Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34306-A
—SALA IV—
19229/2021 “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA - TF 34306-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2024.- MSU
El recurso de aclaratoria interpuesto por los letrados de la parte actora el 27/3/24, respecto de la regulación de honorarios del 26/3/24; y
1. Que, los letrados Patricia E. Feliciano y Adrián Marcelo Miguez, socios del Estudio Carena y Asociados, quienes actuaron a favor de la parte actora, solicitaron se aclare la mentada regulación, en atención a que de allí no surge que los emolumentos fueron regulados a nombre del ente colectivo “Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil”. Por otro lado, indicaron que, según lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 27.423, la regulación de honorarios por el recurso extraordinario no podrá ser menos a 20 U.M.A. y que, según lo dispuesto en la resolución citada, se reguló una cantidad inferior al mínimo estipulado.
2. Que, en primer lugar, es menester recordar que la aclaratoria constituye un medio eficaz para subsanar errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas en el litigio (cfr., esta Sala, in re “Martino, José Alfredo c/ Mº de Cultura y Educación s/ gamparo ley 16.986”, sent. del 31/12/97).
Sobre tal base, cabe recordar que conforme lo resuelto por el Alto Tribunal en los autos “Central Neuquén” (Fallos: 325:742), la calidad del profesional es la que debe primar para que se efectúe una regulación que tuvo en cuenta el mérito y extensión de la labor realizada por ellos y no por el estudio que integran, ya que fueron sus obligaciones, de atender personalmente el asunto que les ha sido confiado, de abstenerse de colocar a un colega en su lugar sin el consentimiento de su cliente, de mantener su responsabilidad frente a aquel que depositó en ellos una confianza especial tal que determinaría en su caso la aplicación del art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que exige concluir que los servicios fueron prestados, en definitiva, intuitu personae y no por el estudio profesional que integran.
3. Que, respecto del monto estimado, cabe advertir que en función de lo pretendido por los letrados de la actora, y más allá del nomen iuris que le hayan asignado, su escrito no constituye, en rigor, una “aclaratoria” sino una “revocatoria”. En efecto, es dable señalar que las resoluciones de las cámaras de apelaciones no son, por regla, susceptibles del recurso de reposición, tan sólo autorizado en causas “Ain Félix Oscar c/ PEN Ley 25561 dtos 1570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986”, el 29/6/04; y 13529/22/1 “Inc. Nº 1 – Directv Argentina SA c/ DGA”, sent. del 4/10/22; entre otras). Por tal motivo, el planteo recursivo intentado resulta formalmente improcedente. Tampoco se verifica, en la especie, un supuesto excepcional que autorice apartarse de tal principio, toda vez que la decisión adoptado se ajusta a las circunstancias de la causa, que han sido oportunamente ponderadas por el Tribunal, y a las normas que resultan aplicables, de modo de sostener la razonabilidad y proporcionalidad que debe existir en la asignación de honorarios (art. 16, 19 y 30 de la ley 27.423).]. Por lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia