Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 1331
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos: 1] Fijar las indemnizaciones del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, en las sumas de $ 8.740.811,50 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 971.201,28 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1746 CCyC). 2] Fijar las indemnizaciones del daño moral, en las sumas de $ 2.200.000 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 300.000 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1741 CCyC).
II. Desestimar el recurso de apelación deducido por la citada en garantía (arts. 1729, 1734, 1736, 1741, 1744 y 1746 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en un 95% a la citada en garantía; y en el 5% restante, a la parte actora (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 LH).
Expte. N°: JU-1331-2019 OJEDA MAIRA JAZMIN Y OTRO/A C/ FRANA ARIEL HORACIO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-1331-2019 caratulada: "OJEDA MAIRA JAZMIN Y OTRO/A C/ FRANA ARIEL HORACIO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. En fecha 22/6/2022, la Sra. Jueza subrogante a cargo del Juzgado de primera instancia n° 3, Dra. María Luz Rodríguez Traversa, dictó sentencia, por la que receptó la pretensión deducida por Catalina Mariana Verón Bono y Maira Jazmín Ojeda, esta última por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad Zoe Kimey Giordano, contra Ariel Horacio Frana, condenando al mismo y a "Provincia Seguros S.A.", ésta en los términos de la cobertura vigente al momento del hecho, a abonar en el plazo de diez días: 1] a Maira Jazmín Ojeda, la suma de $ 4.000.984,89, comprensiva de las siguientes indemnizaciones: de $ 20.390 por los gastos de reparación de la motocicleta, de $ 3.180.594,89 por incapacidad sobreviniente, y de $ 800.000 por daño moral; 2] a Zoe Kimey Giordano, la suma de $ 700.000 en concepto de indemnización del daño moral; y 3] a Catalina Mariana Verón Bono, la suma de $ 501.467,71, comprensiva de las siguientes indemnizaciones: de $ 401.467,71 por incapacidad sobreviniente y de $100.000 por daño moral; todas ellas con más intereses. Rechazó el reclamo indemnizatorio por incapacidad sobreviniente de Zoe Kimey Giordano. Impuso las costas al demandado y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, la sentenciante de primera instancia se expidió respecto de la pretensión encaminada a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido las accionantes, a causa de la colisión producida entre la motocicleta guiada por una de ellas, en la que eran transportadas las restantes, y la camioneta conducida por el demandado.
II. Contra este pronunciamiento, la Dra. Belén Masci, en su carácter de letrada patrocinante del Dr. León Rodrigo Álvarez, apoderado de la citada en garantía, interpuso apelación en fecha 24/6/2022, e idénticas impugnaciones dedujeron el 27/6/2022 Maira Jazmín Ojea, por su propio derecho y en representación de su hija, y el 28/6/2022, Catalina Mariana Verón Bono.
III. Concedidos libremente dichos recursos, la causa fue remitida a esta Cámara, recibiéndose en fecha 22/12/2022 la expresión de agravios presentada por las accionantes, y en fecha 2/2/2023, la presentada por el Dr. Álvarez en representación de la citada en garantía.
IV. En la primera de dichas presentaciones, Catalina Mariana Verón Bono y Maira Jazmín Ojeda, por derecho propio, impugnaron las indemnizaciones que les fueron concedidas por incapacidad sobreviniente y daño moral; en tanto que esta última, en representación de su hija, impugnó la indemnización que le fue concedida a la misma, por daño moral. Asimismo, se agraviaron de los intereses aplicados a las sumas indemnizatorias.
V. En la restante expresión de agravios, el Dr. Álvarez impugnó, en primer lugar, la responsabilidad atribuida al demandado; y subsidiariamente, las indemnizaciones que les fueron concedidas a las accionantes, por daño moral. Asimismo, solicitó la aplicación del artículo 730 del Código Civil y Comercial.
VI. Corrido traslado de las respectivas expresiones de agravios, las accionantes lo contestaron en fecha 8/2/2023, y el Dr. Álvarez, lo hizo en fecha 10/2/2023, solicitándose en cada una de tales contestaciones la desestimación de la apelación de la contraria; en tanto que el demandado guardó silencio; luego de lo cual, previo dictamen del Asesor de Incapaces, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VII. En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios. A) Comienzo por el agravio dirigido por el Dr. Álvarez contra la responsabilidad atribuida al demandado.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que la sentenciante de origen tuvo por probado el acaecimiento del accidente vial invocado por las accionantes como causa de su pretensión; lo enmarcó en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas; y finalmente, asignó al demandado la absoluta responsabilidad emergente del mismo.
Para adoptar tal decisión, se apoyó en los dictámenes presentados, en este proceso, por el perito ingeniero mecánico Horacio Luis Killinger, y en la investigación penal preparatoria, por el oficial ayudante Leandro Durán; elementos con los que tuvo por acreditado que el demandado, conduciendo su camioneta por la calle Tedín, embistió a la motocicleta que se desplazaba por la avenida Arias.
Continuó diciendo que la conductora de la motocicleta tenía prioridad de paso, por ir circulando por la avenida Arias; y concluyó afirmando que, al no haber acreditado el demandado la alegada interrupción del nexo causal por el hecho de aquella, corresponde atribuirle al mismo, la total responsabilidad derivada del hecho de autos.
ii. Que el Dr. Álvarez se agravió por la responsabilidad asignada al demandado, solicitando que se exima de responsabilidad al mismo, extendiéndose tal eximición a su mandante.
Expuso que la condena al demandado está fundada en una errónea apreciación de los hechos y la prueba.
Agregó que la sentenciante, al emitir el pronunciamiento impugnado, no respetó el principio de congruencia, dado que omitió el tratamiento del planteo introducido en la contestación de la citación en garantía, sustentado en la impericia de las actoras, configurada por la circulación de tres personas en la motocicleta, exceso de transportados que supone una sobrecarga de posibilidades y una infracción a los artículos 77 de la ley 24.449 y 40 del decreto 32/2018, reglamentario de la misma.
Continuó diciendo que las actoras tampoco adoptaron las precauciones que exige la conducción de un vehículo inestable, como lo es una motocicleta. Finalmente, señaló que la impericia también se vio reflejada en que una de las personas transportadas, era una niña de dos años.
b] A fin de resolver este agravio, considero útil señalar que el caso de autos ha sido encuadrado normativamente en forma correcta, al ser subsumido en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas establecido en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, al que remite el artículo 1769 del mismo cuerpo legal, previsto para la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito.
Sentado ello, queda en claro que en el caso de autos, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, en base al riesgo creado por la intervención activa de una cosa.
De acuerdo al régimen establecido en el aludido artículo 1757, las accionantes deben probar: la existencia del daño; el riesgo de la cosa; la relación de causalidad entre uno y otro, exteriorizada por la intervención activa de la cosa; y que el litigante contrario es dueño o guardián de la misma (arts. 1734, 1736 y 1744 CCyC).
En este caso, en virtud del reconocimiento efectuado por los legitimados pasivos, del acaecimiento de la colisión producida entre la motocicleta y la camioneta, no caben dudas de que deben tenerse por acreditados tales requisitos (arts. 1729 y 1736 CCyC).
Entonces, cumplida tal carga probatoria por la parte actora, los legitimados pasivos, para eximirse de responsabilidad, deben demostrar la alegada interrupción del nexo causal producida por el hecho de la conductora de la motocicleta.
Para determinar si la citada en garantía logró acreditar la fractura de la relación causal, resulta trascendente mencionar que, por falta de agravios, arribó firme a esta instancia revisora: por un lado, que la conductora de la motocicleta contaba con prioridad de paso, por ir transitando por la avenida Arias, arteria de superior jerarquía a la de la calle Tedín, por la que circulaba el demandado en la camioneta; y por otro lado, que esta última fue el vehículo embestidor.
Ante esta inconmovible plataforma fáctica, la citada en garantía alegó como eximente de responsabilidad, el hecho de la motociclista accionante, configurado porque en la motocicleta se desplazaban tres personas, siendo una de ellas, una niña de dos años de edad.
En primer lugar, cabe señalar que asiste razón a la citada en garantía, en cuanto a que la sentenciante omitió el tratamiento de este planteo defensivo; motivo por el cual, ejerciendo la facultad conferida a los tribunales de alzada en el artículo 273 del Código Procesal, paso al tratamiento del mismo, atendiendo al expreso requerimiento formulado al efecto.
En tal tarea, es útil señalar que el exceso de transportados en la motocicleta, constituye una infracción administrativa (arts. 40 inc. g] ley 24.449; 14 inc. g] 3.2 decreto reglamentario 532/09 anexo III), que no determina automáticamente la relevancia causal del hecho de la infractora, sino que sólo puede dar lugar a la presunción de la existencia de dificultades en el manejo y dominio de la motocicleta.
Pero en este caso dicha presunción quedó desvirtuada.
Arribo a esta conclusión, evaluando conjuntamente los dictámenes del perito ingeniero mecánico Horacio Luis Killinger y del técnico superior en accidentología vial Leandro Verón, con los que tengo por acreditado que el demandado, circulando por la calle Tedín, inició el cruce de la avenida Arias sin detener la camioneta, embistiendo perpendicularmente a la motocicleta (ver dictamen pericial presentado en autos en fecha 28/09/2020 y dictamen pericial de fs. 70/73 de la IPP acompañada en archivo adjunto al oficio recibido en fecha 9/9/2021).
Con esta recreada mecánica del accidente, queda descartada cualquier incidencia en su causación, del exceso de personas transportadas en la motocicleta; ya que en este tipo de vehículos es posible llevar un acompañante (art. 14 inc. g] 3.2 decreto reglamentario 532/09 anexo III), y la restante transportada, era una niña de un año y ocho meses (ver fs. 16 del presente expediente), cuyo pequeño cuerpo evidentemente no dificulta la normal maniobrabilidad de una motocicleta como la retratada en las fotografías de fs. 15 de la investigación penal preparatoria.
En consecuencia, no habiendo quedado acreditado un hecho de las accionantes con incidencia causal en la producción del accidente, cabe concluir en que la causa exclusiva del mismo, ha sido la irrupción sorpresiva del automóvil, interponiéndose en la línea de marcha prioritaria de la motocicleta, en cuya conducción no hubo impericia ni pérdida de control.
En síntesis, el exceso de personas transportadas en la motocicleta, sólo implicó una infracción reglamentaria carente de relevancia causal, desde que su existencia resultó indiferente en la producción del accidente y en la causación de los daños, cuya causa exclusiva ha sido el riesgo de la camioneta. Como corolario de lo expuesto precedentemente, la desestimación del agravio en tratamiento, se impone (arts. 1729, 1734, 1736 y 1744 CCyC). B) Confirmada la responsabilidad atribuida al demandado, paso al tratamiento de los agravios referidos a las indemnizaciones otorgadas al actor.
1. Empiezo por los agravios dirigidos por Maira Jazmín Ojeda y Catalina Mariana Verón Bono, contra las indemnizaciones que les fueron concedidas por incapacidad sobreviniente.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante de origen fijó las indemnizaciones en revisión, en la suma de $ 3.180.594,89, para la accionante Ojeda, y en la suma de $ 401.467,71, para su litisconsorte Verón Bono; importes que surgieron de la aplicación de sendas fórmulas matemático actuariales.
Entre los datos volcados en dichas fórmulas, sólo interesa a los efectos de los agravios en tratamiento, el relativo a los ingresos anuales de las actoras, los que fueron estimados en base al salario mínimo vital y móvil, y el relativo a la tasa de descuento, que fue fijada en el 6% anual.
ii. Que ambas apelantes impugnaron las indemnizaciones en revisión, tildándolas de insuficientes.
En primer lugar, efectuaron una crítica genérica a la fórmula empleada, quejándose de que en ella se haya volcado una tasa de descuento del 6% anual, afirmando que la misma es abusiva, por ser sumamente elevada. En segundo lugar, ambas impugnaron la utilización del salario mínimo vital y móvil, calificándola de inadecuada, por no atenerse a las particularidades del caso.
Agregaron que esta pauta quedó desactualizada, haciendo hincapié en que, en marzo de 2022, aquellas personas cuyo ingreso mensual no superó la suma de $ 49.602, eran considerados indigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expusieron que la sentenciante realizó el cálculo matemático, aplicando un ingreso constante en personas jóvenes, de dieciocho y veintiún años, no resultando correcto dar por sentado que un ingreso a esas edades pueda considerarse inalterable para todo el lapso a transcurrir desde el hecho hasta el fin del período de la actividad productiva.
Continuaron diciendo que si bien la sentenciante tuvo por acreditado que Ojeda realizaba tareas de costura y tejido, y Verón Bono, trabajaba en forma irregular en la pollería de su padre; en cambio, omitió valorar sus respectivas actividades como amas de casa.
Manifestaron que Ojeda se encuentra casada y tiene dos hijos menores de edad, una de dos años y el otro de cinco años, y que Verón Bono tiene una hija de corta edad; razón por la cual, deben contemplarse las tareas de amas de casa que ambas efectuaban para atender a sus respectivos grupos familiares, que actualmente no pueden realizar, por las lesiones y secuelas padecidas. Afirmaron que una justa consideración de las tareas de ama de casa, hubiera llevado a la sentenciante, a fijar como pauta de ingresos, una base doble, puesto que dos son las tareas productivas que se verán mermadas. b] * A fin de resolver este agravio, comienzo por abordar las críticas dirigidas contra la determinación de los ingresos anuales volcados en las fórmulas matemático actuariales empleadas por la sentenciante.
En esta tarea, cabe señalar que, aunque se tuviera por probado con la prueba testimonial, que una de las actoras trabajaba como modista, y la otra, con su padre en una pollería; lo relevante es que ninguna de las dos acreditó los ingresos que percibían, ni tampoco la obtención de un conocimiento, formación o preparación profesional especial; razón por la cual, lógico es tomar como parámetro, un importe equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia, que constituye el piso mínimo de retribución en el mercado laboral (conf. Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, Tomo 2-a, pág. 432/434).
Además, en el caso de Ojeda, a dicho importe hay que adicionarle un plus que refleje las posibilidades laborales derivadas de la capacitación que estaba realizando, ya que demostró por medio de la prueba informativa, que era alumna regular del segundo año del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades especializado en Periodismo (ver fs. 149, informe emitido por el CENS nº 451).
Por otra parte, debe valorarse para la determinación de los respectivos ingresos anuales de las accionantes, que Ojeda está casada y tiene una hija de dos años y un hijo de cinco años, y que Verón Bono tiene una hija de un año; motivo por el cual, no puede soslayarse que las proyecciones negativas de sus respectivas secuelas incapacitantes, también se extienden al ámbito de las tareas domésticas.
Ojeda padece dolor, edema residual y limitación de los movimientos de la mano y muñeca izquierdas, y además, trastornos en la inmunidad relacionados con la resección del bazo; y Verón Bono padece hipotrofia muscular, dolor y edema residual en la rodilla derecha (ver dictamen pericial de fecha 19/10/2020); secuelas incapacitantes que indudablemente les dificultaran la realización de algunas labores hogareñas; las cuales, aunque no remuneradas, son económicamente valorables, dado que su concreción apareja beneficios materiales, y su cercenamiento, perjuicios de la misma índole.
Para la estimación del beneficio económico anual que razonablemente hubieran generado las accionantes, por la realización de los quehaceres domésticos, en caso de no haber sufrido las lesiones incapacitantes; cabe acudir, por analogía, a la remuneración correspondiente al personal que desempeña, con retiro, tareas generales en casas particulares; remuneración que, al momento de la sentencia de primera instancia (junio de 2022), ascendía a la suma de $ 38.711 (ver Resolución 2/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares). En consecuencia, sopesando estas circunstancias, puede razonablemente estimarse que, de no haber sufrido las accionantes las secuelas incapacitantes que las aquejan, Maira Jazmín Ojeda hubiera podido tener ingresos mensuales de $ 90.000, que se traducen en un ingreso anual de $ 1.080.000, y Catalina Mariana Verón Bono, ingresos mensuales de $ 80.000, que se traducen en un ingreso anual de $ 960.000 * Ocupándome ahora de las críticas referidas a la tasa de interés de descuento, estimo útil mencionar que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, para determinar la indemnización del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, establece un sistema de renta capitalizada, por medio del cual se determina, mediante un cálculo actuarial, un capital, cuyas rentas cubran la disminución de las aptitudes del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente apreciables, y que se agote al término del período durante el cual el mismo pudo razonablemente continuar realizando tales actividades.
Con este método, se pretende encontrar un capital que, invertido a una tasa de interés pura constante, permita extraer, en periodos regulares, un monto igual a las ganancias de las que el damnificado se vio privado, a causa de su incapacidad. El capital así determinado se agotará transcurrido el número de periodos estimados como de vida productiva restante.
Por ello, este sistema de renta capitalizada, a fin de evitar un enriquecimiento incausado del damnificado, exige una tasa de interés de descuento, que es consecuente con el incremento de su patrimonio, motivado por la percepción del capital íntegro en forma anticipada (art. 1746 CCyC). Si bien dicha tasa de interés puro de descuento puede variar de acuerdo al riesgo y rentabilidad de la economía, existiendo criterios doctrinales y jurisprudenciales que oscilan entre el 3% y el 8%, resulta apropiado mantener la tasa del 6% anual, invariablemente adoptada por este Tribunal, por estimar que la misma es acorde a la realidad económica imperante en la actualidad. Esta tasa del 6% anual fue adoptada por la Suprema Corte de Justicia, en los conocidos precedentes "Vera" (C 120.536 del 18/4/18) y "Nidera" (C. 121.134 del 3/5/18), en los que la aplicó en el periodo transcurrido desde la fecha de producción del perjuicio, hasta el momento de su cuantificación. Más recientemente, en la sentencia emitida el 18/9/2020 en la causa C.123.090 "Paredes, Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. y otros s/ Daños y perjuicios", el cimero tribunal provincial aplicó la tasa pura del 6% anual durante el periodo transcurrido entre la producción del daño y su cuantificación, sosteniendo el Dr. Pettigiani, con adhesión de sus colegas, que "...Siendo la indemnización estimada a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, resulta congruente con la realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando -como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización- una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda producto del fenómeno inflacionario; conf. Molinario, Alberto D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas", RdN, 725, 1.573), desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma prestada..." (el entrecomillado encierra copia textual).
Aunque la Suprema Corte no se expidió respecto de la tasa de interés de descuento a emplear en la fórmula actuarial establecida en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, surge inequívocamente de lo decidido, que dicha tasa es la que resulta congruente como retribución de la privación de capital despojada de otros componentes, y por lo tanto, representativa del beneficio económico que el accionante podría obtener con la totalidad del capital percibido anticipadamente, como resarcimiento del detrimento patrimonial derivado de su incapacidad.
Sentado este punto, cabe aclarar que la tasa de descuento a adoptar en la fórmula matemático actuarial prevista en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, resulta aplicable al capital resarcitorio percibido anticipadamente por períodos futuros; pero, en cambio, no es aplicable al capital resarcitorio correspondiente al lapso transcurrido entre la fecha del evento dañoso y el momento del dictado de la sentencia que cuantifica el daño.
Ello es así, porque no existe razón alguna para reducir, mediante la aludida tasa de descuento, la indemnización correspondiente a un daño ya perfeccionado, en donde no existe el riesgo del enriquecimiento incausado que con dicha tasa se pretende evitar.
Con este criterio, explica Hugo Alejandro Acciarri que "...Desde el momento del hecho y hasta la sentencia o momento posterior en que se calcule, el equivalente a la capacidad perdida para ese período puede calcularse directamente como se calculan deudas vencidas..." (ver "Aplicación de fórmulas de rentas variables para cuantificar indemnizaciones por incapacidad según el Código Civil y Comercial", "En Prensa en Jurisprudencia Argentina 2016", el entrecomillado encierra copia textual).
Adoptando este criterio, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, ha sostenido, respecto a la indemnización de la incapacidad sobreviniente por el periodo transcurrido entre el hecho dañoso y el dictado de la sentencia, que "...Ahora bien, en la medida en que la fórmula resulta de utilidad para la justipreciación de las ganancias futuras frustradas, corresponde realizar un cálculo diferente y separado correspondiente a los ingresos pasados caídos desde la fecha en que pudo reintegrarse a las tareas laborales (sesenta días posteriores al hecho) y hasta la actualidad...La indemnización por incapacidad sobreviniente correspondiente al momento de la finalización de las terapias curativas y hasta la fecha de la presente sentencia, deben estimarse por separado, puesto que, tal como apunta con acierto Acciarri, no hay allí un ingreso futuro frustrado sobre el cual corresponda aplicar la mentada fórmula, sino un ingreso pasado ya perdido, por lo que cabe analizarlo como una deuda ordinaria en mora..." (sent. del 18/8/2016 recaída en la causa nº 161.169 "Ruiz Díaz, José Aurelio c/ Kreymeyer, Iván y otra s/ Daños y perjuicios", el entrecomillado encierra copia textual).
Por lo tanto, corresponde desglosar la indemnización del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, diferenciando los períodos anteriores al dictado de la sentencia, en los que no se aplica la fórmula matemático actuarial, y los periodos posteriores al dictado de la sentencia, en los que se aplica dicha fórmula.
Consecuentemente, por el daño patrimonial producido en el lapso de cincuenta y cinco meses comprendido entre las fechas del hecho (7/11/2018) y de la emisión de la sentencia en revisión (22/6/2022), tomando los estimados ingresos mensuales de cada accionante ($ 90.000 y $ 80.000) y los porcentajes de incapacidad pericialmente determinados respecto de cada una de ellas, que no fueron impugnados (40% y 5%); corresponde fijar las respectivas indemnizaciones, en las sumas de $ 1.980.000 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 220.000 para Catalina Mariana Verón Bono.
Y por el daño patrimonial futuro derivado de la incapacidad sobreviniente, corresponde aplicar la fórmula utilizada en la sentencia en revisión, aunque modificando los campos ingreso anual y periodos anuales restantes, y dejando inalterables los restantes, la tasa de descuento, por haber sido confirmada, y la edad hasta la cual se computan ingresos, por no haber sido impugnada. Así en relación a Ojeda, la indemnización queda determinada en la suma de $ 6.760.811,50, tal como resulta de la fórmula que a continuación se transcribe.
C= a. (1+i)n-1 i.(1+i)n (Computando períodos anuales)
1. Ingreso total para el período 1.080.000,00 2) % Incapacidad 40,00 3) (a) = Ingreso para el período x % incapac. 432.000,00 4) (i) Tasa de interés para el período (decimalizada) 0,06 5) edad al momento del hecho 22,00 6) Edad hasta la cual se computan ingresos 70,00 7) (n) Períodos restantes (6-7) 48,00 8) (C) Capital (indemniz. por el rubro) 6.760.811,50 Y con respecto a Verón Bono, la indemnización queda determinada en la suma de $ 751.201,28, tal como resulta de la fórmula que a continuación se transcribe.
C= a. (1+i)n-1 i.(1+i)n (Computando períodos anuales)
1. Ingreso total para el período 960.000,00 2) % Incapacidad 5,00 3) (a) = Ingreso para el período x % incapac. 48.000,00 4) (i) Tasa de interés para el período (decimalizada) 0,06 5) Edad al momento del hecho 22,00 6) Edad hasta la cual se computan ingresos 70,00 7) (n) Períodos restantes (6-7) 48,00 8) (C) Capital (indemniz. por el rubro) 751.201,28 En consecuencia, las indemnizaciones del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, quedan determinadas en las sumas totales de $ 8.740.811,50 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 971.201,28 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1746 CCyC).
2. Continúo por los agravios dirigidos por Catalina Mariana Verón Bono y por Maira Jazmín Ojeda, por su propio derecho y en reprresentación de su hija menor de edad Zoe Kimey Giordano, contra las indemnizaciones que les fueron concedidas por daño moral.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante de origen, haciendo hincapié en los padecimientos sufridos por cada una de las accionantes, fijó las indemnizaciones en revisión, del siguiente modo: en la suma de $ 800.000 para la accionante Ojeda, en la suma de $ 700.000 para Zoe Kimey Giordano, y en la suma de $ 100.000 para Verón Bono.
ii. Que Maira Jazmín Ojeda, por su propio derecho, impugnó por insuficiente, la indemnización que le fue concedida.
Expuso que la sentenciante no consideró las graves lesiones y secuelas padecidas, ni que ella tuvo que permanecer internada, ser enyesada y someterse a tratamiento kinesiológico.
Agregó que está atemorizada porque la falta de bazo le produce una menor inmunidad.
Y concluyó manifestando que padece una severa afección espiritual, derivada de la cicatriz abdominal que le quedó.
ii. Que Maira Jazmín Ojeda, en representación de Zoe Kimey Giordano, impugnó por insuficiente, la indemnización que le fue concedida a esta última. Enumeró las lesiones que padeció la niña; y agregó que, seguramente por su corta edad, sufrió temores y la alteración de su estado de ánimo, como consecuencia de las lesiones padecidas.
Sostuvo que también debe ser valorada la lesión estética generada por la cicatriz existente en su rostro.
iii. Que Catalina Mariana Verón Bono también impugnó por insuficiente, la indemnización que le fue concedida.
Sostuvo que la sentenciante no valoró las lesiones y secuelas funcionales y estéticas por ella padecidas, en rodilla y pierna derechas, ni los tratamientos a los que tuvo que someterse, ya que estuvo internada, tuvo que guardar reposo con inmovilización de la rodilla derecha, debió utilizó muletas y realizar tratamiento kinesiológico.
iv. Que el Dr. Álvarez impugnó las indemnizaciones en revisión, tildándolas de exorbitantes, y solicitó la reducción de las mismas. Adujo que como las accionantes son personas muy jóvenes, cabe presumir que ellas, en un corto plazo, carecerán de secuelas incapacitantes y tendrán la vida que normalmente tenían antes del siniestro.
Finalmente, dijo que estas indemnizaciones superan a otras fijadas en sentencias de este departamento judicial, para personas con un menor grado de incapacidad.
b] A fin de resolver estos agravios, cabe señalar que, tal como surge del dictamen presentado en fecha 19/10/2020 por el perito médico Fabián Ricardo Gómez:
* La accionante Ojeda sufrió politraumatismo, abdomen agudo hemorrágico y fractura de muñeca izquierda; lesiones por las que estuvo internada durante diez días, inmovilizada con yeso durante cuarenta y cinco días, se le practicó laparotomía exploradora (esplenectomía), y tuvo que realizar sesiones de rehabilitación; tratamientos terapéuticos pese a los cuales, le quedó una incapacidad del 40%, generada por dolores, edema residual y repercusión funcional de su muñeca izquierda, trastornos en la inmunidad relacionados con la resección del bazo, y una cicatriz abdominal queloide de 50 centímetros. * Zoe Kimey Giordano sufrió escoriaciones en abdomen y miembro inferior derecho y herida cortante en labio y mentón; lesiones por las que estuvo internada, practicándosele curación de escoriaciones y sutura de la herida; tratamientos terapéuticos pese a los cuales le quedó cicatriz en mentón de 3 centímetros, hipo coloreada, con signos de sutura, que le genera una incapacidad estética estimada en un 11%.
* La accionante Verón Bono sufrió escoriaciones múltiples, traumatismo de rodilla y tercio proximal de pierna derecha; lesiones por las que tuvo que guardar reposo, permanecer con inmovilización de rodilla, desplazarse con muletas, y someterse a tratamiento de kinesiología; tratamientos terapéuticos pese a los cuales, le quedó una incapacidad del 5%, generada por dolor y edema residual en rodilla con hipotrofia muscular.
Cabe lógicamente presumir que tales lesiones, tratamientos terapéuticos y secuelas, sumados a la traumática experiencia que implica protagonizar un accidente vial como el de autos; generan el padecimiento de una alteración anímica disvaliosa susceptible de ocasionar un daño moral; cuya indemnización creo justo fijar del siguiente modo: en las sumas de $ 2.200.000 para Maira Jazmín Ojeda y de $ 300.000 para Catalina Mariana Verón Bono, a fin de que las mismas puedan obtener las satisfacciones sustitutivas o compensatorias que puedan mitigarlo. La indemnización concedida a Zoe Kimey Giordano resulta apta a tal fin; razón por la cual, debe mantenerse (art. 1741 CCyC). C) Por último, paso al tratamiento del agravio de la parte actora, basado en que no se dispuso la capitalización de los intereses a aplicar a las sumas indemnizatorias.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que la sentenciante de origen, dispuso que se apliquen intereses del siguiente modo: al monto indemnizatorio por los gastos de reparación de la motocicleta, a la tasa del 6% anual, desde la fecha del hecho hasta la de presentación de la demanda, y desde allí en más y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y a los montos indemnizatorios por los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral, a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia, y desde entonces, a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el efectivo pago.
ii. Que la parte actora cuestionó tal cómputo de los intereses, solicitando que dichos accesorios se capitalicen cada treinta días, y en lo que hace a las indemnizaciones que constituyen deudas de valor, que la capitalización mensual se opere a partir de la sentencia de primera instancia.
b] Anticipo que este agravio no resulta procedente.
La capitalización de intereses que prevé el inciso b) del artículo 770 del Código Civil y Comercial, para los casos de reclamo judicial del cumplimiento de la obligación, resulta aplicable a las obligaciones de dar dinero, pero no a las obligaciones de valor, naturaleza que indudablemente reviste la obligación de indemnizar los daños y perjuicios (arts. 770 y 772 CCyC; conf. Daniel B. Guffanti, "La demanda judicial como excepción a la prohibición de anatocismo; su inaplicabilidad a las obligaciones de valor"; ponencia presentada en las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en La Plata).
Tampoco resulta configurado el supuesto de anatosismo previsto en el inciso c) del aludido artículo 770, el cual sólo es procedente ante la mora del deudor en el pago de la deuda judicialmente liquidada, acto procesal que presupone la firmeza de la sentencia a liquidar; situación obviamente no verificada en autos.
VIII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos: 1] Fijar las indemnizaciones del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, en las sumas de $ 8.740.811,50 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 971.201,28 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1746 CCyC). 2] Fijar las indemnizaciones del daño moral, en las sumas de $ 2.200.000 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 300.000 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1741 CCyC).
II. Desestimar el recurso de apelación deducido por la citada en garantía (arts. 1729, 1734, 1736, 1741, 1744 y 1746 CCyC).
III. Atento al resultado de los recursos, las costas de Alzada se imponen en un 95% a la citada en garantía; y en el 5% restante, a la parte actora (art. 71 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos: 1] Fijar las indemnizaciones del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, en las sumas de $ 8.740.811,50 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 971.201,28 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1746 CCyC). 2] Fijar las indemnizaciones del daño moral, en las sumas de $ 2.200.000 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 300.000 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1741 CCyC).
II. Desestimar el recurso de apelación deducido por la citada en garantía (arts. 1729, 1734, 1736, 1741, 1744 y 1746 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en un 95% a la citada en garantía; y en el 5% restante, a la parte actora (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 LH).
ASÍ LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos: 1] Fijar las indemnizaciones del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, en las sumas de $ 8.740.811,50 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 971.201,28 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1746 CCyC). 2] Fijar las indemnizaciones del daño moral, en las sumas de $ 2.200.000 para Maira Jazmín Ojeda, y de $ 300.000 para Catalina Mariana Verón Bono (art. 1741 CCyC).
II. Desestimar el recurso de apelación deducido por la citada en garantía (arts. 1729, 1734, 1736, 1741, 1744 y 1746 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en un 95% a la citada en garantía; y en el 5% restante, a la parte actora (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 LH).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia