Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2220/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 414/419 vta., por la parte actora, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en con-secuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial, a fs. 410/412 vta., reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2220/17-TSJ Interlocutorio N°: 638.-
Actor: OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO Demandado: MURCHISON S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 10-12-18 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 638 FOLIO Nº 3683/3688 PROT. ELECT. TSS1 020 S.181
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO c/ MURCHISON S.A. s/ LABORAL”, Expte. N° O-969/13 (O-2220/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar Sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. fs. 414/419 vta.), por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Miguel Nicolás Cano, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 410/412 vta., que confirmó la sentencia de Primera Instancia. Esta última rechazó la demanda entablada, con costas.-
II. El caso se presenta en los siguientes términos: los Sres. Orlando Américo Ojeda y Julio César Leiva promovieron demanda laboral contra “Murchison S.A. Estibajes y Cargas Industrial y Comercial”, en procura del cobro de diferencias salariales, arguyendo que sus remuneraciones no eran liquidadas de conformidad al Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 ni tampoco reflejaban el pago de los aumentos otorgados (cfr. foja 182).-
A su turno, la empresa demandada sostiene que el convenio aludido no se encuentra vigente, puesto que su período de validez se extendió hasta el 31 de enero de 1992 y, además, su caducidad quedó ratificada por el Decreto Nacional Nº 817/92 (cfr. foja 211 vta.). Consiguientemente, solicitó el rechazo total de la demanda, con costas a la contraria (cfr. foja 214).-
La sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda incoada, con costas (cfr. foja 392 vta.). Apelado este pronunciamiento por la parte actora, la Alzada lo confirmó (cfr. foja 412 vta.) Para así decidir, los jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones aseveraron que el convenio colectivo de trabajo quedó sus-pendido en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nacional N° 817/98, lo que coincide con lo informado por el Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios. Igualmente, refieren que de la prueba pericial contable producida en la causa surge que los jornales básicos percibidos por un capataz durante el período 2011/2013 concuerdan con los salarios comunicados por el sindicato (cfr. foja 412).-
III. Contra dicho acto sentencial, los actores interponen recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. fs. 415 vta. y 418 vta.).-
En cuanto al primero de los motivos enunciados, sostienen que la sentencia en crisis denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria, que no hace mérito ni profundiza en los argumentos vertidos por su parte (cfr. foja 415 vta.).-
Postulan que el fallo se basa únicamente en que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 quedó suspendido, pero no analiza de ningún modo los fundamentos desplegados por su parte respecto de que un decreto no puede derogar un convenio de este tipo. Manifiestan que aún habiéndose derogado y no establecido un nuevo marco legal debe estarse a lo normado en el convenio que regulaba la relación laboral (cfr. foja cit.).-
Indican que la Excma. Cámara de Apelaciones tampoco analizó los argumentos expresados en torno al principio de irretroactividad de la ley y a que nunca una nueva ley o norma puede afectar derechos adquiridos -como los que existen en el presente caso- ni hechos cumplidos (cfr. foja 416).-
Afirman que el fallo en crisis violenta lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 20.744 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. foja 417).-
Expresan que la sentencia cuestionada de ningún modo ha hecho mérito de sus alegaciones al expresar los agravios y que, por el contrario, ha entrado en la búsqueda de justificaciones de la demandada de un modo sintético y sin analizar puntillosamente los argumentos de su parte. Añaden los recurrentes que esta circunstancia sienta un precedente peligroso para la seguridad jurídica de los trabajadores y nulifica el fallo (cfr. foja 417 vta.).-
Refieren que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones viola las formas y solemnidades sustanciales para el procedimiento, al formular argumentos que constituyen verdaderas defensas que ni siquiera la propia demandada esgrimió, suplantando a esa parte en abierta violación al derecho de igualdad de las mismas (cfr. foja cit.).-
Alegan que los magistrados de la Alzada realizaron una apre-ciación errónea de la prueba pericial contable, de la cual surge claramente que la de-mandada adeuda diferencias salariales (cfr. foja 418 vta.).-
En relación al segundo de los motivos invocados, esto es, la violación de la ley, los recurrentes sostienen que se ha violado el principio de congruencia. Explican que se ha aplicado erróneamente los artículos 7 y 14 bis de la Constitución Nacional y, finalmente, que se ha omitido la aplicación del artículo 13 de la Ley N° 25.877, que instala el principio de ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo (cfr. foja cit.).-
Formulan reserva del caso federal (cfr. foja 419).-
Finalmente, solicitan se haga lugar al recurso de casación, decretando la nulidad del fallo de Segunda Instancia o revocándolo por quebran- tamiento de forma y errónea aplicación de la ley (cfr. foja 419 y vta.).-
A foja 421 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 433 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Únicamente la demandada hizo uso de las facultades que le otorga dicha norma, y expuso los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación de su contraria (cfr. fs. 437/439).- A fs. 441/443 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tri-bunal, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que: “…asiste razón a la actora respecto de los agravios por ella articulados, en cuanto no ha sido aplicado el principio de ultraactividad contenido en el art. 13 de la ley 25.877, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de Casación” (cfr. foja 443 vta.).-
A foja 444 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 445 pasan los presentes a estudio.-
IV. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto la impugnación de los actores se fundamenta en el quebrantamiento de forma y violación de la ley.-
Así las cosas, por una cuestión de método se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por los casacionistas.- Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de formas en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencias, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408). Sobre este último aspecto, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “La omisión de cues-tiones o temas conducentes oportunamente propuestos por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en consecuencia ser dejadas sin efecto?El déficit que se indica puede consistir en la omisión de la consideración de planteos, en no hacerse cargo de ciertos argumentos aducidos por el recurrente, en no analizar adecuadamente determinados agravios, no tratar diversos pedidos, en omitir ciertos temas de ineludible consideración?” (cfr. Sentencias, Tomos XIV, Reg. 480, Folio 2603/2611 y XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596).- De acuerdo al programa recursivo planteado por los casa-cionistas, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronun-ciamiento de Segunda Instancia a efectos de verificar si los jueces de la Alzada incurrieron en violación del principio de congruencia al omitir el tratamiento de temas conducentes para dirimir la contienda.-
El Derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Teoría de la decisión judicial: fundamentos de derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6° ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencias, Tomo I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de segunda instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, las disposiciones individualizadas resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley N° 1444.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido…” (cfr. Guillermo Jorge Enderle, “La congruencia procesal”, Ed. Rubin-zal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir, mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- En la especie -tal como se anticipó anteriormente- los re-currentes aducen que el pronunciamiento en crisis no hizo mérito de sus alegaciones al expresar los agravios y que, por el contrario, ha entrado en la búsqueda de justi-ficaciones de la demandada de un modo sintético y sin analizar los argumentos de su parte (cfr. foja 417 vta.). Entre otras cuestiones, aseveran que el fallo se basó únicamente en que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 quedó suspendido, pero no analizó de ningún modo los fundamentos desplegados por su parte respecto de que un decreto no puede derogar un convenio de este tipo (cfr. foja 415 vta.). Con idéntico sentido, refieren que la Excma. Cámara de Apelaciones omitió analizar los argumentos expresados en torno al principio de irretroactividad de la ley y a que una nueva ley o norma nunca puede afectar derechos adquiridos -como los que existen en el presente caso- (cfr. foja 416). Igualmente denuncian que la sentencia denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria (cfr. foja 415 vta.).- El planteamiento recursivo bajo estudio torna necesario con-frontar los cuestionamientos vertidos por los actores en la oportunidad de expresar agravios contra la sentencia dictada en Primera Instancia, a efectos de corroborar si efectivamente la Cámara incurrió en el vicio denunciado.-
En dicha oportunidad procesal (cfr. fs. 395/399 vta.), los accio- nantes reseñaron los fundamentos desplegados por el juzgador de origen para rechazar su demanda. Así, rememoraron que el sentenciante consideró que: “…el decreto 817/92 (actividades portuarias), con fundamento en el principio legal desregulador establecido en la ley 23.969 y la delegación que allí le efectúa el Poder Legislativo, dispuso entre otras cosas, dejar sin efecto diversas cláusulas convencionales…El art. 37 suspende III, entre los que se encuentra el N° 43/89. En cualquier caso, es de antaño conocida la solución de la jurisprudencia nacional conforme a la cual una suspensión sine die equivale a la derogación de la norma.” (cfr. foja 396 vta.).- Sobre esa base, expusieron que: “…el hecho de que la nor-mativa haya sido derogada lo es para los trabajadores que ingresaran a la actividad con fecha posterior, y no el caso de mis mandantes que desarrollaban su actividad con anterioridad a la derogación del Convenio Colectivo.
El Sr. Juez de grado parece olvidar que cuando no ha habido un nuevo convenio colectivo de trabajo que reemplace uno anterior… tal convenio continua vigente hasta la existencia de otro convenio colectivo de trabajo que lo reemplace…” (cfr. foja cit.) y añadieron que: “…aún cuando se pretenda que se trata de una derogación, la misma no podría tener efecto, toda vez que cuando un convenio colectivo de trabajo se extingue, por la razón que fuere, sus efectos siguen hasta que se celebre un nuevo convenio colectivo de trabajo, con las formalidades de ley, que lo reemplace” (cfr. foja 397).- Igualmente, denunciaron que: “…un convenio colectivo de trabajo no puede ser derogado por un simple decreto, por más que emane del Poder Ejecutivo Nacional, pues un convenio colectivo se extingue por propia decisión de las partes, o por el reemplazo de otro convenio colectivo de trabajo…por lo que mal puede ser derogado por una norma inferior, como lo es un decreto, que en el caso que nos ocupa se encuentra viciado de inconstitucionalidad” (cfr. foja 397 vta.).- Más allá del acierto o no de los cuestionamientos exhibidos, lo cierto es que los entonces apelantes sometieron a decisión de la Alzada una serie de cuestiones que imprescindiblemente debía considerar y resolver el órgano judicial: la inviabilidad de que un decreto suspenda o derogue un convenio colectivo de trabajo; la imposibilidad de afectar derechos adquiridos y la relevancia que tenían los principios de irretroactividad de la ley y de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo para dirimir la controversia.- Ante este escenario, la Excma.
Cámara de Apelaciones con- firmó la sentencia de Primera Instancia, limitándose a transcribir sesgadamente el texto del Decreto Nacional N° 817/92 y concluir que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 quedó suspendido por la norma precitada. Ningún fundamento -siquiera tangencial- expone en torno a las cuestiones individualizadas precedente-mente, a diferencia del caso que llegara con similares agravios a este Tribunal Supe-rior de Justicia bajo la carátula: “Ezquerra Carlos Enrique y Otros c/ Murchison S.A. s/ Laboral”, Expte. Nº E-986/13 (E-2231/18-TSJ).- Esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6° del CPC y C que requiere “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio…”, cuyo mandato por imperio del artículo 165 se torna aplicable a los pronunciamientos que se dicten en segunda o ulterior instancia.-
Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio, lo cierto es que debe reputarse como nula la sentencia si omite tratar temas conducentes que componen el litigio (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 2009, Tomo 2, págs. 310 y 311). En idéntico sendero, este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha expuesto que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).- Con sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y 327:5668, entre otros).-
La respuesta proporcionada por la Excma. Cámara de Apela-ciones al emitir su pronunciamiento conlleva la preterición de cuestiones que revestían la suficiente relevancia para la resolución del presente proceso, lo que torna pertinente rememorar las enseñanzas de Germán J. Bidart Campos, quien sostiene que “…el derecho a la jurisdicción no se satisface ni agota con el mero acceso a un juez, ni con la secuela del debido proceso, sino que exige culminar con una sentencia (válida) que resuelva ‘todas’ las pretensiones y ‘todas’ las cuestiones (de hecho y de derecho) incluidas en la causa” (cfr. aut. cit., “La abstención de un tribunal (federal o provincial) que no juzga una cuestión constitucional, es inconstitucional”, ED 128-221/222).- Por su parte, el maestro Augusto M. Morello afirma que: el principio de congruencia se refleja en la necesidad de que los argumentos serios con que se sustenta la revocatoria de una sentencia en el juicio de apelación, no pueden ser prescindidos, es decir la Cámara debe hacerse cargo de ellos. La incongruencia por defecto u omisión sacrifica la plenitud de la defensa en la medida que el órgano judicial no ha dado toda la sentencia debida. El quebrantamiento se da en la estructura y forma de la sentencia (cfr. aut. cit., “Prueba, incongruencia, defensa en juicio (El respecto por los hechos)”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1977, págs. 48 y 56/57).- En definitiva, cabe apuntar que las cuestiones singularizadas por los recurrentes tenían decisiva gravitación en la decisión del litigio, delimitando el esquema jurídico del pronunciamiento del que la Excma. Cámara de Apelaciones debía hacerse cargo, es decir, atender, analizar y darle razonada e íntegra respuesta.-
Hugo Alsina refiere que la sentencia no sólo debe resolver la cuestión sometida a la decisión del juez, sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos de la misma y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones y añade que a quien con mayor razón se debe dar explicaciones es a aquel a quien se le niega un derecho (cfr. aut. cit., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da ed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1957, Tomo II, págs. 255 y 257).- La faena incumplida por la Alzada resulta, entonces, insusceptible de convalidación, desde que -como ha afirmado Roberto O. Berizonce- la hondura e intensidad de las razones justificatorias en las que las decisiones judi-ciales se sustentan, constituyen el soporte mismo, insustituible, que legitima la inter-vención de los jueces (cfr. aut. cit., en prólogo a la obra de Leandro Guzmán, “Derecho a una sentencia motivada”, Ed.
Astrea, Buenos Aires, 2013, págs. XIII y XIV).- Los defectos apuntados menoscaban el derecho de defensa en juicio, trastocando la posibilidad de que los justiciables, al ser dictada su sentencia, puedan comprender claramente por qué se llegó a esa decisión. Cabe recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que el principio de congruencia tiene como fundamento preservar la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN). Ahondando esta línea argumental, Roberto G. Loutayf Ranea indica que se afecta el derecho constitu-cional mencionado si el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones omite considerar los agravios expresamente alegados por el apelante que eran conducentes para la resolución de la cuestión planteada, lo que lleva a concluir que la sentencia está insuficientemente fundada al no darse solución a las distintas cuestiones planteadas (cfr. aut. y ob. cit., Tomo 2, pág. 316).- Merced a lo expuesto, cabe traer a colación lo indicado en sendas oportunidades por este Alto Tribunal, en el sentido de que comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida y de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, es el encuadre normativo aplicable (cfr. Sentencias, Tomos XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398 y XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431).- A la luz de los argumentos hasta aquí vertidos, cabe concluir que la irregularidad sindicada resulta de una gravedad tal que conlleva la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones.-
V. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los actores a fs. 414/419 vta. por quebrantamiento de las formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), procediendo la declaración de nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 410/412 vta., por los fundamentos desarrollados en la presente, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 de la Ley cit.), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, aplicable al sub judice de conformidad a lo prescripto por el art. 121 de la Ley N° 1444).- Como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en defini-tiva, merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronun-ciarse en relación al resto de los agravios de los recurrentes.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 414/419 vta., por la parte actora, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en con-secuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial, a fs. 410/412 vta., reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase.- Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal, Dra. Renee Guadalupe Fernández –Vocal, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020S.181 Tomo: XIX Interlocutorio: 638.-
Folio N°: 3683/3688.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia