Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello propugno rechazar este agravio toda vez que ha sido justa la sentencia en no aplicar, en esta altura del debate, el anatocismo como pretende el actor, por no darse las condiciones de aplicación.
Tampoco es atendible el segundo agravio de la demandada. Expresa que resulta incompleta la sentencia al no determinar el IBM para establecer el quantum indemnizatorio y por ende el monto total de la condena lo que podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas sobre la forma y modo de calcularlo. Pero la parte no indica con un discurso jurídico cual sería la otra forma de calcularlo y donde estaría el agravio que causa a su parte que se use al procedimiento del art. 11 de la ley 27438.
Veamos el accidente ocurre el 19/03/de 2018 cuando se encontraba vigente la ley 27.348 (publicada en el Boletín Oficial del 24/2/17 y con vigencia a partir del 5/3/17). Y esta norma en su art. 11 sustituye el art. 12 de la ley 24.557 y establece la forma de determinar el ingreso base mensual. Y sobre el particular la sentencia estableció:
“A fin de determinar el quantum indemnizatorio, en atención a la declaración de inconstitucionalidad de la actual redacción del art. 12 de la ley 24.557, corresponde proceder a la liquidación del ingreso base según la redacción otorgada por el art.11 de la ley 27348, ello conforme al progreso de las diferencias que corresponden al actor por la incapacidad permanente parcial y definitiva determinada en esta sede judicial, debiéndose remitir el …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8433 Sentencia: Definitiva Actor: Ojeda Ever Rafael Demandada: Prevención ART S.A Objeto: Accidente de Trabajo- acción especial.
Fecha: 12-07-2.024 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Buenos Aires, a los doce días del mes de julio de dos mil veinticuatro, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “OJEDA, Ever Rafael c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ Accidente de trabajo- acción especial” Expte. 19760 del año 2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia, secretaria Nº 1 que ingresaron en esta instancia bajo el Nº 8433. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Juan Pablo Olivera y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se debe aceptar la excusación formulada? SEGUNDA: ¿Corresponde abrir la causa a prueba en la instancia? TERCERA: ¿Es nula la sentencia por ser incompleta? CUARTA: ¿Es justa la sentencia recurrida? QUINTA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Griselda I. Bard en PE1331328/2024 se excusa. Para hacerlo invoca la causal del art. 17 inc. 1º del CPCC por actuar como letrado patrocinante de la parte demandada su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González.
Un examen de la causa nos permite comprobar que, efectivamente, en autos se desempeña como letrado apoderado de la demandada el Dr. Eduardo Rubén González quien, como es de público conocimiento, es el esposo de nuestra colega. Se ha configurado pues la causal del inciso 1º del art. 17 del rito y por ello es procedente la excusación formulada. Corresponde, en consecuencia aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
II. Siendo pública la unión conyugal de nuestra colega con el Dr. Eduardo Rubén González coincido con el preopinante en que la excusación formulada es procedente y adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que el Sr. Ever Rafael OJEDA se presenta por propio derecho, con el patrocinio del Dr. Arturo Raúl Sabbatella para con el escrito de fs. 11/36 interponer demanda laboral en contra de la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO A.R.T. S.A. por la suma de $4.031.257,68 o lo que en más o en menos surja de la prueba, con más los intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago. El reclamo corresponde a diferencias de indemnización por pago único en virtud de la incapacidad laboral permanente parcial y definitiva resultante de un accidente de trabajo denunciado. Se trata de la indemnización del art. 14 de la LRT y el índice RIPTE publicado al momento del dictamen de la Comisión Médica. Para sostener su reclamo plantea inconstitucionalidades, la competencia, hace hincapié en la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.348. Da su versión de los hechos invoca la inaplicabilidad de la teoría de los actos propios practica liquidación con aplicación de la tasa activa, ofrece prueba funda en derecho y reserva el caso federal y pide que oportunamente se haga lugar a la demanda.
VII. Que la accionada contesta la acción representada, conforme poder que acredita la personería, por los Dres. Eduardo Rubén González y Federico Pereyra. Formula negativa de los hechos, se oponen a prueba, reconocen la documental que indican, peticionan se aplique el trámite previsto por la ley 27.348, dan su versión de los hechos, piden la aplicación de los baremos previstos por la ley 24.557. Contestan los planteos de inconstitucionalidad, impugnan la liquidación, ofrecen prueba, fundan en derecho sus peticiones y piden el rechazo de la demanda.
IV. Que oportunamente, al contestar el traslado el actor desconoce la documental que individualiza acompañada por la ART, se opone a prueba pericial contable, oposición que es, en PE 181162/2021, rechazada en interlocutorio.
En PE150065/2021 se abre la causa a prueba. Producida la prueba obrante en autos, mediante PE 593797/2023 se fija audiencia para alegar conforme art. 70 de la ley 1444 ejerciendo ese derecho solamente la parte actora (ver PE 989769/2023).
Oído el Sr. Agente Fiscal sobre los planteos de inconstitucionalidad en PE 1030558/2023 se dicta la sentencia instrumentada en PE1204615/2023 que en fallo: estableció la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22 y 50 de la ley 24.557 y las disposiciones pertinentes de los decretos Nº 717/96, Nº1278/00 y Nº 410/01; rechazó la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773; declaró abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1º de la ley 24.557 y art. 20 de la ley 27.348; declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia Nº 669/19; hizo lugar a la demanda interpuesta por Ever Rafael OJEDA contra la demandada Prevención ART SA condenándola al pago de diferencias por indemnización conforme art. 14 inc. 2 apartado a) de la ley 24.557 por la incapacidad sufrida del 25.99% de la T.O. a consecuencia del accidente laboral ocurrido el día 19 de marzo de 2018, debiéndose abonar en el plazo de diez días de encontrarse notificada de la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial y ordena pasar las presentes actuaciones a ese cuerpo técnico a los fines de practicar la liquidación final conforme las pautas dadas en los considerandos respectivos. Difirió la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia e impuso las costas a la demandada en la calidad de vencida (art. 68 del CPCC). Dispone la registración, notificación y oportuno archivo que son de estilo. Contra esta sentencia interponen y fundan recurso de apelación ambas partes. La actora lo hace en PE 1229671/2024 y se le concede libremente y con efecto suspensivo y corre traslado por providencia de PE 758119/2024 y la demandada hace lo propio en PE 1230678/2024 y se le concede el recurso libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado en PE 758157/2024. Los traslados no son contestados y los autos se elevan con la certificación de PE1320017/2024. Recibidos en la instancia se excusa la Dra. Bard, excusación ya tratada, se integra Cámara con los Dres. Alonso y Albarrán y al aceptarse la renuncia del Dr. Alonso el tribunal queda integrado con los Dres. Olivera y Albarrán. Oído el Sr. Fiscal ante la Cámara en PE 1350962/2024 pasan a despacho para dictar sentencia.
V. Que, en el primer agravio, los apoderados de la demandada cuestionan la incapacidad del actor señalando lo que considera falta de sustento médico legal etiocronológico, fisiopatológico, anatómico ni mecánico y se queja que el perito no logró conmover las conclusiones de los profesionales de la Comisión Médica quejándose porque la oportuna impugnación de su parte, no fuera contestada por el perito médico. Por ello pide se revoque la sentencia y sostiene al final de este agravio “… en su caso se abra la causa a prueba en la segunda instancia, se haga una nueva pericia, dictándose un nuevo pronunciamiento en cuanto al porcentaje de incapacidad…” Debo adelantar que no considero procedente el pedido de apertura a prueba en la instancia.
Choca esta pretensión de la parte con el principio de preclusión relacionado con el principio dispositivo, o sea, la consecuencia de no observar el orden y plazos señalado por la ley para su ejercicio. Es decir, el transcurso infructuoso de los términos procesales o por haber cumplido la parte una actividad incompatible con la actuación de otra facultad que la antecede lo que supone el ejercicio de ésta o al prescindir de alegar vicios de actividad, los que se considera purgados. Así el art. 462 del CPCC al legislar sobre los efectos del llamado de autos purga cualquier vicio de la instancia. ¿A que viene la invocación del principio de preclusión? se pueden preguntar a esta altura los litigantes.
Ello es consecuencia de lo actuado desde la presentación de la pericia por el perito del Gabinete Médico Forense, Dr. Walter Alejandro Álvarez Giral en PE 845439/2023. Este trabajo pericial fue impugnado por el actor en PE861867/2023 y se corre traslado “de la impugnación de la parte actora” en PE545917/2023. Con posterioridad la demandada presenta su impugnación contra la pericia médica en PE869762/2023 y a esta presentación el Juzgado provee: “… estese a lo proveído en PE 545917/2023, es decir, traslado de la impugnación de la actora. O sea que no se ordena correr traslado de la impugnación de la parte demandada. Y, así lo entendió el perito, quien se limita a contestar, solamente, la impugnación del actor.
Mutis por el foro. Nadie observa nada, ni advierten que nunca se le corrió traslado al perito de la impugnación de la parte demandada. No lo advierte la contraria que pudo hacerlo por una cuestión de lealtad (para evitar planteos de nulidad o cumplir con el deber de lealtad probidad y buena fe que los jueces deben prevenir y sancionar conforme art. 34 inc. 4 apartado d del CPCC), ni la demandada, ni tampoco el experto. Tampoco lo advierte la actuaria al certificar sobre la prueba, no obstante señalar que la pericia fue impugnada por ambas partes consigna a la prueba como cumplida al informar sobre la prueba en PE 919412/2023. La demandada guardó silencio cuando se llama a las partes a la audiencia de alegato.
Debemos recordar que los vicios del procedimiento se deben corregir en principio en la instancia salvo los casos en que es procedente el recurso de nulidad (incorrecto traslado de la demanda, no integración de la litis en una división de condominio, violación de prejudicialidad consagrado por el art. 1775 del CCyC, por ejemplo, entre otros).
Y la parte no pidió se corrigiera el proveído de PE 552536/2023, ni planteo la nulidad del certificado de PE919412/2023 en la instancia de grado y su inacción hace jugar el principio dispositivo Corrobora la negativa de apertura a prueba en la instancia la circunstancia que no nos encontramos en los supuestos de los arts. 357 o 363 in fine del Código del Rito para que sea procedente ni en los casos de los incisos 1,2,3 y 5 del art. 259 del CPCC.
Respondo en forma negativa, por las razones expuestas, a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
VI. Coincido por las razones expuestas con el voto del preopinante. Adhiero a su voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que al finalizar el segundo agravio la demandada tacha de nula la sentencia. El art. 254 del CPCC establece en su primer párrafo que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defecto de la sentencia y ante la manifestación de la parte, para que no se considere que se ha realizado una sentencia incompleta debo señalar porqué ese ataque no es procedente como recurso de nulidad. Y es, ni más ni menos, porque no existe error in procedendo en la sentencia. Si existe un error en iudicando contra el cual no se solicitó aclaratoria, se deberá analizar con el resto de los agravios de las partes al responder a la siguiente cuestión revocando, si corresponde, pero no anulando una sentencia como se pretende. Obsérvese que ni siquiera expone cuales serían las distintas posturas de las partes sobre la forma y modo de realizar el cálculo conforme las pautas de la sentencia. Voto por considerar que la sentencia no es nula.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
VIII. Por los argumentos expuestos considero como el preopinante en que no corresponde declarar nula la sentencia. Se trata de la solución extrema a la que no recurrir cuando los agravios pueden tener respuesta adecuada por vía del recurso de apelación.
A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que el actor en la mencionada pieza PE1229671 al fundar su recurso en su primer agravio critica la ausencia de aplicación del art. 770 inc. B) y C) del CCyC después de tener por sentado que la primera manifestación invalidante es el momento que se produce el accidente y no cuando al recibir el diagnóstico toma conciencia de la patología sufrida. Transcribe el inciso b del citado artículo recuerda que el accidente ocurrió el 19/3/2018 y que el 25 de octubre de 2018 la ART determina el cese de la ILT hasta que la Comisión Médica el 211 de diciembre de 2018 determina el grado de incapacidad en el 13,65% de la T.O. Es decir que tenía la vía expedita una vez que transitó y finalizó el trámite el 21/12/2018 cuando el CCyC se encontraba vigente.
Cita y transcribe la posición doctrinaria del Dr. Roberto Pompa en un artículo publicado en la ley razonando que por ello se puede capitalizar los intereses en los términos del art. 770 inc. b) del CCyC en razonamientos que se tienen presente. Insiste en la aplicación inmediata de la acumulación desde la fecha de la notificación de la demanda o si se liquida judicialmente desde que el Juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Realiza una interpretación armónica de los incisos y solicita que se aplique la tasa activa Banco Nación Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días desde la fecha del siniestro hasta el pago de la ART en la Comisión Médica y pretende que se impute primero a intereses y luego a capital (art. 900 CCyC) y que el saldo continúe devengando intereses desde el día posterior al pago efectuado por la ART en la Comisión Médica y hasta la notificación del traslado de la demanda a la tasa activa Banco Nación Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días conforme el art. 12 LRT modificado por el art. 11 ley 27.348 y que desde el día posterior al traslado de la demanda (art. 770 inc. b) CCyC) se acumulen intereses al capital aplicando una capitalización semestral (por aplicación art. 770 inc. a CCyC) con la tasa activa Banco Nación Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días (art. 12 LRT modificado por el art. 11 ley 27.348) desde el día que se practica liquidación.
Y por último se pretende que operada la mora en el pago de la indemnización hasta la efectiva cancelación se aplique un interés conforme la tasa activa Banco Nación Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días conforme el art. 12 LRT modificado por el art. 11 ley 27.348 hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral según lo establecido en el art. 770 inc. b CCyC y por aplicación analógica del art. 770 inc. a CCyC. Realiza un cuadro comparativo de la liquidación conforme la sentencia y lo que considera liquidación ajustada a derecho.
Aclara que considera que la forma correcta de imputación del pago parcial no cancelatorio de la ART en Comisión Médica al que considera pago a cuenta de capital e intereses por lo que debe imputarse en primer término a intereses y el saldo a capital (arts. 903 del CCyC) como consecuencia del principio de accesoriedad y conforme el art. 260 de la LCT el carácter de irrenunciable de las prestaciones dinerarias conforme art. 11 de la ley 24.557. Cita jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo Sala I y del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 22. Para comparar el desface refiere cuantas canastas básicas alimentarias podría haber comprado en la fecha del accidente y cuantas en la sentencia que, según razona, le impone una pérdida del 59,23% menos. Por ello entiende que la sentencia no es justa y solicita se haga lugar a sus planteos. Formula reserva del caso federal.
X. Que la parte demandada por medio de sus letrados en el mencionado PE 1230678/2024 fundaron el recurso con dos agravios concretos el primero por la incapacidad otorgada en la sentencia al actor y el segundo por considerar incompleta la sentencia al no determinar el IBM para establecer el quantum indemnizatorio y por ende el monto total de la condena lo que podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas sobre la forma y modo de calcularlo. Califica de sorpresivo por haber dictado el Sr. Juez numerosas sentencias en juicios de idéntica naturaleza donde precisó los parámetros practicando la correspondiente liquidación sin necesidad de remitir el expediente al Gabinete Contable. Invoca el art. 164 inc. 6º del CPCC y recuerda que el magistrado debe resolver todas las cuestiones planteadas por las partes por el principio de congruencia y la omisión constituye un caso típico de sentencia arbitraria. Hace notar que ambas partes se han referido a la forma del cálculo del IBM, y dice que esta operación matemática y su modo de determinación resulta fundamental en el pleito sistémico ya que las partes sostienen posiciones contrarias sobre ello y el juez omitió el tratamiento en la sentencia. Deja planteado el caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48. Pide se modifique la resolución recurrida en aquello materia de agravios.
XI. Que así planteados los agravios es fácil advertir que, por lógica, se debe tratar en primer término los agravios de la parte demandada pues lo que se resuelva tendrá implicancias en los planteos del actor.
Y, en esa faena, debemos comenzar por el primer agravio de esta parte relativo al porcentaje de la incapacidad parcial permanente otorgada al actor por el siniestro ocurrido el 19 de marzo de 2018. La parte usó este agravio para solicitar la apertura a prueba en esta instancia conforme he tratado al responder a la segunda cuestión. Se refiere a la impugnación de la pericia “con el asesoramiento médico de los profesionales técnicos de nuestro cliente” se sostiene en agravios. Pero, sí vamos a la impugnación formulada en PE869762/2023, tenemos que comienza esta impugnación con transcripción de los fundamentos de la pericia para luego en el punto 1 sostener que no se describe los ángulos de movilidad de las articulaciones del dedo afectado y sólo se sostiene que el actor tiene limitación marcada en todos los movimientos y afirma que para evaluar la limitación debe realizarse medición de los arcos de movimiento de las articulaciones y concluye que al no describirse los ángulos de movilidad del dedo no puede evaluarse la incapacidad que presenta el actor por lo que impugna la pericia. Si bien soy convencido que debemos valorar en la instancia la labor pericial en este caso advierto que el ataque se limita a indicar que no se consignan ángulos. Pero al transcribir algunos párrafos del trabajo del experto vemos que se describe la maniobra de oposición y explica que la oposición es normal con el dedo índice, dificultosa con dedo medio y no se realiza con el resto de los dedos.
El perito ha descripto la incapacidad toda vez que la oposición es el movimiento del pulgar que consiste en la facultad de desplazar el pulgar para colocar el pulpejo en contacto con el pulpejo de cada uno de los otros cuatro dedos de tal forma que se constituye la pinza pulgar digital. Sin el pulgar podemos advertir, sin ser expertos, que la mano pierde prácticamente gran parte de su valor funcional de pinza. Para realizar el movimiento de oposición el pulgar debe combinar en forma simultánea la anteposición, flexión y pronación. Y la comprobación de la oposición digito pulgar y con ello la afección de la función de pinza no es de gran dificultad científica. Están detallados en observaciones a fs. 69 vta. Por ello la dificultad de realizar la oposición para realizar la pinza minimiza el valor funcional de la mano, sobre todo en tareas delicadas. Y la pericia lo ha establecido. El ataque a una pericia de un experto debe ser fundada científicamente y si bien en agravios se hace referencia a asesoramiento médico de los profesionales técnicos de la demandada, no se lo acompaño ni al impugnar la pericia, ni al dejar de usar el derecho de alegar precisamente sobre el mérito de la prueba, ni reclamó al no correrse traslado de su escrito al experto. Pudo haber solicitado, al impugnar la pericia, que se dieran las explicaciones en audiencia con la presencia sus consultores técnicos como autoriza el art. 451 del CPCC. Y no lo hizo. En agravios no se discute el fundamento de la sentencia cuando el Juez dice que “no existe actividad probatoria alguna que ponga en duda lo aseverado por el profesional interviniente y de la que surja la existencia de una patología o antecedentes médico desfavorable distinto de lo ya considerado” (carilla 19 de la sentencia) ni cuando más adelante dice el magistrado “En efecto. Entiendo que no existen razones ni pruebas que justifiquen apartarse de las consideraciones del galeno, por lo que corresponde estarse a lo dictaminado por el Sr. Perito del Cuerpo Médico Forense …” (carilla 20 de la sentencia). Este razonamiento del magistrado no ha sido atacado como correspondía a una crítica concreta y razonada.
Por ello entiendo que este agravio no conmueve la sentencia y por lo tanto se debe rechazarlo. Así lo propongo al agravio XII.- Que toda vez que el segundo agravio de la demandada se encuentra relacionado con las quejas de la contraria en este considerando los trataré en conjunto. Ya he señalado que cualquier punto que la sentencia no haya tratado no la convierte en nula toda vez que el remedio se debe buscar por la vía de la apelación. Empezaré a los fines de desbrozar la cuestión por la queja del actor por la no aplicación del art. 770 incisos b y c del CCyC y sigue la opinión del Dr. Roberto Pompa en un artículo “la Capitalización de intereses dispuesta por el Acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Acta de la que extrae los argumentos de su agravio. Pero esta Acta 2764 de la Cámara Nacional del Trabajo, aparte de recordar que no es de aplicación obligatoria en la justicia provincial, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 'Olivia Fabio Omar c/ Coma S.A. s/despido'” en sentencia del 29 de febrero de 2024, que tuvo amplia repercusión.
Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resumen que la capitalización periódica establecida en el Acta referida y ordenada por la Cámara en ese caso contradice el art. 770 del CCyC que prohíbe los intereses sobre intereses y que esa capitalización periódica y sucesiva dispuesta según Acta 2764/2022 carece de fundamento en las disposiciones invocadas por el tribunal. Recordó que, aunque los jueces tienen discreción en la aplicación de intereses en causas laborales, ello no justifica resultados desproporcionados ignorantes de la realidad económica. Se sostuvo que el art. 770 establece que no se deben cobrar intereses sobre intereses, salvo excepciones que no se deban en el caso. Afirmó que, en el fallo y en el Acta 2764, se ignoró el principio general establecido por el legislador y se creó una excepción no contemplada. Esa capitalización periódica y sucesiva de intereses ha resultado en un incremento desmesurado de la deuda, sin justificación económica excediendo, sin justificación, los límites razonables que establece la ley. Al entender que le fallo al aplicar el acta referida, no se basó en una interpretación de la doctrina establecida por la Corte Suprema en los casos de sentencias arbitrarias. En efecto, en esa causa “Olivia Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ despido”, como determinó la Corte Suprema de Justicia, se excedieron los límites razonables toda vez que, sobre un capital que al 27 de febrero de 2015 arrojaba un total de $2.107.531,75, el 24 de noviembre de 2023 se aprobó una liquidación, con capitalizaciones semestrales progresivas de intereses que arrojaba la suma de $165.342.185,66 o sea un incremento del capital del 7.745,30%.
Sería fácil, en nuestra torre de cristal como se dice, otorgar la capitalización semestral de intereses. Pero tenemos que ir a la realidad y alejarnos de abstracciones. En abstracto no se tiene una idea de lo exorbitante de los incrementos a los que lleva el anatocismo. En el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia referido, con capitalización anual (tengamos presente en estos autos la parte actora pretende una capitalización semestral) en ocho años el capital se multiplicó 77 veces. Un moderno Shylock desde ya apoyaría incondicionalmente cualquier legislación o tribunal que le diera argumentos para percibir tan usuraria renta. En autos, la diferencia entre lo abonado $1.876.643,39 y la indemnización determinada en autos conforme la sentencia es de s.e.u.o. $2.510.395,14. Y, en liquidación que practica en agravios, y propugna que se adopte, la parte llega a la suma de $46.685.635,96 es decir que la diferencia se multiplicaría 18,596 veces.
Ello mientras que, la liquidación conforme la sentencia con la que compara sus cálculos llega a la suma de $16.493.017,64 o sea una diferencia de $30.192.618,32. Y esa diferencia multiplicaría 18,02 veces la diferencia existente.
A esta altura no se nos puede pasar por alto que, si la intención del legislador ha sido sancionar al deudor moroso, no es aplicando en el caso el art. 770 incisos b y c del CCyC habida cuenta que no se puede sostener racionalmente que la ART incurrió en mora. Ello por aplicación del primer párrafo del art. 886 del CCyC que en lo que nos interesa para el caso establece:
“la mora del deudor se produce por el transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación”
Las excepciones al principio de la mora automática están legisladas en el art. 887 del mismo cuerpo legal.
Con esta base, en el caso de autos, hasta que un pronunciamiento judicial firme determine una obligación por parte de Aseguradora de Riesgos de Trabajo Prevención ART SA aquí demandada, no existe mora de su parte. En efecto ella, hasta esta demanda, había cumplido con los pagos correspondientes al dictamen de la Comisión Médica determinado por el porcentaje de incapacidad fijado en esa instancia (Comisión Médica) de acuerdo con el sistema y pautas establecidas por ley. Por ello, con independencia de lo que aquí se resuelva, se determinó en la sentencia en crisis un plazo para el pago a partir de los diez días de notificada de la liquidación a practicar por el gabinete contable. No hay incumplimiento deliberado de la demandada una aseguradora de un tipo creado por una ley especial de riesgos de trabajo y como tal sujeta a una serie de controles de las normas reglamentarias del sistema para evitar el desfinanciamiento del sistema.
Por ello su accionar como aseguradora tiene un limitado campo de acción. Resta agregar que no conmueve esta conclusión la invocación de los valores de la canasta básica alimentaria que formula en apoyo de su pretensión y parte de una CBA (canasta básica alimentaria) en marzo de 2018 fecha del accidente de 2294,56 y a la fecha de la sentencia un CBA de 59886,86 y obtener así un porcentaje de 26,099% con una variación del índice del 5458%. Luego sostiene que, sí a la fecha del accidente podía adquirir con lo que se le debía abonar 1911,93 CBA y a la fecha de la sentencia actualizada por la tasa activa solo 275,40 existe un perjuicio del 85,60%. Pero ello es un cálculo muy simplista, que parte de tomar el índice que le otorga un mayor monto toda vez que los productos de la CBA no son aptos para una inversión al ser muchos de ellos perecederos.
Por otro lado, en el mismo período, en el RIPTE índice para calcular el salario básico para indemnizaciones tenemos una variación del índice de 15.93%, sensiblemente menor al que se obtiene de invertir en CBA. Pero para este cálculo simplista debemos tener en consideración que habría que tomar en cuenta la fecha del pago por parte de la ART e incluso descontar lo abonado. Por otro lado no se está pidiendo un reajuste por desvalorización. A este efecto debemos analizar lo argumentado por el actor quien pretende se impute el pago percibido a intereses en primer lugar. Considero no atendible el pedido habida cuenta que la demandada abonó el 2 de enero de 2019 la suma determinada en la Comisión Médica sin que existiera el reclamo que ahora nos convoca.
En autos se ha determinado un crédito existente que a la época del pago del 2 de enero de 2019 no se había ni siquiera insinuado al percibirlo por lo que no se puede pretender que el pago se impute a intereses de un crédito que hasta la sentencia no se había exteriorizado y es declarado en sentencia. Por ello rechazo la pretensión de que se lo impute a intereses y debe tenérselo por capital.
Por ello propugno rechazar este agravio toda vez que ha sido justa la sentencia en no aplicar, en esta altura del debate, el anatocismo como pretende el actor, por no darse las condiciones de aplicación.
Tampoco es atendible el segundo agravio de la demandada. Expresa que resulta incompleta la sentencia al no determinar el IBM para establecer el quantum indemnizatorio y por ende el monto total de la condena lo que podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas sobre la forma y modo de calcularlo. Pero la parte no indica con un discurso jurídico cual sería la otra forma de calcularlo y donde estaría el agravio que causa a su parte que se use al procedimiento del art. 11 de la ley 27438.
Veamos el accidente ocurre el 19/03/de 2018 cuando se encontraba vigente la ley 27.348 (publicada en el Boletín Oficial del 24/2/17 y con vigencia a partir del 5/3/17). Y esta norma en su art. 11 sustituye el art. 12 de la ley 24.557 y establece la forma de determinar el ingreso base mensual. Y sobre el particular la sentencia estableció:
“A fin de determinar el quantum indemnizatorio, en atención a la declaración de inconstitucionalidad de la actual redacción del art. 12 de la ley 24.557, corresponde proceder a la liquidación del ingreso base según la redacción otorgada por el art.11 de la ley 27348, ello conforme al progreso de las diferencias que corresponden al actor por la incapacidad permanente parcial y definitiva determinada en esta sede judicial, debiéndose remitir el cálculo al Gabinete Contable Oficial.”
Es decir, que sin perjuicio de la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 24.557 a la fecha del accidente laboral ya se encontraba vigente la ley 27.348 que la sentencia manda utilizar por el Gabinete Contable para realizar la liquidación y por ende la sentencia no estaba incompleta en el tema es decir que indica la pauta a seguir los miembros del Gabinete Contable.
XIII. Que por estas consideraciones entiendo que los agravios no son atendibles y corresponde confirmar la sentencia por ser justa. Las costas se deben imponer por el principio objetivo de la derrota a la demandada, quien mantiene su condición de vencida (art. 68 del CPCC). Respondo así a la cuarta cuestión en forma afirmativa.
A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XIV. Coincidiendo con el primer votante en su razonamiento llego a la misma conclusión respecto de la justicia de la sentencia en crisis. Adhiero a su voto.
A LA QUINTA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XV. Que en atención a las razones expuestas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard por la causal del inc. 1º del art. 16 del CPCC, apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2º) Rechazar la pretensión de apertura a prueba en la instancia. 3º) Rechazar el ataque pretendiendo la nulidad de la sentencia. 4º) Rechazar los agravios formulados por ambas partes y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen a la demandada quien mantiene su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 5º) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto se practique regulación de los correspondientes en la instancia de grado. 6º) Tener presentes los casos federales del actor en PE 1229671/2024 y de la demandada sostenido en PE 1230678/2024. 7º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA QUINTA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XVI. Considero que la propuesta se ajusta a lo establecido al tratar las cuestiones precedentes sometidas al Acuerdo. Adhiero por ello a la propuesta formulada precedentemente.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 12 de julio de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard por la causal del inc. 1º del art. 16 del CPCC, apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.
2. Rechazar la pretensión de apertura a prueba en la instancia.
3. Rechazar el ataque pretendiendo la nulidad de la sentencia.
4. Rechazar los agravios formulados por ambas partes y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen a la demandada quien mantiene su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
5. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto se practique regulación de los correspondientes en la instancia de grado.
6. Tener presentes los casos federales del actor en PE 1229671/2024 y de la demandada sostenido en PE 1230678/2024.
7. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Albarrán no suscribe el presente por no existir disidencia a dirimir. FDO: Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara A/C de Presidencia; Juan Pablo Olivera- Juez de Cámara Subrogante; Rocío Fornes- Jefa de Despacho A/C de Secretaría de Cámara.
Protocolización: A201026S.241 Tomo: C Sentencia: 3066 Folio Nº: 172/ 181 Secretaria: 1
Fin de la sentencia