Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-1.773/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 151/169 vta., casando la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 137/146 vta..-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda interpuesta por la Srta. Camila Anahí Groppa contra el I.S.PRO., condenando a este último a abonar a la primera -en el término de 10 días de quedar firme la presente-, la suma de $ 3.144,60, con más los intereses que se calcularán a la tasa pasiva que publica el BCRA, desde la fecha de recepción de la intimación cursada a la demandada y hasta su efectivo pago.-
3Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida, y diferir la regulación de honorarios hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de la anterior instancia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-1.773/10-TSJ Sentencia N°: 574.-
Actor: OJEDA SANDRA FABIANA Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 18-06-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 574.-
FOLIO Nº 3.266/3.273.-
PROT. ELECT. TSS1 013 S.141
Río Gallegos, 18 de junio de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “OJEDA SANDRA FABIANA c/ INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS”, Expte. N° O-9.041/06 (O-1.773/10-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia, y;
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para dar tratamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 151/169 vta., por la parte actora por medio de apoderado, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 137/146 vta., en cuanto confirma parcialmente la resolución dictada por la Señora Juez de Primera Instancia que desestima la demanda. Impugnación que construye con fundamento en las causales de quebrantamiento de forma (art. 2º de la ley 1687), violación o errónea aplicación de la ley (art. 3°, inc. a) de la ley 1687) y arbitrariedad.- La actora afirma que la Cámara ha incurrido “...en VIOLACIÓN DE LA LEY aplicable al caso particular, interpretando arbitrariamente las normas que regulan el pago por consignación que precisamente constituye un modo de extinción de las obligaciones previsto en situaciones como el caso de autos, según lo estatuido por los arts. 756, 757 inc. 4º ss. y ccs. del Código Civil, sino además de la Ley de Seguros Nº 17.418, art. 145 in fine al no haber merituado la actitud esquiva, reticente y contraria a la buena fe contractual llevada a cabo por la aseguradora? en clara violación a lo previsto por los art. 1137, 1198 y cctes. del Código Civil?” (confr. fs. 156 vta.).
Explica que “…a fs. 8/9 se presenta la Sra. Sandra Fabiana OJEDA, en nombre y representación de su hija menor Camilia (sic) Anahí GROPPA impetrando demanda sumaria en contra del INSTITUTO DE SEGUROS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (ISPRO) a los fines de que cumplidos los recaudos de ley se condene a abonar a la demandada la suma correspondiente al seguro de vida obligatorio perteneciente al asegurado José Luis GROPPA? quien perdiera la vida junto a sus padres José David GROPPA y Bernarda del Carmen GONZÁLEZ en un lamentable accidente ocurrido el día 20 de noviembre de 2004 en la ruta nacional Nº 3 Km. 2075? al ser embestidos por un camión…” (confr. fs. 159 vta.). Que se instituyó como única heredera a la hija de la actora Camila Anahí Groppa (confr. fs. cit.).
Alega que el ISPRO tuvo una actitud esquiva y reticente ante la intimación realizada por la actora en su calidad de administradora judicial (confr. fs. cit.). Por lo que “...teniendo presente los plazos prescriptitos (sic) y el silencio evidenciado por parte de la demandada una vez puesta en conocimiento del acaecimiento del hecho que la obliga a abonar el seguro de vida obligatorio es que no ha quedado otro camino más que iniciar la presente demanda judicial?” (confr. fs. 160). Respecto de los fundamentos del recurso de casación, menciona que la sentencia emitida por la Cámara alude “?de manera arbitraria y en un franco quebrantamiento de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento, de la nota y/o informe agregado a fs. 122 de autos, el cual cabe remarcar fue emitido por la demandada y agregado en autos luego de dictada la sentencia de Primera Instancia de fs. 103/105 vta. y expresados los agravios de mi parte a fs. 110/113 vta., sin que mi parte tuviera conocimiento alguno de tal presentación, sino hasta el dictado de la sentencia en crisis?” (confr. fs. 161).
Argumenta que resulta inadmisible la agregación de la nota mencionada sin que su parte tuviera conocimiento de tal documento, considerando violentado el principio de bilateralidad, de igualdad de las partes y de contradicción (confr. fs. cit.), afirmando que “..se fundamenta la sentencia en crisis en una manifestación unilateral esgrimida por la contraria es decir en una nota emanada de la propia accionada, que contraviene hasta la postura inicial de la contraria y puntualmente la documental de fs. 22/23 agregada por la accionada junto con su escrito de responde, debiendo en todo caso haberse corrido traslado a mi parte o directamente no haberse agregado en autos, violentándose de manera palmaria el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional...” (confr. fs. 161 vta.).
Seguidamente señala que no comprende cómo la accionada pagó los gastos de sepelio si no se presentó el certificado de defunción correspondiente, sumado la absoluta inacción de la demandada respecto de la intimación formulada por la actora (confr. fs. 162). Afirma que “?subyace un quebrantamiento en las formas toda vez que se [ha] agregado a esta causa un documento en el cual, luego se basa la sentencia de Cámara? y mi parte no tuvo conocimiento del mismo sino hasta el dictado de la sentencia por la Alzada, colocándose a la actora en una (sic) estado absoluto de indefensión?” (confr. fs. cit.). Concluye respecto de este agravio, que ha existido un quebrantamiento de las reglas del procedimiento que le causó un serio perjuicio, al privársele de poder ejercer su derecho de defensa (confr. fs. 163).
Entiende que resultan irrelevantes y absolutamente innecesarias las conclusiones realizadas por la Cámara respecto de si hubo o no sobrevida de la beneficiaria, “?cuando de las constancias de autos surge palmario que la única legitimada al pago resulta ser la única y universal heredera del asegurado CAMILA ANAHÍ GROPPA?” (confr. fs. 167 vta.). Así también, arguye que “?el pronunciamiento en crisis solamente se limita a realizar conclusiones y a efectuar manifestaciones puramente subjetivas configurándose un caso de sentencia arbitraria?” (confr fs. 168).- Declarado bien concedido el recurso de casación (confr. fs. 193 y vta.) y puestos los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º de la ley 1687 -Recurso de Casación-, ninguna de ellas concurre a hacer uso de su derecho.-
A fs. 196/197 vta., dictamina el señor Agente Fiscal ante este Tribunal, considerando que “?la propia accionada ha incorporado documental que contradice las manifestaciones esgrimidas en su escrito de responde (fs. 35/38) tales como falta de legitimación activa, de denuncia del siniestro del Sr. José Luis Groppa y de acreditación de su deceso, cuando está a las claras que con los instrumentos que obran a fs. 22/23 meritúa (sic) la demandada que abonó el servicio de sepelio... reconociendo en idéntico sentido en el escrito de responde (puntualmente a fs. 36/vta) el accidente del que fueran víctimas tanto el asegurado como sus progenitores, el reclamo originario de la beneficiaria Sra. Sandra Fabiana Ojeda que hubo de negarle con anterioridad? la accionante se encontraba legitimada para reclamar en representación de su hija menor y en común (con el asegurado) instituida única y universal heredera tal como lo autoriza en su parte pertinente el Art. 145 de la Ley de Seguros? En torno a lo expuesto he de afirmar que en la sentencia impugnada de fs. 166/169/vta se ha incurrido en franca Violación de la Ley y Quebrantamiento de Forma tal como lo preven los Arts. 2 y 3 inc. a) de la Ley Provincial 1687 como condiciones de viabilidad de tal canal recursivo, siendo opinión de ésta Fiscalía que el Recurso de Casación articulado por la accionante es procedente?” (confr. fs. 196 vta./197 vta.).- A fs. 202, se llaman autos para dictar sentencia.-
II. La pretensión recursiva, se dirige a cuestionar la actividad de juzgamiento de la Cámara, al considerar que se fundamenta en documentos que fueron agregados a los presentes autos en violación de su derecho de defensa, y proponiendo una revisión de la valoración de la prueba y de los hechos. Al respecto se ha expresado este Alto Cuerpo, al establecer que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas a los jueces de grado y resultan ajenas a la instancia extraordinaria, y sólo son susceptibles de ser revisadas en caso de quebrantamiento de normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (confr. Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420, entre otros). También hemos dicho que resulta improcedente en casación el tratamiento de cuestiones de hecho y prueba, salvo absurdo en su apreciación, constituyendo éste un remedio de carácter excepcional, reservado para casos extremos, que sólo cuenta con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (confr. Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2039/2041).- La cuestionada sentencia de la Excma. Cámara determina en primer lugar que: “…Los premios de los seguros de vida no integran el activo sucesorio, pues corresponde a los beneficiarios por la sola circunstancia de la producción del siniestro. Por ello, la Sra. Sandra Fabiana Ojeda no pudo invocar su carácter de administradora judicial en los autos de José Luis Groppa como suficiente legitimación para intimar el pago o depósito del monto del seguro. Sólo puede reclamar el pago el beneficiario. Como administradora de la sucesión no está legitimada pues ese monto no tiene que pasar por la sucesión?” (confr. fs. 141 vta.). Seguidamente analiza, en forma de hipótesis y sin que las partes hayan alegado al respecto, si existió sobrevida de la beneficiaria, expresando que de ser así, ella hubiera sido la acreedora del monto del seguro (confr. fs. 142 vta.). También esboza una suerte de solución ideal, que hubiera sido una audiencia de conciliación después de la contestación de la demanda (confr. fs. 143 y vta.).-
III. Que, la parte actora articula el recurso extraordinario provincial de casación, con sustento en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso ‘a’ -Recurso de Casación- de la ley 1687, y arbitrariedad.-
Por una cuestión de método trataremos en primer término el supuesto regulado en el artículo 2º de la ley 1687. Esta norma establece que “El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede cuando se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes”.-
Distinguida doctrina ha dicho que “?El medio bajo análisis tiene por objeto asegurar la observancia de las formalidades impuestas? esta vía tiene en miras el quebrantamiento de las formas y sus causales se agrupan en dos categorías: a) omisión de cuestiones esenciales; b) falta de fundamentación legal. ?” (confr. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Ed. LEP, La Plata, 1998, pág. 634/635).-
Este Tribunal ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo II, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238).-
En estas actuaciones la parte actora esgrime que la Cámara “?hace mención de manera arbitraria y en un franco quebrantamiento de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento, de la nota y/o informe agregado a fs. 122 de autos, el cual cabe remarcar fue emitido por la demandada y agregado en autos luego de dictada la sentencia de Primera Instancia? sin que mi parte tuviera conocimiento alguno de tal presentación?” (confr. fs. 161). Agregando que se ha violentado el principio de bilateralidad, de igualdad de las partes y de contradicción. El agravio referido anteriormente se erige como el único fundamento que esboza el recurrente para intentar dar cabida a la casación por quebrantamiento de las formas. La vía del artículo 2º de la ley 1687 – Recurso de Casación, contempla el supuesto de apreciación absurda de la prueba, cuando lo resuelto escapa a las leyes de la lógica o resulta imposible o inconcebible, implicando en consecuencia, un desvío notorio en la aplicación del raciocinio, o una grosera denegación interpretativa, cuestión que habiendo sido introducida en el recurso en estudio no ha logrado ser desarrollada eficientemente por la recurrente.- En este sentido, la consideración expuesta por la Excma. Cámara de Apelaciones no violenta las garantías o derechos del recurrente, habida cuenta que la Cámara únicamente hace mención a tal documento sin fundar su decisorio en él, únicamente lo hace para referenciar que la sentencia dictada en primera instancia, específicamente en su punto 2º, es una simple exhortación. Es decir que no forma parte de los argumentos esbozados por la sentencia en crisis, sólo a modo de observación hace referencia a la nota obrante a fs. 122 de los presentes, sin que ello constituya un fundamento central para el rechazo de la acción incoada, siendo otros los aspectos ponderados por la Cámara.- En este sentido tiene sentada su postura este Tribunal Superior que reiteradamente ha sostenido que “?El quebrantamiento de las formas esenciales del acto jurisdiccional se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación e invocación de falta de fundamentación, ya que es imprescindible un despliegue argumental que demuestre y descubra la ausencia de la estructura formal, motivante y lógica que debe presidir todo fallo?” (confr. Tomo II, Sentencia, Reg. 61, Folio 245/250).-
No se advierten los defectos apuntados por la recurrente, toda vez que desde el punto de vista formal el pronunciamiento atacado ha dado adecuado cumplimiento con las exigencias normativas contempladas en el artículo 164 y concordantes del CPC y C. En efecto, resulta necesario señalar que ha existido sí, un error de juzgamiento sobre la cuestión que llevó a rechazar el planteo. Pero, a los efectos del remedio procesal por el cual corresponde tratar la cuestión, entendemos que puede ser adecuadamente evaluado por arbitrariedad y violación de la ley, sin llegar al reenvío impuesto en el caso de configurarse quebrantamiento de forma. De lo dicho, se debe concluir que el recurso por quebrantamiento de forma no puede prosperar ya que no se advierten en el fallo atacado errores formales u omisiones tales que habiliten la aplicación del art. 2º de la ley 1687, todo ello sin mengua de tratar a continuación los agravios bajo la óptica de la violación de la ley y arbitrariedad alegadas.-
IV. Corresponde señalar, en primer término, que así como en la motivación de la sentencia debe hacerse un estudio de todo el proceso, la fundamentación del recurso debe llevar también a cabo un balance crítico de la resolución que trata de destruir; esto es, si se les exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (confr. HITTERS Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, pág. 421, LEP, 1º edición y TSJ Santa Cruz, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1632, Folio 2348/2350; ídem, Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641, entre varios).- En efecto, la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de la fundamentación de la senda recursiva debe apuntar a demostrar la incorrecta demarcación de la base fáctica (incorrecta valoración de la prueba y de la limitación de la situación y relaciones jurídicas) o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente conexión de los hechos con el ordenamiento. Es decir, que si el recurrente ataca uno, o todos los elementos del silogismo utilizado por el magistrado para arribar a su conclusión, esto es, la base fáctica, la base normativa o la base resolutiva, la fundamentación del recurso debe consistir en una operación lógica, que apunte a demostrar la falsedad de la premisa mayor, de la menor o de la conclusión.- En otros términos, planteada la estructura lógica de la sentencia, tal cual lo señala la doctrina con una premisa mayor (la base fáctica); una premisa menor (la base jurídica) y una conclusión (la base resolutiva), la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de y para la procedencia del recurso apuntará -en consecuencia- a demostrar la incorrecta limitación de la situación y relaciones jurídicas o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente conexión de los hechos con el ordenamiento.-
De tal modo, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae -en todo o en parte- la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, constituyendo las expresiones del recurrente una mera reiteración de los argumentos oportunamente expuestos y tratados en las instancias ordinarias, fundamentalmente porque sólo remite a la consideración de circunstancias de hecho que resultan manifiestamente ajenas al recurso de casación intentado, sin alegar ni demostrar arbitrariedad o absurdo en su apreciación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 86, Folio 143/144; ídem, Reg. 95, Folio 156/157; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 179, Folio 293/295).- Por otra parte, para que resulte procedente el recurso extraordinario provincial de casación previsto en la causal del artículo 3º inciso ‘a’ de la ley 1687 -Recurso de Casación-, la impugnación debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente se dirige a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2663, Folio 4034/4039).-
V. En el caso que nos ocupa, entiende la recurrente que la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en la violación o errónea aplicación de la ley, al considerar que el tratamiento efectuado de la actitud de la demandada es violatorio de la buena fe contractual normada por los artículos 1137, 1198 y cctes. del Código Civil, como también de los artículos 756 y 757, inciso 4º del mismo cuerpo legal respecto de la consignación que entiende debió haber efectuado la demandada. Igualmente considera la actora que al no constituir una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa, resulta arbitraria.- Resulta necesario mencionar que la buena fe (art. 1198, primer párrafo del Código Civil) a la que hace mención la recurrente, impone al demandado como un deber de cooperación, el de responder a la pretensión del actor.
Este principio, inspirado en una concepción solidarista del derecho, obliga al juez a considerar el comportamiento de las partes durante el curso del proceso; ambas partes deben “colaborar” para resolver el litigio. De las constancias de autos surge que el demandado no dio respuesta alguna a la intimación cursada por la actora antes de iniciar los presentes, ya sea para manifestar que no correspondía el pago o que se debía acompañar documentación faltante. Es decir que ha incurrido en una falta de cooperación, la cual debe ser considerada. El I.S.PRO. en su contestación afirma que de haber recibido la documentación necesaria, le hubiera abonado el seguro sin dilaciones, agregando que “?en caso que S.S., así lo considere, y/o la actora presente la documental necesaria mi parte tiene a su disposición el dinero correspondiente al seguro de vida del Sr.
GROPPA?” (confr. fs. 37). También manifestó que la actora “?debió iniciar el cobro administrativo del seguro? presentando el certificado de defunción del causante, y la designación de administradora judicial?” (confr. fs. 36), surgiendo tal requisito, el de iniciar el trámite administrativo, como esencial para ella, no admitiendo que la actora haya incoado una demanda judicial tendiente al cobro del seguro. Sin embargo la actora ya había remitido con anterioridad una carta documento (confr. fs. 6), que a pesar de no haber acompañado la documentación que hubiera acreditado los extremos invocados en ella, no fue contestada por la demandada. Por lo que, dejando a la actora sin respuesta a su requerimiento, viola el principio de buena fe.
Si la actora debía acompañar el certificado de defunción y la designación como administradora judicial, y el I.S.PRO. hubiera tenido voluntad de pago, debería haber dado respuesta a la intimación cursada, exigiendo la documentación necesaria.- La carga de informar el siniestro tiene como propósito el de colocar al asegurador en condiciones de verificar si éste corresponde a un riesgo cubierto. Para cubrir eventuales falencias en la comunicación cursada, la ley prevé el dispositivo del requerimiento de informaciones complementarias y medidas probatorias (art. 46, párr. 2 y 3 de la ley 17418). La ley no establece forma específica alguna para la ejecución de dicha carga, por lo que basta un simple aviso que le permita tomar un conocimiento efectivo del hecho y también sobre la pretensión que tiene el denunciante de la declaración.
El asegurador queda así en condiciones de controlar las circunstancias en que aquél se produjo, para establecer si realmente está incluido en la garantía comprometida. Pronunciarse acerca del derecho del asegurado es una carga del asegurador que debe ejercitarse en el plazo legal (art. 15 de la mencionada ley), cuya inobservancia importa un reconocimiento del aludido derecho y la imposibilidad de allí en más de invocar defensas (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, “García, Francisco A. c. Provincia Seguros S.A. y otros”, 11/06/2004; Cita La Ley online: AR/JUR/2607/2004; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, “Ferreira, Néstor Hugo c. Caja de Seguros de Vida S.A.”, 20/12/2007, Cita La Ley online: AR/JUR/11537/2007; Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, “Astrudillo, Alejandra Leticia c.
HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. p/cuest. deriv. contratos de seguro”, 12/12/2011, Cita La Ley Online: AR/JUR/84142/2011). Así también establece el citado artículo en su párrafo segundo que “El asegurador no puede invocar las consecuencias desventajosas de la omisión o del retardo de una declaración, denuncia o notificación, si a la época en que debió realizarse tenía conocimiento de las circunstancias a las que ellas se refieren” (confr. art. 15 ley 17418), por lo que si consideramos que el I.S.PRO. ya había abonado los gastos de sepelio del Sr. Groppa (confr. fs. 22), este hecho no resulta compatible con la afirmación realizada de que no le constaba su fallecimiento. Más allá de que el instituto demandado lo niegue, resultaría absurdo que no conozca el deceso de un asegurado por el cual ya pagó los gastos de su sepelio.
En consecuencia se debe adelantar que la sentencia en crisis resulta violatoria de la ley, ya que se aparta de la solución normativa prevista para el presente caso.- Respecto de la alegada violación de los artículos 756 y 757 del Código Civil, relativos al pago por consignación, debemos decir que no le asiste razón al recurrente. Tal como explica la doctrina “...El deudor no está obligado a consignar, sino que constituye para él una carga, un imperativo de su propio interés: si desea obtener la liberación debe recurrir al procedimiento de la consignación. Dado su carácter facultativo, puede no hacerlo, pero mientras lo omita, continuará ostentando el carácter de sujeto pasivo de la obligación...” (confr.
“Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Alberto J. Bueres, Dirección, Elena I. Highton, Coordinación, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1995, Tomo 2B, pág. 117). Por lo que no era obligatorio para el I.S.PRO. consignar la suma asegurada, no surgiendo como arbitrario el fundamento de la sentencia de Cámara en este punto en particular.-
VI. La recurrente cuestiona la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones por considerarlo un pronunciamiento arbitrario al expresar que “?ha existido una absoluta desconexión de los antecedentes del caso particular y de los elementos probatorios arrimados a esta causa? no siendo el resultado de una derivación lógica y razonada del derecho vigente?” (confr. fs. 163 vta.).-
Para que proceda la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, de una absoluta falta de fundamentación, la demostración del compuesto de arbitrariedad, debiendo relacionarse el fallo con respecto a la prueba colectada y la aplicación del derecho correspondiente, debiendo surgir de tal operación que la sentencia se aparta de la relación fáctica objeto de la litis, ya sea en cuanto a la subsunción de los hechos o bien en la resolución del caso con total y absoluta prescindencia de la normativa que a esos mismos hechos debió aplicar y no lo hizo (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1078, Folio 1354/1361). La sentencia arbitraria resulta ajena o violatoria a la objetividad del orden constitucional. En efecto, recuerda el Señor Procurador Fiscal de la Nación que la Corte Suprema de Justicia “tiene reiteradamente dicho que el recurso extraordinario no tiene por fin revisar en una tercera instancia cuestiones que son propias de los jueces de la causa, relativas a la apreciación de hechos y pruebas pero ha admitido su procedencia en aquellos supuestos donde la sentencia carece de los requisitos mínimos que la sustenten como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad” (confr. CSJN - 16/03/2004, S. 665. XXXVI, “Sebastián Maronese e Hijos S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por el Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva”).- En atención a las premisas expuestas, y en cuanto atañe al estudio de los argumentos expuestos en el recurso impetrado, debe concluirse que el mismo debe prosperar.-
Entendemos que corresponde analizar los fundamentos de la resolución en crisis teniendo en consideración las características del crédito sobre el que se está resolviendo que, como lo expresa el Dr. Rubén Stiglitz, “?Las indemnizaciones provenientes de los seguros colectivos tienen carácter alimentario, por lo que el desconocimiento de los derechos debe ser interpretado con cautela?” (confr. STIGLITZ, Rubén S., “Seguro colectivo o de grupo”, LA LEY 2003-E, 1220).-
A poco que se comience a recorrer el razonamiento en el que pretende fundarse el fallo cuestionado, se observa la existencia de elementos que dan andamiaje y razón al planteo del recurrente. A tal fin es oportuno tener en cuenta que el fallo expresamente pronuncia que “?Obsérvese que no tenemos constancia sobre si existió sobrevida de la nombrada [Sra. González]. Si la beneficiaria sobrevive al asegurado, ella es la acreedora del monto del seguro?” (confr. fs. 142 vta.). Así como también ensaya una supuesta solución que hubiera dado fin al pleito, al decir que se debería haber realizado una “?audiencia de conciliación después de la contestación de la demanda?” (confr. fs. 143 vta.). Seguidamente afirma que la demandada debía conocer el fallecimiento del Sr. Groppa, ya que había abonado el sepelio del mencionado, por lo que entiende era imposible desconocerlo, agregando que si bien no le constaba que el deceso se había producido en un accidente de tránsito, debía “?hacer la reserva contable para atender el reclamo de la beneficiaria?” (confr. fs. 144).- El párrafo ut supra citado, constituye, en breve síntesis, el núcleo del razonamiento de la Cámara, y, a su vez, el centro de las críticas del recurrente, las que, como adelantamos, deben ser receptadas.-
La Cámara no enuncia expresamente las razones por las cuales entiende corresponde rechazar lo peticionado por la actora, sino que esgrime distintos supuestos que entiende aplicables al caso sin dar una solución clara y explícita. No se advierte en la sentencia en crisis un desarrollo argumental que demuestre que, al momento de resolver, fueran examinadas todas las cuestiones señaladas por la recurrente y que atacan el fundamento sustancial de la sentencia de primera instancia. Nos encontramos ante un pronunciamiento que no proporciona los presupuestos fácticos indispensables ni conclusiones certeras para la solución integral del juicio. Lo cual no hace más que alojar el decisorio en las puertas de la arbitrariedad.- Analizando las constancias de autos, no surge de la contestación de demanda que el ISPRO haya alegado el supuesto de sobrevida al que hace mención la Cámara, ni existen elementos probatorios que permitan siquiera ingresar al análisis, aún para el caso de hacerlo como hipótesis, respecto de la posibilidad de que ocurra tal supuesto.-
Debemos mencionar que, sin perjuicio de lo enunciado anteriormente respecto de que no correspondía que la Cámara ingrese en el debate de la supuesta conmoriencia del Sr. Groppa y de su madre, en virtud de ser unos de los fundamentos de la sentencia en crisis, realizaremos una breve consideración al respecto. Considerando el certificado de defunción de la Sra. Bernarda del Carmen González, beneficiaria del seguro (confr. fs. 62), contrastándolo con la declaratoria de herederos del asegurado (confr. fs. 7), podemos concluir que el deceso de ambos ocurrió el mismo día y en el mismo lugar, por lo que no existiendo prueba en contrario al respecto, debemos concluir que ocurrieron simultáneamente, no existiendo trasmisión alguna de derechos entre ellos, conforme lo normado por el art. 109 del Código Civil.
La doctrina nacional ha expresado que “?quien pretenda la producción de un efecto jurídico que dependa de la sobrevivencia de un fallecido respecto de otro, tendrá que probar esa circunstancia, pues de lo contrario se considera que las muertes se produjeron simultáneamente?” (confr. Alberto J. BUERES, Dirección, Elena I. HIGHTON, Coordinación, “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1995, Tomo 1, pág. 552). Debemos también tener presente que el art. 109 del Código Civil afirma que si dos o más personas hubiesen fallecido “?en un desastre común o en cualquier otra circunstancia?” no existirá transmisión alguna de derecho entre ellas.
Por lo que, no se encuentra probado que el fallecimiento del Sr. Groppa y de su madre no se haya producido en forma simultánea, siendo deber de la parte interesada probar tal extremo, ello sin importar si ocurrió o no en el mismo hecho en virtud de lo normado por el artículo 109 del Código Civil. La declaración de simultaneidad rige aunque no haya conexión entre la muerte de una y otra persona, siendo suficiente que no pueda establecerse cuál de ellas se produjo con antelación, cualesquiera hayan sido las circunstancias en que se produjo cada fallecimiento (confr. ob. cit.).- En concordancia con lo ya dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha invalidado -sentencias por el carril de la arbitrariedad- por no ser exhaustivas y carecer de sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, al adolecer de omisiones en el tratamiento de articulaciones serias y conducentes oportunamente formuladas por los interesados (confr.
Fallos: 324:3839, 13/11/2001, “Mazza, Angel Norberto y otro c/ Lage de Bustos, Carmen Elsa”; Fallos: 315:981, 12/05/1992, “Kinsella, María Alejandra c/ Yerganian de Seferian, Elisa y otros.”; Fallos: 310:236, 10/02/1987, “Mori, Aldo Héctor c/ Pintaño, Arturo y/o quienes resultan responsables”, entre otros).- La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que “?Como consecuencia del absurdo es arbitraria la sentencia que se aparta de las constancias de la causa basándose para ello exclusivamente en afirmaciones dogmáticas de los jueces?” (confr. autos: “Reboredo, José c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad profesional (Ley 9688)”, sentencia del 23/02/1999). Así como también ha expresado que “?La sentencia ha de ser fundada, porque ha de justificar la razonabilidad de la orden frente a los justiciables, en el sentido de que es la derivación razonada del derecho vigente y no el mero producto de la voluntad discrecional del Juez.
Es una garantía contra la eventual arbitrariedad, por ello la decisión ha de ser fundada en una doble acepción: no sólo no ha de ser arbitraria siendo que aún justa ha de demostrar que lo es...” (confr. autos: “Barreto Hector Alfredo c/ Diez Juan Jose y otros s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 16/02/1995).-
VII. Ya demostrada la procedencia de la casación, corresponde ahora el análisis del fondo de la cuestión.-
Atento a los términos en que arriba la causa a esta instancia, la cuestión a dilucidar es si corresponde el pago del seguro a la actora como consecuencia del fallecimiento del Sr. Groppa.-
Analizando las constancias de autos y los fundamentos esgrimidos tanto por la actora como por la demandada, cabe concluir que asiste razón a la recurrente.-
A fs. 25/34 obra copia de las condiciones generales del seguro acompañada por el ISPRO en su contestación de demanda. En ellas, más precisamente en el párrafo N), se establece que ante el supuesto de fallecimiento del asegurado se deberá realizar la correspondiente comunicación al asegurador acompañando copia de “?la partida de defunción, de una declaración del Médico que haya asistido al Asegurado o certificado su muerte y del testimonio de cualquier actuación sumarial que se hubiera instruido con motivo del hecho determinante de la muerte, salvo que razones procesales lo impidieran?” (confr. fs. 28).-
Cabe dilucidar si la actora ha logrado demostrar cumplir con los extremos establecidos en las condiciones generales del seguro.-
Debemos mencionar que, en virtud de lo normado por el artículo 145 de la ley 17418, cuando la designación del beneficiario sea ineficaz o quede sin efecto, se entiende que designó a los herederos. Por lo que, en razón de haber fallecido la Sra. Bernarda del Carmen González, y lo explicado anteriormente respecto a ello, corresponde determinar si la actora ha logrado demostrar ser la heredera del Sr. Groppa.-
Conforme surge de la copia de la declaratoria de herederos obrante a fs. 7, la actora ha logrado demostrar ser la hija del Sr. Groppa, y con ello el fallecimiento del mencionado. Por lo que los requisitos exigidos mediante el párrafo N) de las condiciones generales obrantes a fs. 28, se encuentran cumplidos, correspondiendo abonarle a la actora la suma convenida en el seguro contratado. Así también lo expresó la demandada en su contestación de demanda, al decir que “?en caso de que S.S., así lo considere, y/o la actora presente la documental necesaria (el subrayado nos pertenece), mi parte tiene a su disposición el dinero correspondiente al seguro de vida del Sr. GROPPA...” (confr. fs. 37).-
VIII. Respecto de la doble indemnización por haber ocurrido el deceso en un accidente de tránsito, debemos decir que no se encuentra debidamente acreditado que así haya sido, por lo que no podemos hacer lugar a lo peticionado.-
Cabe precisar en cuanto a la fecha a partir de la cual la suma es debida, que se encuentra acreditada en autos una intimación fehaciente al pago del monto debido (confr. fs. 5/6), y que la circunstancia de que la pretensora no probó, a esa fecha, el deceso del asegurado y su condición de representante de la hija menor del fallecido, no le quita virtualidad, habida cuenta que era la demandada quien debió comprobar el acaecimiento del siniestro mediante el pedido de información complementaria, en tanto que al asegurado le basta la mera denuncia del siniestro (confr. art. 46 de la ley 17418).-
En razón de lo considerado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 151/169 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, revocando en todas sus partes la misma. Componer positivamente la litis haciendo lugar a la demanda y condenando al I.S.PRO. a abonar a la Srta. Camila Anahí Groppa -en el término de 10 días de quedar firme la presente-, la suma de $ 3.144,60 (confr. fs. 3), con más los intereses que se calcularán a la tasa pasiva que publica el BCRA, desde la fecha de recepción de la intimación cursada a la demandada y hasta su efectivo pago. En orden a las costas de este pleito, las mismas serán soportadas por la demandada en todas las instancias en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se regulen los de las anteriores instancias.- Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 151/169 vta., casando la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 137/146 vta..-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda interpuesta por la Srta. Camila Anahí Groppa contra el I.S.PRO., condenando a este último a abonar a la primera -en el término de 10 días de quedar firme la presente-, la suma de $ 3.144,60, con más los intereses que se calcularán a la tasa pasiva que publica el BCRA, desde la fecha de recepción de la intimación cursada a la demandada y hasta su efectivo pago.-
3. Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida, y diferir la regulación de honorarios hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de la anterior instancia.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013S.141 Tomo: XVII Sentencia: 574.-
Folio N°: 3.266/3.273.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia