Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-729/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracta la litispendencia opuesta por las accionadas a fs. 294/295 punto 6 y a fs. 310 vta./311 vta. punto IV.-
2No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fs. 251 vta./252 vta. del presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: O-729/13-TSJ Sentencia N°: 979 Actor: OIL M&S S.A.
Demandado: INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 10/03/15 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 979 FOLIO Nº 2987/2989 PROT. ELECT. TSS1 004 C.141
Río Gallegos, 10 de marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “OIL M&S S.A. C/ INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº O-729/13, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos al Acuerdo a fin de resolver la medida cautelar peticionada por la actora a fs. 251 vta./252 vta..-
La empresa Oil M&S S.A. promueve acción contencioso administrativa a fin de obtener que se declare la nulidad del Decreto Nº 423/13 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y, en subsidio, la revocación por ilegitimidad del mentado decreto. Mediante este último, y en lo que hace al objeto de la presente acción, se rechazó el recurso de alzada que la actora había interpuesto contra la Resolución N° 35/IESC/2012 y el planteo de nulidad parcial del artículo 6° de la Resolución N° 17/IESC/2013.- En su libelo introductorio, la demandante peticiona, además, que se decrete en forma cautelar la suspensión de la ejecutoridad del acto administrativo atacado (confr. fs. 251 vta./252 vta.). Explica que “…sin perjuicio que a la fecha existe una medida cautelar en los autos caratulados “OIL M&S S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ JUICIO SUMARÍSIMO (EXPEDIENTE N° 24806/12) de trámite por ante el Juzgado de primera Instancia en lo Civil, Comercial, laboral y de Minería N° 1, a cargo del Dr. Carlos Arenillas, Secretaría N° 2 por la cual se ha resuelto ‘…la prohibición de innovar respecto de las áreas petroleras de accionante (sic), sólo en lo que respecta a una posible resolución del contrato, por el plazo de un año a contar desde la notificación de la presente…’, medida cautelar que a la fecha se encuentra apelada por la Provincia de Santa Cruz. Y visto que tal prohibición sólo fue en relación a las áreas denominadas GRAN BAJO ORIENTAL y SIERRA ESPAÑA, y en relación a una posible resolución del contrato. Que sin perjuicio de ello el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz (IESC) ha realizado distintos procedimientos destinados a perjudicar el normal desenvolvimiento de la concesión, es que solicito se suspenda todos los efectos del Decreto 423/2013...” (confr.. fs. 251 vta.).- Que, corrido el pertinente traslado a las accionadas (confr. fs. 285), contestaron a fs. 290/297 vta. (el Estado Provincial) y a fs. 308/315 (el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz). Ambas, por un lado postulan el rechazo de la cautelar, y por otro oponen excepción de litispendencia. Alegan al respecto que el objeto de la demanda contencioso administrativa planteada ante este Tribunal coincide con el de la acción sumarísima precedentemente citada.-
Asimismo, y en lo que respecta a la medida cautelar apuntan: “...Se observa, además que cautelarmente ha obtenido en ‘OIL M&S S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ JUICIO SUMARÍSIMO’.- EXPE. 24806/12, de trámite por ante el JUZGADO NRO UNO EN LO CIVIL, COMERCIAL LABORAL Y DE MINERIA, SECRETARIA DOS, bajo caución juratoria, medida de no innovar al respecto. Tal fue el objeto de agravio por el INSTITUTO DE NERGIA, vale decir, no existe resolución firme sobre la medida cautelar aludida y por tanto el peligro de pronunciamientos contrarios se impone, lo que devendría en claro escándalo jurídico siendo ello la característica que define a la situación que se intenta evitar con la presente excepción. Como corolario queda a la vista que no pueden darse dos sentencias en este único caso: de ser así habría que admitir, incluso, la posibilidad de que fuesen contradictorias, en cuyo supuesto el expediente de ‘OIL M&S S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ SUMARÍSIMO.- EXPTE 24806/12,’ y de ‘OIL M&S S.A. C/ INSTITUTO DE ENERGÍA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA- INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR.- EXPTE O-729/13’ podrían quedar transferidos a una disputa, de ‘Juez contra Tribunal’...” (confr. fs. 294 vta. y 311).- A fs. 362/365 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, por los motivos que allí esgrime y a los cuales remitimos, en honor a la brevedad, se expide en sentido negativo tanto, respecto a la existencia de litispendencia como al otorgamiento de la cautelar.-
A fs. 374, obra certificación actuaria de conformidad a lo previsto por el art. 116 del CPC y C, de la que surge que teniendo a la vista los autos: “OIL M&S S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ JUICIO SUMARÍSIMO”, Expte. Nº 24.806/12, la actora ha desistido del pedido de extensión del plazo de vigencia de la medida cautelar de no innovar, que fuera decretada oportunamente, encontrándose la misma vencida.-
II. De inicio debemos señalar que la medida cautelar que fue dictada en el expediente ut supra indicado, tuvo originalmente un plazo de duración de un año, con la posibilidad, para el solicitante, si se mantenían las condiciones que llevaron a decretarla, de pedir su prorroga (confr. fs. 258 del expte. referenciado). Así, el 16 de octubre de 2013, ante la petición del accionante se dispuso mantenerla vigente por un año más (confr. fs. 539 del citado expediente). Sin embargo, vencida esta última, y en atención a lo que surge de la certificación de fs. 374, el interesado ha desistido de extender el plazo de vigencia de dicha cautelar, la cual a la fecha se encuentra vencida. Consecuencia de tal desistimiento es que la referida medida de no innovar ha quedado sin efecto.- Dado que la excepción de litispendencia opuesta por las accionadas se basa, precisamente, en que se había dictado una medida cautelar de idéntico tenor a la peticionada en estos autos, en el expediente que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, Secretaría 2., el posterior desistimiento de esta última torna abstracto expedirse sobre la litispendencia interpuesta.-
III. A fin de resolver sobre el pedido de suspensión del acto administrativo impugnado efectuado por la accionante, debe analizarse si se encuentran acreditados los presupuestos genéricos para la procedencia de toda cautelar, en orden a lo normado por los artículos 25 y s.s. del CPCA, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora y lo especialmente previsto en al artículo 33 del mismo cuerpo legal que dice: “ La suspensión procederá cuando, cumplidos los presupuestos genéricos a toda medida cautelar: a) la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público; b) las causas de nulidad alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta”.- Resulta ineludible destacar que los actos administrativos se presumen legítimos, y por ello, la procedencia de medidas cautelares que alteren dicha presunción debe ser apreciada con criterio restrictivo (CSJN, Fallos 205:365, 210:48, Cám.
Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, 14-3-74, Sala II. 24-9-80, Sala III 19-6-80 y 13-12-83, Sala Y, 31-10-95 "Giardinieri de Artuso Eladia c/ Ministerio de Cultura y Educación s/ Med. Caut. Aut.", causa 25.914/95 e "Intercam SAC c/ Banco Central de la República Argentina E.N. s/ Proceso de Conocimiento", causa 20.510/96).- En cuanto al recaudo de la verosimilitud del derecho, debe considerarse que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez, lo cual -en principio- no se observa en el caso de autos. En este sentido, ha de destacarse que la propia actora ha solicitado la producción de abundantes pruebas a efectos de demostrar que le asiste razón en su reclamo.
También las oponentes han desplegado argumentos, “prima facie”, serios y coherentes. Lo cual requiere para su dilucidación contar con mayor caudal probatorio. Ello, en síntesis, nos muestra la imposibilidad de tener por acreditada la verosimilitud en el derecho necesaria a efectos de la procedencia de la medida bajo análisis.- No debe perderse de vista que el carácter excepcional de una medida preventiva contra actos de la Administración Pública impone la existencia de tres notas: la exigencia de un perjuicio no meramente grave sino irreparable, la prevalencia del interés público en juego cuidadosamente resguardado al decretarla y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal; todo ello en virtud de la limitación que impone la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, de lo cual deriva su ejecutoriedad como regla general y la suspensión decretada judicialmente como excepción (confr.
TSJ, Santa Cruz, Tomo VIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 515, Folio 1404/1406; ídem Reg. 500, Folio 1345/1368, y sus citas jurisprudencias y doctrinas, y Tomo XI -Contencioso Administrativo-, Reg. 743, Folio 2096/2098).-
Por ello la mentada presunción de legitimidad de actos administrativos obliga a apreciar con la mayor prudencia la cautelar, admitiéndola sólo en aquellos casos en que es indispensable para la salvaguarda de los derechos del peticionante, se haya acreditado la verosimilitud del derecho con fuerza suficiente de convicción que desvanezca aquella presunción, y la demora pueda acarrear un perjuicio grave, inminente e irreparable (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2369/2371).- Cuando se trata de actos emanados de la Administración Pública, se acentúa el criterio restrictivo a partir de la presunción de legitimidad de que gozan sus actos y de la que deriva su ejecutoriedad. De allí que el primer requisito condicionante de la medida cautelar respecto de aquellos consista en la acreditación de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues sólo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción (SAIJ- Sumario: COO06150, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, Sala A, Interlocutorio del 23 de Mayo 1990).- En consonancia con lo expuesto y analizadas las constancias de autos, no surge con claridad que exista un peligro inminente o, de tal gravedad, que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona y tampoco que el mismo sea irreparable ulteriormente. En consonancia, se ha sostenido que “…Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación (CNCiv., Sala B, ED. t.93, p. 603)…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo- Reg. 835, Folio 2369/2371).- Debe tenerse en cuenta, en la especie, la solvencia de la parte demandada, la cual es, en este caso, notoria; por lo que resulta remoto el peligro de que la actora pueda verse privada de los resarcimientos a los que pudiera, finalmente, tener derecho.-
Por ello, en relación a los perjuicios que el acto impugnado pudiere causar a la accionante, ha de destacarse que la ejecución del acto cuestionado no le generaría -en principio- un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener, aquella, una sentencia definitiva favorable; logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el acto, más aún teniendo en cuenta que se ha demandado al Estado Provincial, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 722, Folio 2036/2037 y Reg. 743, Folio 2096/ 2098).- En consecuencia y toda vez que no se ha acreditado que el acto atacado responda al accionar irrazonable y arbitrario del Poder Administrador y dado que los extremos invocados por la peticionaria no alcanzan para acreditar el “fumus bonis iuris” que logre socavar la presunción de legitimidad de los actos de la administración, ni los presupuestos previstos en el artículo 33 del CPCA; corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA. Ello sin perjuicio del oportuno mérito que, sobre lo sustancial de la controversia, deberá realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva.- Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracta la litispendencia opuesta por las accionadas a fs. 294/295 punto 6 y a fs. 310 vta./311 vta. punto IV.-
2. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fs. 251 vta./252 vta. del presente.-
4. Regístrese. Notifíquese.- Acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004C.151 Tomo: XV Sentencia: 979 Folio N°: 2987/2989 Secretaría: 1
Fin de la sentencia