Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2361/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 465/468 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 470 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2361/19-TSJ Interlocutorio N°: 3548 Actor: OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO Demandada: MURCHISON S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 26-02-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3548 FOLIO Nº 6114/6118 PROT. ELECT. TSS1 004 I.201
Río Gallegos, 26 de febrero de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO c/ MURCHISON S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº O-969/13 (O-2361/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver, y;
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, el Dr. Miguel Nicolás Cano (cfr. fs. 465/468), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 459/462 vta., que desestimó los agravios formulados oportunamente por su parte contra el pronunciamiento de Primera Instancia en cuanto a la improcedencia de los rubros solicitados.- Los accionantes recurren el fallo de Segunda Instancia en los términos de los artículos 2º y 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-, acusando quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. fs. 465, 466 vta. y 467 vta.).-
II. En la especie, los actores promovieron demanda laboral reclamando diferencias salariales y el pago de adicionales originados por la falta de aplicación de las pautas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 (cfr. fs. 182/186 vta.).-
Por su parte, la accionada sostuvo que el período de vigencia del convenio aludido feneció el día 31 de enero de 1992 y además, su caducidad quedó ratificada por el Decreto Nacional Nº 817/92, por lo que negó que la liquidación de los haberes de los accionantes debiera realizarse con arreglo al mismo. Expuso que en su reemplazo se celebró el Convenio Colectivo de Trabajo N° 431/05, del cual quedaron excluidos los puertos patagónicos y que, en este contexto, los trabajadores de la localidad de Puerto Deseado establecieron negociaciones personales con sus empleadores relativas a los aumentos salariales (cfr. fs. 211/213).- La sentencia dictada por el juez de origen rechazó la demanda (cfr. fs. 390/392 vta.), lo que oportunamente fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. fs. 410/412 vta.).-
Frente a ello, los recurrentes interpusieron recurso de casación (cfr. fs. 414/419 vta.). En oportunidad de resolver ese recurso extraordinario, este Tribunal Superior de Justicia sostuvo que la respuesta proporcionada por el Tribunal de Alzada conllevó la preterición de cuestiones que revestían la suficiente relevancia para dirimir el proceso, por lo que declaró la nulidad de ese pronunciamiento, reenviando los autos al tribunal a quo para que, con nuevos jueces hábiles, dicte uno nuevo (cfr. fs. 446/451).- En su nuevo acto sentencial, el órgano jurisdiccional de Alzada desestimó los agravios formulados por los accionantes en su recurso de apelación en cuanto a la improcedencia de los rubros solicitados (cfr. fs. 459/462 vta.).-
Para así decidir, entendió que le asiste razón a los recurrentes al proponer la ultractividad del convenio colectivo en cuestión (cfr. foja 461). No obstante, consideró que de las probanzas obrantes en la causa surge que los incrementos otorgados al sector les han sido debidamente liquidados e igualmente rechazó la pretensión de cobro de una serie de adicionales, ante la ausencia de pruebas que acrediten su procedencia (cfr. fs. 461 vta./462).- Contra este pronunciamiento, los recurrentes interpusieron recurso de casación aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. foja 465).-
De modo liminar, afirman que vienen a impugnar el fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones “…por cuanto en el mismo no se aplican, o se aplican erróneamente las normas civiles y laborales, y se viola (sic) las leyes sobre pruebas y se incurre en absurdos, se viola el principio de congruencia, la sana crítica, derecho de defensa y derecho de propiedad.” (cfr. foja 465 vta.).-
En cuanto al quebrantamiento de forma, los recurrentes sostienen que: “…la sentencia en crisis…denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria…” (cfr. foja 466 vta.). Recuerdan que el Tribunal de Alzada consideró que de la demanda no surge claramente el objeto de las diferencias salariales reclamadas y en este punto aseveran que: “…yerra diametralmente el Sr. Juez ad quem, pues…surge claramente que el objeto de la demanda son las diferencias salariales ‘…según la liquidación que infra se detallará…’, habiéndose identificado en el rubro otros reclamos laboral uno por uno los rubros que no fueron liquidados…” (cfr. foja cit.).- Critican que el tribunal de mérito haya postulado que las probanzas resultan contestes y concordantes en el sentido de que no existen diferencias a su favor, “…pues aunque ínfima (sic), de la pericial contable practicada en autos surgen diferencias salariales.” (cfr. foja 467).-
Aducen que: “De esta manera el Sr. Juez ad quem incurre en incongruencia pues si bien reconoce que el reclamo de mis mandantes respecto del marco legal que regula la actividad, inmediatamente, indica que no les correspondía percibir los rubros reclamados por no haber probado cumplir con las condiciones necesarias para su cobro, cuando los rubros reclamados son ordinarios, no extraordinarios, pues los mismos se encuentran directamente vinculados a la tarea realizada por mis mandantes.” (cfr. foja cit.).- Expresan que el pronunciamiento puesto en tela de juicio “…hace una apreciación errónea de la prueba pericial contable, de la cual surge claramente que la demandada adeuda diferencias salariales, lo que atenta contra el debido proceso, y la sana crítica.” (cfr. foja 467 vta.).-
En lo concerniente a la violación de la ley denunciada, refieren que el fallo en crisis “Viola el principio de congruencia, debido proceso…tratando cuestiones que no han sido alegadas o puestas en consideración por las partes y lo que es peor, dar recomendaciones sobre estrategias que se pudieron haber adoptado en esta contienda…” (cfr. foja cit.).-
Hacen reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
A foja 470 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 480 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará-grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabi-lidad del planteo casatorio.- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 465/468 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
La temática planteada no resulta susceptible de revisión -en principio- en esta instancia extraordinaria. Así, este Alto Cuerpo ha sostenido en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (cfr. Interlocutorios, Tomos X, Reg. 1383, Folio 1924/1926; XXII, Reg. 2786, Folio 4347/4350; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497; XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4750; XXV, Reg. 3043, Folio 4931/4934, entre otros), circunstancias que -como se adelantó- no aparecen plenamente demostradas en el recurso bajo análisis.- En idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al afirmar que: “…como los convenios colectivos no constituyen ley en sentido formal, sino un contrato, su aplicación e interpretación es cuestión circunstancial propia de la instancia ordinaria y ajena a la casación…” (cfr.
“Maller”, causa L PL 82.300, sent. de 19-07-2006, entre otras). En este sendero, indicó que “…la interpretación de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo, o su aplicación a una específica relación laboral, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo…” (cfr. “Arce”, causa L PL 118.380, sent. del 11-04-2018 y “Pérez”, causa L PL 110.090, sent. del 11-09-2013, entre otras).- De igual modo, este Alto Cuerpo ha resuelto que el discernimiento de un reclamo por diferencias salariales constituye una cuestión de hecho y prueba -materia propia de los jueces de grado- que es, en principio, irrevisable en casación, salvo el caso de absurdo en la valoración de la prueba (cfr.
Interlocutorios, Tomos XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539 y XXIV, Reg. 2906, Folio 4616/4618). En esta línea, el cimero tribunal bonaerense sostuvo que “…determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, es función privativa del tribunal del trabajo y las conclusiones que al respecto formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son en principio revisables en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo…” (cfr. “Iriarte”, causa LP L 93.883 S, sent. del 28-05-2008; “Attene Ramos” causa LP L 108.252 S, sent. del 06-06-2012; “Castillo”, causa LP L 82.019 S, sent. del 7-09-2005).-
V. En este marco, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Por el contrario, las afirmaciones de los recurrentes pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, los impugnantes se limitan a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la interpretación de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo y a dirimir si en el caso concreto se verificaron la existencia de diferencias remuneratorias.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado, sean portadoras del vicio del ab-surdo.-
Como consecuencia de lo precedentemente señalado, los argumentos reseñados ut supra aparecen como meros criterios discordantes con la solución adoptada por el Tribunal de Alzada.-
Los recurrentes denuncian la infracción legal de normas civiles y laborales, al expresar que impugnan el fallo “…por cuanto en el mismo no se aplican, o se aplican erróneamente las normas civiles y laborales…” (cfr. foja 465 vta.).-
Frente a este embate es dable rememorar que el recurso de casación constituye un acto procesal de alegación crítica, pues tiene por finalidad poner de resalto los errores que se atribuyen a una sentencia definitiva. De conformidad al artículo 4°, inciso a) del régimen de casación el escrito portador del recurso debe contener, en términos claros y concretos, la mención de las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas así como la manifestación de cual es la ley o doctrina que ha debido aplicarse al caso.- De esta fórmula legal se colige que los recurrentes tienen la carga de citar los preceptos legales o la doctrina legal que consideran infringidos, demostrando la transgresión a través de una “…crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736, entre otros).-
Desde este particular cuadrante, cabe advertir que una técnica recursiva ajustada a la índole extraordinaria del andarivel de marras exige fundar suficientemente la impugnación; es decir, que se requiere -entre otras cuestiones- citar las normas jurídicas presuntamente violadas. Además es imperativo ineludible del impugnante expresar las disposiciones a la luz de las que se debió resolver el conflicto.-
Nada de esto puede predicarse respecto a la pieza casatoria bajo examen, puesto que -como se adelantó- los recurrentes se limitan a sostener genéricamente que se omitieron aplicar o se aplicaron erróneamente las normas civiles y laborales, sin individualizar a lo largo de todo su presentación tan siquiera una disposición del régimen civil y comercial imperante en la Nación o del ordenamiento laboral que haya sido quebrantado por el acto sentencial cuestionado. Forzoso es así concluir la patente insuficiencia del embate recursivo.- En suma, se observa que los recurrentes pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Igualmente resulta dable advertir que los recurrentes controvierten ante instancia extraordinaria la inteligencia efectuada por el tribunal de mérito en torno a su libelo inicial, sobre el cual los juzgadores precisaron que su reclamo en relación a las diferencias salariales no era claro (cfr. foja 461 vta.).-
Ante ello, cuadra rememorar que la aprehensión intelectual e interpretación del contenido de los escritos de constitución del proceso constituyen una cuestión de hecho que sólo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es arbitraria y no responde a un razonamiento lógico elaborado. En este sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que por principio adentrarse en el análisis de los escritos constitutivos de la litis es una cuestión fáctica exenta de casación (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2091, Folio 3078/3080).- Idéntica suerte adversa debe correr el cuestionamiento vincula-do con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional -como lo son el derecho de defensa y el derecho de propiedad- (cfr. foja 465 vta.), en la medida en que los impugnantes omiten indicar de que forma se produjo la trans-gresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de que manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan.
En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- Asimismo carece de idoneidad para superar el valladar que se interpone en el acceso a esta instancia extraordinaria la pretendida calificación de la sentencia como arbitraria, toda vez que los recurrentes no esbozan ningún argumento atendible que permita vislumbrar la existencia de alguno de los presupuestos que la configuran. Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo.
En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016, entre otros).- Los impugnantes atacan el fallo de grado tildándolo de arbitrario (cfr. foja 466 vta.); sin embargo, no intentan argumentar sobre la arbitrariedad que alegan, es decir sobre una sentencia que se aparte, en forma inequívoca, de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, así como también que se funde en afirmaciones meramente dogmáticas u omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso.-
VI. Las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la infracción al principio de congruencia o la configuración de algún otro vicio vinculado a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
El programa impugnativo de los recurrentes exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no se individualizan los preceptos adjetivos presun-tamente quebrantados. Amén de ello, su demostración también resulta fallida, en tanto los magistrados de la Cámara examinaron cada uno de los cuestionamientos sometidos a su decisión, sin que sea dable advertir exceso alguno tal como afirman genéricamente los impugnantes.-
En suma, la articulación así deducida por los recurrentes no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objeti-vo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
VII. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de los recurrentes sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido. En esta inteligencia, este Alto Cuerpo ha sostenido que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.-
VIII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 465/468 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 470 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva de caso federal efectuada a foja 467 vta.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 465/468 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 470 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3548 Folio N°: 6114/6118 Secretaría: 1
Fin de la sentencia