Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.768-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 8/18 (AD NECO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-8688- 2013, en cuanto condena a la firma Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen por la comisión de las infracciones tipificadas en el art. 954.1 incs. a) y b) del CA.
2Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-39156122-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Abril de 2024 Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel Nathan Licht (subrogante), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I.yA. y otro c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN” expte. Nº 38.768-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 8/18 (AD NECO), dictada por el Administrador de la Aduana de Necochea en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-8688-2013. Mediante dicha resolución se resolvió condenar a la actora y a su despachante de aduana al pago de una multa que asciende a la suma de $37.804.243,50 por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los incs. a) y b) del art. 954.1 del Código Aduanero (“CA”). Relata los antecedentes del caso, indicando que el 10.09.07 registró una DJVE en marco de la ley 21.453, que quedó individualizada como 63.433 y en el SIM como 07- 001-DJVE-003941, por una venta al exterior de 15.000 toneladas (tn) métricas de la mercadería clasificada en la PA 2306.30.10.310V, a un valor FOB oficial unitario de U$S150 y total de U$S2.250.000.
Refiere que bajo el amparo de dicha DJVE registró las destinaciones de exportación 08040EC01000455F, 08040EC01000452C y 08040EC01000504A, exportándose un total de 13.277 tn. Explica que la venta se corresponde con el contrato que acompañó en sede administrativa celebrado con Glencore Grain V.B. de Holanda y que fue completado por dos adendas, el “Addendum Sales Confirmation 5670” por 11.700 tn. manteniéndose el mismo comprador y el “Addendum Sales Confirmation AJ- 49765-MV” por 1.527 tn. siendo el comprador PROLESA con domicilio en Uruguay y por un precio unitario de U$S217. Agrega que las referidas 1.527 Tn. fueron amparadas por el PE 08040EC01000504A. Procede luego a expresar los fundamentos de su apelación, explicando que en función del régimen de la ley 21.453 lo que se debe registrar son las ventas y las cantidades vendidas, no los contratos.
Cita el decreto 1177/92, reglamentario de la citada ley, manifestando que OMHSA cumplió con los requisitos allí establecidos, los que según refiere no exigen aclaración alguna respecto del comprador, como así tampoco respecto del destino de la mercadería o del precio de la venta, por ser datos que no debían proporcionarse en la DJVE. Agrega que la DJVE de autos fue registrada con anterioridad a que se reglamenten nuevos requisitos, lo que habría ocurrido con el dictado de la resolución ONCCA 543/08, la que estableció un nuevo formato para el formulario que paso a llamarse ROE y que contenía un campo reservado para el consignatario o destinatario de las mercaderías. En relación a la declaración de la unidad de comercialización establecida por la RG 1365/02, sostiene que la misma no fue modificada ni alterada por la empresa.
Indica que los requisitos establecidos por la RG 1365 y su alcance ya fue tratado por la jurisprudencia, que rechazó la pretensión de la Aduana en cuanto a considerarlos como la imposición de una prohibición, expresando que al reglamentar ciertos aspectos de la ley 21.453 mal puede establecer una prohibición no prevista expresamente en la norma reglada. Luego refiere que nunca pudo configurarse en autos una declaración inexacta, y que para que se configure el tipo previsto en el inciso b) debe verificarse una transgresión a una prohibición a la importación o la exportación. Manifiesta que el caso no se trata sobre mercadería prohibida, agregando que las prohibiciones deben encontrarse expresamente establecidas normativamente y que no cualquier requisito previo transforma a la mercadería en prohibida.
Sobre el perjuicio fiscal, indica que no puede prosperar la genérica imputación en abstracto realizada por el servicio aduanero, ya que ni en la instrucción de sumario ni en la resolución apelada ha liquidado exigencia tributaria alguna, a la vez que no se ha explicado de qué manera se ha cometido la presunta conducta, lo que va en contra del principio de congruencia. Por último, se expresa respecto del quantum de la multa, solicitando se reduzca al mínimo legal. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Posteriormente, mediante “OTROSI DIGO” se presenta el despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen e interpone recurso de apelación contra la resolución 8/18 (AD NECO), para lo cual adhiere y remite a los argumentos expresados por OMHSA.
Agrega que cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo, ajustando la declaración a las instrucciones del importador y a la documentación complementaria que le fuera proporcionada. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 98/109). Relata brevemente lo ocurrido y niega los hechos y el derecho alegado que no sean expresamente reconocidos. Luego, procede a contestar el traslado indicando en primer lugar que ninguno de los argumentos introducidos por las co-actoras conlleva a demostrar que la declaración aduanera fue exacta. Manifiesta que OMHSA registró un contrato de compra venta internacional a través del cual vendió mercadería bajo determinadas condiciones, y que al modificarse el contrato mediante la adenda la DJVE no se corresponde a la operación de exportación. Agrega que no importa en el caso si se registran ventas o contratos, atento a que el registro de la DJVE tuvo por fin comunicar a la Aduana un acuerdo de voluntades por el cual OMHSA vendió mercadería a Glencore Grain V.B., por lo que tal acuerdo no puede ser modificado sin registración.
Indica que el contrato fue registrado sin su adenda, motivo por el cual habiéndose declarado un comprador para la mercadería no puede ampararse la operación con otro comprador, ya que de esa manera lo declarado difiere de lo constatado. Respecto a la liquidación de los tributos, sostiene que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 792 y 800 del CA, mientras la acción no esté prescripta podrá reclamarse en su oportunidad, pero ello no es óbice para que se produzca la infracción prevista en el art. 954.1 inc. a) del CA. Refiere que los beneficios tributarios no son transferibles libremente, por lo que siendo otorgado un beneficio a una persona la addenda no puede modificar unilateralmente la autorización conferida en los términos de la DJVE.
Explica que la resolución ONCCA 543/08 estableció el requisito de identificar al comprador, y atento a que la fecha de registración del permiso de embarque de exportación fue en vigencia de dicha resolución resultó exigible que no se modifique el comprador. Posteriormente, se expresa sobre la adecuación típica de la acción, para lo cual cita el art. 954 del CA y recuerda que el mismo da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración con prescindencia de cualquier actividad ulterior del declarante, salvo los supuestos previstos en la propia ley. Refiere que de acuerdo al régimen de la ley 21.453 las ventas al exterior de este tipo de mercadería deben registrarse mediante la DJVE y que, en caso contrario, no puede exportarse, por lo que se encuentra configurado el supuesto previsto en el inc. b) del art. 954.1 CA.
Respecto al pedido de mesura de la sanción, indica que no solo los antecedentes deben computarse para establecer la multa, ya que la misma fue graduada conforme las facultades del administrador y tomando en cuenta la culpabilidad del actor. Agrega que para la fijación de la multa se tuvo en cuenta la cantidad de veces que la firma ha repetido la maniobra y también quien es “OMHSA”, a los fines de que la graduación de la pena resulte un castigo que respete finalidades de prevención especial y general. Procede luego a responder los agravios del despachante, manifestando que la responsabilidad que se le atribuye tiene basamento en su particular forma de actuar, debiendo ser analizada su actuación a la luz de los arts. 902 y 908 del CA, y haciendo hincapié en que tenía conocimiento que los permisos de embarque de exportación no estaban siendo amparados por la DJVE.
Cita jurisprudencia, hace reserva de caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 110 se tiene por contestado el traslado conferido, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 117/122 OMHSA realiza manifestaciones sobre la contestación del traslado realizada por el fisco. A fs. 124/128 OMHSA acompaña sentencia de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en autos “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (Expte. 00069/2019) y solicita se declare la condonación de la multa perseguida por encontrarse la misma condonada de pleno derecho en los términos y con los alcances del art. 56 de la ley 27.260. A fs. 134/135 solicita omitir su presentación formulada el 30.05.19, donde peticiona se declare condonada de pleno derecho la multa, en atención al pronunciamiento de la CSJN en autos “CHEHADI, MALLID C/Aduana La Quiaca s/Impugnación”.
A fs. 140 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “E”. A fs. 148 se ponen los autos parta alegar, haciendo uso de su derecho a fs 153/156 la parte actora, a fs 15/161 la parte coactora y a fs. 164/166 la representación fiscal. A fs. 168 se llaman los autos a sentencia IV.- Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas se inician, primero, con la actuación 14517-199-2008/1 relativa a la destinación de exportación 08040EC01000452C. Allí obra el informe técnico 118/08 (SE FEBB), que concluye que se estaría en presencia de una declaración inexacta susceptible de encuadrar en el inciso c) del art. 954.1 del CA (fs. 1/3).
A fs. 7 obra resultado de la liquidación, que arroja una diferencia a pagar de U$S105.780. A fs. 8/9 obran liquidaciones del cargo 32/08. A fs. 12 luce acta de denuncia 8/08 (SE FEBB) por infracción al art. 954.1 inc. c) del CA. A fs. 13 obra sobre contenedor de la destinación 08040EC01000452C. A fs. 15 obra cédula de notificación del cargo 32/08, recibida el 01.12.08 (fs. 16). A fs. 17 obra nota 190/12 (SUM NECO) donde se solicita, por Sección V, se calcule la multa y eventual perjuicio fiscal del tipo infraccional previsto en el inc. b) del art. 954.1 del CA. A fs. 18 obra la nota 77/12 (Secc. V) que indica que la operación en trato se encuentra fuera del régimen de la ley 21.453 y que la multa correspondiente a la presunta infracción al art. 954.1 inc. b) ascendería a la suma de U$S770.800.
A fs. 19/20 se instruye sumario contencioso contra las co-actoras, que se notifica el 01.03.13 (fs. 24). A fs. 26/29 el despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen contesta la vista conferida.
Luego salta a la actuación 14517-201-2008/1 relativa a la destinación de exportación 08040EC01000455F. Allí obra el informe técnico 107/08 (SE FEBB), que concluye que se estaría en presencia de una declaración inexacta susceptible de encuadrar en el inciso c) del art. 954.1 del CA (fs. 1/3). A fs. 7 obra resultado de la liquidación, que arroja una diferencia a pagar de U$S196.080. A fs. 8/9 obran liquidaciones del cargo 31/08. A fs. 12 luce acta de denuncia 6/08 (SE FEBB) por infracción al art. 954.1 inc. c) del CA. A fs. 13 obra sobre contenedor de la destinación 08040EC01000455F. A fs. 15 obra cédula de notificación del cargo 31/08, recibida el 01.12.08 (fs. 16). A fs. 17 obra nota 192/12 (SUM NECO) donde se solicita, por Sección V, se calcule la multa y eventual perjuicio fiscal del tipo infraccional previsto en el inc. b) del art. 954.1 del CA. A fs. 18 obra la nota 75/12 (Secc. V) que indica que la operación en trato se encuentra fuera del régimen de la ley 21.453 y que la multa correspondiente a la presunta infracción al art. 954.1 inc. b) ascendería a la suma de U$S1.428.800. A fs. 19/20 se instruye sumario contencioso contra las co-actoras, que se notifica el 01.03.13 (fs. 25). A fs. 26/29 el despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen contesta la vista conferida.
Luego salta a la actuación 14517-202-2008/1 relativa a la destinación de exportación 08040EC01000404A. Allí obra el informe técnico 115/08 (SE FEBB), que concluye que se estaría en presencia de una declaración inexacta susceptible de encuadrar en el inciso c) del art. 954.1 del CA (fs. 1/3). A fs. 7 obra resultado de la liquidación, que arroja una diferencia a pagar de U$S39.396,50. A fs. 8/9 obran liquidaciones del cargo 30/08. A fs. 12 luce acta de denuncia 7/08 (SE FEBB) por infracción al art. 954.1 inc. c) del CA. A fs. 13 obra sobre contenedor de la destinación 08040EC01000504A. A fs. 15 obra cédula de notificación del cargo 30/08, recibida el 09.12.08 (fs. 16). A fs. 17 obra nota 187/12 (SUM NECO) donde se solicita, por Sección V, se calcule la multa y eventual perjuicio fiscal del tipo infraccional previsto en el inc. b) del art. 954.1 del CA. A fs. 18 obra la nota 80/12 (Secc. V) que indica que la operación en trato se encuentra fuera del régimen de la ley 21.453 y que la multa correspondiente a la presunta infracción al art. 954.1 inc. b) ascendería a la suma de U$S331.359. A fs. 19/20 se instruye sumario contencioso contra las co-actoras, que se notifica el 01.03.13 (fs. 25). A fs. 25/289 el despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen contesta la vista conferida.
Posteriormente, luce caratula de la actuación administrativa SIGEA 13289-8688-2013 donde obra en primer lugar la contestación de la vista por parte de la firma OMHSA (fs. 1/50). A fs. 52/53 se tiene por contestado el traslado. A fs. 57/58 OMHSA interpone revocatoria contra el auto de fs. 52/53, en cuanto rechaza la producción de prueba pericial, el que es rechazado a fs. 66 mediante resolución 89/14. A fs. 71 se declara clausurado el período probatorio. A fs. 73/76 OMHSA alega. A fs. 78/110 se agregan constancias del registro de infractores aduaneros referidas a la firma OMHSA. A fs. 111/115 luce el dictamen 3/18 (SUM NECO), que concluye que se encuentran configuradas las infracciones tipificadas en los incs. a) y b) del art. 954.1 del CA. A fs.116/119 luce la resolución 8/18 (AD NECO), apelada en autos y que condena a la firma OMHSA y al despachante de aduana, por la comisión de las infracciones previstas en el art. 954.1 incs. a) y b) del CA.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -8/18 (AD NECO)-, en cuanto condena a las co-actoras al pago de una multa que asciende a la suma de $37.804.243,50 por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en el art. 954.1 incs. a) y b) del CA, se ajusta a derecho.
La Aduana entendió configuradas las infracciones en trato debido a que se habrían declarado en forma inexacta las destinaciones de exportación para consumo 08040EC01000455F, 08040EC01000452C y 08040EC01000504A, al indicar que las mismas se encontraban amparadas por la DJVE 63.433 -SIM 07-001-DJVE-003941-, cuando dicha declaración había sido registrada para un destino, comprador y precio distintos al consignado en los permisos de embarque. Bajo este marco, consideró que se producía una disminución en el valor FOB total de la mercadería exportada, lo que redundaría en un perjuicio fiscal, y que la mercadería no podía ser legalmente exportada por no estar amparada por la DJVE valida y de aplicación a dicha operación, e imputó, en consecuencia, las infracciones previstas en los incs. a) y b) del art. 954.1 del CA.
Las co-actoras manifiestan que el contrato celebrado y oportunamente registrado en la DJVE fue completado por dos adendas o confirmaciones, mediante las cuales cierta cantidad de mercadería sería vendida a otro destinatario final, de otro país de destino y acordando un valor FOB distinto. Asimismo, agregan que en el caso no se ha verificado una transgresión a una prohibición y que no se trata de mercadería prohibida.
V.1. A los efectos de la configuración de las infracciones en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y se requiere, además, que la misma sea idónea para producir los efectos previstos en los incisos a) y b) apartado 1 del art. 954 del CA. Particularmente, dicho artículo establece: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: …a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio;… b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción;”.
Sin perjuicio de las consideraciones que pudieran caber respecto de las diferencias existentes entre el contrato original y las adendas o confirmaciones, se adelanta que las mismas no son idóneas para configurar alguno de los efectos previstos por los incisos a) y b) del art. 954.1 CA.
V.2. Respecto a la infracción tipificada en el inc. a) del art. 954.1 CA, no se observa en autos, ni el servicio aduanero ha logrado acreditar, el perjuicio fiscal que se invoca.
En efecto, véase que OMHSA registró la DJVE 63.433 –que utilizó para amparar las 3 operaciones de exportación oficializadas mediante los PE 08040EC01000452C, 08040EC01000455F y 08040EC01000504A-, a través de la cual denunció la venta de 15.000 tn por un valor FOB unitario de U$S150, y al haber registrado dicha venta ante la autoridad de aplicación obtuvo el derecho al beneficio otorgado por la ley 21.453 de que se le “congele” el régimen tributario, de alícuota, arancelario y de base imponible (valor FOB) vigentes a la fecha de cierre de venta (art. 6 ley 21.453). Luego, hizo uso de tal beneficio al momento de oficializar cada uno de los PE de exportación, oportunidad en la cual declaró, en el campo “Valor en Aduana en Divisa” –valor sobre el cual se calculan los derechos de exportación a ingresar- , el valor resultante de multiplicar el FOB unitario declarado en la DJVE –U$S150- por la cantidad de unidades a exportar en cada uno de los PE, e ingresó los derechos de exportación de acuerdo a la normativa vigente al 10.09.07 –fecha de registro de la DJVE-, establecidos por la resolución MEyP 35/02 (BO: 08.04.02), que fijó, para la PA 2306.30.10.310V, una alícuota del 20% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución).
En razón de lo expuesto supra, no se advierte que OMHSA haya ingresado un importe en concepto de tributos menor al que correspondía, por lo que no se encuentra verificado en autos perjuicio fiscal alguno.
Por otra parte, el hecho de que el primer contrato de compra-venta haya sido luego complementado por una adenda o confirmación en nada modifica la situación expuesta, toda vez que el registro de la venta ante la autoridad de aplicación no exigía, al tiempo del registro de la DJVE objeto de autos, que se indique el comprador, el destino de la mercadería ni, mucho menos, el precio (que no es lo mismo que el valor aduanero oficial FOB, de U$S 150 en el caso), lo que además puede observarse de la DJVE 63.433 y su formulario SIM -07-001-DJVE-003941- agregadas dentro de cada uno de los sobres contenedores obrantes a fs. 13 de las act. adm. 14517-199-2008/1, 14517-201-2008/1 y 14517-202-2008/1. Asimismo, no resulta ocioso señalar que la ley 21.453 fue concebida para fomentar la exportación de productos de origen agrícola mediante un sistema que -en lo que al caso interesa- "facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación" (confr. la nota de remisión al Poder Ejecutivo del proyecto respectivo), previéndose incluso una sanción específica para el caso de incumplimiento (art. 9), el cual, como se observa, no ha sido imputado por la Aduana.
Vale, finalmente, señalar: a) se observa una notoria confusión en las act. adm. entre, (i) el concepto de precio, el que se declara recién en el PE (castigado en su inexactitud por el inc. c) del art. 954.1. del CA) y no en la DJVE, con, (ii) el concepto de valor en Aduana que, en el caso, es oficial y sí se declara –“congelándose”, art. 6 de la ley 21.453- con la DJVE (castigado en su inexactitud por el inc. a) del art. 954.1. del CA); así, a lo largo de las act. adm. puede verse que se imputó primeramente la infracción del inc. c) y, finalmente, se termina sancionando a la actora por el inc. a), sin mayor elaboración respecto de tal incongruencia; b) bajo el sistema normativo de la ley 21.453 –que fija en su art. 6 un valor FOB oficial de la mercadería, con el registro de la DJVE, para determinar los derechos de exportación- es normal que el precio facturado –que se declara recién en el PE al facturarse la mercadería exportada- no coincida con el valor FOB oficial del registro de la venta (DJVE), siendo que haya uno o (como en este caso) más compradores de dicha mercadería; c) conforme lo anterior, de frustrarse una venta al exterior, por razones de fuerza mayor, a posteriori del registro de la DJVE (despareciendo el comprador), el sistema de la ley 21.453 y su exigencia de cumplir con la venta declarada igualmente subsiste, siendo carga del exportador justificar el incumplimiento de la DJVE (fuerza mayor) o bien encontrar un nuevo comprador para cumplir el compromiso con el estado contenido en la DJVE.
No se sigue del sistema de la ley 21.453 que el comprador del exterior –eventualmente declarado al momento de registrarse la DJVE- constituya un requisito rígido que no pueda modificarse: lo que no puede alterarse es la obligación o compromiso de exportar las cantidades de mercadería declaradas, no que ellas se exporten a un comprador determinado bajo un contrato determinado. Y ello no puede ser de otra forma en tanto el sistema de la ley 21.453 –al momento de la operación de autos- no exigía al exportador declarar al comprador del exterior, ni tampoco registrar el contrato de venta: solamente le exigía cumplir con la exportación de la mercadería cuya venta declara y pagar los derechos de exportación (conforme el valor oficial de la fecha del registro de la DJVE).
V.3. En cuanto a la infracción tipificada en el inc. b) del art. 954.1 CA, se aclara que las diferencias mencionadas tampoco pueden entenderse como una transgresión a una prohibición a la exportación de los productos agrícolas regulados por la ley 21.453.
En esta línea se ha expedido la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en autos “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 35409-A) Y OTRO c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” Expte. 32369/2012, al manifestar que “…tampoco de la letra expresa de la ley 21.453 surge prohibición expresa alguna a la exportación de la mercadería involucrada en estas actuaciones.”.
Muy por el contrario, lejos de establecer prohibición alguna, la finalidad de tal norma es diametralmente opuesta, lo que puede apreciarse de la nota que el Poder Ejecutivo acompañara al proyecto de ley 21.453, que indica: “..la medida que se propició tiende a fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisa, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que se afecte el correcto abastecimiento del mercado interno”.
Lo expuesto, además, es conciliable y encuentra sustento en lo resuelto por la CSJN en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/DGA”, en cuanto a que las prohibiciones han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas. Asimismo, recuerda que de la exposición de motivos del Código Aduanero surge que el término prohibiciones designa a restricciones directas, es decir, las que impiden en forma directa la importación o la exportación.
V.4. En consecuencia, no encontrándose configurados los supuestos previstos por los incisos a) y b) del art. 954.1 del CA, es que corresponde revocar la resolución apelada.
Por ello VOTO POR:
1. Revocar la resolución 8/18 (AD NECO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-8688- 2013, en cuanto condena a la firma Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen por la comisión de las infracciones tipificadas en el art. 954.1 incs. a) y b) del CA.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que adhiero a lo resuelto por el Dr. Soria en cuanto no se encuentran configurados los supuesto previstos en en los incs. a) y b) del art. 954 ap. 1 del CA, conforme los fundamentos que expone en los Considerandos V.1 a V.3 de su voto.
II. Que sin perjuicio de ello, no escapa del suscripto que se ha constatado que las recurrentes no cumplieron con el procedimiento previsto en la Resolución General AFIP 1365/02 -reglamentaria de la Ley 21.453-, en cuanto se documentó mediante los PE nros. 08 040 EC01 000455 F, 08 040 EC01 000452 C y 08 040 EC01 000504 A, exportaciones bajo el regimen previsto por la Ley 21.453, invocando estar cumpliendo con la venta al exterior declarada en la DJVE 07-001-DJVE-003941W, cuando la misma se refiere a un contrato de venta al exterior distinto, con otro comprador, otro precio, otro lugar distinto, etc., sin demostrar siquiera haber realizado el procedimiento para introducir modificaciones previsto en el Anexo II punto 8) de la mencionada Resolución General.
En este orden de ideas, corresponde determinar, si la omisión resulta sancionable en alguno de los supuestos previstos en el CA, para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
Que estimo, que dicha conducta encuadra en la infracción establecida en el art. 995 del CA, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero. El reproche aquí formulado, si bien se basa en los hechos tenidos en cuenta por el servicio aduanero en el resolutorio recurrido, no lo hace sobre la misma conducta endilgada por éste. Lo hace integrándolo con el libre accionar desplegado por la firma imputada que se reprocha como antijurídico, por la afectación de un bien jurídico tutelado que difiere de aquél que conforma el reproche aduanero. En definitiva la condena que se impone en esta instancia comparte con aquél solamente el reconocimiento de una coducta ilícita.
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa enjuicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resultan aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que: "la normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito especifico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa enjuicio, ello no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio" (Fallos 302:1611). Que corresponde señalar que tampoco se está violando el principio de la reformatio in pejus, en atención a que el monto de la multa impuesta por el servicio aduanero es claramente superior.
Corresponde, entonces, revocar la resolución apelada en cuanto condena a la exportadora Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y b) del CA y condenarlos solidariamente por la comisión de la infracción establecida en el art. 995 del C.A., la que, por disposición de la Ley 27260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Por ello VOTO POR:
1. Revocar la resolución 8/18 (AD NECO) dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 14517-218-2008, en cuanto condena a la firma Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 incs. a) y b) del CA.
2. Condenar a la firma Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen en forma solidaria al pago de una multa de DIEZ MIL PESOS ($10.000), de conformidad con lo establecido en el art. 995 del CA que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP nro. 4007/17, se encuentra condonada de pleno derecho y así se declara.
3. Imponer las costas en el orden causado.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE
1. Revocar la resolución 8/18 (AD NECO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-8688- 2013, en cuanto condena a la firma Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I.A. y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen por la comisión de las infracciones tipificadas en el art. 954.1 incs. a) y b) del CA.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese, archívese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.04.17 10:40:51 -03:00 Date: 2024.04.17 13:07:58 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 13:35:34 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 13:35:35 -03:00
Fin de la sentencia