Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.552-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las Resoluciones Nros. 801/2019, 816/2019, 800/2019, 817/2019, 809/2019 y 804/2019 dictadas en la Actuación Nº 12509-1454-2012 (alcances 6, 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente) y hacer lugar a la repetición de las sumas de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 278.580,84 Cargo Nº 3776/08 - Resolución Nº 801/2019), PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($53.937,56 Cargo Nº 3782/08 - Resolución Nº 816/2019), PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VENITICINCO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($323.625,38 Cargo Nº 3784/08 - Resolución Nº 800/2019), PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($76.998,48 Cargo Nº 3778/08 - Resolución Nº 817/2019), PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($35.318,87 Cargo N° 3786/08 – Resolución 809/2019) y PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VENTIUNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 43.121,72 Cargo Nº 3777/08 - Resolución Nº 804/2019), a las que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del C.A. que deberán computarse desde el 01/04/2014 - fecha de solicitud de cada devolución- hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-89942013-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 27 de Agosto de 2022 SACIFIA (Sentencia)
En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. N° EX-2020-06066392- - APN-SGASAD#TFN-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. En el caso se discute la procedencia del pedido de repetición de derechos de exportación abonados en relación a las destinaciones aduaneras de exportación para consumo Nros. 07057EC0102498W, 07057EC01012476S, 07057EC01012301F, 07057EC01012492Z, 07057EC01012001C y 07057EC01012493R. La actora sostiene que cumplió con todos los requisitos vigentes establecidos por la legislación aplicable para encuadrar la operación de exportación en los términos del art. 6 de la Ley 21.453, no resultándole aplicable lo requerido por la Ley 26.531, en tanto fue promulgada con posterioridad a la registración de las DJVE involucradas. Por su lado, el organismo aduanero defiende lo actuado en la instancia administrativa previa, resalta que los cargos fueron impugnados y dichas impugnaciones se encontraban resueltas, por lo que se resolvió no hacer lugar a la solicitud de devolución en aplicación de lo establecido por el art. 1.069, inc. b) ap. 1 del C.A..
II. La cuestión planteada, en primer lugar, afinca en resolver si, iniciado el procedimiento de impugnación, el pago efectuado a posterioridad por el contribuyente, lleva implícito la inadmisibilidad de iniciar una acción de repetición. Como subyace, la cuestión suscita tensiones entre diferentes intereses constitucionales. De un lado, es claro el propósito legislativo de impedir que se difiera en el tiempo, el sentido de una relación jurídica cuyos alcances fueron objeto de discusión en la vía impugnatoria. De otro lado, la relevancia de la verdad jurídica objetiva y la posibilidad de dejar sin efecto un acto administrativo cuya conformación está viciada. Si bien es cierto que teóricamente un acto firme y consentido da lugar a la cosa juzgada administrativa, del mismo modo cabe poner de relieve que es deber de la autoridad administrativa revocar de oficio los actos administrativos nulos de nulidad absoluta cuando no afectan derechos subjetivos.
En las condiciones señaladas, encuentro que la cuestión planteada no encuentra su cauce en una interpretación meramente literal de las disposiciones del código. Al respecto, es pertinente hacer notar que existen situaciones en los que para arribar a una solución que resulte armónica con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional y con el ordenamiento vigente no es posible decidir bajo la técnica de la subsunción, sino que el arte de hacer justicia suscita la necesidad imperiosa de resolver los casos bajo la técnica de la ponderación.
En efecto, en el sub examine, incumbe realizar una ponderación de la situación que no se agote en la aplicación mecánica de la norma y, en su lugar, atienda a la plena vigencia efectiva de los grandes principios del derecho, porque se ha visto que la atmósfera judicial se turba si los justiciables no perciben que practicar el arte de la justicia no es hacerlo sino con atención en los valores superiores. En relación con ello, se percibe la imperiosa necesidad de que se emitan decisiones justas por sobre la teorías puras del proceso. El cielo irradia contención y calidez cuando los jueces son consecuentes de que no son meramente la boca de la ley y advierten que su tarea va más allá de subsumir los hechos en normas legales y desarrollan una labor de ponderación que involucra el examen de los valores comprometidos en la causa [1] sujeta a juzgamiento , habida cuenta de que si existe una magistratura empoderadora de los valores superiores, los poderes heurísticos de los magistrados brotan más allá de los mecanismos legislados para satisfacerla y se devuelve la [2] justicia requerida por el caso . En definitiva, sucede que en la tarea de establecer el correcto sentido de las normas, debe tomarse plena conciencia que el pilar fundamental sobre el que se asienta el ordenamiento jurídico es el reconocimiento perenne de la dignidad de la persona. A la sazón no cabe duda que el reconocimiento de la persona obliga a llevar el análisis más allá de la norma escrita puesto que la última ratio no reside en el derecho puesto sino en “el presupuesto”, motivo por el cual el derecho como fenómeno social y político de creación humana no es puro normativismo sino que lo trasciende.
En concordancia con lo expresado, frente a la concurrencia de normas de distintas huestes, no significa que deba elegirse para la decisión del caso la que confiera a primera vista la solución más beneficiosa para el administrado. Por el contrario, lo que subyace es que imperiosamente debe acudirse a la norma o interpretación razonable más extensiva, cuando se trata de reconocer situaciones protegidas por el ordenamiento e, inversamente, a la norma o a la interpretación [3] razonable más restringida cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de derechos . En consecuencia, no ha de resolverse solamente tomando en consideración la jerarquía de la norma, sino que ha de seleccionar la solución plausible que resulte en cada caso, para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la [4] suministre, ya sea interna o internacional . En definitiva, se trata de un criterio irradiante que informa todo el sistema [5] jurídico y que opera con rango constitucional, en razón de su ubicación estratégica en el vértice del ordenamiento [6] jurídico-constitucional, v. gr. artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional .
Por estas razones, a la hora precisa de resolver el dilema planteado en autos, ante la pugna de los principios de estabilidad y verdad jurídica objetiva, en el marco del conflicto de valores o intereses tratado, no encuentro motivo para dar por clausurada la discusión, si es que, en definitiva, también es conveniente para el interés público que el contribuyente anticipadamente cumpla con lo dispuesto en el acto administrativo y no espere la resolución definitiva. En ese sentido, la conclusión del acto administrativo de considerar que el contribuyente no debió pagar la deuda y continuar con el procedimiento impugnativo para mantener la expectativa del reconocimiento de su situación jurídica constituye una decisión de injustificado rigor formal y comporta una exégesis de las reglas aplicables contraria al principio in dubio pro actione rector en la materia, que vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).
En efecto, la justificación de las decisiones judiciales, amén de su apoyatura en normas autoritativas sistémicas y en su respectiva eficacia social, depende principalmente de su corrección material o racional. No basta, en consecuencia, a diferencia de lo que ocurría en el positivismo legalista, sostener la validez de las decisiones judiciales en un análisis sistemático y formal. Reafirmando tales conceptos, la redacción del art. 1 del Título Preliminar respalda esta visión hermenéutica: «Los casos que este Código rige deben ser resueltos...». En consecuencia, queda claro que el centro del ordenamiento normativo es el caso, en torno al cual debe elaborarse la solución jurídica. En otras palabras, el caso forma parte activa del proceso de descubrimiento del derecho y no es materia sin vida a la cual se le impone una fórmula general y abstracta.
Por lo señalado, entiendo que el rechazo de la solicitud de devolución con fundamento en lo dispuesto en el art. 1.069 del C.A., carece de fundamentos.
III. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en oportunidad de emitir mi voto en la causa “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA c/DGA s/ recurso de apelación”, expediente Nº 33.552-A de fecha 07/03/2022, (INLEG-2022- 21197623-APN- VOCXIX#TFN) cuya copia se acompaña como embebido a la presente, a cuyos fundamentos y conclusiones me remito por razones de brevedad.
IV. En efecto, las Resoluciones Nros. 801/2019, 816/2019, 800/2019, 817/2019, 809/2019 y 804/2019 dictadas en la Actuación Nº 12509-1454-2012 (alcances 6, 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente), por medio de las cuales se rechazó el pedido de repetición de los derechos de exportación, deben ser revocadas, por cuanto: a) de acuerdo a lo establecido por la ley 21.453, resultan de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta registrada mediante declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación (art. 6) (las fechas de cierre de venta de las operaciones analizadas fueron entre el 22/10/2007 y el 26/10/2007, ver cuadro anexo con detalle), b) el dictado de la ley 26.351 (B.O. 16/01/2008) implicó una modificación de los efectos tributarios hacia el pasado en detrimento de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica, c) la ley 26.351 no puede ser exhibida como una ley interpretativa o aclaratoria, desde que incorpora una condición no prevista en la ley precedente, al exigir que acredite de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad al incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, d) la Resolución ONCCA N° 1898/2008, que resulta el fundamento de la decisión recurrida ante estos estrados, mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado de DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras indicadas no habrían acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada, en los términos de la Ley 26.351 y su Decreto Reglamentario Nº 764/2008, fue nulificada en sede judicial en autos “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA c/ Estado Nacional- Ministerio de Economía- ONCCA- Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, expediente Nº 25.716/2011.
V. Por consiguiente, resultan procedentes los pedidos de devolución efectuados por la actora. En cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente, ha de ser devuelta en moneda nacional de conformidad con resuelto por la Corte Suprema en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA” C1242, XLIX , toda vez que los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos.
En atención a lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar a la repetición de las sumas de $ 278.580,84 (Cargo Nº 3776/08 - Resolución Nº 801/2019), $53.937,56 (Cargo Nº 3782/08 - Resolución Nº 816/2019), $323.625,38 (Cargo Nº 3784/08 - Resolución Nº 800/2019), $76.998,48 (Cargo Nº 3778/08 - Resolución Nº 817/2019), $35.318,87 (Cargo N° 3786/08 – Resolución 809/2019) y $ 43.121,72 (Cargo Nº 3777/08 - Resolución Nº 804/2019), a las que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del C.A. que deberán computarse desde el 01/04/2014 -fecha de solicitud de cada repetición- hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
Por ello, voto por:
Revocar las Resoluciones Nros. 801/2019, 816/2019, 800/2019, 817/2019, 809/2019 y 804/2019 dictadas en la Actuación Nº 12509-1454-2012 (alcances 6, 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente) y hacer lugar a la repetición de las sumas de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 278.580,84 Cargo Nº 3776/08 - Resolución Nº 801/2019), PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($53.937,56 Cargo Nº 3782/08 - Resolución Nº 816/2019), PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VENITICINCO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($323.625,38 Cargo Nº 3784/08 - Resolución Nº 800/2019), PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($76.998,48 Cargo Nº 3778/08 - Resolución Nº 817/2019), PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($35.318,87 Cargo N° 3786/08 – Resolución 809/2019) y PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VENTIUNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 43.121,72 Cargo Nº 3777/08 - Resolución Nº 804/2019), a las que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del C.A. que deberán computarse desde el 01/04/2014 - fecha de solicitud de cada devolución- hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar las Resoluciones Nros. 801/2019, 816/2019, 800/2019, 817/2019, 809/2019 y 804/2019 dictadas en la Actuación Nº 12509-1454-2012 (alcances 6, 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente) y hacer lugar a la repetición de las sumas de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 278.580,84 Cargo Nº 3776/08 - Resolución Nº 801/2019), PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($53.937,56 Cargo Nº 3782/08 - Resolución Nº 816/2019), PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VENITICINCO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($323.625,38 Cargo Nº 3784/08 - Resolución Nº 800/2019), PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($76.998,48 Cargo Nº 3778/08 - Resolución Nº 817/2019), PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($35.318,87 Cargo N° 3786/08 – Resolución 809/2019) y PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VENTIUNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 43.121,72 Cargo Nº 3777/08 - Resolución Nº 804/2019), a las que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del C.A. que deberán computarse desde el 01/04/2014 - fecha de solicitud de cada devolución- hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
[1] [1] Por ello, celebro que en mi país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, haya declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430). Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%. La Corte Suprema sentenció que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser auto suficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial. Y en un salto de calidad, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. Así las cosas, destacó la Corte que la falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja. Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional. Resolvió por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.
[2] [2] La historia da cuenta de ello con la implementación pretoriana de la acción de amparo cuando el 27 de diciembre de 1957, en el caso “Siri, Angel s/ recurso de hábeas corpus”, se dio vida a un remedio procesal de tramitación rápida y expeditiva, para tener el resguardo jurídico del Estado en todas las situaciones de violación o amenaza de violación, de todos los demás derechos que integran la libertad a los cuales no alcanza el beneficio del hábeas corpus. Con anterioridad al caso “Siri”, la Corte Suprema de Justicia –como es bien conocido– no había pronunciado resolución alguna que reconocieran la protección por la vía rápida y expeditiva –salvo en relación con la libertad individual– de los demás derechos y garantías constitucionales. Precisamente, al respecto, resulta esclarecedor acudir a lo acontecido en ocasión en la que el profesor Linares Quintana pronunció su conferencia de incorporación, como miembro de número, a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el 28 de mayo de 1956, en la que denota, con el título El sistema constitucional argentino de protección de la libertad, que “no es posible concebir (...) que alguno de los derechos constitucionales queden sin el amparo estatal de su ejercicio efectivo y pleno por medio del remedio técnico jurídico correspondiente. Por ello en nuestro país, como en cualquiera otro del mundo que pretenda encajar en el citado molde jurídico político, todo habitante cuya libertad constitucional –no importa en cuál de sus aspectos– ha sido o está en peligro de ser conculcada, debe tener a su disposición un remedio procesal –sea que esté el mismo mencionado expresamente o no en la Constitución o en la ley, y cualquiera sea su denominación: hábeas corpus, amparo, mandato de seguridad, etcétera– que le permita obtener, en forma rápida y expeditiva, el amparo del Estado para hacer cesar inmediatamente la indebida restricción o inminencia de restricción de cualquiera de sus derechos constitucionales” (pág. 784).
[3] [3] Cfr. PINTO, Monica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, ob. cit., p. 163. De la misma autora, Temas de derechos humanos, p. 81,Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998.
[4] [4] Cfr. BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, t. I-A, p. 390, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000; en igual sentido del mismo autor véase, Las fuentes del derecho constitucional y el principio pro homine, ob. cit., p. 13.
[5] Cfr. PINTO, Monica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, ob. cit., p. 163.
[6] [6] Cfr. ARIZA CLERICI, Rodolfo, Interpretación constitucional. Principio pro hominis, ob. cit. Date: 2022.08.26 11:41:15 ART Date: 2022.08.26 21:11:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.27 15:26:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.27 15:26:37 -03:00
Fin de la sentencia