Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-25602071-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 131/2023 (AD SALO) de fecha 14 de febrero de 2023, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-2459-2019.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-40883668-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para dictar sentencia en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A.C.I. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° EX-2023-25602071-APN-SGASAD#TFN El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I.-. Que se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe (actualmente VITERRA ARGENTINA S.A.) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 131/2023 (AD SALO), recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 17134-2459-2019, mediante la cual la Aduana de San Lorenzo rechazó el reclamo de repetición de la suma de $ 2.660.069,56, que a su juicio fuera indebidamente abonada por la empresa exportadora, en concepto de derechos de exportación, correspondiente al Permiso de Embarque 14057EC03001063X .Señala que oficializó, con fecha 29/10/2014, el Permiso de Embarque correspondiente a una exportación de biodiesel (P.A. 3826.00.00). Y que en dicha oportunidad, se vió obligada a abonar la alícuota de derechos de exportación del 20%, liquidada automáticamente por el SIM, que había establecido la Resolución (MECON) 126/08.
Afirma que la referida Resolución 126/08 resulta nula, de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional), en razón de que fue dictada por el Ministerio de Economía en base a lo dispuesto en el artículo 755 del CÓDIGO Aduanero; norma que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”, resulta jurídicamente insuficiente para justificar la modificación de alícuotas de derechos de exportación.Por tal motivo, expresa que correspondía la aplicación de la alícuota de derechos de exportación nominal del 5%, establecida en el Decreto 509/2007. En consecuencia, destaca que reclamó en sede administrativa la devolución de la diferencia entre: (i) los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Res. 126/08); y (ii) el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007).
Sostiene que el Poder Ejecutivo no contaba con facultades suficientes, ni propias ni delegadas para fijar derechos de exportación como los exigidos y cuya repetición se solicita. Considera que los derechos de exportación fijados en la normativa cuestionada en autos y sus modificatorias carecen de sustento legal alguno, y no respetan el principio de legalidad en materia tributaria.Entiende que la Resolución (MECON) Nro. 126/08 es manifiestamente inconstitucional y, en consecuencia, el pago de derechos de exportación cuya repetición se solicita carece de causa.Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada y haga lugar a la repetición, con costas al Fisco.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido y, con posterioridad, acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de la actuación administrativa correspondiente a la causa, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma actora, correspondiente a las operaciones de exportación documentadas mediante la Destinación Nro. 14057EC03001063X, concluyó con el dictado de la Resolución Nº 131/2023 (AD SALO) de fecha 14 de febrero de 2023,, recaída en la Actuación Administrativa N° SIGEA 17134-2459-2019, la cual fue apelada en esta instancia.
IV. Que habiéndose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de resolver.
V. Que, sentado ello, corresponde analizar y resolver si la resolución apelada en autos, en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma pretendida por la firma actora, resulta ajustada a derecho. A tal fin, merece señalarse, como consideración preliminar, que el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
VI. Que, bajo tales premisas, cabe poner de resalto que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VII. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la Resolución (MECON) Nro. 126/08 – que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos. VIII.- Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución 131/2023 (AD SALO) de fecha 14 de febrero de 2023, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-2459-2019.
2. Costas por su orden.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Garbarino, dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el Plenario de referencia, respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art.75 inc.22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada, tal como lo sentara oportunamente en mi voto. Hasta tanto se mantenga vigente el Plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un Acuerdo Plenario aunque no comparta -estricto sensulo allí resuelto.
En virtud del Acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución 131/2023 (AD SALO) de fecha 14 de febrero de 2023, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-2459-2019.
2. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y por Secretaría General de Asuntos Aduaneros envíese a guarda temporal las presentes actuaciones.
Suscriben la presente los Dres. Pablo Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (Art. 1162 C.A.).
Date: 2024.04.22 11:40:50 -03:00 Date: 2024.04.22 13:43:12 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.22 13:43:13 -03:00
Fin de la sentencia