Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33437-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010–, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el Considerando VI, con costas (art. 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 20 de septiembre de 2024.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 24/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 07/2013 (DI RABB) y en consecuencia, hizo lugar a la repetición de la suma de $ 52.260,46, a la que debían adicionarse los intereses del art. 811 del C.A., lo que debían computarse desde el 27/10/2009 -fecha de solicitud de repeticiónhasta la fecha de efectivo pago. Impuso las costas a la vencida. Para así resolver -en cuanto aquí interesa- sostuvo que, por una cuestión de lógica prelación, debían analizarse las nulidades invocadas por la actora, respecto de la resolución aduanera apelada.
Al respecto, precisó que, la ley 21.453 que reguló la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º de la ley citada).
Señaló que, por su parte, la ley 26.351, en su artículo 1°, estableció que "Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el periodo comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, las exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento".
Indicó que, en su correlato, se dictó la Resolución ONCCA N° 1898/08 mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado con las DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras no habrían acreditado oportunamente la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la ley N° 26.351 y su decreto reglamentario N° 764/08. Puntualizó que, en el detalle de ese listado se encontraba, entre otras, la firma OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A.C.I.F.I.A, lo que motivó el cuestionamiento de dicha Resolución por parte de esta última. Adujo que, la actora inició demanda contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) y el Estado Nacional, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 con el fin de impugnar las Resoluciones ONCCA N° 1898/08 y 5431/10, solicitando en subsidio se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.351, del Decreto 764/08 y de las referidas Resoluciones.
Alegó que, el Juzgado de Primera Instancia N° 8, Secretaría Nº 3 15, en los autos caratulados "OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFI Y A c) EN -M° ECONOMIA -ONCCA- RESOL 1898/08 Y 5431/10 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", declaró la nulidad de la Resolución 1898/2008 en cuanto incluyó a la firma actora en el Anexo I de tal resolución. Lo resuelto en primera instancia fue confirmado por la Sala IV de esta Cámara Nac. de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con fecha 18/08/2016, encontrándose firme a la fecha de la presente, en razón de lo resuelto por la CSJN con fecha 25/04/2017. En tales condiciones, en cuanto al fondo de la cuestión, apuntó que, teniendo en consideración lo expuesto y atento el estado procesal de la mencionada causa, en la que se había declarado la nulidad de las Resoluciones 1898/08 y 5431/10, no cabía más que aplicar al caso lo resuelto en los autos "OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFI y A c/ EN - M° ECONOMIA - ONCCA RESOL 1898/08 y 5431/10 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" Expte Nro. 25.716/2011, y remitirse a los fundamentos expuestos en las sentencias allí dictadas con fechas 09/12/201 y 18/08/2016 que a la fecha se encontraban firmes.
Postuló que, por los motivos expuestos y en razón de la nulidad de la resolución ONCCA 1898/08 declarada por la justicia federal resultaba procedente el pedido de devolución efectuado por la actora y más aún cuando no obraba en la causa ninguna constancia que impida la aplicación del régimen previsto en la Ley 21.453 al cual se había acogido la recurrente al documentar la DJVE involucrada en la causa, toda vez que el único impedimento para ello era lo informado en la Res 1898/2008, declarada nula.
Sentado ello y respecto a la moneda en que debía llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, manifestó que, el Máximo Tribunal, en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535- A) c/DGA”, C 1242, XLIX, había sentenciado que: “7) [q]ue sentado lo que antecede, cabe poner de relieve que en el caso de autos (confr. fs. 93/112 del expediente administrativo 13289-17409-2008 y lo señalado por la Cámara a fs. 87 vta), los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905. En consecuencia la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. “Editorial Perfil SA”, sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del decreto 214/02. 8°) Que, a mayor abundamiento, el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente establece expresamente que la Aduana "devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos". En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares".
En tales condiciones, el Tribunal Fiscal, precisó que correspondía revocar la resolución apelada y hacer lugar a la repetición de la suma de pesos $ 52.260,46 a la que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del CA que deberán computarse desde el 27/10/2009 -fecha de solicitud de repetición- hasta la fecha de efectivo pago.
II. Que contra dicha resolución, con fecha 9/06/2023 interpuso recurso de apelación la parte actora, expresando agravios en la misma fecha, los que no fueron contestados por la contraria.
En primer lugar, la recurrente manifiesta que consiente la sentencia en cuanto ordena la devolución, pero se agravia de que no se haya analizado en el pronunciamiento apelado el pedido de modificación de la tasa de interés desarrollado en el alegato, teniendo en consideración el paso del tiempo entre que se inició el pedido de devolución y el cambio de la jurisprudencia, lo que tornaría su derecho en ilusorio en tanto la tasa fijada por la vieja resolución ME 314/2004 al cual tacha pues entiende resulta francamente confiscatoria por lo exigua.
Aduce que en relación con la moneda del reclamo debe considerarse que, al momento de interponerse la demanda, no se había dictado aún el precedente “Cencosud” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la devolución se solicitó en dólares.
Al respecto, señala que, en atención a la variación de la jurisprudencia en ese sentido, para paliar la desproporción y el resultado confiscatorio de la mínima tasa de interés que ha fijado el Fisco cuando es deudor, solicita se considere lo resuelto por la Cámara Federal de Salta, que quedó firme ante la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Alubia”.
Precisa que su parte no cuestiona la aplicación al caso del artículo 811 del Código Aduanero sino el quantum de la tasa que el artículo 811 dispone aplicar en los términos del artículo 812 del mismo cuerpo legal. En este contexto, solicita que se evalúe la razonabilidad y proporcionalidad de la tasa que debería haberse fijado, conforme las pautas del artículo 812 del Código Aduanero y que el Fisco fijó en el año 2004 por última vez en un importe que hoy luce, según entiende, totalmente irrazonable.
Afirma que la resolución ME 314/2004 ha demostrado ser arbitraria y confiscatoria y que así lo ha resuelto reiteradamente este Fuero. Requiere que, en consecuencia, así se declare en autos y como última ratio se considere su inconstitucionalidad, en tanto confiscatoria. Alude que, en un caso análogo al presente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, ha fijado en reemplazo de la tasa de la resolución ME 314/2004 la que prevé el Banco Central para la justicia. En tales condiciones, solicita se aplique igual criterio jurisprudencial. Cita jurisprudencia.
Esgrime que, la tasa de interés establecida por la resolución ME 314/2004, resulta confiscatoria porque no alcanza a remunerar la privación del uso del capital en el tiempo.
Pone de relieve que la AFIP retuvo los importes depositados por su parte como consecuencia de un acto que fuera declarado judicialmente nulo y ahora 10 años después de haberse pagado pretende devolver el capital con una tasa anual del 6% que apenas cubre el deterioro de, a lo sumo, un mes de demora, teniendo en consideración que el promedio de inflación de los últimos años ha sido del 80% por mes y actualmente es de 6% mensual. Si se aplicara la alícuota del 6% anual el ajuste del capital por intereses, se estaría confirmando una expoliación a su parte que le causaría un gravamen irreparable. En definitiva, considera que se le daría razón en cuanto a su derecho, pero nada recibiría como compensación tangible de esa sentencia.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
Considera que, es indudable que los jueces han intentado compensar la arbitraria injusticia que se deriva de las tasas impuestas por el Fisco en su beneficio, pero en detrimento del capital de los contribuyentes.
Postula que esta situación injusta fue recientemente reconocida por el propio Poder Ejecutivo que, mediante el dictado de la resolución MH 598/2019, estableció la tasa promedio pasiva del Banco Central para la Justicia, como forma de paliar la injusticia generada por la disparidad de tasas. Pero esta solución opera hacia el futuro, y no resulta de aplicación hacia el pasado, por lo que no logra neutralizar el efecto confiscatorio que ha tenido el régimen durante todo el tiempo en que rigieron tasas arbitrariamente bajas.
III. Que, en punto a los cuestionamientos suscitados en relación a la tasa de interés prevista para los casos de repetición y devolución de tributos aduaneros, corresponde efectuar las siguientes consideraciones para su efectivo tratamiento.
En primer lugar debe advertirse el plexo normativo de aplicación al caso de autos, que se compone de los artículos 794, 811 y 812 del Código Aduanero –Ley 22.415–, así como la Resolución nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción.
De este modo, cabe recordar que el artículo 812 del Código Aduanero dispone “[e]n los supuestos previstos en el artículo 811, la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”. El art. 811 establece que “[e]n los supuestos en que se reclamare la devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento del servicio aduanero, los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago”.
A su vez, el artículo 794 del mismo cuerpo normativo reza “[v]encido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales”.
Finalmente, la Resolución 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, que en sus artículos 1º y 3º determina la cuantía de las tasas de interés enunciadas en los artículos precedentes. Así, el art. 1º dispone “[e]stablécese la tasa de interés resarcitorio prevista (…) por los Artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero -Ley Nº 22.415 y sus modificaciones- en el tres por ciento (3%) mensual” de conformidad con la modificación efectuada por la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (B.O. 14/12/2010); mientras el art. 3º manda establecer “la tasa de interés prevista por los Artículos 811 y 838 del Código Aduanero — Ley Nº 22.415 y sus modificaciones— en el cincuenta centésimos por ciento”.
IV. Que, corresponde recordar la inteligencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó a los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, al expedirse en “Neumáticos Goodyear S.A. (TF 8659- A) c/ A.N.A.”, precedente del 9 de noviembre del año 2000 (Fallos: 323:3412), donde expresó que el art. 812 del Código Aduanero no dispone que la tasa de interés que autoriza a fijar a la Secretaría de Hacienda para los supuestos previstos en el art. 811 –devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos– deba ser la misma que esa autoridad administrativa establezca a los efectos previstos en el art. 794 de ese ordenamiento legal (mora de los particulares en el pago de tributos). Si la intención del legislador hubiese sido la de que en ambos casos fuera aplicable idéntica tasa, le habría bastado disponer lisa y llanamente la aplicación de la fijada en los términos del art. 794 a los casos previstos en el art. 811, cosa que no hizo.
Por el contrario, tal como fue redactado el art. 812 concluyó –en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General– que la referencia que en él se efectúa del art. 794 se limita al mecanismo para el establecimiento del interés, a su carácter general y al tope que no puede superar.
Asimismo, el Máximo Tribunal ha señalado en el precedente "Arcana, Orazio" (CSJN, Fallos: 308:283) que lo atinente a la mora de los particulares en el pago de tributos, y la repetición por parte de ellos de las sumas abonadas en tal concepto, "son situaciones de diversa índole", ya que en la primera -a diferencia de lo que ocurre con los reclamos de repetición- se encuentra comprometido "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda" (confr., en análogo sentido, Fallos: 316:42, considerando 3°).
En consecuencia, el Tribunal cimero sostuvo que la diversidad de situaciones lleva a descartar que la distinta tasa de interés aplicable a uno y otro supuesto pueda ocasionar agravio alguno al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional), solución que es compartida por éste Tribunal, en razón de que si bien los fallos de la Corte Suprema no resultan obligatorios para casos análogos, esta Sala tiene el deber moral de conformar sus decisiones a las del Alto Tribunal, por revestir éste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (cfr. C.S.J.N., Fallos, 303:1769; 311:1644 y 316:3191).
V. Que el criterio supra expuesto, no exime de analizar la razonabilidad de la norma que fija los intereses en su aplicación al caso concreto.
En tal sentido, debe señalarse que la resolución ME nº 314/04, en su art. 3º establece una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos en que el Fisco debe reintegrar lo abonado en forma indebida por el contribuyente y, por otro lado, fija en su art. 1º los intereses resarcitorios en un 2% mensual; porcentaje que ulteriormente fue elevado por la resolución 841/10 a un 3% mensual.
Las razones explicitadas en los considerandos de la resol. nº 314/04 para fijar los valores de las tasas de interés en los guarismos mencionados descansan en la siguiente afirmación: “se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de constatarse una baja de las tasas de intereses usuales para préstamos, con el objeto de no agravar la situación económico financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco”.
Resta aclarar que la Resolución importó una disminución en los valores de las tasas que había dispuesto su predecesora (resol. 36/03), en lo que aquí interesa, la relativa a los intereses resarcitorios, que había sido fijada previamente en un 3%.
Asimismo, los fundamentos que cimientan el dictado de la resolución 841/2010 –modificatoria de la res. 314/04–, mediante la cual – en lo que aquí interesa– se aumentó la tasa de interés resarcitoria del 2% al 3% mensual, y se mantuvieron los 0,5 puntos porcentuales de la aplicable a los casos de repetición y devolución de tributos por parte de la Aduana, se encuentran en el siguiente párrafo que se extrae de sus considerandos: “[q]ue se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”. Así, sin mengua de advertir como razonable que sean diferentes las tasas de interés según se trate de deudas derivadas de la falta de pago oportuno de los impuestos o de reintegros que debe hacer el organismo fiscal (tal como surge de la doctrina del Alto Tribunal citada en el considerando precedente), diferencia ésta que se encuentra plasmada en las distintas resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía al fijar las respectivas alícuotas, debe también ponderase que, si por las circunstancias generales de la economía del país se generan novedosas situaciones que justifican –en cada oportunidad– el aumento de la tasa de interés para el primer supuesto (intereses resarcitorios y punitorios aplicables a los créditos del fisco), tal como lo han reconocido los propios actos administrativos ya citados, negar la procedencia de un incremento siquiera proporcional en el supuesto inverso, que no es sino la contracara de los créditos de que es titular el fisco (en el caso, intereses derivados del lapso que insume el cumplimiento de la obligación estatal de cumplir con el reintegro, devolución o compensación de tributos) implicaría consagrar una distinción en perjuicio del patrimonio del contribuyente, alcanzado por la misma situación económica general, sin que se haya alegado o exista motivo alguno que lo justifique.
Es que las diferencias que pueden existir entre los intereses fijados para uno y otro caso (de los que se viene haciendo referencia), no autorizan a que el Estado Nacional pretenda la aplicación de una tasa de interés que él mismo ha fijado y que ha devenido en irrazonable (por lo exiguo de su porcentual) en vista de la modificación de las circunstancias configuradas desde el momento en que se estableciera originalmente, hasta la situación actual (confr. esta Sala in re: “American Express Argentina S.A. c/EN - AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, del 27/04/2017).
De tal modo y como resultado del análisis precedente, surge clara evidencia de la irrazonabilidad, el efecto lesivo para el patrimonio del contribuyente (titular del crédito por repetición, devolución o compensación de tributos), y consiguiente inconstitucionalidad del rédito fijado a tal fin, en tanto y cuanto la tasa en cuestión no solo ha devenido desproporcionadamente inferior a la que percibe el Fisco por el cobro de sus créditos, sino que al incrementarse esta última atendiendo a la modificación de circunstancias económicas de orden general, la omisión de hacer lo propio con el interés debido a causa de la obligación de restitución de tributos, configura además una situación de tratamiento diferencial, injustificado, carente de debido sustento y por cierto ilegítimo, frente a la configuración e impacto de análogas circunstancias respecto del contribuyente titular de créditos por repetición.
Por tal motivo, atendiendo a las circunstancias del presente caso, y atendiendo asimismo a las pautas corrientes tenidas en cuenta para los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional, se considera razonable la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado nº 14.920), que supone un aumento respecto de la fijada por la resolución ME nº 314/2004 (confr. esta Sala in re: “American Express”, ya cit.).
Máxime si, como quedara dicho, el propio Estado Nacional tuvo en cuenta –para elevar la tasa de los intereses resarcitorios y punitorios– las “condiciones económicas actuales”, las que, si existen, también inciden y, por lo tanto, deben ser contempladas, para el cálculo de los intereses previstos por el art. 794 del C.A.; bien que resguardando la existencia de una razonable y proporcionada diferencia de tratamiento entre los créditos y deudas del fisco, a que se hiciera referencia en los pasajes precedentes (en sentido concordante, esta Sala in re: “American Express”, ya cit.). En definitiva, la omisión en la previsión de las “condiciones económicas actuales” para los casos de intereses adeudados por la Aduana, debe ser salvada en la instancia judicial, de modo de prevenir la directa afectación en el patrimonio del contribuyente, que acontece del modo antes señalado.
En sentido concordante con el aquí expuesto, puede citarse la sentencia dictada el 6 de marzo de 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los autos “Alubia S.A. c/ AFIP-DGI s/ ordinario” – expte. Nº 195/2012–, decisión que, en punto a la tasa de interés aplicable, quedó firme. En efecto, en este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario deducido por el Fisco Nacional, “… pues no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la decisión apelada” (ver A. 612. XLIX “Alubia S.A. c/ AFIP – Dirección General Impositiva s/ repetición”, del 4 de noviembre de 2014).
Por lo expuesto, se declara la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3 de la resolución ME nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010– aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, correspondiendo disponer en este caso, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290), que regirá desde el 3/07/2012 –fecha de la solicitud de repetición– hasta el 1/08/19 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019.
VI. Que en este orden ha de repararse en que el dispositivo citado derogó la resolución 314/2004 (ver el art. 9º), y conforme su art.10 entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, disponiéndose que habría de surtir efectos desde el 1º de agosto de 2019.
En tales condiciones, la mentada resolución 598/2019 resulta de aplicación al sub examine, bien que a partir de su vigencia, en tanto su art. 8 establece que “[p]ara la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la entrada en vigencia de esta resolución, se deberá aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que estos alcancen”.
En el sub lite, la aplicación de la cláusula transitoria descripta en el párrafo precedente, en consonancia con lo resuelto en punto a la inconstitucionalidad de la tasa fijada por la Resolución 314/04, determina como quedó dicho, que los intereses que corren desde la fecha del reclamo administrativo hasta el 31 de julio de 2019 deban ser calculados a la tasa indicada en el considerando precedente, mientras que los intereses que corren a partir del 1º de agosto de 2019 deben calcularse conforme la tasa prevista por el art. 4º de la resolución 598/2019 (conf. esta Sala, fallo del 12/11/2019 “De La Vega, C. c/ DGI s/ Rec. Dir. Org. Ext”, Expte. Nº 34091/19).
Es decir que, la devolución deberá ser comprensiva de los intereses devengados desde las peticiones administrativas de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde los reclamos a la autoridad aduanera y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex MH 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290; -a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex MH 598/2019;
-a partir del 1/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del ME 559/2022; y -a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución ME 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
VII. Que en atención al modo en que se resuelve las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.). En virtud de lo expuesto el Tribunal RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010–, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el Considerando VI, con costas (art. 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
(por su voto)
La Dra. María Claudia Caputi dijo:
I. Que en punto a la tasa de interés a emplear sobre las sumas debidas, comparto los razonamientos que fundamentan la solución expresada, desarrollados en los considerandos III, IV, V y VI del voto que antecede.
Al respecto, si bien no llegue a suscribir el precedente “American Express” de esta Sala, del análisis del presente caso, sí interpreto, en coincidencia con mis estimados colegas de Tribunal, que en autos se patentiza la irrazonabilidad –por su exigua magnitud– de la tasa que fija el interés de las repeticiones aduaneras en el 0,5%, lo cual la coloca al margen de los postulados constitucionales vigentes.
En este sentido, no puedo soslayar la visibilidad –en el momento actual– que asume la constelación de fallos y dictámenes que confluyen en privar de validez constitucional a la tasa así establecida. Al respecto, además de los precedentes adecuadamente invocados en el voto que comparto, tengo en cuenta una multiplicidad de casos de esta Cámara de Apelaciones en tal sentido, entre los cuales baste con recordar: de la Sala I, “Sancor Cul – TF 30629-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. nº 55.841/2019, fallado el 6/8/2020, y previamente de la misma Sala, “Ortiz, Juan José – TF 45352-I c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Org. Externo”, expte. nº 22.112/2018, sent. del 5/6/2018; y también de la Sala IV, como se desprende de los autos “Maselis, Analía Edith c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. nº 68.476/2018, fallado el 12/03/2019. Inclusive, en igual sentido se expidió, la Sala V de esta Cámara en autos “New Deco S.A. c/E.N. – AFIP s/Dirección Gral. Impositiva”, expte. nº 7129/2016, sent. del 12/11/2019. Éste último invoca, a su vez, el anterior decisorio de dicha Sala recaído in re: “Driollet Laspiur Rogelio c/E.N. – AFIP s/Dirección Gral. Impositiva”, expte. nº 29.472/2014, fallado el 12/12/2017 (dado de alta en sistema el 13/12/2017).
En suma, se observa que la totalidad de las Salas de esta Cámara de Apelaciones coincide en la solución brindada a esta cuestión. Baste con agregar a ello que, en el caso “Driollet Laspiur”, antes citado, recayó posteriormente dictamen de la Procuración Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 21/12/2018 –en donde se propició la confirmación de la solución así señalada–, y cuyo texto obra en el siguiente hipervínculo:
https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2018/LMonti/diciembre/ Driollet_Laspiur_Rogelio_CAF_29472_2014_CS1CA1.pdf A su vez, la Sra. Procuradora Fiscal ante el Máximo Tribunal también se expidió sobre el tema al dictaminar –en fecha 21/12/2018– en el caso “Thomas de Sudamérica SA c/DGA” proveniente de la Sala III de esta Cámara, a tenor del texto que obra en el siguiente vínculo, donde reiteró que resulta inconstitucional la tasa del 0,5% en cuestión: https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2018/LMonti/diciembre/ Thomas_CAF_37527_2016_CA1CS1.pdf Se expresó allí de modo explícito que la tasa que se analiza “… resulta irrazonable” (cfr. párrafo cuarto, in fine, del Considerando VII del Dictamen recién referido). A lo cual se agregó que “… la tasa establecida en la citada norma,…resulta insuficiente para resarcir al contribuyente por la demora del fisco en la devolución de los importes correspondientes a tributos que fueron abonados por aquél en forma indebida, circunstancia que justifica la declaración de inconstitucionalidad del precepto aludido”, ello así por entenderse que la misma “… produce una lesión al derecho de propiedad del contribuyente con evidente violación de lo previsto en los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional” (vide, al respecto, Considerando VII, párrafos 5º y 6º del dictamen del 21/12/2018 citado). Es bajo estos razonamientos que comparto que el aspecto de la Resolución M.E. nº 314/04, en cuanto fijó una tasa de interés para repeticiones del 0,5%, resulta inconstitucional. Dicha circunstancia, autoriza a prescindir de su aplicación en el presente caso.
II. Que, determinado lo que antecede, y como resultado del carácter contrario a los postulados constitucionales que traduce la resolución que instauró la tasa referida, y en aras de fijar la que habrá de aplicarse en el sub examine, también comparto como solución razonable y equitativa, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina según el Comunicado Nº 14.290, que regirá desde el 10/12/2009 –fecha de la solicitud de repetición–.
A su vez, con referencia a los márgenes temporales con que cabe acotar dicha solución, coincido en que la tasa antes señalada debe encontrar como límite temporal de su aplicación, la fecha del 1º/08/2019. Así las cosas, también hago propia la solución del voto que antecede, en punto a hacer la siguiente distinción: a partir del 1º/08/2019, momento al cual comenzó a regir la Resolución nº 598/2019 (que contiene una cláusula transitoria explicada en el voto precedente, y en consonancia con lo discernido sobre la inconstitucionalidad de la tasa fijada por la Resolución M.E. nº 314/04), se deduce que los intereses que corren desde la fecha del reclamo administrativo hasta el 31 de julio de 2019, deban ser calculados a la tasa pasiva ya indicada; mientras que aquellos accesorios que se devenguen a partir del 1º de agosto de 2019 deben ser calculados conforme la tasa prevista por el art. 4º de la Resolución nº 598/2019. ASÍ VOTO.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia