Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38770-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto, con costas, y
2Modificar los honorarios establecidos por la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación y regular los de esta instancia, conforme lo dispuesto en los considerandos que anteceden.
Buenos Aires,26 de agosto de 2025.-
VISTA esta causa n° 4.227/2024, caratulada: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA y otro (TF 38770-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”; y,
I.-) Que, con fecha 30/01/2018, el representante legal de la empresa OLEAGINOSA MORENO SACIFIA (de ahora en más: “OLEAGINOSA MORENO” u “OLEAGINOSA MORENO SACIFIA”, indistintamente), interpone recurso de apelación en los términos del artículo 1132 y cctes. del Código Aduanero contra la RESOLUCIÓN N° 07/2018 (AD NECO), dictada con fecha 30/01/2018 por la Dirección Aduana de Necochea, mediante la cual se condenó a la exportadora al pago de la multa de $ 32.892.826,l0, por la presunta infracción prevista en el artículo 954 apartado 1° incisos “a” y “b” del Código Aduanero; en forma reiterada por ocho (8) hechos (ver fs. 16/19 del expediente administrativo, incorporado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 14/05/2024).
II.-.) Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de la RESOLUCIÓN N° 07/2018 (AD NECO), ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver fs 25/55 del expediente administrativo, supra mencionado).
En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala “F” de dicho organismo jurisdiccional, la cual con fecha 18/10/2023, revocó con costas, la RESOLUCIÓN N° 07/2018 (AD NECO), en cuanto condena a la firma exportadora Oleaginosa Moreno y al despachante de aduana Javier E. M. Ibarguen al pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y b), del Código Aduanero (ver fs 79/89 del expediente administrativo, mencionado).
Para dar fundamento a ello, el mentado Tribunal estructuró su decisión en tres órdenes de cuestiones. Así, sostuvo que, en lo atinente a la infracción tipificada en el inciso b), el artículo 954 C.A. exigía que la prohibición esté expresamente contenida en la norma.
En tal sentido, señaló que, si bien la Ley n° 21.453 regulaba los beneficios tributarios, no establecía una prohibición de exportar sin DJVE, por lo demás tampoco se había probado una afectación al abastecimiento interno.
Y dado que la infracción no se configura sin fuente normativa clara, razonó que en el caso no se encontraría configurada la infracción endilgada.
Seguidamente, en lo que respecta a la infracción tipificada en el inciso a), los Sres. Jueces del Tribunal Fiscal de la Nación pusieron de manifiesto que, aun cuando existieron diferencias de alícuotas, la empresa había abonado los cargos tributarios en otras actuaciones administrativas.
En la línea expuesta señalaron que el perjuicio fiscal requiere un daño real o potencial al Fisco; circunstancia que se concluyó aquí no se configuraba, puesto que la obligación había sido extinguida por el pago.
Finalmente, en lo referido a la responsabilidad del despachante, al ser accesoria a la principal, teniendo en cuenta la manera en que se decidía, no correspondía sancionarlo.
Por tales razones, se concluyó que no se encontraba justificado el encuadre infraccional endilgado por el servicio aduanero.
III.-) Que, disconforme con lo así decidido, el abogado apoderado del FISCO NACIONAL (ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS), interpuso recurso de apelación y fundó en el mismo acto (ver fs. 96/116 del expediente administrativo, ya mencionado). Dicha presentación recibió réplica de su contraria a fs. 120/130 del expediente administrativo agregado a la causa. El recurrente estructura su presentación en tres postulados que, a su entender, le causan un agravio irreparable.
Así se observa que, en primer lugar, discrepa respecto de lo decidido respecto de la infracción al artículo 954, apartado 1°, inc. b) del Código Aduanero. Señala que el decisorio recurrido había concluido erróneamente que la mercadería exportada no se encontraba alcanzada por prohibición alguna, por no surgir de modo expreso de la Ley n° 21.453, puesto que, según alega la utilización de una DJVE inaplicable (con contratos y precios distintos) configuró una declaración inexacta que impidió el control aduanero previo y convirtió la operación en prohibida.
Menciona que el Tribunal Fiscal, al exigir una prohibición legal expresa, desnaturalizó el tipo infraccional estipulado en el artículo 954 inc. b), el cual sanciona omisiones documentales que vedan la fiscalización aduanera, distinguiéndose del contrabando (art. 863 C.A.).
Afirma que la sentencia recurrida incurre en arbitrariedad al desconocer este encuadre, lesionando la potestad de control aduanero y generando un beneficio económico indebido al exportador.
En segundo lugar, se agravia respecto de lo resuelto por el Tribunal a quo en punto a la ausencia de configuración de la infracción al artículo 954, apartado 1°, inciso a) del Código Aduanero.
Sobre el punto, recuerda que el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la configuración del inciso a), en el entendimiento de que no existió perjuicio fiscal, por haberse abonado los tributos con posterioridad.
No obstante, alega que el artículo 954 inc. a) exige solo que la declaración inexacta hubiere podido producir un perjuicio fiscal si pasaba inadvertida. La configuración del tipo no se excluye por el pago posterior.
Destaca que el perjuicio fiscal se configura en sentido amplio (art. 956 C.A.), comprendiendo ingresos menores a los debidos o pagos indebidos. La DJVE utilizada redujo la base de cálculo y alteró el tipo de cambio aplicable, generando un beneficio económico ilegítimo.
Concluye al respecto que la operatoria aquí cuestionada desvirtúa la finalidad de la Ley n° 21.453, que buscaba asegurar abastecimiento interno, estabilización de precios y evitar maniobras especulativas, lo que refuerza la procedencia de la infracción.
Como tercer agravio, expone su disconformidad con lo resuelto respecto de la responsabilidad del despachante de aduana.
En este sentido, entiende que el TFN eximió de responsabilidad al despachante por entender que no se configuró la infracción principal.
Aduce que tal conclusión desconoce que el sistema aduanero se sustenta en la veracidad y exactitud de las declaraciones comprometidas y que, por ende, el despachante no es un mero transcriptor, sino un auxiliar profesional con un deber reforzado de diligencia, lo cual implica verificar razonablemente la información suministrada.
Por ello, a su entender la exoneración resulta improcedente, pues el despachante participó activamente en la registración de declaraciones que tilda de inexactas, con las cuales se posibilitó la maniobra fraudulenta.
IV.-) Que, con fecha 13/12/2023, fueron regulados los honorarios del letrado interviniente por Oleaginosa Moreno –Patricia E. Feliciano, Adrián Marcelo Miguez y Julio Carlos Lascano– los que fueron apelados tanto por bajos (ver fs. 134/135 del expediente administrativo) como por altos (fs.140/143 del expediente administrativo). V.-) Que, sentado lo expuesto, corresponde realizar una breve enunciación de la normativa involucrada en las presentes actuaciones.
Liminarmente debe mencionarse que el inciso a) del artículo 954 del Código Aduanero –contenido en el capítulo séptimo titulado “[d]eclaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”– establece que el que, para cumplir cualquiera de las operaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Seguidamente, el artículo 956 del citado cuerpo legal, a los efectos de lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, dispone que: a) las declaraciones relativas a operaciones o destinaciones de importación se consideran como si fueran de importación para consumo y las relativas a operaciones o destinaciones de exportación como si fueran de exportación para consumo, con excepción de la declaración relativa a la operación de reembarco que se considera como de importación para consumo. En este último supuesto, si de la comprobación resultare menor cantidad de mercadería que la declarada en la solicitud de reembarco, se considerará como si hubiera resultado mayor cantidad que la declarada; b) se entiende por perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación; c) la presentación del manifiesto general de la carga, del rancho, de la pacotilla y de la relación de la carga equivale a efectuar una declaración relativa a lo expresado en los mismos. Así las cosas, de comprobarse una manifestación inexacta en los elementos declarados en la lista de rancho, la situación podría encuadrar en el ilícito contemplado en el artículo 954 del C.A..
VI.-) Que una vez señalada la normativa imperante, ha de destacarse que – tal como se desprende de las actuaciones administrativas que fueron descriptas por el Tribunal Fiscal de la Nación en el precedente aquí impugnado–, según resulta de la DJVE AGRIC-00063689, registrada en el SIM como 07001DJVE00403IN, la firma actora se comprometió a exportar 10.000 toneladas de pellets de harina, de la PA 2306.30.10.310V. fecha de cierre de venta 13/09/2007, a un precio FOB unitario de u$s 146.
Asimismo, del contrato de venta acompañado por la recurrente a solicitud del servicio aduanero, resulta que el comprador es Glencore Grain B.V., de Holanda. En función de lo expuesto, Oleaginosa Moreno registró distintas destinaciones de exportación a los efectos de exportar la mercadería a la que se había comprometido en la DJVE mencionada. Así:
- con fecha 4/07/2008 oficializó el PE 08040EC01000453D, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 1.700 toneladas de pellets de harina. PA 2306.30.10.310 V, con destino a Chile, por un valor FOB unitario de u$s 181; - con fecha 18/07/2008 oficializó el PE 08040EC01000503W, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 491 toneladas de pellets de harina, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 217;
- con fecha 27/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000419F, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 600 toneladas de pellets de harina, pero exportando efectivamente 520 toneladas, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 222;
- con fecha 27/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000424B, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 2.000 toneladas de pellets de harina, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 222;
- con fecha 20/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000391E, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 600 toneladas de pellets de harina, pero exportando efectivamente 74,44, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 219;
- con fecha 20/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000390D, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 900 toneladas de pellets de harina, pero exportando efectivamente 550 toneladas, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 217;
- con fecha 20/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000393G, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 2.400 toneladas de pellets de harina, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 219;
- con fecha 20/06/2008 oficializó el PE 08040EC01000392F, ante la Aduana de Necochea y declaró la exportación para consumo de 2.600 toneladas de pellets de harina, PA 2306.30.10.310 V, con destino a Uruguay, por un valor FOB unitario de u$s 217;
Finalmente, es de destacar que en todas las destinaciones mencionadas, declaró en el campo correspondiente a “documentos a presentar” la declaración jurada de venta al exterior n° 07001DJVE00403IN, con un precio oficial unitario a la fecha de cierre de u$s 145 por tonelada, por encontrarse precisamente amparados por la referida DJVE, exportando efectivamente un total de 10.335,44 toneladas de pellets de harina. Ahora bien, no debe soslayarse que el servicio aduanero, por un lado, consideró que la aquí actora debía pagar la alícuota de derechos de exportación vigente a la fecha de la oficialización, por aplicación de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/2008 y 1898/2008 y que existían contradicciones entre la documentación acompañada por la firma exportadora y las destinaciones de exportación, en lo que se refiere al precio unitario de venta declarado en cada una de las destinaciones y lo que surge de los respectivos contratos aportados. En función de lo expuesto, consideró que se cometió la infracción al artículo 954, apartado 1, inciso a), del C.A., atento a que se habría producido un ingreso de divisas del exterior distinto al declarado.
Finalmente, el servicio aduanero concluyó que también se habría configurado la infracción al art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., por aplicación del criterio seguido en casos similares.
VII.-) Que, a entender de este Tribunal, la solución adoptada luce acertada, pues los hechos infraccionales que se imputan a la firma actora, así como las diferencias detectadas y que surgen de las actuaciones administrativas, no pueden entenderse como constitutivos de una transgresión a una prohibición (concretamente a la exportación) de productos agrícolas regulados por la Ley n° 21.453, en los términos del artículo 954, apartado 1, inc. b) del Código Aduanero; máxime que no se encuentra controvertido que se trató de la misma mercadería y en la misma cantidad.
Es que, la figura del artículo 954 del CA requiere, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera -tal el concepto básico contenido en la norma-, de la configuración de “una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación”.
Al respecto, y en sentido concordante con lo dispuesto en una causa donde se debatió una cuestión similar a la aquí planteada, la Sala V de esta Cámara ha entendido que como refuerzo de lo supra expuesto debía tenerse en consideración la nota del Poder Ejecutivo que se acompañaba al proyecto de la Ley n° 21.453 y que había sido parcialmente transcripta en la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación: “…[l]a medida que se propició tiende a fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisa, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que se afecte el correcto abastecimiento del mercado interno” (ver “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA - TF 35409-A y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismos externos”, causa n° 32.362/2019, sentencia de fecha 18/11/2022).
En función de todo lo expuesto, no puede más que concluirse que no se encuentra configurada la infracción al artículo 954, inc. 1) apartado b), máxime cuando, de la letra expresa de la Ley n° 21.453 no surge prohibición alguna a la exportación de la mercadería involucrada en estas actuaciones.
VIII.-) Que, ahora bien, a la misma conclusión corresponde arribar respecto de la solución acordada por el Tribunal Fiscal de la Nación en lo que respecta al inciso a) del artículo 954 del CA, puesto que resulta razonable considerar –en función de las constancias obrantes en la causa– que la operación de exportación no configuró un perjuicio fiscal alguno.
En efecto, tal como también sostiene el a quo si el fundamento de la existencia de perjuicio fiscal se basa en la diferencia de la alícuota que debería haber aplicado en los términos de la Ley n° 26.351, la presunta comisión de la infracción al artículo 954, ap. 1, inc. a), del C.A. debió ser investigada en el marco del procedimiento en el que se discutieron los cargos formulados.
Asimismo, si el fundamento de la existencia del perjuicio fiscal fue la no aplicación de la DJVE a los permisos de embarque en trato, cabe concluir que no se produce perjuicio fiscal alguno, ya que las liquidaciones tributarias fueron abonadas con anterioridad a que se instruya sumario por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del CA.; debiendo reiterarse a esta altura, que precisamente, la declaración jurada de venta al exterior n° 07001DJVE00403IN, fué documentada con un precio oficial unitario a la fecha de cierre de u$s 145 por tonelada, de modo que al encontrarse las respectivas partidas, amparadas por la referida DJVE,y habiéndose exportando efectivamente un total de 10.335,44 toneladas de pellets de harina, no se advierte la existencia de diferencia alguna susceptible de configurar el tipo infraccional previsto en la norma citada.
Al respecto, ha de destacarse que en ninguna de las planillas figura una cantidad distinta a la corroborada por la autoridad de aplicación de modo tal que, en el caso, mal puede considerarse inexacta la declaración presentada, máxime cuando no se encuentra regulado el cumplimiento de determinadas formalidades a fin de tener por válidas este tipo de presentaciones, por lo que –a entender de quienes suscriben la presente– no se encuentra configurada la conducta que motivó el dictado de la RESOLUCIÓN N° 07/2018 (AD NECO).
IX.-) Que, por último, teniendo en cuenta la forma en que aquí se decide deviene inoficioso expedirse con relación a los agravios articulados respecto de la ausencia de responsabilidad del despachante de aduana.
X.-) Que, en tales condiciones, debe desestimarse el recurso intentado por la A.F.I.P.-D.G.A., con costas a su cargo (artículo 68, primera parte, del CPCCN). XI.-) Que, seguidamente corresponde ingresar al tratamiento de los recursos interpuestos con relación a la regulación de honorarios de fecha 13/12/2023. En tal cometido, cabe recordar que, mediante la regulación respectiva se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello, debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala, in rebus: “Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ E.N. - M° de Salud y Acción Social y otro s/ Juicios de Conocimientos”, sentencia de fecha 30/12/1997 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/ Baiter S.A.”, sentencia de fecha 2/04/1998, entre otras).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
XII.-) Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado – conf. Resolución n° 71/2018, lo resuelto con fecha 18/10/2023 y precedentemente–; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada desarrollada durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S., Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho; corresponde modificar los emolumentos, fijándolos en las sumas de pesos doscientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta con doce centavos ($233.430,12) –equivalente a 3,08 UMA–; pesos seiscientos mil doscientos cuarenta y ocho con ochenta y ocho centavos ($600.248,88) –equivalente a 7,92 UMA–, y pesos ochocientos treinta y tres mil seiscientos setenta y nueve ($833.679) –equivalente a 11 UMA– los de la Dra. Patricia Eugenia Feliciano y de los Dres. Adrián Marcelo Miguez y Julio Carlos Lascano, por la dirección letrada y representación de la actora y del despachante Javier Ibarguen, respectivamente (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b), 58 y ccdtes. de la Ley n° 27.423 – Decreto n° 1077/2017).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en las sumas de pesos setenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve ($75.789) –equivalente a 1 UMA–; pesos ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos con cincuenta centavos ($189.472,50) –equivalente a 2,50 UMA–, y pesos doscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y uno con cincuenta centavos ($265.261,50) –equivalente a 3,50 UMA– los emolumentos de la Dra. Patricia Eugenia Feliciano y de los Dres. Adrián Marcelo Miguez y Julio Carlos Lascano, respectivamente, por la actuación ‘supra’ indicada (arts.14, 16, 20, 21, 24, 29 inc. g, 30 y ccdtes. y citados de la Ley n° 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revistiera la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/ Colegio Públ. de Abog.”, sentencia de fecha 16/07/1996). ASÍ SE DECLARA.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por las razones que anteceden, este TRIBUNAL RESUELVE: 1º) rechazar el recurso interpuesto, con costas, y 2º) modificar los honorarios establecidos por la actividad desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación y regular los de esta instancia, conforme lo dispuesto en los considerandos que anteceden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia