Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-08351226-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 117/18 y 118/19, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Oil M&S S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, por la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida:
I) en el Expediente N° 49.036-I, las sumas de $18.241, equivalente a 0,94 UMA, por la representación procesal y $45.603, equivalente a 2,36 UMA por el patrocinio letrado.
Ii) en el Expediente N°49.037-I, las sumas de $3.417 equivalente a 0,18 UMA, por la representación procesal y $8.544, equivalente a 0,44 UMA por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-95634076-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Agosto de 2023
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 49.036-I y su acumulado N° 49.037-I caratulados “OIL M&S S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Oil M&S S.A. interpuso el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 117/18 y 118/19 dictadas el 26 de junio de 2018 en la División Jurídica del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos en las que se le aplicaron multas de defraudación conforme el art. 46 de la ley 11.6383:
- en la primera, se le aplicó una multa de $480.122,88 por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del período fiscal 2011 y ante la falta de pago del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 2011, 2012, 2013 por erogaciones vinculadas con operaciones celebradas con proveedores que, según el criterio fiscal, eran apócrifos. Por otra parte, en relación a este último tributo, también se le aplicó una sanción de $9.090,07 por el período fiscal 2014.
- en la segunda, se le aplicó una multa de $116.502,83 por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 2/2011, 2, 8, 11 y 12/2012 y 4/2013.
En su presentación ante este Tribunal, explica que con el objetivo de levantar una medida cautelar trabada sobre su patrimonio que afectaba su giro comercial y fuente de ingresos, regularizó las obligaciones principales mediante su inclusión en los planes de facilidades de pago en los términos de la ley 27.260 y sus reglam.
Manifiesta que, a pesar de la regularización efectuada, no se ordenó el levantamiento de la medida cautelar lo que motivó, según sigue diciendo, el retraso en el pago de las cuotas. Tal es así, que el 18 de septiembre de 2017, mediante el sistema e-ventanilla, se le comunicó la caducidad de los planes, acto contra el cual interpuso el recurso previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 ante este Tribunal por considerar que se trataba de un acto de naturaleza sancionatoria que encuadraba en el inc. b) del art. 159 de dicha ley. Indica que el 27 de diciembre de 2017 se le notificaron las Resoluciones Nros. 96/17 y 98/17 en las que se le instruyeron los sumarios en relación a los impuestos y períodos vinculados a las obligaciones que habían sido regularizadas. A su vez, señala que el 15 de junio de 2018, se le notificó el rechazo de los planes de pago presentados bajo el régimen de la ley 27.260 en los que había incluido las obligaciones principales relacionadas con las multas que aquí se apelan invocándose para ello el procesamiento de los directores de la sociedad. Agregó que allí se consideró que el supuesto encuadraba en el último párrafo del art. 84 de la ley 27.260 en tanto a la fecha de presentación de los planes los directores tenían en trámite un proceso penal por uno de los delitos enumerados en el inc. e) de dicho artículo, y, por lo tanto, debía interpretarse que su adhesión había sido condicional.
Sostiene, entonces, que no resulta de aplicación esa norma porque las personas procesadas eran personas diferentes a la empresa y porque la extensión de la causal de exclusión a ella sólo correspondía en el caso de que a la fecha de entrada vigencia de la ley 27.260 estuvieran condenados mediante sentencia firme, supuesto ausente en el caso. Insiste en que no tuvo la participación que se le atribuye en la “maniobra” delictiva e hizo notar que no intervino en la causa penal, ni fue imputada ni denunciada en dicho trámite así como tampoco lo fue en ninguna otra causa por los delitos previstos en el art. 84. Es por ello, que consideró que le corresponde el beneficio de condonación previsto en el art. 55 de la ley 27.260.
Además, expresa que el rechazo de los planes de pago fue nulo, de nulidad absoluta e insanable en los términos del art. 14 de la ley 19.549 por padecer de vicios severos en sus elementos esenciales, por lo cual oportunamente solicitó se declare su nulidad. Por otro lado, critica que el juez administrativo a la fecha de la interposición del recurso ante este Tribunal, todavía no había impugnado las declaraciones juradas presentadas, ni finalizado la fiscalización, ni iniciado el procedimiento de determinación de oficio. Dice así que tal inacción afectó su derecho de defensa.
Enfatiza que al momento de efectuar la regularización y presentar las declaraciones juradas rectificativas dejó expresa constancia de que ello no implicaba el reconocimiento de la deuda y que sólo lo hacía para “liberarse” de la medida cautelar que, según insistió, fue injustamente ordenada en su contra y que le impedía ejercer su actividad. En base a todo ello es que solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones sancionatorias por haber sido emitidas en violación a su derecho de defensa y a su debido proceso.
Plantea también la nulidad de la vista conferida en los términos del art. 70 de la ley 11.683 en atención a que se sustentó en la declaración de caducidad y/o rechazo del plan de facilidades siendo que la caducidad no sólo no se encontraba firme sino que ni siquiera se había dictado al momento de la notificación.
En otro orden, sostiene que las multas fueron aplicadas en los términos de los arts. 46 y 47, inc. b) de la ley 11.683 sin que se haya manifestado la razón. Aseguró que no existe ninguna atribución de la conducta típica —tanto en su faz objetiva como subjetiva— que se le pretende imputar. Invocó la incorrecta aplicación de las presunciones del art. 47 de la ley 11.683 que la llevan a concluir en la falta de acreditación del dolo que exige la figura de defraudación en que se encuadró su conducta y, por último, sostiene la falta de imputación subjetiva de la misma conducta.
Ofrece prueba pericial e informativa y solicita se declare la nulidad o, en su caso, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos y pide que se confirmen sus actos, también con costas.
En primer lugar, informa que Oil M&S S.A. conformó el ajuste practicado por la fiscalización y presentó las declaraciones juradas rectificativas.
Asegura también que el procedimiento sumarial se llevó a cabo conforme a la normativa y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente su derecho de defensa, ya que la empresa en todo momento tuvo acceso a las actuaciones a fin de presentar sus defensas y pruebas.
Aclara que la instrucción de los sumarios que dieron origen a las multas no fue por la caducidad de los planes de pago sino por haberse producido la exclusión prevista en el último párrafo del art. 84 de la ley 27.260 al haberse verificado los extremos previstos en el inc. e), punto 3) de dicha norma. Esto es, que existía un proceso penal en trámite al momento de la adhesión al régimen de regularización excepcional contra algunos de los directivos lo que produjo el decaimiento de los beneficios en forma automática y de pleno derecho, es decir que no existía necesidad de dictar un acto administrativo que así lo declarase.
Con ello, niega que se configuren los requisitos para la condonación de las multas como solicita Oil M&S S.A., y solicita por ende que se confirmen las Resoluciones.
III. A fs. 196 el Tribunal en Pleno resolvió acumular el Expediente N° 49.037-I al N° 49.036-I.
A fs. 232 no se hizo lugar a la prueba ofrecida por la recurrente por improcedente (v. PV-2023-60021200-APN- VOCXI#TFN) y a fs. 239, mediante la PV-2023-65952796-APN-VOCXI#TFN se elevó el Expediente a consideración de la Sala. El Expediente quedó en estado de dictar sentencia a fs. 246 por el IF-2023-94399637-APN-VOCXI#TFN.
IV. En primer término, corresponde referirse a los planteos de nulidad que Oil M&S S.A. dirige contra las Resoluciones, los que cabe adelantar no pueden prosperar ya que no se advierten vicios en el procedimiento previo a su emisión, sino que, por el contrario, tanto sus Considerandos como las actuaciones administrativas revelan que para ello se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley 11.683 que es la norma que rige el procedimiento sumarial. Además, dichos actos se encuentran debida y suficientemente motivados en los antecedentes de hecho y de derecho que se transcriben en sus Considerandos y, con más detalle, surgen de las actuaciones administrativas que preceden su dictado, por lo que no se advierte violación alguna a ninguno de los requisitos que la ley 19.549 exige para asignarles validez. Tampoco surge que se haya impedido a Oil M&S S.A. el ejercicio de su derecho de defensa o a un debido proceso. Tal es así que pudo presentar en tiempo y forma el descargo en el sumario, oportunidad en la que pudo ejercer sus derechos y ofrecer las pruebas que consideró procedentes.
Por ello, es que no se advierte de la lectura de los actos cuestionados, ni de los antecedentes que preceden su dictado, los vicios que ahora le endilga. De cualquier modo, debe recordarse que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado, por lo que corresponde desestimar los planteos, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. A continuación debe resolverse entonces sobre las multas aplicadas en las Resoluciones recurridas.
Para ello cabe tener en cuenta que no se encuentra en discusión en los Expedientes que aquí se tratan, ya que así surge de los Considerandos de las Resoluciones recurridas y de los recursos de apelación de Oil M&S S.A., que las multas tienen origen en las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 2/2011, 2, 8, 11 y 12/2012 y 4/2013 el 21 de noviembre de 2016, en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2011 el 19 de diciembre de 2016 y en la regularización del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014 el 25 de noviembre de 2016.
Los saldos que éstas arrojaron fueron regularizados en tres planes de pagos de 61 cuotas cada uno: I963083, del 7 de diciembre de 2016, I932996, el 25 de noviembre de 2016, y I988368, el 19 de diciembre de 2016, en los términos del régimen a esa fecha vigente que era la ley 27.260 y sus reglam.
De los Considerandos de las Resoluciones también surge que con motivo de actuaciones sustanciadas en sede penal, el 15 de junio de 2018 la Administración Federal de Ingresos Públicos decidió rechazar los planes de pagos, invocándose para ello lo dispuesto en el art. 84, inc. e), punto 3) de la ley antes citada.
Las sanciones aquí recurridas, como lo señala el juez administrativo en los Considerandos de la Resolución, tienen como único sustento precisamente el rechazo de los planes de facilidades de pago por haberse producido la causal de exclusión de los beneficios prevista en la norma antes citada, es decir porque a la fecha de los acogimientos existía un proceso penal en trámite contra los directivos de la empresa. Estas decisiones, las que rechazaron los planes de facilidades de pagos, fueron recurridas por Oil M&S S.A. ante este Tribunal y éste se declaró incompetente, en razón de lo dispuesto en el art. 76 de la ley 11.683, segundo párrafo, decisiones que, a su turno, fueron confirmadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Así lo hizo la Sala C de este Tribunal el 2 de noviembre de 2017 respecto del plan I988368 en el Expediente N° 48.290-I, en sentencia dictada por la Sala V de la Cámara el 16 de julio de 2019; la Sala B, el 5 de marzo de 2018, con relación al plan I963083 en el Expediente N° 48.289-I, en sentencia confirmada el 18 de junio de 2019 por la Sala IV de la Cámara; y, esta Sala D, el 12 de abril de 2018 respecto del plan 932996 en el Expediente 48.291, que se encuentra firme según lo resuelto el 21 de marzo de 2019, también por la Sala IV.
Dichas decisiones pueden consultarse en el sitio web de este Tribunal, así como en el Sistema de Consulta Web del Poder Judicial de la Nación.
En todos los casos, declarada la incompetencia de este Tribunal los Expedientes fueron remitidos a la Administración Tributaria para que se sustanciaran los recursos administrativos pertinentes.
Sin embargo, no hay en este Expediente, ni en las actuaciones administrativas, ni ha adjuntado la recurrente en presentaciones posteriores otros actos, administrativos y/o judiciales, que hubieran revertido los actos administrativos que rechazaran los planes de facilidades de pagos a los que se acogiera por las obligaciones que dieran lugar a las multas de defraudación aplicadas en las Resoluciones recurridas, ni tampoco otros planes en los que se hubieran reformulado o que se rehabilitaran sus condiciones.
Es así que por Providencia del 22 de marzo de 2022 que obra a fs. 211, se requirió a las partes que informasen sobre la regularización de las obligaciones antecedente de las sanciones, que fue contestado por Oil M&S S.A. a fs. 214, en donde se limitó a señalar que habían sido regularizadas en el concurso preventivo –Causa N° 26.442/2018- “M&S SA s/ concurso preventivo”-, de conformidad con el régimen de la ley 27.653. Expresó allí que “… se ha presentado un escrito ante la AFIP-DGI informando que se ha formalizado la reserva de adhesión al régimen de regularización a través del sistema informático MIS FACILIDADES Opción Ley 27.653, acompañando las constancias respectivas. Asimismo, en caso de existir obligaciones excluidas conforme RG 5101/21, se ha asumido el compromiso de cancelación al contado o a través de un régimen de facilidades de pago dentro de los treinta (30) días corridos”.
Sin embargo, ni en dicha presentación, ni en posteriores, adjuntó la documentación tendiente a acreditar el acogimiento invocado. Tampoco la regularización fue acreditada por la representación fiscal en su presentación del 18 de agosto de 2022. Más aún, en dicha oportunidad, hizo saber a este Tribunal diversas consideraciones que obstaban al otorgamiento del beneficio de condonación de las sanciones.
Corresponde entonces señalar, que el recurrente no ha acreditado en este Expediente el cumplimiento del requisito más importante previsto tanto en la ley 27.260 como en la ley 27.653 para que se le reconozca el beneficio de la condonación de las sanciones que solicita, que es que las obligaciones principales se encuentran canceladas o regularizadas. Dicho ello, respecto de los restantes agravios que esgrime en su presentación ante este Tribunal, debe decirse que no es el trámite sumarial previsto en el art. 70 y ss. de la ley 11.683 que concluyó en el dictado de las Resoluciones aquí recurridas el procedimiento correspondiente para analizar la validez y legitimidad del rechazo de los planes de facilidades de pago que es el antecedente de las multas aplicadas , tal como esta Sala ya lo dijera al fallar en el Expediente “Oil M&S S.A. s/ apelación” (Expte. EX-2020-08351226-APN-SGAI#TFN), sentencia del 8 de noviembre de 2021 que a la fecha se encuentra firme.
Corresponde referirse ahora a la legitimidad de las sanciones.
Previo a ello, debe recordarse que lo que se le imputa a la recurrente es haber omitido el ingreso del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014, haber presentado declaraciones juradas inexactas al incluido en las del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2011 gastos, así como también haber computado créditos fiscales improcedentes por los períodos fiscales 2/2011, 2, 8, 11 y 12/2012 y 4/2013, por operaciones con proveedores que fueron calificados por la Administración Tributaria de apócrifos y que ya en la instancia de la fiscalización accedió a conformar, presentando las declaraciones juradas rectificativas pertinentes, sin que en esta instancia, ni en la previamente sustanciada, rindiera prueba alguna acerca de la realidad y efectiva realización de las operaciones.
Así, ante la omisión de acreditar una realidad fáctica diferente debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo defraudatorio previsto en el art. 46 de la ley 11.683 (t.v.).
La Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal, además expresó al respecto que “… no se discute que el contribuyente conformó el ajuste fiscal y presentó las declaraciones juradas rectificativas. De este modo, queda comprometida su responsabilidad por la inexactitud de sus declaraciones, en la medida en que la conformidad dada implica reconocer que las declaraciones juradas primitivas no se correspondían con la realidad impositiva (en el mismo sentido, esta Sala, expte. nro. 36595/2012 “Parras y Gamero Juan (TF 34197-I) C/DGI”, del 13/02/2013; nro. 28216/2013, “Transportes Trans Sur SRL (TF 27198-I) c/ DGI”, del 29/11/2013 y nro. 65666/2015, “Perales Aguiar SA TF 39601-I c/ DGI”, del 8/11/2016; Sala IV, expte. nro. 31.497/06, “Cabañas del Sur (TF 23.839-I) c/D.G.I.”, del 20/04/10; y Sala II, nro. 26.385/04, “Transportes Tomassini SRL (TF 21.781-I) c/ DGI”, del 17/05/07)” -conf. “Jean Express SRL”, sentencia del 6.2.2018, entre otros.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de las presunciones que contemplan los incs. a), b) y c) del art. 47 de la misma ley, al decir que medió una grave contradicción entre los libros y sus registraciones, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas por Oil M&S S.A contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. En este sentido, era también resorte de la recurrente ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar dicha presunción de dolo. Sin embargo, los medios probatorios propuestos en este Expediente no tuvieron por finalidad dicho propósito. Por el contrario, resultaron inconducentes a fin de esclarecer la controversia planteada, e incluso, redundaron sobre hechos no controvertidos por lo que, en suma, los agravios así formulados, huérfanos de probanzas, deben ser desestimados en esta instancia.
Y si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona la norma, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Cámara (v. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre otros), en el caso la propia conducta de la recurrente que rectificó no espontáneamente sino a instancias de la fiscalización sus declaraciones juradas originales, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional llevan a confirmar las multas (en tal sentido, v. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
Por lo demás, en palabras de la Cámara, la conducta incurrida por la aquí recurrente “…excede, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa Nº 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638-1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa Nº 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-I) c/DGI", del 29/11/11)” – “Cerealera Tres Arroyos S.A.”, del 3/3/2015-.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 117/18 y 118/19, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 117/18 y 118/19, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Oil M&S S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, por la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida:
i) en el Expediente N° 49.036-I, las sumas de $18.241, equivalente a 0,94 UMA, por la representación procesal y $45.603, equivalente a 2,36 UMA por el patrocinio letrado.
ii) en el Expediente N°49.037-I, las sumas de $3.417 equivalente a 0,18 UMA, por la representación procesal y $8.544, equivalente a 0,44 UMA por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12ª Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2023.08.16 13:00:10 -03:00 Date: 2023.08.16 14:19:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.16 14:19:48 -03:00
Fin de la sentencia