Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 29912-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.);
2Confirmar los honorarios de la representación letrada del Fisco Nacional y regular los de la actuación ante esta instancia de acuerdo a lo que surge del considerando X del presente pronunciamiento.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Causa N° 9.994/2010 “OKRET ESTEBAN PEDRO (TF 29.912I) contra D.G.I. Y OTRO s/ D.G.I. TRIBUNAL FISCAL”
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014.
Estos autos caratulados: “Okret Esteban Pedro (TF 29912I) contra D.G.I.”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
I. Que el organismo jurisdiccional confirmó la resolución de la AFIPDGI por la que se le aplicó a la actora una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), reducida a un tercio por aplicación del artículo 49 de ese texto legal (fs. 183/184).
Consideró el a quo que la apelante no había aportado ni ofrecido elementos probatorios idóneos que permitieran debilitar el procedimiento llevado a cabo por el Fisco Nacional.
II. Que a fs. 188 y 191/197 la actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara. Opone, en primer término, excepción de nulidad prevista en el art. 171, inc. h, de la ley 11.683, puesto que –según su criterio no puede observarse cuál fue la infracción cometida. Por otro lado, sostiene que la presentación de una declaración jurada rectificativa en modo alguno implica que se establezca el tipo penal previsto en el art. 45 de la ley 11.683 y agrega que el Fisco no acercó pruebas suficientes ni efectuó un análisis del elemento subjetivo necesario para la configuración de la figura de omisión de pago de impuestos requerido en la norma. Afirma que no hubo perjuicio fiscal y sostiene que presentó la declaración jurada rectificativa en forma espontánea, pues no existió intimación alguna por parte de la AFIP.
Asimismo, apela los honorarios regulados a la representación letrada de la AFIP por considerarlos altos (fs. 200).
III. Que a fs. 206/212 contestó el traslado la representación fiscal quien solicitó que se confirmase la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso.
IV. Que a raíz de las fiscalizaciones efectuadas a la demandante, el organismo recaudador detectó inconsistencias en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2003 y 2004 (vide fs. 11/12 de las actuaciones administrativas). Como consecuencia de ello, la actora rectificó su declaración jurada original.
El Fisco consideró que los hechos reseñados configuraban una conducta encuadrada “prima facie” en el artículo 45 de la ley 11.683 que sancionan la omisión de impuestos.
V. Que, en primer término, y con respecto a la alegada nulidad del acto por carecer de causa, surge a simple vista del informe de inspección acompañado que el motivo de la sanción se originó en la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2003 y 2004, consignando datos que resultarían inexactos, pues el Fisco advirtió inconsistencias entre los consumos de tarjetas de crédito de la actora y los datos exteriorizados en la declaración jurada presentada.
A ello debe agregarse que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a las indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido Fallos: 318:1798; 324:151 y “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC. CONT. ADM.FED., Sala II, 9/10/96, entre otros).
Por tal motivo, corresponde desestimar, sin mayores consideraciones, el planteo efectuado por la apelante en este sentido.
VI. Que, respecto de las multas, cabe señalar que la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683 es de carácter prevalentemente objetivo, por lo cual, en principio, basta el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada. Sin embargo, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma represiva es castigar a quien por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas (conf. esta Sala “Frigorífico San Jorge Patagonia S.A.”, sent. del 9395, entre muchas otras).
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VII. Que este Tribunal ha afirmado, si bien para otro tipo de infracciones administrativas, que nada impide que a través de los datos de la experiencia pueda naturalmente inferirse de los hechos producidos la ocurrencia de culpa en el acto juzgado. Para ello basta comprobar que el hecho probado sea consecuencia normal de negligencia o de falta de previsión por parte de los responsables de dicho hecho. No se trata de una presunción de culpa; es la inferencia de negligencia o imprevisión resultante del hecho mismo, recayendo entonces en el presunto infractor la demostración de la concurrencia, como factor determinante en la configuración de la infracción, de otras circunstancias ajenas a su voluntad y que él no pudo controlar (“Hansung Arg. S.A.”, sent. del 271296).
VIII. Que, surge del informe obrante a fs. 11/12 de las actuaciones administrativas acompañadas a la causa que, en virtud de las facultades concedidas a la AFIP, se realizó una verificación al contribuyente de autos, en el cual se detectaron inconsistencias en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias presentadas por el contribuyente en los períodos fiscales 2003 y 2004, en las que se declararon “importes consumidos sustancialmente menores a los informados como realizados con tarjetas de crédito según bases informáticas de la AFIPDGI” (v. fs. 11 actuaciones citadas). Como consecuencia de ello, la actora rectificó su declaración jurada original. En tal entendimiento, ha quedado demostrado en autos que la actora declaró e ingresó en menos el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos fiscales indicados a raíz de haber conformado el ajuste que le practicó el organismo recaudador, incurriendo así en la omisión de impuesto descripta en el artículo 45 de la ley 11.683, omisión que por sí misma y a falta de otros elementos de juicio que lleven a la desincriminación de la conducta conduce a este tribunal a tener por configurada la culpa o negligencia implícitamente requerida en el artículo mencionado.
Por tanto, no habiéndose probado la existencia de un error excusable que la eximiera de sanción, se considera que ha actuado con negligencia en el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.
IX. Que, por último, debe señalarse que la presentación de la declaración jurada rectificativa no fue espontánea, sino que se debió al estímulo externo provocado por la actividad del organismo fiscal durante la inspección realizada.
X. Que resta el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la regulación de honorarios obrante a fs. 198.
En atención a lo establecido en los artículos 6°, 7°, 9°, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839; y ponderando la naturaleza del juicio, su monto, la trascendencia de la cuestión debatida y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas durante la etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados a favor de la representación letrada del Fisco Nacional.
Asimismo, en atención a lo establecido en los artículos 14 y concordantes de la ley de arancel, la entidad de la cuestión resuelta y la entidad de la tarea desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de la expresión de agravios de fs. 206/212), REGÚLANSE en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250)
los honorarios de la representación letrada del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, se RESUELVE: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.); 2) confirmar los honorarios de la representación letrada del Fisco Nacional y regular los de la actuación ante esta instancia de acuerdo a lo que surge del considerando X del presente pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia