, si no se da la hipótesis para aplicar el inc. “a” del artículo transcripto, tampoco podría darse el pago de la desvalorización prevista en su inciso “c”, ni aun el reclamo por cualquier otro daño derivado del defecto de la cosa, regulado en la última parte del art. 17 citado. Las consecuencias previstas en esa norma no son operativas si la disposición no es viable. Por lo dicho, si bien a mayor abundamiento por el sentido de mi voto, agrego que de haberse dado la reparación no satisfactoria, habría que estar a lo que los actores eligieron y debiera de ser procedente el reemplazo del automotor.
También la última parte de esa disposición explica que cualquiera de esas opciones no impide reclamar los daños y perjuicios. Una vez más: si es el caso que la reparación sea satisfactoria no puede proceder ninguna suerte de indemnización por daños derivados de ese arreglo (privación de uso, daño moral, etc.).
Es por lo dicho que no aprecio aplicable al caso la doctrina legal de nuestra Suprema Corte que surge del precedente C. 115.486, "Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor" (sent. del 30-IX-2014) citado por el colega preopinante. Ello en tanto, como refiere el voto del señor Juez doctor de Lázzari, en esos obrados se había configurado el supuesto previsto en el primer apartado del art. 17, por no ser la reparación satisfactoria (ver punto 6 del voto, tercer párrafo). Esa circunstancia se halla ausente en estos obrados.
En estas actuaciones los actores peticionaron la sustitución del auto, los gastos por verificación de las fallas, la privación de uso, la desvalorización del rodado, el daño moral y los daños punitivos, todos erigidos en los inconvenientes de la misma reparación. No se ha probado ni alegado que los desperfectos saneados por el taller hayan traído otros perjuicios que los inconvenientes usuales por la falta de disposición del rodado o la incomodidad propia de los inconvenientes provocados por no encontrarse en estado óptimo el bien (arts. 375, 384, CPCC). Estos aspectos quedan cubiertos por la reparación del auto si es que éste queda en condiciones óptimas.
Desde que se asume la calidad de consumidor, éste cuenta con el beneficio del deber de garantía que concede el vendedor, fabricante y demás miembros de la cadena de consumo ante potenciales desperfectos cuando la cosa o el servicio no tiene el rendimiento óptimo esperado. Si esta eventualidad ocurre, entonces, en virtud del deber de garantía del buen funcionamiento de lo adquirido o usado, se deberá subsanar cualquier potencial irregularidad que acontezca para el consumidor. Si a pesar de ella la reparación no fuese satisfactoria, entonces serán operativas las consecuencias previstas en el art. 17 de la ley 24.240.
La ley 24240 organiza un sistema en el cual hay una obligación de garantía para el caso de los defectos o vicios de las cosas muebles no consumibles, como es un automotor (art. 14, ley cit.). Es por esta garantía legal que en caso que el desperfecto se hubiese remediado se debe dar una constancia (art. 15, ley cit.) e incluso, por el tiempo de reparación, tal garantía se amplía (art. 16, ley cit.).
IV. La coordinación de estas ideas lleva a recordar que aun cuando la reparación fuese satisfactoria no implica que luego el defecto pueda reaparecer y que los obligados respondan aun por los vicios redhibitorios (art. 18 de la ley 24.240).
Por ende, reconocer una indemnización por pérdida del valor del auto en un 10%, como propone la sentencia atacada y que viene recurrido, llevaría a cerrar la posibilidad de pedir jurisdiccionalmente en el futuro por ese mismo vicio. Incluso, también podría ser distinto en grado –pues podría ser aun superior a un 10% o, incluso, podría proceder el cambio de la unidad-, lo que no se podría analizar nuevamente, por el alcance de la cosa juzgada que emanaría de quedar firme este fallo.
V. Como hace años atrás afirmó Horacio Bersten, lo que opino vigente aun hoy en día, la defensa a los consumidores se trata de un derecho en construcción (autor citado, “La Corte y los derechos 2005/2007”, Editorial Siglo XXI y Asociación por los Derechos Civiles”, Buenos Aires, 2008, pág. 595). Su reconocimiento en la reforma constitucional del año 1994, la sanción de la ley 24240, sus reformas posteriores e, incluso, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación evidencian su evolución, lo que no empece a que un nuevo derecho positivo, doctrina de autores y jurisprudencia continúen delineando la aplicación y alcances de la normativa.
Cierto es que la producción en masa de bienes y servicios, para un mercado que busca satisfacer las necesidades o preferencias de un número múltiple de individuos, los colocan a estos en una situación de desigualdad con las empresas, productores, proveedores o intermediarios. Muchas veces no tienen la alternativa de negociar en condiciones de paridad las cláusulas de un contrato, quedando como partícipes silenciosos de una relación que no pueden modificar. Justamente, la brújula en paliar esa asimetría evidente guía a la protección amplia al consumidor, con sustento en su vulnerabilidad, la cual, como refiere Lorenzetti, puede ser de orden económico o cognoscitivo (Lorenzetti, Ricardo, “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho”, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 310).
Esta disparidad conceptual entre las partes es lo que ha llevado a que la legislación procure establecer condiciones que aseguren el acceso a la justicia y a la adecuada reparación de los perjuicios cuando ellos han existido. La misma Constitución nacional, en su artículo 42, estableció expresamente que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Como refiere Verbic, esta disposición constitucional respalda la responsabilidad ante el incumplimiento del deber de seguridad que nace al producirse un bien o brindarse un servicio. Es innegable que la actividad económica que desarrollan empresas o personas físicas puede producir daños a quienes consumen o utilizan bienes y servicios producidos en el mercado. Es por ello que quien provoca un daño origina su responsabilidad y su deber de indemnizar (ver Verbic, Francisco, “Consumidores y usuarios”, capítulo de ““La Corte y los derechos 2005/2007”, Editorial Siglo XXI y Asociación por los Derechos Civiles”, ya citado, págs. 599 y sigs.). Pero, precisamente, el presupuesto para la responsabilidad es que exista un daño que derive de esa reparación, lo que, en el caso de autos, como se refirió, no se ha plasmado.
VI. En definitiva, ante la ineficacia o inutilidad de la reparación de la cosa, al no ser satisfactoria en los términos de la ley, podrá tener lugar una indemnización como una forma de sustituir en el patrimonio del consumidor el perjuicio provocado (art. 17, ley cit.), así como la posibilidad de reclamar por vicios redhibitorios (art. 18, ley cit.).
En la medida que la garantía funcione y el perjuicio se repare ya no habría razón para otros reclamos derivados. Pensando el caso desde los extremos, aun un automotor sin defectos o mal funcionamiento debe ser llevado al service para su control de rutina. Esta actividad provoca ciertas incomodidades al consumidor, como, por ejemplo, puede ser el ir hasta la agencia, dejar su auto, reemplazar el transporte por ese tiempo, quizás cambiar alguna rutina en la que se usa el auto en razón de no contar con él en ese o esos días, pero no se va a decir que ello pueda ser un daño a indemnizar. Como informa “L´Voiture S.A.”, no se cubren los gastos por la inmovilización del auto mientras está en el taller (v. fs. 482).
Si la garantía cubrió la reparación del rodado y ésta fue satisfactoria no se podría condenar a indemnizar un daño que no existe. Esto es lo que me lleva a propiciar el rechazo de la demanda instaurada acorde se peticiona en el recurso del demandado apelante. Entiendo que los derechos se deben cumplir en su justa medida y que ello se debe hacer en el contexto que la misma ley brinda.
VII. Por el sentido de mi postura, debo expedirme sobre la imposición de las costas en este caso. Como afirmó esta Sala en su integración actual, “la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo” (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; causa 120738, sent. del 9-II-2017). Por ende, sin perjuicio que si fuera el caso se inicie el incidente de solvencia a los efectos de hacer cesar la dispensa referida (art. 53 LDC; “Visión Integral de la nueva ley del consumidor”, por Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, L.L., Doctrina Judicial, Año XXIV, Nro. 17, Buenos Aires, 23 de abril de 2008, pág. 1108 y siguientes), por el resultado del proceso, acorde este voto propone, corresponde se impongan las costas a los actores vencidos (arts. 25, ley 13.133; 53 de la ley 24240).
VIII. En síntesis, si en este caso la reparación fue satisfactoria no hubo daño derivado de esos arreglos y por eso no hay obligación de indemnizar. De allí concluyo que no veo configurado ninguno de los daños reclamados, lo que a mi entender lleva a rechazar la demanda y a no tratar el resto de los agravios traídos por las partes en sus recursos, pues esta forma en la que se propone resolver desplaza las objeciones referidas, tanto en cuanto a los daños que fueron abordados específicamente, lo atinente a los intereses y las costas en lo que respecta al recurso del apoderado de Peugeot Citröen, al igual que lo referido a los rubros rechazados y aquellos por los que solicitaban los actores un mejoramiento de la condena en su beneficio (arts. 14, 15, 16, 17, ley 24.240; 7, CCCN; 168, Const. Prov.; 384, 474, CPCC).
IX. Por último, se impone puntualizar que esta impugnación se articuló por el apoderado de Peugeot Citroën y no por el restante legitimado pasivo Pi Ingeniería, sin embargo, por el alcance subjetivo de la apelación este resultado alcanza a esa parte que no ha sido recurrente.
Es doctrina sentada por la mayoría de la Suprema Corte provincial en diversos precedentes (C 77.121, sent. del 27-XII-2001; C 92.176, sent. del 13-VIII-2008; C. 96.831, sent. del 14-IV-2010, C. 104.663, sent. del 2-III-2011, C. 105.172, sent. del 5-III-2013; C 107.920, sent. del 15-IV-2015, entre muchos otros), que en presencia de un litisconsorcio pasivo facultativo, corresponde extender los beneficios de lo resuelto, incluso en relación a la parte que no impugnó la decisión objeto de análisis.
Por ello, la solución que este voto propone, en caso de lograr mayoría, alcanzará aún al litisconsorte pasivo que no apeló.
X. Por lo expuesto, adhiero a los puntos I, II, III y IV con el alcance indicado, propongo se haga lugar al recurso del apoderado de Peugeot Citröen de Argentina en cuanto solicita se rechace la demanda contra ambos legitimados pasivos (v. fs. 599/611 vta., esp. fs. 599; art. 272, CPCC) y rechazar la demanda por daños y perjuicios articulada por Alberto Ricardo Ogando y Patricia González Gevarsoni contra Peugeot Citröen de Argentina S.A. y Pi Ingeniería S.A., con costas de ambas instancias a cargo de los actores vencidos, con el alcance del beneficio de especial aplicación por ser consumidores (arts. 14, 15, 16, 17, 53 ley 24.240; 25, ley 13.133; 7, CCCN; 168, Const. Prov.; 68, 384, 474, CPCC). Voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOPEZ MURO DIJO:
1. La meditada lectura de los excelentes votos de mis distinguidos colegas me lleva, en primer lugar, a destacar el finísimo análisis del tema, en el que se desarrollan cuestiones vinculadas con la prueba, la carga probatoria, los lineamientos de estimación de las cuestiones dudosas según la Ley de Defensa del Consumidor y hasta las eventuales consecuencias de una sentencia que aunque fuere, en lo inmediato, favorable al consumidor, podría cerrarle las puertas ante un eventual agravamiento del vicio oculto. Por todo ello estimo conveniente aclarar los términos en que inclinaré mi posición a fin de resolver la disidencia, pues la cuestión es, como he dicho, sumamente compleja y ha sido cuidadosamente tratada.
Me inclino por la solución dada al caso por el Sr. Presidente Francisco Agustín Hankovits, cuyos fundamentos comparto. Obviamente el desarrollo que realizaré a continuación no configura un “tercer voto”, no contiene argumentos distintos, ni tiene por objeto justificar mi postura en relación a la confirmación o revocación de la sentencia conforme los agravios traídos a esta instancia. Pero creo conveniente explicar por qué comparto los fundamentos, y por ello las conclusiones, de la posición a la que adhiero.
2. Del reclamo por desvalorización del vehículo.
a)Tal como ha sido elaborada la pericia, en el plano técnico señala las reparaciones realizadas sin precisar cuál de ellas tuvo por objeto reparar la falla. No se formuló una estimación, siquiera presuntiva, de cuál pudo haber sido la razón por la que el automóvil consumía aceite, aparentemente en exceso. Aún cuando en las hojas de reparaciones agregadas a fs. 7/16 se indican múltiples intervenciones, la falla denunciada por los actores se identifica como “consumo excesivo de aceite”. No existe ninguna verificación por parte del servicio técnico de las firmas demandadas que permita corroborar cuán excesivo era el consumo ni a qué pudo deberse. Tampoco la pericia explica la posible etiología de la falla y se limita a describir las tareas realizadas. Al parecer, después de efectuar las mismas, el consumo de aceite resultó “normal”.
La empresa demandada, a fin de subsanar esa falencia, después de varios reclamos, realizó el desarme del motor. Puedo especular que se realizaron dos tipos de operaciones: a) reemplazos de piezas que pudieron estar desgastadas y generar el consumo de aceite, tales como los retenes de válvula, el turbocompresor, y los aros de pistones; b) ajustes y recambio de piezas requeridos por el desarme del motor, tales como juntas diversas.
Como dije, el perito no ha precisado qué falla provocó el exceso de consumo y qué tareas o reparaciones pudieron resolverlo. Tampoco señala si, como consecuencia de las mismas, podría verse afectado el correcto funcionamiento del motor en el futuro. No me pasa inadvertido que se ha referido, en forma genérica, a piezas “nuevas” colocadas en juego con piezas “viejas”, lo que “podría afectar las tolerancias”. Ello no alcanza para precisar la eventual etiología del anunciado e hipotético mal funcionamiento futuro. Además, y casi contradictoriamente, se señala que las reparaciones se han hecho de acuerdo a las normas de calidad que rigen el buen arte de la mecánica.
b) Me detendré en este aspecto. El perito explica que el eventual mal funcionamiento podría deberse al montaje de piezas nuevas sobre otras ya gastadas, lo que “podría afectar las tolerancias entres las mismas” (fs. 446 vta. rta. 3, fs. 447 rta. 5). Como se desprende de la orden de servicio de fs. 487/488 las únicas piezas que importan atención en este aspecto son los semicojinetes y los aros, de los que se cambió el juego completo. El resto de los repuestos son juntas y piezas de recambio habitual, en tanto que el turbocompresor se cambió en forma completa y no requiere ajuste con otras piezas. Como se indica en “observaciones”, los cojinetes son los de biela y se procedió al bruñido de cilindros. Además se ajustaron, pero no se reemplazaron, los cojinetes de cigüeñal correspondientes a la unión móvil con las bielas y los correspondientes a las bancadas. No me queda duda que estas tareas, desarrolladas conforme las normas específicas que, entre otras cosas, indican la holgura o tolerancia entre las piezas que se ajustan o reemplazan, no puede afectar el correcto funcionamiento del sistema. Va de suyo que si al tomar las medidas la holgura o tolerancia fuere mayor o menor que lo admitido por las normas, se debe proceder a cambiar o rectificar las piezas. Y, perdóneseme el exceso técnico: el lubricante debe intervenir formando una película que impida el roce entre las superficies de contacto de las pieza metálicas introduciéndose en espacios que en los motores modernos se mide por micrones.
Cabe aclarar que cuando se hace necesaria una “rectificación”
(según el diccionario de la Real Academia Española se trata de “mecanizar la superficie de una pieza con el fin de que tenga la rugosidad y forma requeridas”.) que conlleve un desgaste de las superficies en contacto, debido al efecto de la herramienta de mecanización, se deberá proceder al recambio de todas aquellas piezas que estén comprometidas en la reparación. Agrego que el “bruñido” de cilindros, es una operación que no conlleva los efectos de una “rectificación”, sino que tiene por objeto evitar cualquier imperfección en la pared del cilindro que pueda afectar la carrera de los nuevos aros que se colocaron. (loc. cit: “Bruñir: Sacar lustre o brillo a un metal”).
c) Diré entonces que en este aspecto técnico, la pericia permite afirmar que las reparaciones hechas fueron adecuadas para reparar la falla, en tanto se ajustaron a las normas de fábrica (rtas. 3 y 5), corrigieron el mal funcionamiento (rta. 4) y determinaron un consumo de aceite “normal” (rta. 3) . d) Por otra parte, sugiere el perito que habría una potencial disminución del valor de reventa del vehículo. (rta. 3 y 5) pero no se refiere a que las reparaciones sean aparentes o hayan afectado el uso o funcionalidad del vehículo. Se refiere a que la disminución del valor ocurriría en el hipotético caso en que las piezas cambiadas pudieren verse afectadas por un inadecuado ajuste o tolerancia entre ellas y las no reemplazadas.
e) la medida probatoria pericial practicada permite concluir que, mediante las operaciones de reparación realizadas, la demandada ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de garantía post venta y que no hay razones para considerar que el vehículo ha sufrido ninguna afectación que importe una diferencia de su valor. Reitero: las reparaciones no afectan la apariencia del vehículo, ni su perfomance. La consecuencia, en este sentido, impondría concluir, como lo hace la Dra. Bermejo, que no corresponde otorgar indemnización por el rubro de desvalorización de la unidad f) Considero de interés destacar la atinada previsión formulada por la distinguida colega Dra. Bermejo en cuanto sugiere la inconveniencia de resolver en este proceso sobre un potencial perjuicio que podría cercenar el camino hacia una indemnización justa en el supuesto de que el mismo efectivamente ocurriera en grado mayor o menor al previsto. Advierto por otra parte la dificultad que importa para el justiciable el tiempo que insumiría un reclamo como el señalado y la mínima importancia económica que podría tener el mismo, lo que encuentro en parte que no se compadece con las reglas de acceso a la justicia que campean particularmente en el sistema de defensa al consumidor de bienes que se ofrecen y comercializan en forma masiva. En tal sentido, parece más razonable una sentencia buena en corto plazo que una resolución mejor o excelente, pero a largo plazo. Me inclino en favor de la solución denegatoria propuesta en relación a los hipotéticos vicios futuros, en tanto toma en cuenta que a la luz de lo actualmente conocido, los futuros funcionamientos anómalos que se anuncian como potenciales, no constituyen vicios aparentes ni presentes que puedan ser motivo de juzgamiento. Ni siquiera resultan probables tomando en consideración la calidad de las reparaciones y la cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo desde entonces.
g) Por otra parte debo advertir, como lo ha hecho la ciencia económica desde la difundida distinción de Carlos Marx, que los bienes tienen diversos “valores” que no se corresponden necesariamente con el “precio de mercado”. El llamado “valor de utilidad” es la capacidad de un bien para dar un servicio o satisfacer necesidades. Ello estará vinculado con sus aptitudes de tipo estético, afectivo o funcionales. En el caso de los bienes de uso durables, como son los automotores, no hay duda que el valor de uso está dado por su capacidad de trasladar a los pasajeros con un grado de eficiencia, confort y seguridad. El valor de cambio, por otra parte, es la valoración que los demás, el conjunto de la sociedad, hacen del bien, y que lo hacen apto para ser intercambiado comercialmente. Así, el retrato de un ser amado puede tener un enorme valor para el amante pero carecer de valor alguno en el comercio. La lista de ejemplos podría ser infinita.
Aplicado al caso que nos ocupa, es cierto que para el actor, el automóvil cumple con todas las prestaciones de un vehículo normal, pues ya no consume aceite en forma excesiva. Pero para el eventual comprador, que puede elegir entre ese vehículo u otros vehículos usados de similares características, el solo hecho de saber que el motor fue desarmado y vuelto a armar, irroga dudas que ponen en tela de juicio la calidad del producto. Frente a ello, no es inusual que los compradores opten por adquirir otro vehículo a menos que se ofrezca una disminución en el precio o una garantía apropiada.
Se podrá decir que el comprador no advertirá esa reparación, lo que es cierto. Es que tales reparaciones no pueden advertirse, ni siquiera en un análisis detallado. Ello explica la preferencia de muchos compradores de automóviles usados por adquirir el vehículo directamente a su primer dueño, al que se le preguntará sobre el historial mecánico del vehículo. Y eso explica también la natural desconfianza hacia los revendedores de automóviles usados, que son especialistas en ocultar estos “detalles” aún al comprador diligente y cauto. Por ello no me convencen los informes brindados por dos agencias (fs. 389 y 480) toda vez que el valor que habitualmente estas pagan al particular compensa largamente las diferencia que puedan proponer en el valor de venta. Se podrá agregar, por último, que el propio dueño vendedor podría incluso negar el hecho que se ventila en autos: ello implicaría sugerir que incumpla sus deberes de actuar con honestidad ante el posible comprador, lo que no puede ser propiciado por una sentencia judicial.
Por otra parte, surge de estas mismas actuaciones que la empresa vendedora tiene el registro de las reparaciones hechas al vehículo, por lo que cualquier comprador debería poder consultarlo y solicitar eventualmente una baja en el precio ante estas circunstancias o iniciar una ulterior acción por reducción de precio.
Es así que, aunque no encuentro que las reparaciones hayan afectado la funcionalidad del vehículo, reparo en que el solo hecho de haber sido intervenido en una pieza tan central como el motor, importa un elemento para considerar una merma en el precio de mercado.
En síntesis, considero que la postura de la Dra. Bermejo es acertada en cuanto sostiene que la reparación ha sido hecha en forma adecuada, por lo que no afecta el funcionamiento del vehículo, pero apoyo la conclusión del Dr. Hankovits en cuanto a que es la misma intervención eficazmente reparadora la que por su solo acaecimiento genera una disminución del valor de cambio o de mercado del automóvil.
2. La diferencia de posturas frente al daño moral reclamado también merece un similar análisis.
Comparto el razonamiento de la Dra. Bermejo en el sentido de que todo comprador de un bien sujeto a eventuales reparaciones debe asumir las incomodidades propias de las vicisitudes que puedan generarse ante los ocasionales desperfectos que hubiere que hacer reparar.
Sin embargo, se advierte que las incomodidades sufridas por los actores no se han debido a ello sino, como resulta de los hechos, de un injustificado alargamiento de los plazos y, como señalé anteriormente, de un errático tratamiento del problema, en el que destaco la ausencia de un diagnóstico que pudiera precisar, desde el primer momento, la etiología de la falla.
Tal falencia revela una falta de diligencia o pericia por parte de la empresa demandada, que no se encuentra justificada en modo alguno e importó innecesarias demoras en el tratamiento de la falla, que considero superiores a lo que el usuario común debe afrontar como los razonables inconvenientes o incomodidades debidas a los servicios de mantenimiento o reparación connaturales al bien adquirido.
Por ello apoyaré la postura del primer voto también en este aspecto.
3. Por último, siendo favorable al reclamo de la parte accionante mi postura, doy también mi voto en favor de imponer las costas de ambas instancias a la demandada.
Las razones expuestas me llevan a adherir al criterio sostenido por el doctor Hankovits y doy mi voto por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde modificar el fallo apelado y en consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por Alberto Ricardo Ogando y Patricia González Gervasoni por la suma total de $9.585 con más los intereses fijados por el a quo y con las costas del proceso a cargo de las accionadas en su totalidad, debiendo ser confirmado la sentencia en lo demás que ha sido objeto de recurso y agravios. Las costas de esta instancia corresponde sean impuestas a las demandadas en su esencial condición de vencidas (arts. 25 de la ley 13.133; 53 de la ley 24240).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO Y EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOPEZ MURO, DIJERON:
Que coincidiendo con la solución propuesta en el voto que antecede, también se expiden en el mismo sentido.
ASI LO VOTAMOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica el fallo apelado y se hace lugar a la demanda incoada por Alberto Ricardo Ogando y Patricia González Gervasoni por la suma total de $9.585 con más los intereses fijados por el a quo y con las costas del proceso a cargo de las accionadas en su totalidad y se confirma la sentencia en lo demás que ha sido objeto de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a las demandadas en su esencial condición de vencidas (arts. 25 de la ley 13.133; 53 de la ley 24240). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE. FDO: SILVIA PATRICIA BERMEJO (Juez). FRANCISCO AGUSTIN HANKOVITS (Juez).
JAIME OSCAR LOPEZ MURO (Juez). LUIS ALBERTO MAIMONE (Secretario).
Fin de la sentencia