Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-733/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de citación de tercero de BG Internacional Limited -Sucursal Argentina- y de YPF S.A. requerida por ambas codemandadas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: O-733/13-TSJ Sentencia N°: 981 Actor: OIL M&S S.A.
Demandado: INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 20/03/15 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 981 FOLIO Nº 2993/2995 PROT. ELECT. TSS1 006 C.151
Río Gallegos, 20 de Marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “OIL M&S S.A. C/ INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº O-733/13, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan los presentes autos al Acuerdo a fin de resolver el pedido de citación en calidad de tercero de BG Internacional Limited -Sucursal Argentina- y de YPF S.A., formulado por las co-demandadas Estado Provincial a fs. 77 y 83 vta. y el Instituto de Energía de Santa Cruz a fs. 93/97 vta..-
Cabe señalar que la empresa Oil M&S S.A. promueve acción contencioso administrativa a fin de obtener que se declare la nulidad del Decreto Nº 1113/13 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y, en subsidio, la revocación por ilegitimidad del mentado decreto. Mediante este último, por un lado, se autorizó a la empresa BG International Limited, Sucursal Argentina, a ceder a YPF S.A. el 98% de su participación sobre los derechos y obligaciones que le corresponde en el área denominada Barranca Yankowsky; y, por otro, rechazó la autorización de la cesión del 2% de derechos y obligaciones que BG International Limited, Sucursal Argentina posee respecto del área mencionada a favor de la aquí actora.- Las accionadas fundamentan el planteo en que: “…el acto atacado involucra a BG Internacional y a YPF S.A. y de resolverse la suspensión de los efectos del mismo, esto podría determinar la afectación de los derechos de las mencionadas empresas … Esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, la actora intenta impugnar un acto administrativo, atacando todos y cada uno de los elementos del mismo, tildándolo de ilegítimo, cuando los terceros que se citan han consentido el acto, encontrándose firme respecto a ellos…” (confr. fs. 96).
Asimismo “…se solicita se ordene citar como terceros a YPF S.A. en su carácter de cesionaria del 98% del Area Barranca Yankowsky, y BG INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA, en su doble carácter de cedente del 98% aludido y como titular del 2% de los derechos involucrados en autos. Ello, al resultar imprescindible que comparezcan a juicio, en razón de solicitar la parte actora la revocación integral del acto administrativo en crisis…” (confr. fs. 82 vta.).- Corrido el traslado, a fs. 101/102 vta., la actora contestó dicha pretensión solicitando su rechazo. Fundamenta su petición en los siguientes argumentos: a) el pedido no fue formulado en el momento procesal permitido por el art. 18 de la Ley Nº 2600 que indica que debe realizarse al contestar la demanda, y b) carecen las empresas citadas como terceros de derecho subjetivo o interés legítimo en la pretensión objeto de la demanda, esto es la nulidad del art. 2° del Decreto Provincial N° 1113/2013.
Sobre el punto señala: “…en el punto VI de la Demanda de Nulidad se planteó la ilegitimidad del art. 2° del Decreto provincial N° 1113/2013, específicamente, se expresó: ‘Vengo por intermedio del presente a deducir formalmente planteo de ILEGITIMIDAD del Decreto provincial N° 1113/2013 especialmente contra su art. 2° en cuanto rechaza el Recurso el pedido de autorización (sic) de cesión del dos por ciento (2 %) de los derechos y obligaciones que BG INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL ARGENTINA posee respecto del área BARRANCA YANCOWSKY a favor de OIL M&S S.A.. La decisión atacada presenta graves vicios en la causa, motivación y finalidad del acto administrativo impugnado’. Se planteó específicamente que la decisión que causa un gravamen a mi mandante y que resulta viciada en su causa, motivación y finalidad es el rechazo de la cesión por el 2 % de los derechos y obligaciones del área Barranca Yankowski…” (confr. fs. 101 y vta.).-
II. Llegan así los autos a efectos de resolver sobre la citación de tercero precedentemente referida.-
En primer lugar debe señalarse que la oportunidad para proponerla, por la accionada, es al momento de contestar la demanda -tal como indicara la actora-. No obstante, el planteo de la misma -en el sentido que no fue formulada en el momento procesal oportuno- debe ser desestimado, pues, surge palmario que el requerimiento fue formulado por las accionadas en sus respectivas contestaciones de demanda (confr. auto de fs. 99).- Respecto al pedido de citación de tercero, debemos puntualizar, tal como lo hiciéramos en el incidente de medida cautelar, que tramita entre las mismas partes (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XV -Contencioso Administrativo- Reg. 972, Folio 2941/2942) que conforme prevé art. 18 de la ley 2.600: “Los terceros que fuesen individualizables con nombre y domicilio conocido, que pudieran tener un derecho subjetivo o un interés legítimo y directo con relación al acto que se impugne, podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso.
Si lo fuere por la parte actora o demandada, éstas deberán denunciarlo en el momento de la promoción de la acción o al contestar la demanda, respectivamente. El tercero coadyuvante tomará el procedimiento en el estado en que se encuentra sin que su intervención pueda hacer retrotraer, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo en su primera presentación y en la medida que el estado del proceso lo permita, cumplir con los recaudos exigidos para la demanda o su contestación”.- Sabido es que, la intervención de un tercero es una medida excepcional que debe interpretarse con criterio restrictivo, en especial cuando es pedida por el demandado, ya que conduce a que el actor tenga que litigar contra quien no ha elegido como contrario, siendo que a aquél -en principio- le compete decidir la forma como ha de dirigir la demanda, no pudiendo el accionado imponer al demandante la integración de la litis con quien no desea litigar.
No basta, por lo tanto, la mera solicitud sino que sólo debe admitírsela frente a circunstancias especiales en las que exista un interés jurídico que corresponda proteger y no un mero interés del citante (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, “Ymaz, Juan M. c. Eidico S.A.”, 12/06/2007, Publicado en: La Ley 17/09/2007, 8, La Ley 2007-E, 420, Cita online: AR/JUR/2599/2007).- Consecuencia de tales parámetros es que incumbe a quien solicita la intervención de terceros acreditar que se trata de uno de los supuestos que autorizan a disponerla por tener aquél un interés legítimo que pudiera verse afectado y corresponde desestimarla si no se invoca concretamente la presencia de una comunidad de controversia dado la excepcionalidad del instituto bajo examen (confr.
CSJN, “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. c. Provincia de Buenos Aires y otro”, 27/04/2010, publicado en: La Ley Online, cita online: AR/JUR/18279/2010). También se ha expresado que cuando se trata de la intervención obligada de un tercero en el proceso, debe existir más que un mero interés del citante y del citado, es necesaria la existencia de comunidad de controversia, no cumpliéndose tal requisito cuando la materia litigiosa no puede alcanzar a dicho tercero (Finochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, pág. 338).- La intervención del tercero se justifica cuando la sentencia a dictarse pudiera, eventualmente, afectarlo y requiere, para su procedencia, que pueda existir una controversia común entre alguna de las partes y los terceros cuya intervención se pretende.
Así, la fórmula utilizada para conceptualizar la figura de la intervención obligada comprende las hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga acción regresiva contra el tercero o medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra relación distinta entre el tercero y alguna de las partes originarias (confr. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° II B, Segunda Edición, Buenos Aires, Librería Editora Plantense - Abeledo Perrot, 1985, pág. 388/389). Asimismo, la intervención obligada de terceros a petición de parte, es viable cuando la controversia es común o sea cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios de una manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o demandado, cuando éste en el caso de ser vencido se halle habilitado para intentar una pretensión de regreso, sea de indemnización o de garantía contra el tercero (confr.
Morello, Sosa, Berizonce, ob.cit., pág. 398).- Analizando la pretensión formulada en autos, a la luz de los argumentos vertidos precedentemente, no se advierte la procedencia de la intervención como terceros de las empresas YPF S.A. y BG Internacional Limited -Sucursal Argentina-, toda vez que no se configuran, en la especie, los presupuestos de hecho que las reglas que rigen la materia establecen.-
El planteo de las accionadas se apoya en que, a su entender, el decreto, cuya nulidad se persigue, además de no hacer lugar a la cesión a favor de la actora, aprueba la realizada por BG Internacional Limited -Sucursal Argentina- a favor de YPF S.A. y por eso, dicen, que de hacerse lugar a la demanda estas últimas se verían afectadas, dado que acarrearía, también, la nulidad de la cesión practicada entre ellas.- Si bien este razonamiento podría aparecer, prima facie, plausible, si se tiene en cuenta que en el objeto de la demanda aparece la petición de nulidad del Decreto Nº 1113/13, al analizar dicho libelo introductorio, en su integridad, surge palmario que lo realmente pretendido es la nulidad del artículo que rechaza la cesión del 2% de los derechos de BG International Limited a favor de la actora. Tal acerto se corrobora con las propias expresiones de la actora que ha señalado, en el mismo escrito introductorio, el verdadero alcance de su demanda al apuntar: “…Vengo por intermedio del presente a deducir formalmente planteo de ILEGITIMIDAD del Decreto provincial N° 1113/2013 especialmente contra su art. 2° en cuanto rechaza el Recurso (sic) el pedido de autorización de cesión del dos por ciento (2%) de los derechos y obligaciones que BG INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL ARGENTINA posee respecto del área BARRANCA YANKOWSKY a favor de OIL M&S S.A.....” (confr. fs. 38). Asimismo, en dicha presentación, en el capitulo IX referente a los defectos que endilga al mencionado Decreto, únicamente refiere a: “…VICIOS EN LA CAUSA, MOTIVACION Y FINALIDAD DEL ARTS. 2 (sic) DEL DECRETO 113/2013…” (confr. fs. 39). Las críticas formuladas a lo largo de todo el escrito (confr. fs. 38/42), van todas dirigidas al mentado artículo 2°, que es aquel que rechazó la cesión a favor de la accionante. Por tanto, éste y no otro es el objeto de la presente litis.- En el marco descripto, no aparece la comunidad de controversia que suscite la intervención de los terceros y menos aun que, en el caso de ser vencidos los co-demandados (que pidieron la citación) se hallen habilitados para intentar una acción de regreso o de indemnización contra los terceros.-
Así, y teniendo en cuenta el, ya señalado, carácter restrictivo que impera en la materia y, además, que los interesados no han brindado suficiente apoyatura argumental a fin de demostrar la concurrencia, en el caso de marras, de los presupuestos que habilitan la citación de terceros, la misma debe ser rechazada, con costas en el orden causado (art. 90 del CPCA -Ley Nº 2600-).- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el pedido de citación de tercero de BG Internacional Limited -Sucursal Argentina- y de YPF S.A. requerida por ambas codemandadas.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006C.151 Tomo: XV Sentencia: 981 Folio N°: 2993/2995 Secretaría: 1
Fin de la sentencia