Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.719-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD y los cargos números FE 70/2016 y 71/2016, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-54015083-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Mayo de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Hugo H. Juárez, con la presidencia de la Vocal mencionada en segundo término, para resolver en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A. c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” EX2021-
43821239-APN-SGASAD#TFN
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I.-Objeto del proceso: Determinar si la resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD de fecha 29.04.21, dictada por la directora de la Dirección Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas (“DGA”), en las actuaciones SIGEA 18011-40-2016, resulta ajustada a derecho. La referida resolución decidió rechazar el procedimiento de impugnación iniciado por la actora contra los cargos números FE 70/2016 y 71/2016, correspondientes a las destinaciones de exportación concretadas mediante los permisos de embarque (“PE”) 16057EC03000149Y (oficializado el 11.03.16) y 16057EC03000151H (oficializado el 11.03.16) por un monto de dólares estadounidenses ciento cincuenta y siete mil seiscientos noventa y ocho (U$S 157.698). El apoderado de la firma indica que al momento de oficializarse las destinaciones las alícuotas aplicables a la mercadería exportada, si se aplicaran las que pretende la Aduana, serían una nominal de 6,84% y una efectiva de 6,40%, cuando el derecho de exportación liquidado por el SIM y efectivamente pagado lo fue aplicando la tasa del 4,05%, correspondiente a la Posición Arancelaria (“PA”) NCM 3826.0000.
II. Fundamentos del recurso de apelación: El 17.05.21 OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.
interpone recurso de apelación previsto en el art. 1132 del CA contra la Resolución 2021-26-E-AFIP- DIVACD#SDGCAD (Expediente SIGEA 18011-40-2016). Relata que el 19.12.16 le fueron notificados los cargos FE 70 y 71/2016, que se corresponden con las destinaciones de exportación PE 16057EC03000149Y y 16057EC03000151H. Tales cargos fueron formulados por el servicio aduanero por diferencias tributarias originadas en supuestos cambios en las alícuotas aplicables a la mercadería exportada en el período marzo 2016 correspondiendo, según la página del Ministerio de Energía y Minería, una alícuota nominal de 6,84% y una tasa efectiva de 6,40% mientras que el derecho de exportación liquidado por el SIM fue oportunamente 4,05% correspondiendo a la PA 3826.0000 Código de ventaja D 1719/12 BEN.
Manifiesta que las liquidaciones suplementarias notificadas tienen su supuesto origen en la aplicación de los alícuotas móviles resultantes de la fórmula prevista en el decreto 1719/2012. Destaca que, las alícuotas que pretende aplicar el servicio aduanero no se encontraban cargadas en el SIM al momento de registrarse las destinaciones aduaneras cuestionadas. Recalca que su poderdante impugnó dichas liquidaciones argumentando las razones de su improcedencia y que el servicio aduanero confirmó los cargos impugnados, habilitando la presente vía. Seguidamente, el apoderado de la firma actora narra que el decreto 1719/2012 (B.O..20.09.12) procedió a modificar oportunamente la alícuota correspondiente a los derechos de exportación de la mercadería clasificada bajo la PA 3826.00.00.
A tal fin estableció una fórmula de cálculo, disponiendo que sería la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (“Unidad de Monitoreo” en adelante) la que establecería el valor de referencia y aplicaría la fórmula que allí se incluye. En ese orden de ideas, arguye, en primer lugar, la nulidad de los derechos de exportación creados por decretos o resoluciones ministeriales u órganos administrativos subdelegados, por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En segundo lugar, destaca que la fórmula implementada por el decreto 1719/12 (B.O 20.09.12) concluye en la aplicación de un alícuota móvil que atentaría contra el principio de certeza.
En tercer lugar, manifiesta que el cálculo tributario se formula en términos que resultarían secretos, ya que los mismos, serían determinados exclusivamente por la Unidad de Monitoreo, lo que controvertiría el principio de certeza; el contribuyente jamás podría “autoliquidarse” si el Fisco no le informa la alícuota, circunstancia que -a su entender- vulnera el principio de publicidad, establecido como obligación para las partes tanto en el acuerdo del GATT, como en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, tratados internacionales de los que la Argentina es parte. Finalmente, el letrado de la firma recurrente se agravia, en tanto entiende, que se vulneran el principio liberatorio del pago, toda vez que, habiendo su parte, determinado y pagado el impuesto utilizando la información provista por el propio Fisco a través del SIM, posteriormente se le pretende cobrar una diferencia tributaria consecuencia de que la alícuota cargada en el sistema “habría estado desactualizada”.
Destaca que no es objeto de la litis la cancelación por su representada, en tiempo y forma, de los derechos de exportación, reclamándose únicamente una potencial diferencia liquidada a posteriori por una supuesta diferencia de alícuota no informada. Seguidamente, ciñe su apelación al desarrollo de cada uno de estos argumentos. Entre otras cuestiones destaca que el decreto 1719/12 implementó una “fórmula” para el cálculo de los derechos que tenía como corolario un porcentual móvil que dependía de elementos variables y desconocidos por el exportador, circunstancia que atenta contra los principios de previsibilidad, previa publicidad, estabilidad y sencillez de cualquier política tributaria. Indica que la elaboración de la fórmula para el cálculo de la alícuota establecida en el artículo 1 del decreto se delega en la Unidad de Monitoreo.
Asevera que dicha Unidad no posee facultades legislativas para establecer gravámenes de la naturaleza de los derechos de exportación, como tampoco le han sido delegadas. Argumenta que solamente se le ha encomendado realizar el cálculo establecido por el decreto, pero lo cierto es que la Unidad de Monitoreo tiene a su cargo determinar el quantum de los elementos que serán considerados para el cálculo, así como notificar el resultado al que llegue. Esto último, en definitiva, implica que se ha subdelegado en esta estructura administrativa la facultad de determinar la cuantía del tributo. Añade que la ley 26.093 (Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles), citada en los considerandos del decreto 1719, nada dispuso respecto a la creación de un derecho de exportación a los biocombustibles, ni de un hipotético cambio de alícuotas de derechos de exportación ya creados y, menos aún, de delegar esas facultades al Poder Ejecutivo.
Afirma que no resultaría de aplicación al particular el decreto 1339/2012 en tanto se limita a modificar las alícuotas establecidas por el anterior decreto 509/2007. Señala que el decreto 509/2007, obtuvo una suerte de ratificación legislativa, al pasar por ambas Cámaras, pero no así el 1339/2012 ni el aquí cuestionado 1719/2012, que es el que determina la manera de cálculo de la alícuota. Concluye, en orden a la doctrina de la Corte Suprema in re “Camaronera”, que resulta inconstitucional que el Poder Ejecutivo haya fijado una nueva alícuota diferente a la del decreto 509/2007 como también que haya subdelegado en la Unidad de Monitoreo el cálculo de las alícuotas respectivas. Sostiene que el artículo 728 del Código Aduanero (“CA”) establece que, a los efectos de la liquidación de los derechos y demás tributos que gravaren la exportación, serán de aplicación la alícuota vigente en las fechas indicadas en los artículos 726 y 727.
Agrega que, la alícuota del tributo debe ser la alícuota vigente al momento del registro del permiso de embarque, salvo las únicas excepciones del artículo 729 del Código y la de la ley 21.453, que no son de aplicación en el presente caso. Afirma que la fórmula y el procedimiento de cálculo, vulneran el principio establecido en el referido art. 728, debido a que la alícuota que pretende aplicar el fisco no estaba vigente, no era conocida, ni se encontraba publicada ni cargada en el sistema al momento del registro de los permisos de embarque. Agrega que, aún “vigente” la fórmula -el régimen tributario- cuyos términos debía conformar la Unidad de Monitoreo, al no encontrarse cargada en el SIM ni publicada en el Boletín Oficial la supuesta alícuota móvil “nueva”, carecía de virtualidad para obligar a su mandante.
Seguidamente, cita doctrina respecto a las características de las alícuotas móviles. Describe que el establecimiento de alícuotas móviles, más cuando los elementos de la ecuación quedan librados a la fijación de guarismos secretos, atenta abiertamente contra el principio de certeza que debe regir la relación fisco-contribuyente. Por otra parte, esgrime que el secretismo que impone el mecanismo de cálculo, en el que la Unidad de Monitoreo mediante “reuniones privadas” determina el precio de referencia y los costos, atentaría contra el principio de publicidad establecido en el Art. X del Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles del GATT (1994) de cumplimiento obligatorio para la Argentina y de jerarquía supra legal.
Lo anterior, asimismo, violentaría el principio de publicidad de la información previsto del artículo 1º del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, ratificado por la Argentina. De manera subsidiaria, respecto de la diferencia suplementaria intimada solicita sea de aplicación el principio liberatorio del pago. Cita las resoluciones conjuntas -de fecha 07.08.12- 438/2012, 269/2012 y 1001/2012, dictada por los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Industria y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de donde surgiría que la modificación de las alícuotas y la fijación de los valores de referencia deben ser informados de inmediato a los “organismos correspondientes” –AFIP-DGA- para que se pueda adaptar el SIM y realizar los controles “ex-ante” que se disponen.
Arguye que resulta contrario al principio liberatorio del pago el hecho de que casi dos años después de haber sido liquidados por el Fisco los derechos de exportación, y realizado su pago, se le comunique la existencia de supuestas alícuotas diferenciales que no estuvieron incorporadas en tiempo oportuno al SIM, ni de las cuales existió publicidad previa. Asevera que, en las operaciones impugnadas, cada destinación aduanera fue debidamente registrada en tiempo y forma y sus derechos pagados conforme a la alícuota que en cada caso liquidó el Sistema Informático María de la Aduana (en adelante el “Sistema María”). Entiende que resultan improcedentes tanto los cargos suplementarios de tributos como sus accesorios, esto es el eventual interés que podría suponer el plazo que demande este proceso impugnatorio, lo que deja también planteado.
Estima que debe aplicarse a autos la doctrina asentada en el fallo de este tribunal en la Causa 28.136-A, “Biocardales c/DGA s/Apelación”, Sala E, sentencia del 24.10.11 y demás jurisprudencia concordante. Argumenta que el error o la omisión del Fisco en la carga de datos para obtener una correcta determinación del impuesto no puede ser opuesta al exportador de buena fe que canceló el tributo en tiempo y forma, conforme la liquidación del Fisco. Que la buena fe del exportador no puede cuestionarse toda vez que, quien calculaba el derecho utilizando información confidencial y no pública, era el propio estado. Destaca que el exportador no contaba con ningún dato que le permitiera saber que la alícuota informada por el SIM no era correcta en orden a la fórmula que el propio Estado debía utilizar para el cálculo, utilizando, reitero, precios que eran fijados por la Unidad de Monitoreo en reuniones reservadas y cuyas actas no tenían publicidad.
Destaca que el servicio aduanero reconoce expresamente su propio error en diversas afirmaciones de la resolución atacada, lo que llevaría a la certeza de que la alícuota pretendida por el servicio aduanero fue determinada con posterioridad a la verificación del hecho imponible, circunstancia inoponible a cualquier cambio posterior al pago y/o a su mandante. Finalmente, se opone a la aplicación al particular del “Basso SA (TF 24.888- A) c/DGA”, sentencia de la Corte Suprema del 27.08.13, por las razones que detalla. Alega que mal podía suponer el exportador que la alícuota cargada en el SIM era una alícuota diferente a la que correspondía. Aduce que el documentante no puede elegir entre diferentes alícuotas disponibles, o entre diferentes regímenes tributarios opcionales, sino que el SIM, a partir la posición arancelaria consignada, calcula automáticamente el tributo a pagar.
Reitera que, dadas las circunstancias, resultaría imposible para su mandante conocer la correcta alícuota a aplicar. Manifiesta que solicitó al servicio aduanero que aportara las actas y/o comunicaciones en las que obraran las decisiones de la Unidad de Monitoreo y nada se ha acreditado al respecto en autos. Sostiene que el cálculo de la alícuota respectiva no estaba sujeto o relacionado a la previa experiencia, habilidad o pericia del contribuyente que debía el guarismo respectivo. Manifiesta que el servicio aduanero pretende trasladar la responsabilidad a la firma actora, que pesaba sobre el propio Fisco, cuando el exportador desconocía (i) que la alícuota cargada en el SIM no estaba vigente; y (ii) el precio de referencia y el costo calculado por la Unidad de Monitoreo para hacer cualquier cálculo.
Concluye que, cancelado el tributo en esos términos se ha producido la liberación por la deuda que se le reclama. En relación a los intereses entiende que es de aplicación el precedente de la Corte Suprema en autos “IKA – Renault S.A.I.C y F. s/ apelación” (Fallos: 304:203), sentencia del 25.02.82. Respecto de la tasa de interés utilizada por el Fisco para calcular el interés, advierte que en las presentes actuaciones se reclama el pago de liquidaciones suplementarias de tributos determinadas en dólares estadounidenses, según lo establece el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18.02.1991). Por último, ofrece prueba, realiza la reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita se haga lugar al recurso de apelación, con costas.
III. Contestación del traslado: La representación fiscal contesta el recurso de apelación con fecha 15.07.21 mediante la IF -2021-63381428-APN-DTD# JGM. El 04.08.21, mediante F-2021-70537229-APN-DTD#JGM, acompaña los antecedentes de la causa SIGEA 18011-40-2016. En el Capítulo III de su contestación realiza un relato de los antecedentes de la causa. Seguidamente, cumpliendo el imperativo legal, en el Capítulo IV niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho, documentación y/o copias que contenga el recurso de apelación que no sean objeto de expreso reconocimiento, o que no surjan de la prueba documental. En el Capítulo V.1 refiere, en primer lugar, a los antecedentes normativos e invoca los arts. 726, 728 y 792 del C.A. y el decreto 1719/2012 (B.O. 20.09.12), de los que transcribe su parte pertinente.
Relata que la normativa vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones involucradas en autos era el decreto 1719/12 (BO: 20.09.12), donde se establece el régimen de alícuotas móviles, no pudiendo la firma actora desconocer sus términos. Narra que al proceder el área técnica a realizar un análisis comparativo entre las alícuotas de Derechos de Exportación que surgen de las oficializaciones de los PE de marras con los porcentuales publicados por el Ministerio de Energía y Minería en su página oficial (www.energía.gob.ar), resultaron discrepancias entre las alícuotas, procediéndose consecuentemente a efectuar los cargos suplementarios. Destaca que las alícuotas aplicadas en las operaciones involucradas eran inferiores a las que correspondían para la PA (NCM) 3826.00.00 (Biodiesel), conforme las pautas establecidas en el decreto 1719/12.
Reconoce que la recurrente liquidó conforme la alícuota cargada en el SIM a la fecha de oficialización de las destinaciones, la que no habría tenido vigencia para esa quincena. Destaca que el hecho de que el SIM no hubiese liquidado los derechos en forma correcta se debió a razones de carácter operativo y demoras no imputables al servicio aduanero, como lo indica el área técnica mediante Nota (DV MINC) 417/2019 (ver fs. 50/53 de los antecedentes administrativos), estableciendo que la recurrente (…)“…dado el especial saber que posee acerca de la alta volatilidad de los precios internacionales del aceite de soja (principal insumo) y del biodiesel, pudo haber proyectado el cambio de alícuotas y, al momento de tomar efectivo conocimiento de la misma, haber rectificado su declaración y abonar la diferencia de tributos”.
Además, agregó que: “No corresponde limitar las facultades del fisco en materia de control de operaciones aduaneras, por el mero hecho de una demora en la carga en el Sistema de la alícuota aplicable, alícuota que –la actora- podría haber previsto por el especial entendimiento que el exportador tiene del mercado”. Entiende que, por tales motivos, resultó procedente la generación de los cargos, atento que la alícuota aplicable es determinada por la normativa que rige en ese momento (conforme establece el artículo 726 del CA) -en este caso el Decreto 1719/12- y no por su carga en el SIM. Reitera que la firma actora no podía desconocer la normativa vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones.
Es decir, debía saber que existía la posibilidad que dicha alícuota fuera ajustada, asumiendo ella el riesgo de realizar con la oficialización de los PE un pago inferior al resultante de la carga en el SIM de la nueva alícuota, y que consecuentemente, pudiera dar lugar a una liquidación suplementaria de tributos en virtud de haber realizado un pago inferior al debido. Recalca que los cargos fueron formulados tienen su fundamento en el artículo 79, apartado 2, inciso d) del decreto 618/97 y los artículos 348 y 1018, apartado 2 del CA, y ello en modo alguno conlleva a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie (Conf. C.N.A.C.A.F. Sala II in re: “Basso S.A.
(TF24888-A) c/ D.G.A.” del 7.12.10). Agrega respecto a ello, que el Sr. Procurador Fiscal en su dictamen de fecha 18.04.12 en la causa “BASSO” referida sostuvo que: “(…) Cabe agregar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el art. 793 incs 1 y 2 del C.A.., los cambios de criterios impositivos en materia aduanera –en principio- rigen para el futuro, ello no obsta a las facultades del organismo de revisar documentos cancelados y formular cargos cuando se verifiquen “errores de cálculos o liquidación”, supuesto verificado en la especie (Fallos: 305:283). Manifiesta que la cuestión a discurrir no radicaría en cambio de interpretación general de la legislación tributaria (lo que está prohibido por el artículo 793 del CA), sino frente a una carga tardía en el SIM de la alícuota correspondiente conforme la fórmula de cálculo vigente en los términos del Decreto PEN 1719/12.
Se refiere al precedente de la CSJN en la causa “BASSO S.A. C/DGA S/APELACION” (TF N° 24.888-A)”, del 27.08.13, en la que la Corte declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto y confirmó la sentencia apelada. Relata que para ello tuvo en consideración el dictamen mencionado seguidamente que, entiende, resultaría aplicable al presente caso: “(…) no se trata (…) de la modificación de un “criterio interpretativo” sobre la gravabilidad o no de una determinada mercadería, o sobre su clasificación a los fines arancelarios, u otra cualquiera de las posibles hipótesis ocurrentes en que sea preciso “interpretar” la realidad jurídica encerrada en un concepto que ha menester de ella (conf. Fallos 318:1750), sino de un error de liquidación, producido por la aplicación directa de una fórmula que omitía contemplar uno de los conceptos que debían ser tenidos en cuenta (…) entiendo que la tesitura adoptada por la DGA con el dictado de la IG 1/06 es la legalmente debida, en cuanto ordena a sus dependencias que se reclame de aquellos beneficiarios que corresponda la devolución de la suma que fue abonada en demasía....”.
(Conf. Dictamen Procurador General de la Nación N° 657/2012,18.04.2012, en autos (TF N° 24.888-A “BASSO S.A. C/DGA S/APELACION”). Afirma que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de cada operación, y en el caso, el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde. Esgrime que, en el caso de autos, mediante los cargos formulados, se trató de ajustar la realidad de las operaciones a la legislación aplicable. Destaca que conforme lo previsto en el artículo 792 del CA: “(…) el pago no extingue la obligación aduanera cuando su importe fuere inferior al debido (…)”. Asevera que, en autos, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía, en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, no tuvo virtualidad para producir el “efecto liberatorio” cuya aplicación persigue la recurrente.
Seguidamente se refiere a la posibilidad de rectificación por el propio declarante cuando resultare procedente, y también la facultad que posee la Aduana para formular cargos y reajuste cuando son procedentes, no afectando ello el principio de inalterabilidad de la declaración (cfme. lo dispuesto por el artículo 322 del CA). Se opone al efecto liberatorio del pago invocado por la actora. Sostiene que no cabe asimilar lo ocurrido en autos a un supuesto en el cual la contraria podía entender que con el pago se extinguía la obligación tributaria. Menciona que la CSJN ha establecido que “(…) Sólo cuando el contribuyente ha oblado el impuesto de conformidad con la ley en vigencia al momento en que realizó el pago, queda éste, por efecto de su fuerza liberatoria, al amparo de aquella garantía, que se vería afectada si se pretendiese aplicar una nueva ley que estableciera un aumento para el período ya cancelado.
(…) Los impuestos no son obligaciones que emergen de los contratos: su imposición y la fuerza compulsiva para su cobro son actos de gobierno y potestad pública (…)” (Conf. Ángel Moiso y Cía. S.R.L.1981T. 303, P. 1835). En igual sentido “Unola de Argentina Ltda. c/ Y. P. F. y BANADE s/ contrato de obra pública”, 06/10/1998 T. 321, P. 2683, “De Milo, Ernesto N. c/ Nación. Kremer y Kramer Hnos. c/ Nación”, Fallos:288:279; 291:359; 299:93; 303:1835). Por lo expuesto, solicita se rechace del recurso de apelación de la recurrente y se confirme en su totalidad la Resolución N° RESOL-2021-26-E-AFIP- DIVACD#SDGCAD objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la actora. En el Capítulo V.2. opone sus argumentos sobre la inaplicabilidad del fallo “Camaronera Patagónica”.
Por los fundamentos que expone, solicita se rechace el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la actora en el sentido expuesto, con costas. En el Capítulo V.3. se refiere a los agravios sobre la falta de publicidad de la alícuota y de la publicación de las Actas de la Unidad de Monitoreo (Resolución Conjunta - “RC”- 438/2012 del MEyFP, RC 269/2012 del MI, y RC 1001/2012 del MPFIyS, todas de fecha 07.08.2012; art. 2 del decreto 1719/12, BO: 20.09.12). Señala que dicha publicación no se encuentra en cabeza del Servicio Aduanero. En relación a la alícuota sostiene que la Aduana solamente debe ser informada de ella para proceder a su carga en el SIM, sin que corresponda a AFIP- DGA hacer publicación alguna al respecto.
(conf. art. 2. del decreto 1719/12). Sostiene que la recurrente desconoce la actuación de la Unidad de Monitoreo. Finalmente, destaca que las alícuotas aquí involucradas fueron publicadas en la página oficial del Ministerio de Energía y Minería (www.energia.gob.ar), y que la constancia de consulta efectuada luce agregada a fs. 3 de las actuaciones administrativas 1811-40-2016. Señala que las resoluciones de la Unidad de Monitoreo mediante las cuales se fijaban las alícuotas para la mercadería en trato eran debidamente publicadas en el Boletín Oficial, permitiendo su publicidad y consulta por parte de los exportadores (ej. Resolución 1725/2012 de la Secretaría de Energía, BO: 02.10.12). Solicita se rechace el agravio de la actora en relación a la publicidad de la alícuota y la afectación al principio de certeza, con costas.
En el Capítulo V.4. se refiere a los agravios de “Tipo de moneda e intereses aplicables al reclamo tributario” señala: (i) Moneda en que deben liquidarse los tributos aduaneros; refiere que según lo establecido en los artículos 641 y 734 del CA, los derechos de importación y exportación consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería objeto de la operación, cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera; por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda (o, de acuerdo con los artículos 660 y 752 del CA, en obligaciones de pagar una cantidad fija de la moneda que se indique por unidad de medida). Es decir, no se trata de obligaciones de pagar moneda nacional sujeta a cláusulas de ajuste.
Cita la doctrina del fallo de la Corte Suprema “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ DGA” (S.C. V. 312, L.XLV) donde, destaca, el Alto Tribunal concluyó que los importes de las (…) “…determinaciones tributarias aduaneras suplementarias” deben ser calculados en dólares hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del CA. Sobre (ii) Tasa de interés aplicable - Procedencia del cómputo de intereses. Cita la parte pertinente de los arts. 794,795 y 796 del CA. Afirma que de dicha normativa se desprende que una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, el deudor debe pagar, juntamente con aquellos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, y dicha tasa de interés, que se devenga desde la fecha que señalada el artículo 794, es la que ha fijado la Secretaría de Hacienda.
Arguye que la Corte sostuvo que la tacha de inconstitucionalidad basada en la cuantía excesiva de las tasas de interés fijadas por la autoridad administrativa debe desestimarse a falta de una clara demostración del perjuicio sufrido (Fallos: 307:531 y 1656). En Fallos: 329:1506 la Corte examinó los intereses de deudas fiscales de los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, y esta última disposición no prevé, como sí lo hace el artículo 796 del CA, la posibilidad de eludir el devengamiento de intereses mientras se cuestiona la deuda, garantizando el importe discutido con un depósito en efectivo. Sugiere que una solución distinta a la que se propone conduciría a sustituir el régimen legal vigente por aquél que el recurrente estimara más conveniente.
Recuerda que la propia Corte, en Fallos: 307:1656, con remisión al dictamen del Procurador General, sostuvo que “los intereses cuestionados se devengan como consecuencia de la propia conducta discrecional del deudor, toda vez que éste no ha alegado circunstancias extraordinarias que impidan el pago oportuno de las sumas adeudadas”. Por lo mismo, entiende que tampoco puede prosperar el agravio relativo a la afectación de su derecho de defensa y de tutela judicial efectiva, porque las consecuencias patrimoniales de optar por impugnar las liquidaciones suplementarias, pudieron mitigarse si la actora no se hubiera desentendido del resultado final del pleito durante su transcurso; lo que reafirma que la declaración de inconstitucionalidad pretendida no es indispensable (Conf.
C.N.A.C.A.F. en autos “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28419-A) c/D.G.A. s/ Aduana Tribunal Fiscal”, expediente Nº 103/2013 y “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28202-A) c/ D.G.A. s/Recurso Directo de Organismo Externo”, expediente Nro. 22986/2012, sentencias del 14/02/2017 y 13/07/2016 respectivamente). Agrega que, en materia tributaria el Alto Tribunal ha sostenido que: “No puede perderse de vista que acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de la tasa de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MeyP) y 841/10 (MEyFP), o aplicar una tasa no vigente (…) implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente.
En efecto, la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico” (Conf. CSJN, Fallos 308:2246 y sus citas; 311:1252, espec. Consid. VII y sus citas). Concluye que la recurrente no logra demostrar fehacientemente la “ilegitimidad” que alega respecto de la tasa de interés aplicable, máxime teniendo la posibilidad de hacer uso de la facultad prevista por el ordenamiento aduanero (artículo 796 C.A.).
En respuesta al pedido de la actora de que no se apliquen intereses durante la tramitación de las actuaciones administrativas, destaca que si la firma no utilizó el derecho que el régimen aduanero le otorgaba y optó por esperar hasta que se resolviese la impugnación y -posteriormente- la presente apelación, mal puede pretender eximirse de las consecuencias que su conducta provocó. Expone que este criterio, fue el sostenido por el Tribunal Fiscal en autos “Color Living S.R.L. c/ D.G.I. s/ Recurso de Apelación”, Sala F, sentencia del 31.08.15. Reitera que la obligación tributaria aduanera se determina en dólares estadounidenses y que las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias serán las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía vigentes en cada momento de la obligación tributaria, conforme lo prevé el CA, disposiciones de una reglamentación específica que desplazan a las disposiciones de carácter general.
Afirma que los argumentos esgrimidos por la recurrente no habilitan a apartarse de la aplicación ineludible de las normas de carácter federal (la ley 23.905, el artículo 794 y ss. del CA y sus normas reglamentarias) y de las tasas de interés vigentes en cada momento de la obligación tributaria. Aclara que la Resolución 598/2019 (B.O. 18.07.2019) del Ministerio de Hacienda invocada por la actora no resulta aplicable retroactivamente, por cuanto en su texto se establece expresamente que la misma entrará en vigencia el día posterior al de su publicación y surtirá efectos desde el 01.08.19 y que a las obligaciones vencidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma “se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que éstos alcancen”.
Por ello, entiende que, corresponde la aplicación de la Resolución Ministerial 314/2004 (BO: 03.05.04) y desde el 1º de agosto de 2019 la Resolución 598/19 (BO: 18.07.19), solicitando el rechazo de los agravios de la recurrente, con costas. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y, finalmente, solicita se rechace del recurso de apelación y se confirme la resolución apelada, con costas.
IV.-Proceso en el Tribunal Fiscal: Que, cumplida la intimación de fecha 16.07.21 por la Aduana, de las actuaciones administrativas se corrió vista a la actora con fecha 06.08.21 y se abrió la causa a prueba por el término de sesenta (60) días (PV-2021-71175405-APN-VOCXIII#TFN). Producida la prueba, el 06.10.21 se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “E” (PV-2021-95366523-APN- VOCXIII#TFN). En fecha 21.03.22 (IF-2022-26912736-APN-VOCXIII#TFN) se ponen los autos para alegar, los que se presentan el 30.03.22 (la actora, mediante el IF-2022-30441219-APN-DTD#JGM) y el 07.04.22 (la demandada, mediante el IF-2022-33883318-APN-DTD#JGM). El 12.04.22 pasan los autos a sentencia.
V. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: A fs. 1/2. de las Actuaciones Administrativas SIGEA 18011-40-2016, con fecha 16.12.16, la División Minera y Combustibles del Departamento Gestión de Fiscalización de Exportación, elabora Informe Técnico 26/16 (DV MINC), de fiscalización respecto de las destinaciones de exportación Permisos de Embarque (“PE”) 16057EC03000149Y (Of. 11.03.2016) y 16057EC03000151H (Of. 11.03.2016), en el marco del Decreto 1719/12 (B.O: 20.09.12). El área técnica procedió a realizar un análisis comparativo entre las alícuotas de Derechos de Exportación (“DE”) que surgen de la oficialización de las referidas destinaciones con las publicadas por el Ministerio de Energía y Minería en la página oficial (www.energia.gob.ar). En virtud de las diferencias verificadas en las alícuotas se formularon los cargos FE 70/2016 (U$D 15.769) y FE 71/2016 (U$D 141.929). A fs. 13/20, la firma OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I. interpone recurso de impugnación contra los cargos formulados. A fs. 28 se tiene por presentada a la firma, por deducido el recurso y se abre la causa a prueba. A fs.50/53, luce Nota 417/19 (DEV MINC) reiterando allí que las alícuotas aplicadas en los PE 16057EC03000149Y (Of. 11.03.2016) y 16057EC03000151H (Of. 11.03.2016) son inferiores a las que correspondían para la P.A. NCM 3826.00.00 (Biodiesel) en el marco del decreto 1719/12 (B.O. 20.09.2012). A fs. 54 se ponen los autos para alegar. A fs. 58/64 obra alegato de la firma exportadora. A fs. 66/71, con fecha 29.04.2021, la directora de la Dirección Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas dicta la Resolución Nro. 2021-26- E-AFIP-DIVACD#SDGCAD, apelada en autos.
VI. Cuestiones a resolver: Previo a ingresar en la resolución del caso cabe recordar que, en la decisión de las causas, los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino solamente a aquellas que sean conducentes para la adecuada resolución del caso. En tal sentido, no se dará tratamiento aquí a la impugnación de la actora respecto a la inconstitucionalidad de las alícuotas que pretende aplicar la Aduana sobre la posición arancelaria del biodiesel, aplicando el precedente de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica”.
Siendo la más delicada función encomendada a un tribunal de justicia, la declaración de inconstitucionalidad resulta admisible solamente cuando se erige como la consecuencia ineludible del recto pronunciamiento que el caso requiere (Fallos: 252:238; 260:153), encontrándose sometida a severos requisitos formales y sustanciales. El control de constitucionalidad es la ultima ratio de la función judicial. Desde su primera época, el Máximo Tribunal ha establecido, como guía férrea de praxis para los tribunales federales inferiores, que si éstos: “(…) pudieran juzgar el método intrínseco de las leyes y de su justicia en abstracto, saliendo de sus atribuciones -que son ius dicere, no ius condere: juzgar sobre las leyes y no juzgar de las leyes- quedarían sobrepuestos al Poder Legislativo, cuyas resoluciones podrían diariamente invalidar a pretexto de que no eran ellas conformes a la justicia, viniendo a tener al fin, contra las disposiciones expresas de la Constitución que integran …la parte más importante en su sanción, que necesitaría obtener en tal caso, la final aprobación de los jueces para adquirir su fuerza obligatoria (Fallos: 10:427, considerando octavo. Causa LXXXVII: “Don José Caffarena contra el Banco Argentino del Rosario de Santa Fé, por conversión de billetes”, sentencia del 21 de septiembre de 1871 suscripta por Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Marcelino Ugarte).
El ejercicio indiscriminado del control de constitucionalidad tiende a fomentar la arbitraria práctica judicial, impropia de un tribunal técnico como el Tribunal Fiscal, de decidir las causas en abstracto, mediante la aplicación de fórmulas conceptuales, que pueden resultar desasidas de los hechos y derecho inmediatamente aplicables al caso. Como sostiene la Corte las consideraciones genéricas resultan ineficaces para sustentar las decisiones, siendo tal praxis una denegación del adecuado servicio de justicia (Fallos 318:495, “Concordia Refrescos S.A. c/Provincia de Entre Ríos”). En definitiva, el control de constitucionalidad debe ejercerse del modo en que fue secularmente ejercido por la judicatura federal, conforme las reglas de auto-restricción que siempre han imperado, y que reservan la función final de dicho control a la Corte Suprema (ver considerando XIII del precedente “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DGA s/ apelación”, Expte. Nº 36.719-A, de fecha 02.12.19).
VII. Decisión del caso: Dicho lo anterior corresponde resolver la controversia traída a decisión, que consiste en determinar si son válidos los cargos números FE 70/2016 y 71/2016 correspondientes a las destinaciones de exportación Permisos de Embarque (“PE”) 16057EC03000149Y y 16057EC03000151H. La actora sostiene que deben aplicarse a dichas operaciones de exportación las alícuotas que proveía el Sistema María al momento de oficializarse las destinaciones (4,05% correspondiente a la Posición Arancelaria (“PA”) NCM 3826.0000 Código de ventaja D 1719/12 BEN), mientras que la Aduana opone, generando los cargos en discusión, que deben aplicarse las alícuotas más altas, publicadas por el Ministerio de Energía y Minería (que son una nominal de 6,84% y una tasa efectiva de 6,40%).
VII.1. Cuestiones conceptuales relevantes: En esta discusión, previo a todo, conviene recordar algunos conceptos fundamentales que hacen a la determinación tributaria, por su innegable relevancia para los sistemas normativos que la regulan.
En primer lugar, la determinación tributaria puede legislarse en relación a cada tributo como: a) un sistema de autodeterminación (ejemplo clásico es el impuesto a las ganancias); b) de determinación por el fisco (ejemplo clásico es el impuesto inmobiliario) o, c) como un sistema de determinación mixto, donde fisco y contribuyente, de modo conjunto, configuran la obligación tributaria. Ejemplo de este último supuesto son, precisamente, los derechos de exportación del presente caso. El elemento alícuota, esencial para determinar los derechos, resulta provisto por el fisco al contribuyente a través del Sistema María, así como, por oposición, otros elementos -precio base de la transacción- son aportados por el contribuyente para la determinación del derecho, pues responden a la realidad comercial propia de su esfera. En rigor, ningún sistema de determinación tributario es “puro” y, siempre suele verificarse que algún elemento de la obligación tributaria (que puede ser esencial o no) queda a cargo de la parte opuesta -en la relación fisco-contribuyente- respecto a la que tiene la carga principal de determinación del tributo; puede también que alguno de esos elementos se encuentre en cabeza de un tercero extraño a la relación fisco-contribuyente, en cuanto tal sujeto se encuentre legalmente calificado para intervenir al acaecer el hecho imponible. La alícuota de un tributo es uno de sus elementos esenciales; lo cuantifica, con independencia del impuesto que, en definitiva, resulte a pagar.
En segundo lugar, no debe perderse de vista el elemento temporal del hecho imponible que, en general y en el caso de los derechos de exportación, tiene como carácter definitorio su naturaleza instantánea. Es en ese momento -y no en otro- en el que actúan los diversos sujetos que, legalmente calificados, concurren al acto determinativo; por lo general, únicamente el contribuyente y el fisco. En lo que resulta relevante para este caso, es en ese momento en que se aplica la alícuota que grava la operación de exportación, alícuota que es, actualmente, la provista por la Aduana al exportador (mediante el SIM) para determinar los derechos aplicables. En tercer lugar, ligado a lo anterior, en la distribución de las tareas determinativas entre cada sujeto de la relación -el fisco por un lado y el contribuyente por el otro-, cada uno de ellos debe cumplir con sus cargas propias, no pudiendo delegar -o hacer responsable- al otro por las tareas que le competen.
Lo dicho no resulta más que un corolario del principio de equilibrio en la relación fisco-contribuyente. Obtenido el resultado mediante cualquiera de los sistemas de determinación (autodeterminación, determinación por el fisco, o mixto), esto es, liquidado el tributo, todos los sistemas tributarios establecen, implícita o formalmente, el carácter provisorio del tributo determinado (con independencia de su efectivo pago). Tal carácter provisorio del tributo determinado es el corolario jurídico de los fundamentales principios de solve et repete, de legalidad del tributo y de exactitud de la renta fiscal. Esto es así porque el tributo determinado siempre puede ser revisado, dentro de los plazos legales de prescripción, tanto por el fisco como por el contribuyente, bajo los respectivos procedimientos de determinación de oficio (liquidación suplementaria, en la terminología del CA) o de repetición.
En tal sentido, todos los tributos, determinados -por el fisco, por el contribuyente o por ambos- son también cancelados de modo provisorio, provisoriedad que dura hasta que transcurran los plazos de prescripción de las acciones respectivas del fisco y del contribuyente para determinarlos de oficio o repetirlos. De ocurrir tales circunstancias debe tenerse claro que, tanto la actividad ulterior del fisco -al determinar de oficio- como la del contribuyente -al repetir-, no son más que nuevos procesos de naturaleza determinativa en los que, ante las diferencias entre los sujetos esenciales de la obligación tributaria, interviene un tercero que, en última instancia, configura su actuación mediante el dictado de una sentencia judicial que hace cosa juzgada, y que fija la cuantía, exacta y definitiva, del impuesto.
Solamente en ese momento puede decirse que el pago del tributo tiene eficaz efecto cancelatorio o liberatorio. Este procedimiento determinativo jurisdiccional, conceptualmente ulterior a la determinación inicial, puede llegar a las conclusiones alternativas (y es lo que sucede) de que: a) se determinó ab initio de modo correcto el tributo; 2) no se determinó correctamente y es el suplementariamente determinado por el fisco el que resulta conforme a derecho, o que; 3) ni el contribuyente ni el fisco determinaron correctamente el tributo, determinándose judicialmente. Es en el sentido expuesto en que debe entenderse que todo pago de un tributo es provisorio, en cuanto subordinado a un eventual proceso ulterior de naturaleza determinativa.
Sin embargo, tal proceso ulterior no significa que no pueda confirmarse, en ese marco determinativo, la exactitud o corrección del pago provisorio del contribuyente en el momento en que determinó el tributo y lo canceló, en cuyo caso queda convalidado que tal pago tuvo efecto liberatorio del impuesto desde aquel momento inicial, consistiendo la labor jurisdiccional en un proceso meramente declarativo sobre aquella correcta determinación primigenia. El pago del tributo no tiene efecto liberatorio porque se realiza conforme el resultado del proceso determinativo inicial, sino que, cuando el proceso determinativo inicial ulteriormente se verifica como correcto -por la labor jurisdiccional- tal pago posee efecto liberatorio desde el mismo momento de la cancelación originaria del tributo.
VII.2. Tratamiento de los argumentos de la Aduana: Clarificados los fundamentos conceptuales expuestos, la resolución de este caso provendrá, primariamente, del examen de los argumentos de la Aduana. Tales argumentos, confrontados con aquellos fundamentos, arrojarán, para este caso, la interpretación recta de las normas del CA que invoca la Aduana para fundamentar sus cargos.
Los arts. 726 y 728 del Código Aduanero: El primer argumento de la Aduana consiste en sostener que corresponde aplicar las alícuotas fijadas por la Unidad de Monitoreo (conforme el art. 2 del decreto 1719/12), en vez de las alícuotas proveídas al contribuyente por el Sistema María al momento de oficializar las exportaciones impugnadas. La base de esta aserción de la Aduana sería el art. 726 del CA que establece: “Es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo”.
La inteligencia que hace el fisco de la norma transcripta finca en sostener que como la nueva alícuota emergente del decreto 1719/12 -que sería la “norma vigente” a la que alude el art. 726 del CA- había sido fijada por la Unidad de Monitoreo al momento de la oficialización de la exportación (y pese a que el Sistema María no se había “actualizado”, ni la Aduana la proveía todavía al exportador en dicho momento) corresponde aplicar de todas formas la nueva alícuota a posteriori, mediante la liquidación suplementaria del art. 1053 inc. a) del CA, a fin de cumplir con el transcripto art. 726 del CA y el art. 2 del decreto 1719/12.
Entiendo que la interpretación del art. 726 del CA que realiza el servicio aduanero no resulta jurídicamente rigurosa, en tanto: 1) Parece incurrir en la confusión -común- entre la expresión “derecho de exportación” usada por el art. 726 del Código Aduanero, con el aislado elemento “alícuota” usado para cuantificar tal derecho; 2) Parece considerar que la expresión genérica “norma vigente”, en singular, usada por el art. 726 (que alude a todas las normas legales y reglamentarias que regulan la determinación de los derechos) permite considerar, separada y específicamente, a cada una de las diversas regulaciones vigentes al momento de la oficialización, de modo divorciado entre sí e, incluso, como en el caso -respecto a la alícuota- claramente divergentes en el momento del hecho imponible (en el que habría dos alícuotas). Todo lo anterior prescindiendo de los principios, normas y demás elementos que rigen cada hecho imponible concreto (materiales, subjetivos, formales, temporales, espaciales); 3) Finalmente soslaya el natural sentido jurídico del art. 726 del CA, que debe comprenderse armónicamente con el art. 728, como si se tratara de una sola norma.
El art. 726, en su correcta lectura jurídica, establece que los derechos de exportación se determinan (conjunción de todos sus elementos esenciales: hecho imponible, valor imponible, alícuota, lugar, etc.) en el momento imponible normativamente previsto (que es, en sí mismo, un elemento esencial, el temporal) conforme el sistema normativo integral que los regula, vigente al momento del registro de la solicitud de exportación. En ese mismo momento (que es el de la “fecha del registro de la (…) solicitud de destinación de exportación”) ocurre la intervención de los diferentes sujetos del proceso determinativo tributario quienes constituyen, también, en términos jurídicos, otro de los elementos esenciales del hecho imponible.
Por tal razón, también tales sujetos, deben encontrarse legalmente calificados para actuar en esa precisa instancia temporal de la determinación tributaria. Tales sujetos son el fisco, el contribuyente e, incluso, pueden serlo también algunos terceros siempre que -como se dijo- se encuentren legal y expresamente habilitados para intervenir en tal momento de relevancia jurídica. Cuando el art. 726 usa la expresión “norma vigente” que establece el derecho de exportación, está empleando una expresión genérica que refiere a todo el sistema normativo que confluye, en el momento del hecho imponible, para la determinación del derecho de exportación y cuyo correcto alcance estamos aquí decidiendo. No hace falta aclarar que los derechos de exportación están regulados por más de una norma.
El presente caso es un ejemplo. Solamente en lo que respecta al elemento alícuota, en el caso concreto que nos convoca, el sistema normativo que las regula se encuentra integrado por un conjunto de normas; el decreto 1719/12, las normas del Código Aduanero, las regulaciones del Sistema María, para mencionar a las más importantes. Dicho sistema normativo coloca en cabeza de la Aduana (y en ningún otro sujeto) establecer la alícuota que se aplicará en el momento imponible previsto por los arts. 726 y 728. El sistema asigna específicamente a la Aduana proveer la alícuota al contribuyente exportador, en el marco del Sistema María, al momento de la oficialización en el que se determina el derecho de exportación; el decreto 1719/12 resulta conteste con ello.
En efecto, el propio decreto 1719/12 no asigna ninguna otra tarea a la Unidad de Monitoreo más que fijar la alícuota, dejando bien claro que debe informarla a la Aduana y, por ende, que es la Aduana -y solamente la Aduana- la que provee la alícuota al momento de la determinación tributaria de los derechos de exportación. El decreto dispone en su art. 2, de modo expreso, lo dicho. No dispone que la alícuota que establece la Unidad de Monitoreo resulta de aplicación inmediata a los derechos de exportación que se determinen, sino lo contrario: establece un proceso de comunicación con la Aduana, para que ella la aplique mediante el Sistema María respecto de los derechos de exportación una vez que fue fijada e informada por la Unidad de Monitoreo.
Y es que, en rigor, las normas vigentes al momento de la oficialización, a las que refiere el art. 726 del CA, no se reducen a la del art. 2 del decreto 1719/12 -en cuanto la Unidad de Monitoreo fija la alícuota mediante un actasino al conjunto de normas legales que regulan el proceso determinativo. Obviamente -no podía ignorarlo el reglamentador del decreto 1719/12- la alícuota fijada por la Unidad de Monitoreo, iba a coincidir, al momento de su fijación mediante un acta, con la fecha de oficialización de muchas operaciones de exportación, como con otras posteriores. Sin embargo, no surge, en absoluto, del decreto 1719/12 que tales alícuotas sean inmediatamente aplicables: solamente surge del art 2 in fine del decreto -y es el aspecto de la norma dirimiente para este caso- que la alícuota fijada deberá, estrictamente, informarse a la Aduana. Nada más. Estas diferentes regulaciones legales y reglamentarias, que deben aplicarse conforme su estricto contenido dispositivo, cristalizan en el momento preciso de la oficialización, no en otro, proveyendo el Sistema María (la Aduana) al exportador de una alícuota para determinar los derechos. Intervención de la Aduana en el proceso determinativo del que la Unidad de Monitoreo está expresamente excluida, en todo tiempo, por los propios términos del art. 2 in fine del decreto 1719/12.
El hecho de que, a la fecha de la oficialización, bajo el art. 2 del decreto 1719/12, la Unidad de Monitoreo haya establecido una alícuota, no significa que esa alícuota tenga vigencia en los términos de los arts. 726 y 728 del CA. Resta aún, bajo el sistema integral de normas que regulan la configuración del elemento alícuota, que la misma Unidad de Monitoreo informe la nueva alícuota a la Aduana (art. 2 in fine del decreto 1719/12) para que la Aduana, bajo las normas del Sistema María y las del Código Aduanero, le otorgue efectiva vigencia. Debe rechazarse, en ese sentido, el argumento de la Aduana de que el contribuyente debió conocer, por su pertenencia al sector exportador, que regía la nueva alícuota, transfiriéndole la Aduana al exportador lo que es carga propia de la primera en el proceso determinativo. En efecto, tan “elemental” podría ser para el contribuyente el conocimiento de la nueva alícuota como lo era, de modo jurídicamente calificado como carga propia, para la Aduana. Y aquello que la Aduana considera que “no” le resulta “imputable” (la carga "tardía" de las alícuotas de derechos de exportación al Sistema María, conforme pág. 6 segundo párrafo de su contestación), mucho menos podría resultarle imputable al contribuyente -derivándose un perjuicio económico para él- quien resulta completamente ajeno -en términos legales y reglamentarios- a tal aspecto específico del proceso determinativo de los derechos de exportación.
El contribuyente no aplica otras alícuotas a su determinación tributaria que aquellas que la Aduana le informa mediante el Sistema María. Las “normas vigentes” (arts. 726 del CA y 2 in fine del decreto 1719/12) depositaron en cabeza de la Aduana la carga de la provisión de la alícuota aplicable al derecho de exportación, no en la del contribuyente. Tal carga, se recalca (tempestiva o tardía, imputable o no a un error del fisco) resulta una competencia exclusiva de la Aduana en el actual régimen de determinación tributaria del CA; no lo es ni del exportador, ni de la Unidad de Monitoreo.
La interpretación del art. 726 del CA de la Aduana no puede, en definitiva, cohonestarse para este caso. Selecciona aisladamente, respecto al hecho imponible y el integral sistema normativo, la existencia del Acta de la Unidad de Monitoreo que fijó la alícuota, en tanto contemporánea a la fecha de oficialización. A partir de allí considera, sin más, prescindiendo del art. 726 del CA y del art. 2 in fine del decreto 1719/12, que dicha alícuota debería aplicarse a la operación de exportación inmediatamente, soslayando al propio Sistema María y de que es ella la que provee el elemento alícuota al momento de la determinación, no la Unidad de Monitoreo. Así, la Aduana traslada sobre el patrimonio del exportador lo que es su responsabilidad y costo impositivo, consecuencia, en el mejor de los casos, de su tardanza en la carga de la alícuota en el Sistema María, proceso normativamente ajeno al exportador. Prescinde también el fisco del hecho jurídico de que el Acta de la Unidad de Monitorio es un acto meramente preparatorio dentro del sistema de fijación de alícuotas, las que cobrarán vigencia recién con su incorporación al Sistema María. Recién desde ese momento (el previsto por los arts. 726 y 728 del CA), de modo conjunto con el contribuyente respecto de los otros elementos que lo configuran, servirá la alícuota fijada por la Unidad de Monitoreo para determinar el derecho aplicable a una concreta operación de exportación.
Al momento del dictado del Acta de la Unidad de Monitorio que fija una nueva alícuota, la única alícuota conforme “la norma vigente” a la que alude el art. 726 del CA no es otra que la que el contribuyente aplica bajo el Sistema María de la Aduana, al confeccionar la declaración jurada aduanera y determinar el derecho de exportación, con todos sus elementos diferenciados y conforme el integral sistema normativo que cristaliza en ese preciso momento.
El sentido expuesto del art. 726 resulta, por demás, el único congruente con el art. 728 del Código Aduanero que establece: “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 726 y 727”. La alícuota vigente al momento de la “liquidación” de los derechos de exportación es la que provee el Sistema María en ese instante, conforme el carácter temporal de determinación de los derechos de exportación, siendo la Aduana -no la Unidad de Monitoreo- el único sujeto legalmente calificado para intervenir en el proceso determinativo. Tal alícuota es la concreción de la voluntad administrativa, en la parte que le corresponde a la Aduana, en el proceso determinativo del derecho de exportación. El acta de la Unidad de Monitoreo que fijó la alícuota -con antelación a ese momento- no es más que un acto preparatorio que carece de vigor mientras la propia Aduana no cumpla con su carga de incorporarla al Sistema María, conforme surge del art. 2 in fine del decreto 1719/12. En tal sentido, resulta inapropiado hablar de “alícuota desactualizada” (pág. 6 segundo párrafo del escrito de contestación de traslado de la Aduana) al momento de la exportación porque la Unidad de Monitoreo ya hubiera establecido una nueva, distinta de la que, en ese momento, proveía el Sistema María. La alícuota del Sistema María al momento de la exportación era la vigente en los términos de los arts. 726 y 728 de CA, y su llamada “actualización” recién se cumplirá, legal y jurídicamente, cuando finalice el procedimiento que se inicia con la información (art. 2 in fine del decreto 1719/12) por la Unidad de Monitoreo a la Aduana de la nueva alícuota fijada y ella sea incorporada al Sistema María.
El art. 792 del Código Aduanero: Este artículo dispone: “El pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido”.
La Aduana realiza una interpretación literal de esta norma, tomando como pauta su posición jurídica en los procesos de determinación suplementaria que lleve adelante. Sugiere, con esa interpretación que, en todos los casos en que la Aduana determine diferencias tributarias a su favor no puede haber leglamente efecto liberatorio del pago a favor del contribuyente, protegido por el art. 17 de la Constitución. Así, de su posición en este caso - prevalencia de la alícuota de la Unidad de Monitoreo sobre la alícuota vigente en el Sistema María- se sigue que el pago del exportador fue “inferior a lo debido”, en los términos formales del art. 792 del CA, sin extinción de la obligación aduanera, ni efecto liberatorio del pago.
La correcta comprensión del artículo transcripto del CA no se condice con lo expuesto. Como principio, no es la posición jurídica de la Aduana -ni tampoco la del contribuyente, vale aclararlo- la que define que un pago de derechos de exportación sea “inferior a lo debido”, sino: (i) este proceso de determinación ulterior, de naturaleza jurisdiccional, con la eventual firmeza de la determinación suplementaria realizada por el fisco o; (ii) el propio reconocimiento del contribuyente de que pagó una suma inferior a la debida, renunciando a su derecho a repetirlo. Ahora bien, si en este juicio se resuelve que la determinación del contribuyente y el pago de los derechos de exportación fue correcta (porque su determinación del tributo lo fue, en cuanto debía aplicarse la alícuota suministrada por el Sistema María) el efecto liberatorio del pago se configuró, en los términos del art. 17 de la Constitución, desde el momento mismo en que el derecho fue cancelado por el contribuyente, no habiendo existido nunca un pago “inferior a lo debido” bajo el art. 792 del CA. Si, en contraste, la posición del contribuyente fuera incorrecta y así se decidiera en un juicio como el presente -lo que puede ya anticiparse no será así- entonces existiría -como pretende la Aduana- un pago “inferior a lo debido” bajo el art. 792 del CA, sin efecto liberatorio desde el momento de la oficialización, correspondiendo el pago de la diferencia de derechos y de los intereses resarcitorios conforme las normas del CA. Nos remitimos a lo expuesto supra en VII.1. último párrafo.
Sentado esto, se declara que no resulta admisible la posición de la Aduana de que el art. 792 del CA establece que hay pago del tributo “inferior a lo debido” sin efecto liberatorio -en los términos del art. 17 de la Constitución- en todos los casos en que la administración fiscal considerara que la determinación y el pago por el contribuyente fue incorrecto, impugnándolo bajo el procedimiento previsto en el art. 1053 inc. a) y concordantes del CA. Solamente hay pago “inferior a lo debido”, en los términos del art. 792 del CA, cuando ha concluido un proceso determinativo, en sentido integral, sobre la obligación tributaria cuestionada, quedando firme la determinación tributaria del fisco, divergente de la originaria del contribuyente.
La prueba producida en autos y los arts. 787 inc. a), 788 y 322 del Código Aduanero: En la contestación al oficio producido como prueba en estos autos (Nota 105/2021 -DV ARIN, suscripta por la Jefa de la División Arancel Informático de la AFIP, NO-2021-00925829-AFIP-DVARIN#SDGTLA embebido en el IF-2021-01008404-AFIP- DVTROB#SDGCTI, embebido a su vez en el IF-2021-87169596-APN-SGASAD#TFN) la DGA reconoce que las alícuotas correspondientes al mes marzo de 2016 fueron publicadas en la página de la Secretaría de Energía recién el 05.04.16, quedando operativas en el Sistema María el 06.04.16. Esto es, con posterioridad a la oficialización de las destinaciones impugnadas en autos, que son del 11.03.16. Resultan pues inoponibles al conocimiento del contribuyente las alícuotas que habrían sido válidas a la fecha de las oficializaciones, conforme la posición sostenida por la Aduana. Por el contrario, al contestar el oficio la DGA reconoce que al 11.03.16 se encontraba operativa en el Sistema María la alícuota correspondiente al mes de febrero -publicada el 04.03.16- con vigencia en dicho sistema desde el 05.03.16, vigencia que se extendió hasta la referida fecha del 06.04.16. Al respecto debe señalarse que el Código Aduanero -arts. 787 inc. a) y 788- establece que “la obligación tributaria aduanera se extingue (…) por el pago de lo debido” -art. 787 inc. a)- que se efectuará “de los modos y en los lugares que determine el servicio aduanero” -art. 788-. Es decir que, en consonancia con todo lo hasta aquí expuesto, no resulta otro sujeto que el servicio aduanero el que tiene legalmente definida una potestad preponderante para definir el débito fiscal que debe honrar el contribuyente. Constituye, en ese sentido, un exceso pretender que sea el contribuyente quién deba hacerse cargo de los errores o ineficiencias de la administración, cuando se encuentra así sometido a la potestad legal del fisco respecto al pago de los tributos. Entre tales ineficiencias se encuentran los problemas internos de comunicación entre las agencias estatales, en las que el contribuyente no tiene parte; no debe olvidarse que el estado -en cuanto administración- es jurídicamente una unidad. El contribuyente no puede verse obligado a un control exhaustivo respecto a todos y cada uno de los actos dictados por las diversas reparticiones estatales que lo podrían involucrar (como sugiere la demandada en el punto V.3. de su contestación, páginas 33/35).
Por los mismos fundamentos normativos del CA resulta que, liquidado el tributo por el Sistema María y pagado por el contribuyente en la cuantía exigida, no vale oponer que este último se encontraba legalmente obligado a conocer la suma exacta a cancelar, debiendo negarse a hacerlo como concretamente lo exigía el la Aduana (vía el Sistema María) u optando por una liquidación manual. Solamente cuando el contribuyente, de buena fe y voluntariamente, asume esa carga, ello puede ser validado a posteriori, en los casos específicos en que resulta admisible, conforme el art. 322 del CA. Ahora bien, no puede pretenderse, con base en esta última norma, que el contribuyente sustituya al Fisco en su función recaudatoria contra la exigencia tributaria del propio Fisco al momento de la oficialización y liquidación del tributo, convirtiendo la buena fe del contribuyente - suficientemente satisfecha con pagar lo que el Fisco le ordena- en una obligación exorbitante respecto a las cargas administrativas propias de la Aduana.
Surge también de la prueba producida en autos (ver la referida Nota 105/2021 -DV ARIN) que la propia DGA reconoce que nunca poseyó registros de recepción del Acta correspondiente al mes de marzo de 2016, que la comunicación a la DGA de las Actas se realiza de modo extemporáneo por la Secretaría de Energía, y que la División Arancel Informático del organismo, por tal motivo, consulta diariamente la página de la referida Secretaría para tomar conocimiento de las alícuotas, señalando que la publicación de dichas actas también es extemporánea. Es claro, pues, que constituye un exceso exigir al contribuyente el cumplimiento de cargas que la DGA reconoce que ella no puede cumplir. La publicación tardía de las Actas, reconocida por la Aduana en relación a la actualización del Sistema María, torna inconducente cualquier examen en autos sobre la cuestión de su publicidad vinculada al contribuyente, sin perjuicio de destacar que tal publicación tiene como finalidad poner en conocimiento de la DGA las nuevas alícuotas -conforme el art. 2 del propio decreto 1719/12- pues es la administración quien tiene la carga de su incorporación al Sistema María. La publicación de las alícuotas no tiene como destinatario al contribuyente -contrariamente a lo argumentado por la demandada en el punto V.3. de su contestación (páginas 33/35)- quién carece de cualquier potestad respecto al Sistema María, ni es un agente de cumplimiento del decreto 1719/12. Solamente lo son la Secretaría de Energía y la DGA.
El art. 793.1 del Código Aduanero: Finalmente, debe decirse que la conducta asumida por la DGA en autos se encuentra vedada -con base constitucional- por el art. 793 inc. 1) del CA que, concordantemente con lo antes expuesto respecto al art. 792, impide que la determinación suplementaria pueda fundarse en una interpretación de la legislación tributaria adoptada con posterioridad al momento del pago originario y que modifica la interpretación general, hasta entonces vigente, de conformidad con la cual dicho pago fue efectuado. Cabe señalar que el decreto 1719/12, aun tratándose de normativa dispositiva, sienta criterios generales sobre qué sujetos, de qué modo y desde qué momento, las alícuotas son establecidas y adquieren vigencia para los contribuyentes, no desempeñando ningún papel el contribuyente en tal normativa. La gran virtud de las normas operativas -por eso se usan y es recomendable hacerlo- es que tal carácter impide o reduce sustancialmente las indeseables controversias interpretativas, por el sentido unívoco y directo que poseen.
Se colige de los expuesto, además, la inaplicabilidad para supuestos como el de este caso de la jurisprudencia de la Corte in re “BASSO S.A. (TF 24.888-A) c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, sentencia de fecha 27.08.13 que prestó conformidad al dictamen del Sr. Procurador General de la Nación (S.C. B.657, L.XL.VII. de fecha 18.04.12), por no versar dicho precedente -conforme el sentido propio que asume- sobre supuestos en disputa que afecten el principio de legalidad en materia tributaria, como ser la determinación de un tributo bajo sus elementos esenciales (alícuota). En el caso “BASSO S.A.” la Corte admitió los cargos en tanto se basaban en meros errores de cálculo o liquidación, en base a una fórmula errónea, no encontrándose en discusión allí la aplicación de la alícuota correcta al hecho imponible legalmente previsto, con directa implicancia sobre la determinación normativa del impuesto a pagar.
VII.3. Tratamiento de los argumentos del contribuyente: Conforme lo expuesto supra en VII.2 corresponde admitir, en general, los argumentos desarrollados por la parte actora en las páginas 15 a 23 de su recurso de apelación (IF-2021-43821153-APN-DTD#JGM). En consecuencia, la alícuota correspondiente a las operaciones de exportación declaradas mediante los PE 16057EC03000149Y (oficializado el 11.03.16) y 16057EC03000151H (oficializado el 11.03.16) es la que surgía originalmente del Sistema María y que fue aplicada por la empresa actora (del 4,05% correspondiente a la Posición Arancelaria (“PA”) NCM 3826.0000 Código de ventaja D 1719/12 BEN) al momento de registrar su solicitud de exportación, oficializándola y determinando los derechos de exportación. Conforme lo expuesto, deben revocarse los cargos aduaneros números FE 70/2016 y 71/2016 VII.4. Jurisprudencia que avala la decisión: La decisión que se acaba de tomar goza de amplio respaldo jurisprudencial.
Cabe recordar, por guardar sustancial analogía con el presente, la sentencia de la Corte Suprema de Fallos: 209:213, de fecha 31.10.1947 (“ROSA CURIONI DE DEMARCHI c. POVINCIA DE CÓRDOBA”), por la que el Alto Tribunal consideró que la aplicación errónea por el fisco de la alícuota del tributo inmobiliario, inferior a la que legalmente correspondía, en cuanto fue determinada por el propio Fisco y cancelado el tributo por el contribuyente en la cuantía que resultaba de ella, no da derecho al Fisco de reclamar al contribuyente la diferencia de impuesto consecuencia de su propio error o actividad.
Nótese que en aquel caso -a diferencia del presente- no había siquiera controversia jurídica entre el fisco y el contribuyente de que la alícuota que pretendía aplicar el fisco -mas alta- era la legalmente correcta para determinar la contribución, y no aquella inferior, también aplicada por el fisco y sobre la que había pagado el contribuyente el impuesto. La respuesta de la Corte al fisco fue, sin embargo, directa y simple: si la administración fiscal aplicó otra alícuota, aún errónea, debe hacerse cargo de su error y nada puede reclamar al contribuyente. El pago de un gravamen de conformidad con la correspondiente liquidación oficial libera de su obligación al contribuyente, que incorpora así a su patrimonio un derecho adquirido amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional; en consecuencia, el Fisco no tiene derecho para cobrarle después suma alguna por dicho concepto, aunque alegue haber incurrido en error al practicarse la liquidación que sirvió de base para la percepción del gravamen. Esta sentencia fue suscripta, por unanimidad, por los jueces Tomás D. Casares, Felipe S. Pérez, Luis R. Longhi, Justo L. Álvarez Rodríguez y Rodolfo G. Valenzuela. El pronunciamiento contiene, en sus párrafos 5º a 7º, una prolija reseña de la jurisprudencia de los principios tributarios que la propia jurisprudencia del mismo Alto Tribunal había aplicado en el pasado en esta materia, conteste con la expuesta en la sentencia. Esta jurisprudencia de la Corte se ha mantenido invariable en el tiempo, siendo además acogida por este Tribunal Fiscal.
Así, por ejemplo, cabe remitir al precedente de la Corte Suprema in re “ARMANDO VICTORIO GARIBOTTI v. ADUANA DE LA NACIÓN” (Fallos: 284:232), sentencia de fecha 20.11.72, cuyos fundamentos ratificaron el criterio general fijado por el Alto Tribunal para supuestos legales donde son las oficinas de recaudación de tributos las que los determinan, o las que determinan alguno de sus elementos esenciales: e.g. la alícuota. Tal línea jurisprudencial fue ratificada por la Corte en tiempo más reciente in re “BERNASCONI SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA GANADERA FINANCIERA COMCERCIAL INMOBILIARIA E INDUSTRIAL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” (Recurso de hecho B.216.XXXIV) de fecha de 12.11.98, considerandos 8° y 9° y, de la misma fecha, “GUERRERO DE LOUGE, SUSANA ERNESTINA TERESA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” (Recurso de hecho G.182.XXXIV) que, pese a resolverse en un párrafo que remite a “Bernasconi”, posee valor propio por el voto concurrente del Dr. Enrique S. Petracchi en ambos casos, destacable por la prolija reseña que realiza en su considerando 6° de la evolución de la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre la materia. En el sentido expuesto cabe remitir también a Fallos: 258:208; 259:382; 264:124; 276:151 y 321:2933.
En lo que concierne a este tribunal, debe recordarse la doctrina de esta Sala “E” –con integración diferente a la actual- recaída en la causa “PETROLERA RÍO ALTO SA” de fecha 6.10.04, en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”. El criterio fue reiterado por esta Sala E en la causa “Biocardales c/DGA s/Apelación” (Expte. 28.136-A, sentencia del 24.10.11), siendo confirmado por la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Biocardales c/DGA s/RECURSO” (Expte. 28.564) sentencia de fecha 05.06.18, pronunciamiento que quedó firme al desestimar la Corte Suprema, el 03.03.22, por inadmisible (art. 280 del CPCCN) el recurso extraordinario interpuesto por la Aduana.
En el mismo sentido pueden señalarse los precedentes la Sala IV de la Excma. Cámara confirmando sentencias de este tribunal: “Pan American Energy LLC (Suc Arg) (TF 27.239-A) c/DGA” causa 30.178/11, sentencia del 23.11.12, y “Marcopolo SA (TF 25.128-A) c/DGA” causa 35.222/11, sentencia del 28.3.12), entre muchos otros VII.5. Conclusión: No puede cohonestarse judicialmente que la DGA –como representación del estado y de la ejemplaridad que debería presidir su actuación- se valga de un error propio, o de la ineficiencia de otra repartición, en la carga tempestiva en el SIM para obligar, luego, a los contribuyentes a soportar el costo fiscal de dicho error –ajeno a ellos-, obligándolos a aplicar a posteriori la alícuota que el propio SIM no aplicó en el momento imponible establecido por el CA para la determinación de los derechos.
Se postula así, equivocadamente, que los exportadores deberían ingresar a la DGA las diferencias de derechos de exportación de cada una de sus operaciones sometidas al SIM defectuoso para determinar los derechos; ello en tanto habrían aplicado en el momento imponible (oficialización del PE) una alícuota que, en realidad, correspondía a otro momento imponible (anterior), debiendo aplicar una que regiría en tiempo posterior, pese a que la Aduana no se la exigió en ese momento, el de la oficialización. En última instancia era el sistema implementado por el estado y la DGA –respecto a la información de las alícuotas y su aplicación- el que afectaba la determinación de los derechos de exportación, cuyo pago “correcto” ahora la DGA exige. Tal costo o diferencia fiscal de existir resulta, en rigor, responsabilidad de la DGA o de la dependencia del Estado Nacional que debía suministrar la información para el SIM de las alícuotas -a los fines de la determinación de los derechos- , nunca del exportador que los paga a la DGA, conforme surge del SIM de la misma Aduana.
No puede soslayarse que el elemento “alícuota” refiere, esencialmente, a la determinación del valor imponible del derecho de exportación, quedando engarzada bajo la rigidez constitucional del principio de legalidad en materia tributaria en lo que hace a los elementos esenciales de los impuestos, tales como los derechos de exportación. Como tal, la alícuota es un elemento legal esencial -en términos técnicamente rigurosos- de la determinación de los derechos de exportación, no de su mera liquidación -pese al lenguaje impropio usado por el art. 728 del CA- que refiere a aspectos no esenciales de la obligación tributaria (conf. precedente “BASSO” de la Corte Suprema). Tal concepto -las alícuotas como elemento esencial de la legalidad en la determinación de los derechos de exportación- fue definido de modo contundente por la Corte Suprema en el precedente “CAMARONERA PATAGONICA S.A. c/ MINISTERIO DE ECONOMIA Y OTROS s/AMPARO” (Fallos 337:388, sentencia de fecha 15 de abril de 2014; ver considerandos 9º último párrafo y 10º último párrafo, y los considerandos 8º, 9º, 10º, 12º, 13° y 16 del voto en disidencia de los doctores Carmen M. Argibay y Enrique S. Petracchi). Como consecuencia de ello, el elemento “alícuota” tampoco puede quedar suspendido en el tiempo y sujeto a revisión retroactiva bajo los vaivenes interpretativos de la DGA, máxime cuando el derecho de exportación resultante de su aplicación fue íntegramente pagado, conforme fue determinado y exigido por el servicio aduanero al exportador, de consuno con el integral régimen normativo aplicable, cuyos términos operativos y estrictos no pueden soslayarse o modificarse en perjuicio del contribuyente.
VIII. Que, conforme los fundamentos expuestos supra, corresponde revocar la resolución apelada 2021-26-E- AFIP-DIVACD#SDGCAD por la que se confirmaron los cargos números FE 70/2016 y 71/2016, que también se revocan, con costas. ASÍ LO VOTO.
IX. Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD y los cargos números FE 70/2016 y 71/2016, con costas.
Que la Dra. Cora M. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que el Dr. Héctor Hugo Juárez:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Soria, en los Considerandos I a V.
II. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD, en cuanto confirmó los cargos nros. 70/2016 y 71/2016, por los cuales se intima a la firma Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. abonar la suma de u$s15.769 y u$s141.929, respectivamente, en concepto de diferencia de derechos de exportación que resultara de la aplicación de la alícuota y coeficientes aplicables al momento de oficializar las destinaciones nro. 16 057 EC03 000149 Y y 16 057 EC03 000151 H y la que correspondía aplicar según el decreto 1719/12.
Que la actora documentó mediante las mencionadas destinaciones registradas el 11/03/16 la exportación de mercaderías ubicadas en la posición SIM 3826.00.00.
En atención a la mercadería exportada (Biodiesel), conforme surge del informe técnico nro. 026/2016 (DV MINC) y la Nota nro. 417/2019 (DV MINC), obrantes a fs. 1/2 y 50/53 de las actuaciones administrativas nro. 18011-40-2016, la liquidación tributaria de dicha operación de exportación estaba regulada por el decreto 1719/2012.
Que el mencionado decreto modificó los derechos de exportación aplicables a los biodiesel comprendidos en posición arancelaria 3823.00.00, consignada en el Anexo XIV del decreto 509/2007, determinando que la alícuota de exportación se calculará con la fórmula polinómica que la misma resolución prevé (art. 1°).
Que en su art. 2°, establece que “La UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO creada por la Resolución Conjunta N°43 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, N° 269 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS de fecha 7 de agosto de 2012 será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal el precio de referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida”.
III. Que no se encuentra discutido en autos que la alícuota que se tuvo en cuenta para calcular los derechos de exportación no eran los vigentes al día del registro de las destinaciones en trato, conforme lo dispuesto por el art. 728 del CA que establece que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigente para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”, esto es “...el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo” (conf. art. 726 del CA), ya que la alícuota cargada en el SIM a la fecha de registro de las destinaciones de exportación de biodiesel eran inferiores a las que correspondían para la PA 3826.00.00, conforme las pautas establecidas en el decreto 1719/2012.
Que considero resulta aplicable “mutatis mutandi”, al caso de autos lo resuelto por la Sala II de Excma. CNACAF, en los autos “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación", causa nro.15285/2011 (TF 26.805-A), mediante sentencia del 5 de julio de 2011, en la cual se sostuvo: “Que los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir -en control ex post de exportación- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada (Resol. 394/2007), tienen su fundamento en las facultades previstas en los arts. 9° ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 y 23 inc. d) del Código Aduanero, que en modo alguno conlleva la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie... Es que, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, cuestión que ... no se encuentra discutida.”
Cabe señalar que el art. 787, inc. a), del Código Aduanero especifica que, en las condiciones allí previstas, la obligación tributaria aduanera se extingue por el "pago de lo debido" y art. 792 agrega que el pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere "inferior al debido".
Que, en virtud de lo expuesto se concluye que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas legales vigentes al momento de registro de la operación y dado que la firma exportadora tenía conocimiento y lo ha reconocido en esta instancia, que la alícuota abonada no era la establecida por la Unidad de Monitoreo a la fecha de oficialización de las operaciones, son inatendibles los argumentos vertidos en cuanto alega haber pagado correctamente los derechos de exportación correspondientes.
El Sistema Informático Malvina (S.I.M.) es una herramienta utilizada por el servicio aduanero para efectivizar las operaciones de comercio exterior y, en consecuencia, no debe cometerse el error de interpretar la ley a partir del funcionamiento del sistema informático. Es precisamente, todo lo contrario, siempre prevalece la ley (o norma regulatoria) a la cual el sistema informático debe adaptarse, y si se produjeron inconvenientes operativos, corresponde a la DGA efectuar – en el uso de sus facultades y fundamentalmente, cumplimiento de sus obligaciones – los ajustes pertinentes a efectos de cumplir con lo normativamente establecido.
IV. En relación a la presunta invalidez de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para gravar y modificar los derechos de exportación en los términos del art. 755 del Código Aduanero efectuado en el punto 1 del escrito de apelación, corresponde su rechazo en virtud de la doctrina legal fijada por este Tribunal Fiscal de la Nación en el Plenario de fecha 26/04/2022 (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito.
Que en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD recaída en la actuación SIGEA nro. 18011-40-2016 y, en consecuencia, los cargos FE nros. 70/2016 y 71/2016.
2. Imponer las costas a la actora.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Revocar la Resolución 2021-26-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD y los cargos números FE 70/2016 y 71/2016, con costas.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.05.30 17:39:27 -03:00 Date: 2022.05.30 18:08:57 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.30 18:23:55 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.30 18:23:56 -03:00
Fin de la sentencia