Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 31944-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) desestimar los agravios de la parte demandada, con costas y (ii) fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
5900/2024 OJEDA, ALEJANDRO MARIO (TF 31944-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “OJEDA, ALEJANDRO MARIO (TF 31994-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó —con costas— la resolución nº 65/2012, emitida en las actuaciones SIGEA nº 12730-19 -2007, en virtud de la cual se rechazó las impugnaciones deducidas contra los cargos nros. 318/07 a 329/07, 345/07 a 358/07 y 426/07 a 430/07, formulados por ajuste de valor, en relación al no haberse incluido la totalidad de los gastos de transporte en el valor FOB declarado (v. fs. 152/153).
II. Para así decidir recordó que el servicio aduanero consideró que la parte actora omitió adicionar al valor FOB el importe de U$S800 en concepto de flete internacional, “habida cuenta que la mercadería fue transportada desde la zona de Ivirgarzama, en Cochabamba, Bolivia, hasta su destino final en Buenos Aires, y siendo que, la recurrente declaró un valor FOB de U$S80.”
Aclaró, sin embargo, que el valor de U$S800 establecido por el Fisco Nacional para ajustar el valor declarado es un importe que se deduce de un “supuesto” informe, el nº 35/07 (DV FOCO), tramitado en la actuaciones SIGEA nº 12733-1015-2005, que no se acompañó a la presente causa. Por consiguiente, consideró que no pueden apreciarse las circunstancias tenidas en cuenta por el servicio aduanero para tomar ese valor de ajuste y formular los cargos impugnados.
Señaló que la valoración en aduana de las mercaderías importadas debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros de Comercio de 1994, del que nuestro país es parte, conforme se estableció en la ley 24.425.
Puntualizó que de la compulsa de los despachos y de los print de pantalla acompañados en la causa surge que en sólo tres destinaciones se consignó como valor del flete U$S 80; en otros se declaró U$S 240 y U$S 160; y en relación a otras destinaciones no se cuenta con esa información.
Ante ese escenario, concluyó que al no precisarse los parámetros tenidos en cuenta para el ajuste, y toda vez que de la documentación respaldatoria de los despachos acompañados la información allí exteriorizada se condice con lo declarado, corresponde rechazar los ajuste practicados por no encontrarse debidamente fundados.
Agregó que el servicio aduanero no efectuó una investigación idónea que justifique la duda inicial y que denote que el valor documentado con relación al flete resultó considerablemente inferior al supuesto precio o valor que debía declarar; apreciando al valor atribuido como “caprichoso e incierto.”
III. Disconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que fundado fue replicado por la contraria (v. fs. 160, fs. 162/165 y fs. 168/169).
Sus quejas pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
a) El Tribunal Fiscal invirtió la carga de la prueba. No es el servicio aduanero, sino los importadores, quienes deben justificar la veracidad de sus declaraciones.
b) Incumbe al actor dar y ofrecer prueba fehaciente sobre los valores declarados, y no lo hizo. Por lo tanto, resulta claramente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 5900/2024 OJEDA, ALEJANDRO MARIO (TF 31944-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO improcedente la alegada falta de fundamentación legal y técnica del ajuste efectuado.
c) El Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT excluye el empleo de valores de aduana ficticios o arbitrarios. El servicio aduanero tiene el indiscutible derecho a comprobar la veracidad de las declaraciones de valor. No bastan por sí solas las facturas, sino que puede requerir otros elementos y, en caso de que el importador no brinde la información solicitada, como —aduce— sucedió en autos, puede aplicar un método de valoración diferente al de transacción.
IV. Asimismo, interpuso y fundó un recurso de apelación contra los honorarios regulados a favor del profesional interviniente por la parte actora por considerarlos “altos”, cuyo traslado fue contestado (v. fs. 172, fs. 177/178 y fs. 181/183).
V. El recurso de la demandada no puede prosperar. Ello es así, en tanto la parte recurrente no cumple con la carga de criticar, concreta y razonadamente, las consideraciones expuestas por el Tribunal Fiscal y no exhibe un razonamiento que demuestre el desacierto de la solución que impugna.
Ciertamente, mediante los señalamientos manifestados no rebatió idóneamente el fundamento expuesto en el pronunciamiento apelado, consistente en que los cargos aduaneros carecían de un análisis pormenorizado de las circunstancias fácticas que permitan poner en duda el valor declarado y determinar los parámetros para aplicar los ajustes desestimados. Ello así, por estar fundados —supuestamente señaló el tribunal a quo— en un informe elaborado en actuaciones ajenas a la parte actora y cuya copia no fue integrada a la presente causa.
En definitiva, el Tribunal Fiscal concluyó que el ajuste de valor resultó infundado, caprichoso e incierto, por no resultar una derivación razonada de los antecedentes de hecho y las normas aplicables. Por el contrario, el servicio aduanero se agravió en apretada síntesis de que las normas relativas al GATT lo autorizan a poner en duda el valor declarado cuando el mismo se advierte como ficticio o arbitrario con el realmente abonado, pero, insisto, sin acreditar a lo largo de todas las actuaciones los elementos que llevaron a sostener ese temperamento y sin observar el procedimiento previsto en las normas por él mismo invocadas. Por consiguiente, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte demandada, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VI. Corresponde, a continuación, examinar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra los honorarios regulados a favor del profesional interviniente por la parte actora por considerarlos “altos”.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su monto, las tres etapas efectivamente cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado alcanzado, se FIJAN los honorarios del Dr. Marcelo Oscar Abaca, por su actuación ejerciendo la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora en la instancia anterior en:
a) la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000), atientes a la primera y a la segunda etapa (conf. arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839); y b) 14 UMA —equivalente a la suma de $930.104, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 3495/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—; atinente a la tercera etapa del proceso (conf. arts. 16, 20, 21, 29, 58, inc. a), y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas a las precedentemente enunciadas, corresponde fijar en 4,2 UMA —equivalente a la suma de $279.031, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 5900/2024 OJEDA, ALEJANDRO MARIO (TF 31944-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 3495/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—; los honorarios a favor del Dr. Marcelo Oscar Abaca por las tareas realizadas ante esta instancia (arts. 30 y 51 de la ley 27.423).
Los honorarios no incluyen el IVA, monto que, en su caso, deberá ser adicionado según la condición frente a dicho tributo del sujeto beneficiario.
Por lo expuesto, VOTO por: (i) desestimar los agravios de la parte demandada, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial) y (ii) fijar los honorarios del Dr. Marcelo Oscar Abaca en la forma establecida en considerando VI.
La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: (i) desestimar los agravios de la parte demandada, con costas y (ii) fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia