Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de San Martín · Causa 86048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto y lo dispuesto por los arts. 1618 inc. b), 1897, 1899, 1900, 1901,1902, 1904, 1905,1909, 1928, 2565 y ccdtes. del Código Civil y Comercial, arts.34 inc. 3ro. d), 163, 375., 384, 456, 679, 682 y ccdtes. del CPCC,
DISPONGO:
1Rechazar la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta por la Sra. MARIA MERCEDES OJEDA, en relación al bien inmueble en la calle Joaquín Spandonari número 4073 de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, individualizado según catastro como: Circunscripción IV, Sección X, Manzana 44, Parcela 16; con Partida Inmobiliaria número 039696 y dominio inscripto en el Folio 2391 del Año 1969:
2Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios de la asistencia letrada interviniente para una vez que la presente adquiera firmeza y se agregue valuación fiscal actualizada del bien involucrado en esta causa (art. 27 inc. a) de la Ley Arancelaria).
3Invitar a las partes, dados los lazos invocados, y a la asistencia letrada a abrir un canal de diálogo en el que puedan profundizar sobre la situación en el marco de la vida privada y lograr una solución que tenga en cuenta las reales expectativas de todos (arts. 9 y argum. 706 del C.P.C.C., 1, 6, 7, 13 y ccdts. del Código de Etica Profesional).
Expte. 86048 SM-18077-2020
General San Martín, 19 de noviembre de 2026 .
AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados OJEDA MARIA MERCEDES C/ RANDO DOMINGO JORGE Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial de San Martín, interinamente a mi cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia, y de los que,
RESULTA: 1°) Con fecha 9/9/2021 se presenta la Sr. MARIA MERCEDES OJEDA, por derecho propio, promoviendo demanda de adquisición del dominio por usucapión contra DOMINGO JORGE RANDO, OSVALDO HECTOR RANDO, MARIA CRISTINA RANDO, ESTELA VALLEJOS DE RANDO, y/o propietarios respecto del inmueble ubicado en la calle Joaquín Spandonari número 4073 de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, individualizado según catastro como: Circunscripción IV, Sección X, Manzana 44, Parcela 16; con Partida Inmobiliaria número 039696 y dominio inscripto en el Folio 2391 del Año 1969.
Manifiesta que vive en esa propiedad desde principios del año 2.000 y tuvo una hija de su unión convivencial con el Sr. Roberto Arnaldo Pena, de nombre Florencia Jazmín Pena, quien siempre vivió en el inmueble objeto del presente desde su nacimiento, en el año 2003.
Afirma que en la propiedad nunca vivieron los titulares de dominio, ni se ocuparon de su mantenimiento edilicio y el pago de impuestos y servicios.
Explica que el Sr. Osvaldo Héctor Rando en el año 2.000 le ofreció el inmueble para que lo habitase en calidad de propietaria, manifestándole verbalmente su desinterés por el mismo, por lo cual, años después decide suscribir un poder especial irrevocable a su favor, entregándole además, toda la documentación de la propiedad que obraba en su poder, a saber, escritura, hipoteca y donación, las cuales ofrece como prueba.
Manifiesta que al momento de comenzar a poseer dicho inmueble en carácter de propietaria, a principios del año 2021, lo encuentra en total estado de abandono. La construcción de la casa era precaria, casi inhabitable en ese entonces, por lo que comenzó a acondicionar y a realizar mejoras en el inmueble con mucho esfuerzo y sacrificio personal.
Explica que años después, solicita y obtiene en dos oportunidades el crédito "Procrear" para viviendas, mediante los que pudo terminar las mejoras y la construcción que había iniciado en el año 2.000. Sostiene que hoy la casa está construida de material en una planta y consta de dos dormitorios, cocina, comedor, patio interno, lavadero, terraza, loza en la parte del frente de la misma.
Afirma que vive allí desde hace más de veinte años, en carácter de propietaria de manera ininterrumpida, pública y pacífica, siendo de buena fe.
Relata que fue quien se hizo cargo de ir conectando los servicios y de ir pagando sus respectivos vencimientos: Agua, gas, luz, impuestos, teléfono y servicio de televisión por cable, lo que fue realizado con ánimo de dueño y el carácter de poseedora es reconocida por las reparticiones encargadas de los servicios públicos (ver las facturas de luz, teléfono, agua y ABL acompañadas, impuesto municipal), como así también por las manifestaciones efectuadas por los propietarios colindantes.
Destaca que durante la posesión que ejerce, jamás ha tenido reclamaciones de orden judicial ni extrajudicial de parte de alguna persona y ninguno de los demás titulares de dominio jamás se presentó en el inmueble ni manifestó por ningún medio interés en él.
Funda en derecho. Ofrece prueba. Solicita se haga lugar a la demanda, con costas.
2. Con fecha 1/3/2024 se dispuso el traslado de la demanda, presentándose con fecha 6/9/2023 la Dra. Alejandra Rosalía Garrido, en su carácter de apoderada de ESTELA RANDO, OSVALDO HECTOR RANDO, ELBA BEATRIZ RANDO, JORGE JESUS OMAR RANDO, NORMA LORENA CRISTINA RANDO, GUSTAVO ROBERTO RANDO, FLORENCIO RUBEN MALDONADO MARIANA LAURA MALDONADO Y MONICA CRISTINA MALDONADO -conforme copia de poder general judicial acompañado en adjunto- contestando demanda.
Liminarmente explica que los Sres. Osvaldo Héctor Rando y Estela Rando resultan ser titulares de dominio del inmueble objeto de estos autos, junto con sus hermanos Domingo Jorge Rando y María Cristina Rando, siendo por lo tanto propietarios cada uno de ellos, de una cuarta ava parte indivisa del bien.
Domingo Jorge Rando falleció el 12 de octubre de 1997, por lo que se presentan en autos sus hijos Elba Beatriz, Jorge Jesús Omar, Norma Lorena Cristina y Gustavo Roberto Rando.
María Cristina Rando falleció el 30 de julio de 1976, presentándose su cónyuge supérstite Florencio Rubén Maldonado y sus hijas Mariana Laura y Mónica Cristina Maldonado.
Cuestiona la etapa de mediación previa en tanto fue culminada ante la imposibilidad de notificar a la parte requerida, en la medida en que el Sr. Osvaldo Héctor Rando no es un desconocido para la actora sino que resulta ser el ex esposo de su madre, Sra. Amalia Mercedes Zalazar, matrimonio celebrado el 12 de abril de 1993, disuelto mediante sentencia de divorcio vincular del 21/11/2018. Es decir que la Sra. Ojeda vivió recibiendo trato de hija en el ambiente familiar de los Rando durante 25 años, razón por la cual es imposible que desconozca hechos que deliberadamente oculta a fin de obtener rápidamente una sentencia sin oposiciones, accionar claramente de mala fe procesal.
Afirma que el vínculo entre la actora y el Sr. Osvaldo Héctor Rando hace que la misma sepa perfectamente que ninguno de los demandados residen en el domicilio donde pretendió notificarlos, por diferentes razones.
En especial pone de resalto que el domicilio de Mario Bravo 2248 de Merlo, por ejemplo, le fue cedido el 5/5/2014 a ella y su hermano por Osvaldo Héctor Rando, conforme documentación que adjunta, hallándose los cesionarios según la cláusula tercera de la cesión en posesión del inmueble. Agrega que si bien se desconoce quien lo ocupa en la actualidad, claramente no lo hace ninguno de los accionados.
A continuación se efectúa una negativa genérica y específica de los hechos contenidos en la demanda y documentación acompañada por la actora.
Brinda su propia versión de la relación entre las partes manifestando que la Sra. María Mercedes Ojeda resulta ser hija de la Sra. Amalia Mercedes Zalazar, ex esposa del Sr. Osvaldo Héctor Rando, quien tanto a ella como a sus hermanos Natalia Alejandra y Diego Ricardo siempre les brindó trato de tales, ya que no tiene hijos propios. Tal como ya se manifestara cedió a favor de los mismos el boleto de compraventa del inmueble de la calle Mario Bravo 2248 de Merlo.
Sostiene que la actora no ingresó a vivir en el inmueble sito en Joaquín Spandonari 4073 Caseros en el año 2000 como falsamente afirma, ya que tal como surge de los contratos de locación acompañados, en dicho momento el inmueble se encontraba alquilado al matrimonio de los Sres. Osvaldo Mastrotta y Adela Alaniz, residiendo esta última allí hasta el mes de agosto de 2005, cuando se retiró luego de comenzar a incumplir con el pago de los alquileres. Inclusive el Servicio de Edenor se facturaba a su nombre.
Sostiene que es recién en 2009 cuando el Sr. Osvaldo Héctor Rando, en su carácter de titular de ¼ indiviso del inmueble y padrastro de la accionante, entrega a la misma el inmueble pero no en propiedad, sino en un simple préstamo de uso. La actora nunca pagó canon locativo alguno y los Sres. Estela Rando, como así los herederos de Domingo Jorge Rando y María Cristina Rando (los otros titulares de dominio) no la intimaron a su pago como hubiera correspondido, para no generar disputas familiares con Osvaldo Héctor Rando.
Afirma que tal aseveración se corrobora con la copia simple de su DNI, tramitado en el año 2001, que se acompaña, donde denunció allí como su domicilio el sito en la calle Mario Bravo 2248 de la Localidad y Partido de Merlo. Esto efectivamente era así ya que en dicho momento la misma vivía allí con el matrimonio Zalazar Rando y sus hermanos, como familia.
Asimismo, en la cesión de boleto de compraventa con firmas certificadas por ante escribana pública, en 2014, la actora vuelve a denunciar como su domicilio el sito en la calle Mario Bravo 2248 de la Localidad de Merlo, Pcia. de Buenos Aires.
Explica en cuanto al poder irrevocable que el Sr. Osvaldo Héctor Rando otorgó a favor de la actora en 2006, a fin de que la misma, en su nombre y representación, ceda y transfiera los derechos y acciones hereditarios que le correspondían en la sucesión de sus padres, Domingo Rando y Estela Etelvina Borsani, claramente ningún derecho le otorga en cuanto al inmueble objeto de autos, ni en relación a inmueble alguno. Ello así ya que el Sr. Domingo Rando, en vida y con el consentimiento de su esposa Estela Etelvina Borsani, había donado a sus hijos la propiedad objeto de autos, siendo por lo tanto el Sr. Osvaldo Héctor Rando y sus hermanos los titulares de dominio, a razón de una cuarta ava parte indivisa cada uno. En consecuencia, no existiendo otros bienes integrantes de dicho acervo, el referido poder deviene abstracto así como cualquier cesión que se realizare con el mismo.
Manifiesta que esto es demostrativo de que en ningún momento fue intención del Sr. Osvaldo Héctor Rando abandonar la propiedad del inmueble que se pretende usucapir y que la Sra. Ojeda, aprovechando el trato de hija que se le brindaba, como asimismo la confianza depositada en ella, se hizo de los títulos de propiedad y boletas de pago que datan aún de antes de su nacimiento, las que presentó como pagos propios en este expediente, desconociendo esta parte de qué forma lo hizo. Ninguna razón existe para que se encuentren en su poder.
Pone de resalto que la accionante reconoce expresamente en el segundo párrafo de la demanda digitalizada: ".La Sra. Ojeda, al momento de comenzar a poseer dicho inmueble, en carácter de propietaria, A PRINCIPIOS DEL AÑO 2020, encuentra el mismo en total estado de abandono, nadie vivía en él, nadie se ocupaba de pagar los impuestos ni servicios. La construcción de la casa era precaria, casi inhabitable en ese entonces" y que en el escrito de demanda escaneado, dice 2020, y en el obrante en el cuerpo de la presentación electrónica dice "2021", lo cual descarta cualquier error de tipeo al respecto.
Sostiene que la documental acompañada (de muy difícil visualización atento la alta compresión del archivo digital), carece de valor probatorio a los efectos de acreditar los pretendidos actos realizados a título de dueña, ya que siendo instrumentos privados debió ofrecerse prueba informativa a fin de acreditar su autenticidad y en su mayoría se trata de servicios públicos y no de impuestos que debería abonar un propietario.
Concluye en la actora no reúne 20 años de posesión pública, pacífica ni ininterrumpida de la propiedad sita en Joaquín Spandonari 4073 de la Localidad de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires.
Ofrece prueba. Funda en derecho. Peticiona se rechace la demanda, con costas.
3. Abierto el juicio a prueba con fecha 1/3/2024, y producida toda aquella de la que da cuenta la certificación de Secretaría del 20/4/2026, el 30/9/2026 se llaman autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra firme.
PRIMERO: Quiero iniciar este decisorio destacando que los hechos invocados se ubican temporalmente durante la vigencia del Código Velezano, por lo que se impone expedirme en punto al derecho transitorio (art. 7 C.C.C.N.). En principio, rige en este caso, el cuerpo normativo derogado. Ahora bien, en materia de prescripción adquisitiva no se advierten cambios ni modificaciones sustanciales en el Código Civil y Comercial de la Nación; tampoco se ha planteado un conflicto de la aplicación de la ley en relación al tiempo en esta causa. En ese andar, el plazo establecido por el derogado art. 4015 del Código Civil, no ha sido modificado por el vigente art. 1899 del C.C.C.N.. Por tal motivo, entiendo que válidamente pueden aplicarse las normas vigentes ya que, tomando un cuerpo normativo u otro, lo cierto es que de ninguna manera se puede pasar por alto el plazo legal establecido y sus características para abordar este modo de adquirir el dominio de una propiedad (arts. 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903 y ccdts. del C.C.C.N.).
SEGUNDO: El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula los efectos que el paso del tiempo produce con relación a los derechos reales y personales.
Establece como regla general en el art. 2565 que los derechos reales principales se pueden adquirir por la prescripción en los términos de los art. 1897 y siguientes.
La norma citada define a la prescripción adquisitiva como el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.
Asimismo, se define configurada la posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor. Se presume, salvo prueba en contrario, que quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa es su poseedor, así como su buena fe (arts. 1909, 1911 y 1919 del C.C.y.C).
Resultan actos posesorios sobre la cosa su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga (art.1928 C.C.y.C).
Por su lado, el art. 1898 establece que tratándose de inmuebles, y existiendo justo título y buena fe se produce la prescripción por la posesión durante diez años. De no existir estos elementos, se opera la adquisición del derecho real por la posesión durante veinte años (art. 1899 C.C.y.C).
La posesión requiere de dos elementos para resultar relevante a los fines de adquirir el dominio, esto es: debe ser ostensible y continua (art.1900).
La posesión es ostensible (pública) cuando no es clandestina.
Para que opere la prescripción, debe ser continua y no interrumpida, lo que conlleva a la realización de actos posesorios en forma sucesiva, continuada.
Asimismo, para que el poseedor pueda adquirir el derecho real en perjuicio de quien hasta ese momento era su titular, debe probar tal posesión, lo que se concreta en la demostración de los actos posesorios en el inmueble durante el tiempo requerido (Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, tomo IX, p.71).
El art. 1902 establece que el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. En tanto la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella.
TERCERO: La parte demandada, titular registral del inmueble, niega a la Sra. Ojeda el carácter de poseedora a título de dueño que invoca.
Funda tal negación en la circunstancia de que su relación con el inmueble objeto de la acción habría comenzado a raíz del comodato que habría efectuado en su favor el Sr. Osvaldo Héctor Rando, quien se encontraba unido en matrimonio con la madre de la Sra. Ojeda hasta el año 2018.
La actora argumenta que el inmueble le fue dado en "propiedad", sin aportar prueba alguna al respecto (arts. 375 y 384 del C.P.C.C.).
En efecto, y como bien señala la demandada, el poder del 10/5/2006 otorgado por Osvaldo Héctor Rando, para disponer respecto de los bienes de sus progenitores, nada prueba respecto del bien involucrado en esta causa, en la medida en que el inmueble cuya usucapión se pretende fue donado -obviamente en vida- por Domingo Rando y su esposa a sus hijos -, demandados en estas actuaciones.
Sin perjuicio de ello, se impone señalar que, en todo caso y a la luz de la documentación obrante en autos -informe de dominio y escritura nro.340 del 18/9/1969, acompañada por la actora- en el mejor de los casos Osvaldo Héctor Rando podría haber entregado la propiedad de su porción indivisa, esto es, un cuarto del inmueble, atento nadie puede transmitir un derecho más extenso del que posee (art.399 C.C. C.N.), extremo éste que, reitero, no se ha probado.
A los fines de acreditar la posesión invocada por el plazo legal requerido para usucapir se ha acompañado abundante prueba documental, los comprobantes de pago más antiguos -teniendo en cuenta la versión de la actora en cuanto expresó que posee desde el año 2001- resultan del año 2012 en el caso de Aysa y Servicio de Gas, del año 2014 en el caso del servicio eléctrico, del año 2010 por servicio telefónico. Se acompañan sólo dos recibos de Arba -impuesto inmobiliario de los años 2001 y 2004- y comprobantes de la tasa municipal a partir del año 2009.
También se agregan constancias de pagos de servicios de telefonía celular Personal del año 2003 -a nombre del conviviente de la actora- y 2018 a nombre de la Sra. Ojeda; Claro del año 2015, Movistar 9/2/2010 y resúmenes de tarjetas de crédito de Tarjeta Cencosud (año 2012), Visa (año 2017), Argencard (del 2012), Visa Banco Galicia (del año 2012), Visa Macro (del 2012), BBVA (del 2015) y Tarjeta Naranja (del año 2014).
Asimismo se agregan constancias de diversas compras de materiales de construcción resultando las más antiguas 4 boletas con sello de pagado del año 2005 -en las que no se especifica quien efectúa el reparto-, una boleta del corralón El canadiense del año 2006 y dos de Casa Derqui del año 2006 y factura de la empresa HGS por la compra de reja del 4/8/2004.
Se agregan además constancias del pago de servicios de emergencias del 2006, y compras en distintos establecimientos comerciales en los que figura el domicilio de la actora y quien fuera su conviviente en la calle Spandonari.
La actora no ha ofrecido prueba informativa a los fines de acreditar la veracidad de la documentación desconocida por la demandada, a excepción del oficio librado a Telecom, donde se manifiesta que consta como cliente desde el año 2004 (4/4/2024).
En este punto se impone destacar que conforme surge de la informativa de la demandada al Registro Nacional de la Personas agregada en adjunto el 8/5/2024 -en la que se remitió al organismo copia del DNI triplicado de la actora acompañado por la demandada- en julio de 2001 se expidió documento en el que se consigna como domicilio de la Sra Ojeda el sito en la calle Mario Bravo 2248 de Libertad, Pdo de Merlo -respecto del cual le cediera derechos posesorios Domingo Rando mediante instrumento privado con firmas certificadas por Escribano-, anotándose recién en el año 2009 el cambio de domicilio a la calle Spandonari 4073 de Caseros.
Prestaron declaración en autos, a pedido de la actora, las Sras. Espaltro y Rodríguez. La primera conoce a la actora desde el año 2008 y afirma que desde esa fecha sabe que habita en el inmueble como dueña.
La Sra. Rodríguez afirma haber trabajado en el inmueble ocupado por la actora en el año 2001, realizando tareas de limpieza.
La demandada acompañó a su presentación defensiva dos contratos de locación celebrados con la Sra. Adela Alaniz, venciendo el segundo en 31 de diciembre del 2020, manifestando que dicha locataria continuó en la locación al finalizar el contrato, por lo que debió ser desalojada.
Con fecha 8/10/2025 los testigos Kapp y Ruggiero, ofrecidos por la demandada, manifiestan haber conocido a la familia Rando de larga data, así como que al fallecimiento de los padres de los titulares de dominio del inmueble, el mismo fue dado en alquiler a la Sra. Adela, por varios años, quien se desempeñaba como enfermera, manifestando que la casa estaba en buen estado.
Con fecha 28/6/2024, en respuesta a la informativa ofrecida por la demandada, Edenor contesta que la cuenta 2062093527 estuvo identificada entre los años 1996 y 2005 con el número 791053160309, correspondiendo al inmueble de Spandonari Joaquín 4073, Caseros, 3 de febrero Su titular durante el período de su interés era la Sra. Alaniz Adela Del Carmen.
CUARTO: Del análisis de la documental reseñada, se impone concluir en que a la fecha de interposición de la demanda -9/9/2021- no se encontraba cumplido el plazo de veinte años de posesión pública y pacífica exigido por el ordenamiento civil para la adquisición del dominio por usucapión.
En efecto, la sola existencia de un recibo de pago del impuesto inmobiliario del año 2001 y la declaración de la testigo Rodríguez no puede considerarse suficiente a los fines de acreditar la posesión de la actora, a título de dueña desde veinte años antes a la interposición de la demanda (arts. 375, 384 y 456 del C.P.C.C.).
Las compras de materiales para la construcción relevantes más antigua serían la relativa a la adquisición de una reja del año 2004 y los materiales posteriores adquiridos de los corralones El Canadiense y Casa Derqui de 2006.
El resto de la documental aludida, si bien es profusa, no permite presumir por sí misma sobre la existencia de la posesión a título de dueño que requiere el ordenamiento civil para la procedencia de la prescripción adquisitiva.
El que lleguen a un determinado domicilio las facturas del pago de servicios de telefonía celular, los resúmenes de tarjetas de crédito, las notificaciones bancarias o la expedición de facturas por compra de variadas mercaderías no permite presumir la naturaleza de la relación del destinatario con el inmueble. Es decir, un locatario, un comodatario o cualquier persona que ejerza la tenencia sobre el inmueble puede válidamente encontrarse en la misma situación, sin poseer el inmueble como su dueño.
Ahora bien, y colocándonos en la posición más favorable a la actora, ante tal falta de pruebas respecto de su versión de haber recibido la propiedad de parte de Osvaldo Rando, y en el supuesto de tener por válida la versión de la parte demandada, relativa a la existencia de un comodato efectuado por Osvaldo Héctor Rando en favor de la hija de su cónyuge ahora actora, consentido por los condóminos, debe recordarse que el art. 1915 del C.C.C.N. da marco conceptual al instituto de la interversión de título. En tal dirección, establece que "Nadie puede cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo hecho del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer la cosa, y sus actos producen ese efecto".
Tal interversión del título -de comodataria a poseedora a título de dueño- debe aparecer nítida. La prueba de la interversión del título debe ser inequívoca y surgir de actos que revelen la férrea voluntad de excluir al titular dominial y que, puesto en conocimiento de éste, pueda hacer valer sus derechos.
Se ha sostenido que "No sólo ha de invocarse y probarse una posesión "animus domini" munida de todos y cada uno de los caracteres que la ley quiere para erigirla de un modo dominial (pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante veinte años), sino que, en el mismo inicio de ella ha de existir un acto o una serie de actos inequívocos de exclusión de sus poseedores, a partir de lo cual su antigua y legítima coposesión mudó en una posesión ilegítima, pero exclusiva y excluyente de toda otra, o mejor aún, en el fundamento de la pretensión cobra singular relevancia "la interversión" que el mismo hace de su originario título de coposeedor o poseedor promiscuo, por el de exclusivo y único poseedor. De tal modo si la prescripción es título idóneo para que un condómino o coheredero extinga el parcial derecho de los otros comuneros y adquiera para sí la propiedad de la totalidad de la cosa, ello lo es a condición de que intervierta su título de coposeedor por el de único poseedor, excluyendo así de la relación real con la cosa a los demás condóminos o coherederos. A partir de dicha mutación o interversión es que comienza a correr el plazo de la usucapión." (CC0001 QL 18072 RSD 81/17 S 22/09/2017 Juez ZAPA (SD)Carátula: Olaeta, Mariana Mercedes y ot. c/ Cuenya, Ricardo y Otros s/ Prescripcion adquisitiva vicenal/usucapion).
Me detengo en este estadio para poner de resalto que entre las partes de este proceso, a raíz de la especial relación familiar que uniera a la actora con el codemandado Sr. Osvaldo Rando durante el matrimonio de éste con la progenitora de aquella, debe evaluarse aún con mayor estrictez la configuración de los extremos de procedencia del instituto.
Y no puede soslayarse la circunstancia apuntada en la contestación de demanda relativa a que los codemandados fueron citados en la etapa de mediación al domicilio denunciado por la Sra. Ojeda sito en la calle Mario Bravo 2248 de Libertad, Pdo. de Merlo, inmueble respecto del cual, precisamente, le fueran cedidos los derechos emergentes de boleto de compraventa y la posesión a la propia actora y su hermano, conforme cesión con firmas certificadas notarialmente del 5/5/2014, acto que comprueba el trato que recibiera la Sra. Ojeda como hija de la entonces cónyuge de Osvaldo Rando.
Las pruebas arrimadas dan cuenta de la residencia de la Sra. Ojeda en el inmueble involucrado en la causa pero no a título de dueña ni por el plazo que establece la ley. Lo dicho hasta aquí me lleva a rechazar la demanda promovida (arts. 1618 inc. b), 1897, 1899, 1900, 1901,1902, 1904, 1905, 1909, 1915, 1928 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).
QUINTO: Las costas del proceso deberán ser soportadas por la parte actora en aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 1º parte del C.P.C.C.).
En virtud de lo expuesto y lo dispuesto por los arts. 1618 inc. b), 1897, 1899, 1900, 1901,1902, 1904, 1905,1909, 1928, 2565 y ccdtes. del Código Civil y Comercial, arts.34 inc. 3ro. d), 163, 375., 384, 456, 679, 682 y ccdtes. del CPCC,
DISPONGO:
1. Rechazar la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta por la Sra. MARIA MERCEDES OJEDA, en relación al bien inmueble en la calle Joaquín Spandonari número 4073 de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, individualizado según catastro como: Circunscripción IV, Sección X, Manzana 44, Parcela 16; con Partida Inmobiliaria número 039696 y dominio inscripto en el Folio 2391 del Año 1969:
2. Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios de la asistencia letrada interviniente para una vez que la presente adquiera firmeza y se agregue valuación fiscal actualizada del bien involucrado en esta causa (art. 27 inc. a) de la Ley Arancelaria).
3. Invitar a las partes, dados los lazos invocados, y a la asistencia letrada a abrir un canal de diálogo en el que puedan profundizar sobre la situación en el marco de la vida privada y lograr una solución que tenga en cuenta las reales expectativas de todos (arts. 9 y argum. 706 del C.P.C.C., 1, 6, 7, 13 y ccdts. del Código de Etica Profesional).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en forma automática en los domicilios constituidos.
Firmado Digitalmente
GRACIELA EDITH GARCETE
JUEZA
P.D.S.
Firmas
Funcionario firmante: GARCETE Graciela Edith - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 77-2026
Fin de la sentencia