Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-733/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fs. 41 vta./42.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: O-733/13-TSJ Sentencia N°: 978 Actor: OIL M&S S.A.
Demandado: INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 10/03/15 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 978 FOLIO Nº 2984/2986 PROT. ELECT. TSS1 003 C.151
Río Gallegos, 10 de Marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “OIL M&S S.A. C/ INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº O-733/13, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes al Acuerdo a fin de resolver la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo atacado, peticionado por la actora a fs. 41 vta./42.-
Que, sustanciada la petición mediante traslado conferido a fs. 59, es contestado por las accionadas Instituto de Energía de Santa Cruz y Estado Provincial a fs. 74/77 y a fs. 80/84vta., respectivamente, quienes peticionan el rechazo de la medida solicitada, argumentando que no se hallan reunidos los presupuestos que la ley exige para su procedencia. No obstante requieren que, previo a resolverla, se cite como terceros a BG Internacional y a YPF S.A., en los términos del art. 18 y s.s. de la Ley Nº 2600; petición desestimada conforme decisión firme y consentida de fs. 93/94vta..- Que, conforme surge de fs. 37/43 de los presentes, la actora promueve acción contencioso administrativa a fin de obtener que se declare la nulidad del Decreto Nº 1113/13 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y, en subsidio, la revocación por ilegitimidad del mentado decreto. Mediante este último, por un lado, se autorizó a la empresa BG International Limited, Sucursal Argentina, a ceder a YPF S.A. el 98% de su participación sobre los derechos y obligaciones que le corresponde en el área denominada Barranca Yankowsky; y, por otro, rechazó la autorización de la cesión del 2% de derechos y obligaciones que BG International Limited, Sucursal Argentina posee respecto del área mencionada a favor de la aquí actora.- Que, a fs. 99, se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido negativo respecto de la admisibilidad de la medida cautelar solicitada, justifica su postura en que: “…no existe un derecho verosímil que justifique la solicitud del dictado de la medida de no innovar, toda vez que como ya se ha establecido, dicha medida tiene por sí carácter restrictivo, el que se acentúa cuando se pretende la suspensión de un acto administrativo el cual va acompañado de la presunción de legitimidad por lo que solo correspondería en caso de que la ilegalidad sea manifiesta, y de que el peligro en la demora cause un daño grave e irreparable…” (confr. fs. 100vta.).-
II. La medida pretendida es la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo cuya nulidad se persigue en este juicio.-
Que a los fines de resolver la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA -Ley Nº 2600-, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y si se cumplieran éstos, deberán valorarse las exigencias previstas en los incisos a) y b) del artículo 33 de la ley citada, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público; o las causas de nulidades alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta.- Que, a tal fin, y como ya lo ha desarrollado este Tribunal en antecedentes similares (confr.
Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422), se parte de la base que todo razonamiento a efectuarse sobre la materia, debe hacerse teniendo en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y por ello, la procedencia de medidas cautelares que alteren dicha presunción debe ser apreciada con criterio restrictivo (CSJN, Fallos 205:365, 210:48, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, 14-3-74, Sala II. 24-9-80, Sala III 19-6-80 y 13-12-83, Sala V, 31-10-95 “Giardinieri de Artuso Eladia c/Ministerio de Cultura y Educación s/Med. Caut. Aut.”, causa 25914/95, e “Intercam SAC c/Banco Central de la República Argentina E.N. s/Proceso de Conocimiento”, causa 20.510/96) (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2364/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422; Tomo XV -Contencioso Administrativo-, Reg. 961, Folio 2914/2916).- Al respecto, en cuanto al recaudo de la verosimilitud del derecho, hay que considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez, lo cual -en principio- no se advierte en el caso sub examine. En este sentido, ha de destacarse que la propia actora ha ofrecido abundante prueba documental e instrumental a efectos de demostrar que le asiste razón en su reclamo. Lo cual requiere para su dilucidación contar con mayor caudal probatorio.
Ello, en síntesis, nos muestra la imposibilidad de tener por acreditada la verosimilitud en el derecho necesaria a efectos de la procedencia de la medida bajo análisis.- No debe perderse de vista que el carácter excepcional de una medida preventiva contra actos de la Administración Pública impone la existencia de tres notas: la exigencia de un perjuicio no meramente grave sino irreparable, la prevalencia del interés público en juego cuidadosamente resguardado al decretarla y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal; todo ello en virtud de la limitación que impone la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, de lo cual deriva su ejecutoriedad como regla general y la suspensión decretada judicialmente como excepción (TSJ, Santa Cruz, Tomo VIII -Contencioso Administrativo- Reg. 515, Folio 1404/1406; ídem.
Reg. 500, Folio 1345/1368, y sus citas jurisprudenciales y doctrinas; Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 743, Folio 2096/2098).-
Por ello la mentada presunción de legitimidad de actos administrativos obliga a apreciar con la mayor prudencia la cautelar, admitiéndola sólo en aquellos casos en que es indispensable para la salvaguarda de los derechos del peticionante, se haya acreditado la verosimilitud del derecho con fuerza suficiente de convicción que desvanezca aquella presunción, y la demora pueda acarrear un perjuicio grave, inminente e irreparable (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2369/2371).-
Cuando se trata de actos emanados de la Administración Pública, se acentúa el criterio restrictivo a partir de la presunción de legitimidad de que gozan sus actos y de la que deriva su ejecutoriedad. De allí que el primer requisito condicionante de la medida cautelar respecto de aquellos consista en la acreditación de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues sólo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción (SAIJ, Sumario: COO06150, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, Sala A, Interlocutorio del 23 de Mayo 1990).- En consonancia con lo expuesto y analizadas las constancias de autos, no surge con claridad que exista un peligro inminente o, de tal gravedad, que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona y tampoco que el mismo sea irreparable ulteriormente. En consonancia, se ha sostenido que “…Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación (CNCiv., Sala B, ED. t. 93, p. 603)…” (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2369/2371). Ha de destacarse, en la especie, la escasa argumentación que brinda el peticionario para demostrar la necesidad del dictado de la medida. Obsérvese que no indica, en forma concreta, cual es, en el caso, el accionar que la demandada ha desplegado y que pretende detener con la cautela, sino que solo se limita a hacer referencia a lo ocurrido en otro proceso que tiene pendiente con las aquí accionadas (confr. fs. 41 vta.) y a transcribir citas jurisprudenciales, pero sin explicar, concretamente, cómo ellas se vinculan con lo que acontece en autos.- Asimismo, debe tenerse en cuenta, en la especie, la solvencia de la parte demandada, la cual es, en este caso, notoria; por lo que resulta remoto el peligro de que la actora pueda verse privada de los resarcimientos a los que pudiera, finalmente, tener derecho.-
Por ello, en relación a los perjuicios que el acto impugnado pudiere causar a la accionante, ha de destacarse que la ejecución del acto cuestionado no le generaría -en principio- un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener, aquella, una sentencia definitiva favorable; logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el acto, más aún teniendo en cuenta que se ha demandado al Estado Provincial, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 722, Folio 2036/2037; ídem Reg. 743, Folio 2096/2098).- En consecuencia y toda vez que, prima facie, no se aprecia que el acto atacado responda al accionar irrazonable y arbitrario del Poder Administrador y dado que los extremos invocados por la peticionaria no alcanzan para acreditar el “fumus bonis iuris” que logre socavar la presunción de legitimidad de los actos de la administración, ni los presupuestos previstos en el artículo 33 del CPCA -Ley Nº 2600-; corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-. Ello sin perjuicio del oportuno mérito que, sobre lo sustancial de la controversia, deberá realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva.- Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fs. 41 vta./42.-
3. Regístrese y Notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003C.151 Tomo: XV Sentencia: 978 Folio N°: 2984/2986 Secretaría: 1
Fin de la sentencia