Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y de la demandada.-
2Revocar parcialmente el punto 1 del fallo y desestimar el pago de la doble indemnización del Dec. ley 39/19.-
3Modificar el punto 2 del fallo disponiendo que las sumas de condena reconocidas se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde que son debidas y hasta su pago.-
4Confirmar el fallo en lo restante.-
5Costas en la instancia por su orden en atención a la forma que se decida (artículo 68 del CPCC).-
6Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Julieta Anahí Díaz (por la parte actora) y Dr. Norberto Miguel Castelo (por la demandada) en un 32 % de los se regulen en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950).
7Tener presente la reserva del caso federal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9006/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ojeda Arias Daniel Natanael Demandada: Vertas S.A.
Objeto: Laboral- Cobro de Pesos Fecha: 10-12-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los10 de diciembre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “OJEDA ARIAS DANIEL NATANAEL C/ VERTAS S.A. S/LABORAL - COBRO DE PESOS” Expte. N°20260/21 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1, de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº9006/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard; Humberto E. Monelos y Horacio M. Fernandez para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. Se presenta en PE303155-2021 el Dr. Ramiro Castillo en representación de Daniel Natanel Ojeda Arias y promueve demanda contra VERTAS S.A. por el cobro de PESOS UN MILLON OHOCIENTOS DOCE MIL VEINTITRES CON 80/100 ($ 1.812.023,80) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en concepto de indemnización por despido incausado, indemnización del art. 80 de la LCT, art. 2 Ley 25323 y doble indemnización prevista en el DNU 39/19 y modificatorias; más intereses y desvalorización monetaria desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago.-
Expone que Daniel Ojeda Arias, comenzó a trabajar para la empresa VERTAS S.A. en Marzo de 2013, prestando tareas de Playero en la estación de servicios de la empleadora, primero contratado y luego con un contrato por plazo indeterminado. Señala que tuvo buena conducta siempre y que con fecha 26 de Abril de 2021, la empleadora le notifica el despido justificado mediante escribana pública. El motivo que se invoca es el uso del teléfono celular en zona de expendio de combustibles lo que se encuentra prohibido y hay cartelería que expresamente lo prohibe. Se invoca además que dicha actitud puso en riesgo la integridad física de las personas y la vulneración de dicha normativa, podría causar graves perjuicios económicos a la empresa frente a un eventual corte del suministro de combustibles por la empresa proveedora. Agregando en la misiva que la empresa le ha perdido la confianza. Ello motivó un intercambio epistolar con el trabajador, donde Ojeda niega lo invocado como causal, refiere que tenía una picana de uso personal en el bolsillo de similares características que un celular. Niega haber utilizado el celular en horario de trabajo, solicita ser reincorporado. Sostiene la falsedad de los hechos invocados para su despido, que eventualmente se vulneró el principio de proporcionalidad si es que hubo una falta, que no tiene ningún antecedente disciplinario en su legajo en los 7 años de trabajo. Refiere que en abril del año 2019 fue víctima de un ilícito en ocasión de concurrir al trabajo donde fue agredido con un arma de fuego y a partir de allí adquirió una “picana eléctrica” como defensa personal.- Sostiene que el empleadora deberá acreditar los hechos que invoca, cita jurisprudencia, realiza la liquidación de los rubros que pretende, ofrece prueba y solicita se admita la demanda con costas al demandado.-
II. Se celebra la audiencia de conciliación del art. 47 de la ley 1444 y el Dr. Heraldo Juan Nanni apoderado de Vertas S.A. contesta demanda, niega los hechos expuestos, desconoce documentación, impugna la liquidación, ofrece prueba y funda en derecho. Reconoce la relación laboral, la fecha del distracto, el hecho delictivo que se hace referencia. Afirma que el 26 de Abril de 2021 el actor se encontraba trabajando en la playa de la Estación de Servicios AXION y es observado por Teresa García y otras personas, utilizando su teléfono celular casi pegado a uno de los surtidores de expendio de combustibles. Señala que dicha conducta resultó injuriosa para la empleadora que procedió a despedirlo, por tratarse de una actitud contraria a las normas de seguridad, a la buena fe y la lealtad laboral. Señala que ya había sido sancionado el día 28/04/2020 por no acatar las medidas de seguridad. Entiende que la falta es grave ya que la utilización del celular en sector surtidores puede provocar un siniestro de importante magnitud por su alto poder inflamatorio. Expresa que si bien sostiene que tenía un celular, el actor refiere que era una “picana Eléctrica”, lo que califica de mayor entidad aún en cuanto a la peligrosidad. Agrega que todos los empleados de las Estaciones de Servicios son asesorados de las medidas de seguridad que deben respetar entre ellas, no utilizar aparatos celulares ni elementos que despiden rayos eléctricos, ya que pueden ocasionar explosiones e incendios.
Hace referencia al intercambio epistolar, donde finalmente el actor reconoce haber llevado el celular, no planteó la nulidad del distracto, ni cuestionó la sanción; y después de 40 días envía un telegrama intimando al pago de la indemnización pero no se consideró en situación de despido.
Solicita se aprecie la postura de las partes en cuanto a lo que constituye la causal de extinción del vínculo laboral en virtud de lo dispuesto en el art. 243 de la LCT. Refiere que el actor no cuestionó nunca la causal de despido, ni la lealtad o buena fe en la relación laboral. Se explaya sobre los deberes de las partes en tal sentido y cita jurisprudencia. Menciona que se puso a disposición del trabajador los certificados laborales y la liquidación final, razón por la cual no corresponde su liquidación en esta instancia; siendo que fue el propio actor quien no concurrió a retirar la documentación.-
Plantea la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 39/19 y sus prórrogas por duplicación de indemnización por despido. Impugna los rubros pretendidos, ofrece prueba y funda en derecho.-
III. En PE300571-2022 se ordena la producción de pruebas, finalizada la misma ambas partes presentan alegatos y en PE1793122-2025 se dicta sentencia de grado. El fallo admite parcialmente la demanda por despido sin causa justificada, se admite la indemnización por antigüedad art. 245 L.C.T.; indemnización por omisión de preaviso; indemnización por integración mes de despido; SAC s/ integración mes de despido, doble indemnización DNU 39/19, y se ordena el pago a la empleadora en el término de diez días de realizada la liquidación más intereses, impone las costas a la demandada; rechaza los rubros SAC proporcional año 2.021; vacaciones proporcionales año 2.021; SAC s/ vacaciones proporcionales 2.021; SAC s/ por omisión de preaviso; multa art. 80 L.C.T. e indemnización art. 2 ley 25.323; difiere la regulación de honorarios.
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de las partes quienes deducen recurso de apelación, que se conceden libremente y con efecto suspensivo.
En PE1811380-2025 expresa agravios la parte actora. Se agravia por haberse rechazado el SAC s/ Preaviso, entiende equivocada la cita del plenario “TULOSAI ALBERTO PASCUAL C/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA”, donde el asunto era diferente a lo cuestionado, ya que en éstos se solicitó se abone la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario sobre el Preaviso no abonado. Agrega que si se admitió la demanda y el pago por falta de preaviso procede abonar el SAC sobre dicho rubro.-
En otro orden se agravia por la aplicación de la Tasa Pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para actualizar las sumas de condena, por entender que dicha tasa no recompone adecuadamente el capital. Realiza diversos cálculos para evidenciar la diferencia que arrojaría la liquidación, solicita la aplicación del art. 276 de la LCT. Señala el proceso inflacionario del país y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, requiere se disponga actualizar mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y/o con el monto adeudado con el Sueldo Actual de un Playero de Estación de Servicio. En forma subsidiaria y para el caso de que se mantenga la aplicación de la Tasa Pasiva del Banco Central de la Rep. Argentino, solicita se adicione un 3% mensual a dicha tasa.- Se agravia además por cuanto la sentencia dictada omite aplicar el art. 770 inc. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto no dispone anatocismo, solicitando se capitalicen los intereses desde la fecha de notificación de la demanda. Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Chubut conforme a su postura que se tiene presente.
En PE1813529-2025 expresa agravios la parte demandada. Se agravia en primer término por la forma en que se interpreta el despido sosteniendo que se trata de un despido con causa. Cita el art. 242 de la LCT y sostiene que el Juez de grado yerra en su interpretación. Afirma que se encuentra demostrado que el día 26 de Abril de 2021 el actor se encontraba trabajando en la playa de la Estación de Servicios AXION, que también quedó reconocido que en transcurso de la jornada laboral fue visto por Teresa García y otros dependientes de la empresa, utilizando su teléfono celular al lado de los surtidores de despacho de combustibles. Ante ello Ojeda dijo que se trataba de una “picana eléctrica”, adquirida a raíz de un hecho delictivo que tuvo unos meses atras.
Hace mención a los dichos de los testigos Axel Quevedo y Wilson Bravo al respecto y agrega que el hecho de tener una picana eléctrica genera un riesgo enorme a la empresa, pues significa que concurrió y permaneció armado mientras realizaba su trabajo. Entiende que cualquiera de las situaciones, ya sea un celular o una picana eléctrica constituyen una desobediencia a las reglas de la empresa, situación reconocida por los testigos quienes expresaron que son los mismos playeros quienes solicitan que NO se utilicen los celulares, que apaguen los motores de los autos y las luces de los mismos, por tratarse de normas de seguridad que son suficientemente conocidas por los interesados. Agrega que ello evita generación de corrientes eléctricas que generen campos voltaicos que puedan constituirse en disparador ígneo del gas de los comustibles.
Menciona los dichos de Unquen y Celis en tal sentido, y señala que ello se ve corroborado por la inspección ocular realizada en el lugar donde hay cartelería en tal sentido. Hace mención a lo informado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina en cuanto a la peligrosidad de usar un celular en una estación de servicio y más aún cerca de los surtidores. Y que en caso de ser el uso de una picana eléctrica podría ser aún peor, enumerando los riesgos que podría causar y la peligrosidad que significa tanto para las personas como de los bienes del lugar, pudiendo dar lugar a incendios, explosiones, lesiones y daños a la vida, a la integridad física de personas, y también a la propiedad.
Califica el actuar de Daniel Ojeda Arias como contrario a las normas de seguridad, a la buena fe y la lealtad laboral, lo que es suficiente causa para el distracto. Recuerda que el actor tenía sanciones por no acatar las normas de seguridad y que tolerar dicha conducta podría generar peores consecuencias. Agrega que los empleados de las Estaciones de Servicios son asesorados por las Operadoras respecto de las medidas de seguridad que deben respetar entre las cuales, se encuentra la prohibición de utilizar aparatos celulares y mucho menos elementos que despiden rayos eléctricos. Afirma que la infracción es grave y la conducta de Ojeda puso en riesgo la actividad laboral y la seguridad, vulnerando las obligaciones que tenía como empleado siendo ello injuriante para la empresa.
Solicita por tal razón se revoque el fallo en este aspecto.- Recuerda que el trabajador no impugnó en sus misivas ni en la demanda la causal del despido. Cita antecedentes y doctrina con relación a la relación de confianza y buena fe en las relaciones de trabajo, que se tienen presente. Señala que se encuentra configurada la pérdida de confianza entre las partes ante la gravedad de la infracción.-
En otro orden se agravia por haber otorgado la doble indemnización prevista por el Decreto 34/2019 e incrementos del 50% establecidos en el art 2 de la ley 25.323; ya que los decretos de Necesidad y Urgencia no pueden modificar lo que establece una ley, ello por un principio de derecho constitucional. Señala que existe similitud con las leyes 25.323 y 25.561, pues ambas establecen regímenes de emergencia y agravan las indemnizaciones por despidos sin justa causa; pero en el caso se trata de un despido con causa justificada. Entiende que se realiza una errónea valoración en este sentido en el fallo recurrido ya que no se dan las condiciones objetivas para condenar a una Doble Indemnización y la multa de la ley 25323. Los agravios de la parte demandada fueron contestados por la actora. En su presentación señala que la causal de despido no se encuentra acreditada y que por tal razón debe rechazarse el recurso. Agrega que ninguno de los testigos estuvo presente al momento del hecho, nadie visualizó la utilización del celular en la zona de expendio de combustibles. Por su parte el representante legal de la empresa Vertas S.A. no compareció a la audiencia confesional fijada en autos. Refiere que nadie declaró haber estado presente y ver a Ojeda utilizar el celular. Por otro lado quedó acreditado la existencia de cámaras de seguridad que enfocan el lugar de expendio de combustibles pero que la empleadora omitió acompañar la grabación de seguridad y se aplicó el apercibimiento de ley. Concluye que por tal razón no se acreditó que se haya registrado al actor utilizando el celular al lado del surtidor, tal como lo invocó en la carta rupturista. Sostiene que eventualmente no se respetó el principio de proporcionalidad entre la supuesta falta cometida y la sanción dispuesta por el demandado, siendo que en su caso sólo justificaría una sanción disciplinaria. Menciona la antiguedad del trabajador y que tenía un legajo intachable. Hace referencia a la invariabilidad de la causa de despido, por lo que si se lo acusó de utilizar el teléfono celular, no puede después invocarse que era una picana.
Con relación al agravio por otorgarse la doble indemnización prevista por el Decreto 34/2019 e incrementos del art 2 de la ley 25.323 entiende que existe un error por cuanto no se hizo lugar al incremento del 50% establecido en el art. 2 de la Ley 25323. En relación a la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 34/19 refiere que la inconstitucionalidad planteada fue rechazada y por el agravio se refiere a la forma de su aplicación pero su constitucionalidad no sería materia de agravio. Agrega que al tratarse de un despido sin causa la indemnización del DNU 34/19 resulta procedente. Hace reserva del caso federal.-
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
V. Tal como han quedado expuestos los agravios habré de tratar en primer término el propuesto por la parte demandada en cuanto a la causal de despido, toda vez que lo que se decida puede influir en la solución a las demás cuestiones propuestas.
Así la empleadora es quien invocó la justa causa y por lo tanto le corresponde probarla con una demostración suficiente para que la conduca atribuída haga imposible la prosecución del vínculo laboral. De los términos de la comunicación surge que la patronal invocó que el día 21 de abril de 2021, siendo las 17:00 has, aproximadamente, Daniel Ojeda Arias fue visualizado utilizando un teléfono celular en zona de expendio de combustibles lo cual se encuentra absolutamente prohibido como es de su conocimiento. Agrega que dicho accionar puso en riesgo la integridad física de las personas y la vulneración de dicha normativa, podría causar graves perjuicios económicos a la empresa frente a un eventual corte del suministro de combustibles por la empresa proveedora. El actor desconoce dichos actos y rechaza la misiva por falsa. El hecho del cual se acusa al actor es muy concreto. Estando a las pruebas producidas quedó demostrada la prohibición del uso de celular en el lugar de trabajo del actor -zona de expendio de combustible en estación de servicio-; así se informó por parte de la entidad que agrupa los trabajadores del sector, está en el convenio colectivo y surge de la inspección ocular. Ahora bien, debo coincidir con el juez de grado en que la conducta atribuida a Ojeda no se encuentra demostrada. Al contestar la demanda la empleadora señala que fue visto por Teresa García, quien informó dicha circunstancia, pero la nombrada no fue traída a juicio y por lo tanto no se puede valorar dicho testimonio. Los demás testigos traídos al juicio lograron señalar la prohibición de uso de celular, así como la peligrosidad de tener una picana eléctrica, la existencia de advertencias y normas de seguridad pero ninguno fue testigo del hecho invocado para configurar al despido. Tampoco se acompañaron las filmaciones que pudieran existir en el lugar cuyas cámaras se observan en la inspección ocular. Se suma a ello que el representante legal de la firma demandada no compareció a la audiencia de absolución de posiciones quedando confeso a tenor del pliego acompañado en PE639256-2022 del 15 de septiembre de 2022. Es decir que los agravios no alcanzan a conmover lo decidido en la instancia de grado en cuanto a que la conducta alegada a Ojeda como causa de despido no logró acreditarse en éstos. (arts. 243 y ccs. LCT).-
VI. Indemnización agravada. Se agravia la demandada por haberse otorgado la indemnización agravada por el Dec. 39/21 y el art. 2 de la ley 25323. En la sentencia recurrida se desestimó la indemnización del art. 2 de la ley 25323 y ello tampoco fue motivo de agravio por parte de la actora. En atención a ello deviene abstracto pronunciarme en el punto. Diferente postura cabe con relación a la indemnización agravada contemplada por el Dec. 34/19 y prorrogada por el Dec. 39/21 cuya constitucionalidad fue declarada en la instancia de grado. La norma en cuestión prohibe efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 90 días. En la exposición de motivos de la norma se reseña: "La duplicación de las indemnizaciones por despido sin justa causa prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19, a diferencia de las medidas destinadas a la prohibición de despedir y suspender por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, se sustentó en la emergencia pública en materia ocupacional, declarada mediante dicho decreto con anterioridad a la existencia de la pandemia y ante la crítica situación económica y social a la que alude la Ley N° 27.541 (de la exposición de motivos del decreto 39/21)". Sin perjuicio de que su constitucionaliad ha sido sostenida en éstos, debo advertir que se trata de una norma de excepción y dictada en un contexto de emergencia, por lo tanto es de interpretación restrictiva. Tengo en cuenta especialmente que en el caso Daniel Ojeda Arias fue despedido con expresión de causa, la cual si bien no mereció prueba suficiente fue discutida en autos; sumo a ello que el trabajador tenía antecedentes por desoír medidas de seguridad y que se desempeñaba en una actividad que continúo prestando servicios durante "la pandemia". Por dichas razones entiendo que en el particular no opera la aplicación de la duplicación de las indemnizaciones a modo de sanción a la empleadora ya que la duda razonable que genera la aplicación de la norma hace que ceda su instrumentación en el caso por ser un supuesto de interpretación restrictiva. Considero por ello que debe prosperar el agravio en este punto y revocar el fallo en lo pertinente.-
VII. Ingresando al estudio de los agravios planteados por la parte actora ésta se agravia por no haberse condenado al pago del SAC sobre el preaviso. Se califica al sueldo anual complementario como la doceava parte de las remuneraciones percibidas por el trabajador (art. 121 LCT), en tanto que como lo indica la misma normativa la indemnización sustitutiva de preaviso es una indemnización (art.232 LCT), por lo tanto no participa de los caracteres remunerativos. Cabe señalar que la remuneración se abona al trabajador como contraprestación de su labor, en tanto que la indemnización repara un daño, en el caso no haber preavisado tempestivamente. Por esta razón no corresponde la liquidación de SAC sobre dicho concepto. Por lo tanto más allá de lo acertada o no de la cita realizada por el juzgador como se invoca en agravios, la solución brindada al caso se comparte y por lo tanto este agravio debe desestimarse.-
VIII. Se agravia la actora por la forma de determinarse la liquidación de intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA solicitando la utilización de IPC o un porcentaje de interés adicional. Se han ensayado diferentes mecanismos en el punto para evitar la pérdida del valor del crédito producto de la inflación, lo que es de conocimiento público en este país. La suscripta adoptó en anteriores pronunciamientos la utilización del IPC con más el 3% anual, teniendo además en cuenta lo dispuesto por la nueva redacción del art. 276 de la LCT (arts.768, 772 y 1740 del CCyC, art. 9 LCT). Entiendo, que esta solución es más favorable al trabajador y obedece a los principios que informan al derecho del trabajo, ya que refleja más claramente la pérdida del valor adquisitivo del salario. Tengo en cuenta además que la Corte Suprema de Justicia lo señaló en este sentido al fallar sobre el reajuste de haberes jubilatorios en el caso “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS” del 18 de diciembre del año 2021 donde se expidió en similares términos y sirvió de base a numerosos precedentes.(https: //www.csjn.gov.ar/archivo- cij / nota - 32887 - PREVISIONAL). Es por tal razón que considero éste un criterio más ajustado a la realidad del trabajador para el reajuste de su crédito (conf. voto en autos “CONTRERAS, JAIME ADOLFO C/D.L.S. ARGENTINA LIMITED S/LABORAL", Expte. Nº 14.907, T:CIV SENTENCIAS, REG.:3156, F: 059/069, PROT. ELECT.A201 060S.251). Por estas razones el agravio debe prosperar en este sentido.
IX. Por último la actora se agravia por cuanto el juez de grado omite disponer la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda conforme lo dispuesto por el ar.t 770 inc. 2 del CCC. Ingresando al estudio del agravio debo decir que ya me he pronunciado sobre el tema aquí propuest (vgr. en autos "PEREA, VICENTE RAMÓN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ LABORAL" Expte. N° 37369; T: XCIX SENTENCIAS, REG.3034, F.137/139, Prot. Elec.- A201 046 S.231, y en los autos“BARRIA JONATHAN AUGUSTO C/EXPERTA ART SA S/ LABORAL" Expte. N° 3754, T: C SENTENCIAS, REG.3049, F: 054/057, PROT. ELECT. A201 009 S241), por lo que que me permito reiterar lo analizado. En verdad la recurrente refiere que la liquidación propuesta por el Juzgador se encontraría realizada en forma errónea por carecer de este tipo de condena.
Ahora bien, entiendo que la sentencia no se expide sobre el punto pues la posibilidad de capitalizar intereses desde la notificación de la demanda no fue un capítulo propuesto el Juez de grado en la demanda. Al momento de iniciar la causa en sede judicial ya se encontraba vigente el actual Código Civil y Comercial. El art. 90 de la ley 1444 de similar redacción que el art. 264 del CPCC señala que los agravios deben contener una crítica concreta y razonada de la sentencia; y no se puede en dicha oportunidad procesal introducir capítulos nuevos sin riesgo de transgredir el principio de congruencia de raigambre constitucional (art. 18 CN). En el caso entiendo que la propuesta de condenar a la capitalización de los intereses desde la notificación de la demanda es un planteo sorpresivo en este estadio y por lo tanto extemporáneo, ya que la demandada no tuvo conocimiento de ello oportunamente.
No obstante ello tratándose de una causa de naturaleza laboral, donde existen principios de orden público que tutelan al trabajador se impone la revisión de la condena (arts. 14 bis Constitución Nacional, 9, 11, 12 y ccs. LCT). En la sentencia de grado el Juez hace lugar a la indemnización por despido incausado, detalla la utilización de las pautas para recomponer el crédito del trabajador, que en el presente voto se modifica. Tal como se menciona en forma reiterada la liquidación de los rubros de condena es la traducción de la sentencia en términos económicos. Es decir debe reflejar la realidad en cuanto a los fundamentos brindados en el fallo. La suma que arroja el cálculo propuesto en ésta luce acorde con la realidad económica.
Tengo presente además que desde el poder judicial también debe velarse por el equilibrio de los intereses en juego. Debo agregar que la aplicación del instituto que aquí se pretende (anatocismo)es una excepción al principio general de que no se adeudan intereses sobre los intereses y por tal razón su aplicación es de interpretación restrictiva. Por estos fundamentos entiendo que el agravio no puede prosperar. (arts. 276 LCT, 90 y ccs. ley 1444).- Por la forma en que me pronuncié sobre los diferentes agravios formulados entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse en la medida de lo señalado.
X. Las costas en la instancia deberán ser soportadas en el orden causado en atención a la forma que se resuelven los agravios (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).-
XI. Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Julieta Anahí Díaz (por la parte actora) y Dr. Norberto Miguel Castelo (por la demandada) en un 32 % de los se regulen en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950).-
A LA Primera cuestión el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XII. Que coincido en los fundamentos expuestos por la Dra. Bard en su voto, comparto la postura en cuanto a la falta de prueba suficiente para la causal de despido, la improcencia de la doble indemnización, de aplicacion del art. 770 del CCC, el cómputo del SAC sobre preaviso, y la utilización del IPC como índice idóneo para recomponer el crédito. Comparto además la postura en cuanto a la imposición de costas y regulación de honorarios.-
A LA Segunda Cuestión la Dra. Griselda I. Bard dijo:
XIII. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y de la demandada. 2°) Revocar parcialmente el punto 1 del fallo y desestimar el pago de la doble indemnización del Dec. ley 39/19. 3°) Modificar el punto 2 del fallo disponiendo que las sumas de condena reconocidas se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde que son debidas y hasta su pago. 4°) Confirmar el fallo en lo restante. 5º) Costas en la instancia por su orden en atención a la forma que se decida (artículo 68 del CPCC). 6°) Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Julieta Anahí Díaz (por la parte actora) y Dr. Norberto Miguel Castelo (por la demandada) en un 32 % de los se regulen en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950). 7º) Tener presente la reserva del caso federal. 8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA Segunda Custión el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XIV. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 10 de diciembre de dos mil veinticinco.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y de la demandada.- 2°) Revocar parcialmente el punto 1 del fallo y desestimar el pago de la doble indemnización del Dec. ley 39/19.- 3°) Modificar el punto 2 del fallo disponiendo que las sumas de condena reconocidas se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde que son debidas y hasta su pago.- 4°) Confirmar el fallo en lo restante.- 5º) Costas en la instancia por su orden en atención a la forma que se decida (artículo 68 del CPCC).- 6°) Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Julieta Anahí Díaz (por la parte actora) y Dr. Norberto Miguel Castelo (por la demandada) en un 32 % de los se regulen en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950). 7º) Tener presente la reserva del caso federal.- 8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio M. Fernández no firma la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201069S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3165 Folio Nº: 129/136 Secretaria: 1
Fin de la sentencia