Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.477-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2Revocar la Resolución N° 137/2013 en cuanto ha sido materia de agravio -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 544.264,50) con más los intereses devengados desde el 27/10/09 hasta la fecha del efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.)
3Imponer las costas conforme a los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-44089555-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A. c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” expte. Nº 33.477-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: A fs. 82/106 y vta. la firma actora interpone recurso de apelación contra la Resolución 137/2013 (SDGOAI) mediante la que se rechaza la repetición de derechos de exportación abonados –presuntamente- en exceso con relación al permiso de embarque (“PE”) 08040EC01000821C. Relata la recurrente que abonó derechos de exportación conforme lo previsto en el art. 6 de la ley 21.453, a la vez que registró una Declaración Jurada de Venta al Exterior (“DJVE”) con una alícuota más baja que la que liquidó el Sistema Informático María (“SIM”) por lo que el pedido de devolución se originó en la diferencia entre la alícuota “asegurada” por el art. 6 de la ley 21.453 y lo liquidado por el servicio aduanero.
Señala que la operación fue gravada con una alícuota superior a la comprometida en la DJVE porque la ONCCA informó a la Aduana -mediante las resoluciones 1487/2008 y 1898/2008- que la firma no habría demostrado la adquisición o tenencia de la mercadería a exportar. Entiende que la Aduana, en el marco del procedimiento de repetición, debió haberle permitido producir toda la prueba para demostrar el derecho que le asiste en lugar de la arbitrariedad con que rechazó el pedido de devolución. Señala que al momento del registro de la DJVE no existía norma alguna que exigiera la demostración de tenencia o adquisición de mercadería, requisito incorporado por la ley 26.351 tiempo después; en consecuencia, conforme el principio de irretroactividad de la ley, ella no podía estar obligada a cumplir con requisitos, en rigor, inexistentes al momento del registro de la DJVE.
Insiste en que la Aduana denegó el pedido de repetición sin posibilidad de producir prueba. Señala que la firma inició un recurso de reconsideración contra la Resolución ONCCA 1898/2008, que fue resuelto el 26.11.2010 y notificado por la también arbitraria Resolución ONCCA 5431/2010 el 23.12.2010. Ello así, indica, interpuso recurso de alzada, el que jamás fue resuelto. A la vez inició demanda contenciosa y por ello entiende que existe litispendencia o cuestión prejudicial y debe concluir el proceso contencioso antes de que se pueda resolver el fondo de la cuestión a fin de evitar la duplicidad de pruebas o el escándalo jurídico. Señala haber obtenido una medida cautelar a fin de que la DGA se abstenga de notificar determinaciones tributarias con sustento en la Resolución ONCCA 1898/2008.
Afirma que la aplicación de la alícuota menor surge evidente de lo establecido en el art. 6 de la ley 21.453, que es un régimen especial que le permite al gobierno asegurarse un flujo cierto de ingresos tributarios mientras que el exportador adquiere certeza sobre la carga tributaria al momento de la venta. Cita jurisprudencia y afirma que este Tribunal puede entender en la arbitrariedad de la aplicación que la ONCCA hizo de la ley 21.453. Afirma que la ley 26.351 introdujo modificaciones que desvirtúan la ley 21.453 y que no cumple con los estándares de razonabilidad. A todo evento afirma que la empresa contaba con la propiedad o tenencia de la mercadería vendida al exterior antes del aumento de las alícuotas de los derechos de exportación a los que refiere el art. 1 de la ley 26.351.
Entiende que existió violación al principio de legalidad tributaria y señala la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Resolución (ONCCA) 1898/2008. En sustento de sus afirmaciones, trae a colación antecedentes jurisprudenciales. Pretende que la devolución de los tributos abonados en demasía se efectúe en pesos en la cantidad necesaria para adquirir los dólares liquidados oportunamente por el SIM puesto que una solución contraria implicaría un enriquecimiento indebido del estado. Ofrece prueba, plantea el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: A fs. 115/126 contesta el traslado el representante fiscal quien, luego de la negativa procesal de rigor, efectúa una reseña de lo actuado en sede aduanera. Con relación a la excepción de litispendencia, afirma que la administración no activó ningún acto que pueda entenderse como de ejecución, procedimiento que, por otra parte, se encuentra reglado. Añade que el Fisco ha acreditado haber acatado la medida precautoria ante el Juez pertinente por lo que corresponde el rechazo de la excepción planteada. En cuanto al fondo, señala que la ley 26.351 tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la ley 21.453 ante el incremento de las alícuotas de los derechos de exportación de productos agropecuarios y evitar que se registren operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor en caso de que se aumenten los derechos de exportación ante un cambio normativo. Califica de coherente al sistema que exige que el exportador que tiene en su poder la mercadería o pueda adquirirla con anterioridad al incremento de las alícuotas. Cita jurisprudencia y afirma que no cabe el planteo de inconstitucionalidad ante esta instancia. Desconoce los montos reclamados por la recurrente toda vez que, según dice, no se corresponden con los que surgen de los despachos de importación (sic). Entiende inaplicable lo dispuesto en el art. 20 de la ley 23.905 para la devolución de lo percibido en demasía por el estado en demasía. Plantea el caso federal, ofrece como prueba los actuados aduaneros y solicita el rechazo de la apelación intentada y la confirmación del decisorio aduanero, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 127 se dispone la suspensión del trámite hasta tanto recaiga sentencia firme respecto de la causa “OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFyA c/ EN – ECONOMIA- s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. Nº 25716/2011). A fs. 143/144 la recurrente pone en conocimiento del tribunal que recayó sentencia en la causa referida y acompaña copia certificada por lo que se dispone una nueva suspensión hasta tanto dicha sentencia quede firme y ejecutoriada (fs. 145). A fs. 150/159 y vta. la recurrente solicita se resuelva por cuanto la sentencia recaída en el expediente 25716/2011 ha quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, toda vez que la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de la ONCCA.
Refiere al precedente Cencosud SA y a los intereses aplicables, para lo cual, sobre la base de jurisprudencia que cita, afirma que “la justicia ha intentado “compensar” la arbitraria injusticia que se deriva de las tasas impuestas por el Fisco en su beneficio pero en detrimento del capital de los contribuyentes”. Plantea cuestión federal y solicita se pongan autos a resolver. A fs. 176/185 y vta. reitera la presentación de fs. 150/159 y vta. y acompaña copia de las sentencias a las que refiere. A fs. 187 constituye domicilio electrónico y a fs. 193 reitera el pedido de resolución. A fs. 198 y vta. la recurrente aclara respecto del monto que intenta repetir y acompaña documentación que se agrega a fs. 194/197.
Elevados los autos a la Sala “E”, esta los pasa a sentencia a fs. *** IV.- Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: A fs. 1/13 de la Actuación SIGEA 13289-28652-2009 obra el escrito que da inicio al procedimiento de repetición que la firma recurrente interpone en fecha 27.10.2009, con relación a los derechos de exportación abonados en presunta demasía por la suma de USD 282.500 con relación al PE 08040EC01000821 C, cuya copia obra a fs. 14/18 y se agrega en carpeta original a fs. 138. La presentación se provee a fs. 87 y se notifica conforme constancia de fs. 88. Contra la denegatoria de la prueba, opone la recurrente revocatoria (v. Actuación Nº 13289-3749-2010). Se encuentran agregados las actuaciones SIGEA-13289-6640-2010, 13289-20654-2010 y 13289-1821-2011, en las que obra la prueba producida, el alegato, el dictamen del servicio jurídico 43/2013 (DV JRBB) y la resolución apelada, 137/2013 (SDG OAI).
A fs. 172ref/173ref obra constancia de la apelación ante este tribunal. Cabe señalar que a fs. 147 de las actuaciones obra la Nota 80/12 (SEC “C” AD NECO) que da cuenta de que la eventual diferencia a devolver ascendería a la suma de USD 169.500. Nótese que, según surge de la documentación que se agrega en autos, la recurrente puso en conocimiento del servicio aduanero la diferencia del monto a repetir pero tal actuación 13289-30763-2009 no fue acompañada por el Fisco (v. fs. 194/195).
V. Tratamiento de la excepción de litispendencia: Previo a todo corresponde señalar que resulta de la compulsa de los actuados aduaneros que los derechos de exportación relativos a la destinación 08040EC01000821C fueron liquidados conforme las alícuotas vigentes a la fecha de oficialización y no conforme la alícuota vigente al momento de registrarse la DJVE004741V (DJVE SAGYPA 00065811/2007) vinculada a la operación, registro que tuvo lugar el 22.10.07. Ello, en razón de que la ONCCA, mediante Resolución 1898/2008 Anexo I, informó que la firma recurrente no había acreditado, en la referida fecha del registro de la DJVE (22.10.07), la tenencia ni la adquisición de la mercadería por ella amparada y documentada en la destinación en vista, el 16.10.08. La recurrente pretende la existencia de litispendencia atento la tramitación de la demanda contenciosa contra el Estado Nacional (causa OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFyA c/ EN – ECONOMIA- s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. Nº 25716/2011) en la que se impugnó la validez de la Resolución ONCCA 1898/08.
Se configura la litispendencia cuando existe otro proceso abierto entre las mismas partes, por la misma causa y sobre el mismo objeto, que tramita ante un organismo jurisdiccional. La mera triple identidad de persona, objeto y causa fundamentaría el planteo y se evitaría que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo que acarrearía la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
De las copias certificadas obrantes en la causa se verifica la existencia de causa judicial contra las Resoluciones (ONCCA) 1898/2008 y 5431/2010 en la cual, el 9.12.14, se dispuso hacer lugar a la demanda y declarar la nulidad de la Resolución 1898/2008 en cuanto incluyó a la DJVE involucrada en estos autos en su Anexo I. Ello, con sustento en la jurisprudencia referida a la análoga Resolución ONCCA 1487/2008 que consideró que no se trataba de un mero acto preparatorio o informativo sino de un acto administrativo de alcance particular con efectos jurídicos directos sobre una pluralidad de sujetos -los exportadores incluidos en el Anexo I- y que la Resolución 1898/2008 carecía de motivación suficiente y no explicaba su causa, lo que afecta su legitimidad y lesiona el derecho de defensa de la recurrente, resultando arbitrario incluir sus DJVE en el Anexo I de la Resolución 1898/2008 (DJVE sin demostración de tenencia o adquisición de la mercadería). Asimismo se declaró la nulidad de la Resolución 5431/2010 que rechazó el recurso de reconsideración contra la Resolución ONCCA 1898/2008 por cuanto presentaba los mismos vicios que la Resolución ONCCA 1487/2008. La Sala IV de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia aludida el 18.08.16, la que se encuentra firme por haber rechazado la Corte Suprema el recurso de queja que la ONCCA interpuso contra ella. Toda vez que lo resuelto en la causa ilustrada en este considerando tiene incidencia directa en la presente, el planteo de litispendencia ha devenido abstracto y así debe declararse, sin costas.
VI. Decisión del caso: Que en cuanto al fondo de la cuestión no cabe más que aplicar al caso lo resuelto en los autos “OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFI y A c/ EN - M° ECONOMIA - ONCCA-RESOL 1898/08 y 5431/10 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” Expte Nro. 25.716/2011 y remitirse a los fundamentos expuestos en las sentencias allí dictadas con fechas 09.12.14 y 18.08.16 que a la fecha se encuentran firmes, habiendo operado la cosa juzgada material respecto a su contenido.
Según surge de las actuaciones administrativas que originaran la causa, la recurrente, en fecha 27.10.09, solicitó la devolución de lo abonado, a su entender indebidamente, en relación al PE08040EC01000821C vinculado con la DJVE 07001DJVE004741V. Debe aclararse que la recurrente originariamente solicitó que se le devolviera la suma de u$s 282.500, monto que luego rectificó y consignó u$s 169.500 (v. fs. 194/199, monto que coincide con el calculado por la Aduana, ver Nota 80/12 -SEC “C” AD NECO-, fs. 147 de las act. adm.).
La Aduana funda el rechazo de la repetición solicitada, en que la aludida DJVE se encontraba incluida en el Anexo I de la Res 1898/2008, cuestión que ha quedado zanjada en sede judicial en virtud de la demanda interpuesta contra la mencionada resolución y la 5431/10. Las sentencias dictadas en esos casos declararon nulas a las resoluciones de la ONCCA referidas y, especialmente, a la 1898/08 en lo que respecta a la inclusión de la DJVE en su Anexo I (DJVE con incumplimiento del requisito de tenencia o adquisición del art. 1 de la ley 26.351). Por ende, han quedado validados, con certeza judicial, los argumentos de la actora acerca de la aplicación al PE de la alícuota del 20% para determinar los derechos de exportación; tal alícuota era la vigente en la fecha de cierre de venta consignada en la DJVE vinculada a la operación involucrada en la causa (cfme. Art. 6 de la ley 21.453); tal DJVE no podría considerarse en incumplimiento del art. 1 de la ley 21.453.
Conforme lo resuelto por la Justicia Nacional Contencioso Administrativo Federal resulta procedente el pedido de devolución efectuado por la actora, más aún cuando no obra en la causa ninguna constancia que impida la aplicación del régimen previsto en la ley 21.453 al cual se había acogido la actora al documentar la DJVE involucrada en esta causa, toda vez que el único impedimento para ello era lo informado en la Resolución (ONCCA) 1898/2008 declarada nula.
VII. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior existe una diferencia entre la Aduana (fs. 125) y la actora (fs. 178/182) en cuanto a la moneda en la que deben devolverse los derechos de exportación cuya devolución se resolvió. Tal controversia tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14 (ver aquí:
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=7111951. No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, sentencia del 03.07.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/32261-A-03-07-19.pdf ); “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, del 21.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/38243-A-21- 08-19.pdf ); “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, del 30.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/30506-A-30-08-19.pdf ) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1- 1082 12085-APN-SGASAD#TFN, 18.10.22, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2022/12/EX-2021-108212085-AP N-SGASADTFN-18-10-2022.pdf) los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La expresión “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatorio- del párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero) y no habiendo divergencia entre las partes de que tales diferencias ascienden a la suma de U$S 169.500, esta es la suma de capital que corresponderá devolver, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
VIII. Resolución: En consecuencia corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar a la devolución de la suma de U$S 169.500, abonada por la recurrente en demasía, la que para su cancelación podrán convertirse a pesos conforme el tipo de cambio vendedor del día anterior a la fecha de su efectivo pago (ley 23.905, art. 20 segundo párrafo). Sobre dicho importe deberán computarse los intereses del art. 811 del CA desde el 27.10.09 -fecha de solicitud de devolución- hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2. Revocar la Resolución Nro. 137/2013 y hacer lugar a la devolución de la suma de Dólares Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos (U$S 169.500) la que podrá cancelarse en pesos en los términos del art. 20 segundo párrafo de la ley 23.905, con más los intereses del art. 811 del CA, que deberán calcularse desde el 27.10.09 hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que adhiero al punto 1 de la parte resolutiva del voto del Dr. Soria.
II. Que en cambio, disiento con el Dr. Soria, en cuanto a la moneda en que debe devolverse lo abonado indebidamente por la actora.
Que siendo que la recurrente reclama la devolución de una suma de dinero en dólares estadounidenses, cabe señalar que, al respecto resulta de aplicación lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/DGA”, sentencia del 15/05/14, que en su Considerando 7° sostuvo que “…los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago…”
Que, asimismo, en el Considerando 8° el Alto Tribunal indicó que “…el art. 809 del Código Aduanero que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares”.
Que considerando que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 de la Constitución Nacional y art. 14 de la Ley N° 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, corresponde aplicar al caso de autos el fallo citado precedentemente. Que, a los fines de la devolución de lo abonado indebidamente, debe tenerse en cuenta que la suma que la recurrente solicita que se le devuelva ha sido abonada en pesos (ver LMAN obrante a fs. 145 de las act. adm).
Que, en consecuencia, habiéndose realizado los pagos en concepto de derechos de exportación del permiso de embarque involucrado en pesos, dicha moneda es la que corresponde aplicar a los efectos de la restitución de los importes indebidamente percibidos. Ello, con más los intereses del art. 811 del C.A. que se devenguen desde la fecha de presentación de la solicitud de repetición (27/10/09) hasta su efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Adherir a lo dispuesto en el punto 1 de la parte resolutiva del voto del Dr. Soria.
2. Revocar la Resolución N° 137/2013 en cuanto ha sido materia de agravio -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 544.264,50) con más los intereses devengados desde el 27/10/09 hasta la fecha del efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.)
3. Imponer las costas conforme a los respectivos vencimientos.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto comparte la postura del Dr. Soria respecto al planteo de litispendencia, revoca la resolución 137/2013 –con los alcances señalados en su voto- y la forma en que decide respecto de la distribución de los gastos casuísticos.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 137/2013 en cuanto ha sido materia de agravio -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 544.264,50) con más los intereses devengados desde el 27/10/09 hasta la fecha del efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.)
3. Imponer las costas conforme a los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 59 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.04.19 18:45:18 -03:00 Date: 2023.04.20 11:06:40 -03:00 Hector Hugo Juarez Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.20 11:35:59 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.20 11:36:00 -03:00
Fin de la sentencia