Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-43809710-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 2021-24-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD (AD CAMP), dictada por la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas en el expediente SIGEA 18011-43-2017, y por ende, los Cargos FE 55/17, 56/17, 57/17 y 58/17, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-57168864-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Mayo de 2025 IA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y la Dra. Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”. EX-2021-
43809710- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 2021- 24-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD (AD CAMP), dictada por la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas en el expediente SIGEA 18011-43-2017, resulta ajustada a derecho en cuanto rechaza la impugnación impetrada por la firma OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.C.I.F.I.A., contra los cargos FE 55, 56, 57 y 58 todos del año 2017. Los cargos se corresponden con las destinaciones 16 057 EC01 006064 Y, 16 057 EC03 000539 R, 16 057 EC03 000540 J y 16 057 EC03 000545 Y, por diferencias tributarias originadas por cambios en las alícuotas aplicables a la mercadería exportada en el período Julio – Agosto 2016.
II. Fundamentos de la apelación: (IF-2021-43809617-APN-DTD#JGM) Se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa un pormenorizado relato de los antecedentes que dieran origen a la cuestión de autos. Seguidamente formula los fundamentos del recurso. Señala que en el caso se trata de exportaciones de biodiesel, mercadería clasificada en la PA 3826.00.00, y se pagaron los derechos de exportación liquidados por el SIM en el marco de lo previsto en el Decreto 1719/12. Manifiesta que los algoritmos que figuraban en el SIM determinaron el derecho de exportación abonado y que atentaría contra el principio de seguridad jurídica efectuar una modificación posterior. Sostiene que de conformidad con lo previsto en el art. 726 del C.A., el derecho de exportación vigente al momento de registrar cada solicitud de destinación de exportación era el que surgía registrado en el SIM por la propia Aduana e informado por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. Considera que cualquier error, carga tardía o falta de diligencia en la comunicación de la nueva alícuota o en la carga al SIM de la misma, no le resulta oponible ni puede perjudicarla, en tanto el pago resultó íntegro y la liberó de su obligación tributaria. Insiste en que el derecho de exportación que pagó era el vigente a la fecha de cada exportación. Esgrime que no existía forma para los exportadores de biodiesel de anticipar o proyectar los cambios de alícuotas ya que las actas labradas por la Secretaría de Energía nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial ni se informaron a los administrados por otro canal fehaciente para su conocimiento y control. Afirma que la posición del Fisco violenta la estabilidad de los negocios jurídicos y el efecto liberatorio del pago al revisar operaciones conformadas y declaradas conforme su propia liquidación. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso.
Asimismo, se agravia en cuanto no pueden ser creados derechos de exportación por decretos o resoluciones ministeriales por aplicación de la doctrina de la CSJN “Camaronera Patagónica”, a la vez que afirma que la alícuota móvil aplicada por el Dec. 1719/12 y al igual, que la fórmula de cálculo - determinada por la unidad ejecutiva de monitoreo- atentan contra el principio de certeza ya que el contribuyente no puede autoliquidarse, si el fisco no le informa la alícuota. Agrega que el decreto 1719/12 carece de una ley que lo reglamente y no se ajusta al alcance del art. 755 del C.A. Cita jurisprudencia. Plantea la inconstitucionalidad del Decreto. Alude a la ilegitimidad de los derechos de exportación en tanto la norma que los crea emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Refiere al principio constitucional de legalidad. Cita jurisprudencia. Manifiesta que los intereses resarcitorios que eventualmente se podrían exigir en relación al reclamo tributario formulado en dólares arrojaría resultados abusivos implicando la repotenciación de la deuda. Asimismo exige que, en caso de confirmarse la determinación tributaria, no se computen intereses en los lapsos en que el servicio aduanero no ha dado trámite razonable y expedito a las actuaciones, en tanto no le es imputable su mora. Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que, (IF-2021-61735088-APN-DTD#JGM) se presenta la representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. En primer lugar, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento, a la vez que desconoce la prueba documental aportada por la contraria que no coincidiera con la obrante en el expediente administrativo. Seguidamente efectúa un breve relato de los hechos acaecidos en sede administrativa y prosigue con la contestación del traslado. En cuanto al fondo del asunto argumenta que el servicio aduanero aplicó lo establecido por el Dto.1719/12 y los arts. 726, 728 y 792 del C.A., citando dicha normativa en sus partes pertinentes.
Manifiesta que el referido decreto era la normativa vigente al momento de la oficialización y que la misma establecía un régimen de alícuota móvil que no podía desconocerse. Sostiene que se procedió a formular el cargo tras las discrepancias observadas del análisis comparativo entre las alícuotas que surgían de las oficializaciones de distintos permisos de embarque y los porcentuales informados por la División Arancel Informático. Refiere que si bien es cierto que la firma liquidó conforme la alícuota cargada en el SIM a la fecha de oficialización de las destinaciones, la misma no era la vigente para esa quincena y que el hecho de que el SIM no haya liquidado los derechos en forma correcta se debió a razones de carácter operativo.
Destaca que la alícuota aplicable es determinada por la normativa que rige en ese momento y no por su carga en el SIM, debiendo conocer que la misma podía estar desactualizada. Cita jurisprudencia relativa al efecto liberatorio del pago. Sostiene que la firma no tiene un derecho adquirido ya que la Aduana puede y debe revisar efectuando, en su caso, cargos suplementarios, independientemente de lo que se liquide inicialmente. Considera inaplicable al caso el fallo “Camaronera” dictado por la CSJN, y cita jurisprudencia de Cámara en la cual se concluye que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo resulta legítima y le reconoce validez al art. 755 del C.A. En cuanto a la tasa de interés aplicable, cita los arts. 794, 795 y 796 del C.A. y jurisprudencia de Cámara.
Señala que la obligación tributaria aduanera se origina en dólares debiendo ser convertida a pesos al tipo de cambio anterior a la fecha del efectivo pago, y las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias son las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía vigentes en cada momento de la obligación tributaria, constituyendo dichas resoluciones una reglamentación específica que desplaza a las disposiciones de carácter más general.
Finalmente acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas 18011-43-2017 fueron acompañadas en oportunidad de contestar el recurso, de forma digitalizada y en distintos archivos (IF- 2021-61741674-APN-DTD#JGM, IF- 2021- 61742461-APN-DTD#JGM y IF- 2021-61743519-APN-DTD#JGM- F-2021-61743794-APN-DTD#JGM, IF-2021-61743034-APN-DTD#JGM-IF-2021-61743697-APN-DTD#JGM). Así, a fs. 1/8, obra la Nota 034/2017 (DV MINC) de fecha 10/05/2017- informe técnico sobre el relevamiento de operaciones de exportación de biodiesel para la PA 3826.00.00.100L de julio a agosto de 2017, los precios de biodisel por fechas, Anexo I reliquidación sobre alícuotas, detalle de los ajustes por derechos de exportación. A fs. 8/12 obran los cargos. A fs. 13 obra Nota 439/17 de fecha 15/05/17. A fs. 16/24 obra la impugnación de la firma Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. contra los cargos notificados. A fs. 30/34 obra la notificación de los cargos con fecha 12/05/17. A fs. 35 se tiene por deducida la impugnación y se abre la causa a prueba. A fs. 37 la recurrente interpone recurso de revocatoria. A fs. 38 no se hace lugar a la revocatoria planteada. A fs. 40 se remiten las actuaciones a fines que amplié el informe técnico. A fs. 42 obra el listado de fechas de oficialización de exportaciones de biodiesel. A fs. 43 obra la Nota de fecha 26/06/19 que solicita que se informe las alícuotas vigentes a las fechas de oficialización de las operaciones. A fs. 44/46 obra Nota 194/19 (05/07/19) informando las alícuotas vigentes para el año 2016. A fs. 47 obra la Nota Nº 311/2019 sobre alícuotas móviles. A fs. 48/56 obra la Nota 209/19 con copias de los ajustes detallando las alícuotas por periodos (Notas 326/16, 278/16, 204/16, 66/15, 109/15, 373/14, 327/14 y 125/14). A fs. 57/114 obra la Nota 418/19 (03/09/19) la cual se analizan los ajustes y se ratifican todo lo actuado y acompañan copia de los permisos de exportación de autos. A fs. 115se ponen los autos para alegar. A fs. 118/124 obra el alegato de la actora. A fs. 125/127 obra la resolución apelada.
V. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad esgrimido con relación a la ilegitimidad del Decreto 1719/12, en tanto la norma emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, señalando que resulta aplicable la Doctrina sentada por la Corte en el fallo “Camaronera Patagónica”.
Que, sobre la base de lo estipulado por el art. 1164 de C.A., la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no podría contener pronunciamiento alguno sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras, y sus reglamentaciones. Asimismo, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 286:76; 288:325; 300:1087; 333:447, entre muchos otros). Por lo expuesto, debe ser desestimado el planteo. Sin costas VI.- Que corresponde entonces decidir a este Tribunal si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera aquí apelada, en cuanto rechaza la impugnación impetrada por la firma OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFIA y confirma los cargos FE 55, 56, 57 y 58 todos del año 2017, formulado en relación las destinaciones Nº 16 057 EC01 006064 Y, 16 057 EC03 000539 R, 16 057 EC03 000540 J y 16 057 EC03 000545 Y. Los cargos fueron formulados como consecuencia de la diferencia detectada por la Aduana entre la alícuota de derechos de exportación aplicada por el SIM a la fecha de oficialización de las destinaciones de exportación y el porcentual informado por la División Arancel Informático como consecuencia de lo establecido por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo.
El servicio aduanero, a través de la División Minería y Combustibles del Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Exportaciones, entendió que la alícuota aplicada a las destinaciones de exportación involucradas resultaba ser inferior a la que correspondía para la posición arancelaria declarada, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1719/2012.
Por su parte, la actora sostiene haber liquidado y pagado el derecho de exportación de conformidad con la alícuota determinada y cargada en el SIM para la PA 3826.00.00.100L, entendiendo que cualquier error o omisión en la carga en el SIM de la nueva alícuota no le resulta oponible, en tanto el pago efectuado resultó íntegro, de buena fe y la liberó de su obligación tributaria.
VII. Que el Decreto N° 1719/2012, aplicable a las operaciones de autos, refería en sus considerandos a la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (en adelante UEIM) y a la alta volatilidad de los precios del aceite de soja, principal insumo para la producción de biodiesel. Teniendo en cuenta ello, la UEIM desarrolló una fórmula de cálculo móvil de los derechos de exportación para el biodiesel, la cual fue estipulada expresamente en el artículo 1 del referido Decreto. Asimismo, el artículo 2 establecía que la UEIM “… será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal…” los importes que conformaban la fórmula prevista en el artículo 1 y, en cuanto aquí especialmente interesa, sería la encargada de “… informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación…”. Que, por su parte, el art. 728 del CA establece que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 dispone que resulta aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver entonces si resulta procedente la aplicación de la alícuota liquidada por el SIM para la PA 3826.00.00 al momento del registro de la destinación como lo sostiene la actora, o bien la exigencia pretendida por la Aduana -por la diferencia porcentual- aplicable en concepto de derechos de exportación para las operaciones de autos.
Que, de las constancias de autos, surge que los derechos de exportación fueron liquidados y pagados por la actora, en la operación, aplicando el coeficiente determinado (y liquidado) por el SIM, y por ello, considero aplicable al caso de autos mutatis mutandis (en cuanto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación), la doctrina de la Sala “E” de este Tribunal –con integración diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” (Sent. del 06/10/04) en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “…si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor…” (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) “…por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”.
Que la Corte Suprema ha sostenido en el Fallo “Armando Victorio Garibotti”, del 20/11/72 (Fallos, 284:232), que el error “en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)”, ya que “exigencias notorias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia, imponen el reconocimiento de la existencia de agravio constitucional en la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas y sobre la base de una modificación posterior e imprevisible del criterio pertinente en la aplicación de las leyes que rigen el caso”.
En síntesis, como resume Dino Jarach, conforme a la doctrina del efecto liberatorio del pago formulada por la Corte Suprema, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (Finanzas Públicas y derecho tributario, pág. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).”
IX. Que la jurisprudencia antes referida ha sido sostenida, por esta Sala, en casos donde se debatían cuestiones sustancialmente análogas a la presente (Pan American Energy LLC TF N° 31.021-A Sent TF de fecha 10/04/2019) y donde la propia Cámara confirmó dicho pronunciamiento en estos términos: “… este tribunal sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si no existió dolo del contribuyente en la declaración del impuesto, la aceptación del pago efectuado sin observación del Fisco Nacional tiene efecto liberatorio, aunque existiera error en la percepción del tributo y falta de diligencia o capacidad en la oficina liquidadora (Fallos: 259:382; 264:124; entre otros).…”(CNACAF, Sala V, Expte. N° 55791/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARG. S.A. c/ DGA s/Recurso Directo de organismo externo” Sent. Del 01/09/2020).
Que, en igual sentido se ha expedido la Sala I de la Cámara al sentenciar que: “…a) Si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del sistema, por lo que debe aplicarse al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente. (Fallos: 284:232; 321:2933, entre otros). Lo que, aquí no se advierte. …” (CNACAF Sala I: Expte. N° 38412/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARG. - TF N° 31.005-A- c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sent. de fecha 11/11/2019; Causa n° 41421/2023 “Oleaginosa Moreno Hnos SA (TF 43816789-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Sent. de fecha 28/12/2023).
Asimismo, La Sala III en los autos Expte: 46942/2023/CA1; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 20281321- A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, sentencia dictada por esta Sala G, el Tribunal de Alzada avalo el criterio adoptado por esta Sala, señalando que “....los agravios expresados por la DGA encuentran adecuada respuesta –mutatis mutandis– en lo decidido por esta Sala en la Causa N°41090/2013 in re “Pan American Energy LLC Suc. Argentina c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/6/14, pronunciamiento que adquirió firmeza al rechazar la Corte Suprema de Justicia de la Nación el remedio extraordinario interpuesto (cfr. art. 280 del CPCCN). En dicha oportunidad, esta Sala sostuvo lo siguiente:
(i) El hecho de que fuera el SIM el que aplicara la cotización indebida, conduce a estimar como razonable que, ante el pago realizado, el contribuyente se considere liberado de su obligación tributaria, sin que obste a ello el error en el que incurriera el servicio aduanero (cfr. esta Cámara, Sala I, Causa N° 19372/2011, in re “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 26647-A) c/ DGA”, del 22/5/12 y Sala II, Causa N° 30178/2011, in re “Pan American Energy LLC (Suc Argentina)(TF 27239-A) c /DGA”, del 23/2/12).
(ii) La Corte Suprema de Justicia entendió que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, éste no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; entre otros)....”(idéntico criterio en la Causa N° 25505/2023 in re “Bunge Argentina SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 21/12/23).
Así pues, si el Estado implementó el SIM, necesariamente debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias operativas.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “...el Estado, al igual que todas las personas jurídicas, necesita de la actuación u omisión de personas físicas que tienen la función de hacer querer y actuar al ente ideal. De ahí que el primer problema a resolver es el modo en que dicha actuación se imputa al Estado, frente a lo cual el Derecho ha dado diferentes respuestas, algunas basadas en principios propios del Derecho Civil, como la teoría del mandato y de la representación legal, y otras basadas en la teoría del órgano (arg. doct. de Fallos: 327:5295). La teoría del órgano que rige esta materia supone la imputación de la actuación (u omisión) de las personas físicas a la persona ideal, y ello exige verificar y diferenciar cuidadosamente los entes y órganos involucrados y las atribuciones e incumbencias que cada uno de ellos despliegan” (cfr. CSJN Fallos 345:1025 y sus citas).
Por último, también consideró certeramente aplicable al caso de autos lo sentenciado por la Sala IV en cuanto establece que “… los contribuyentes pudieron considerarse razonablemente liberados de sus obligaciones tributarias al haber efectuado ingresos acordes a lo liquidado por el sistema informático. (…) la Aduana no podía invocar el error en su favor pues en esta materia, se aplica la doctrina del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente. (…) Además ha dicho la Corte Suprema que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos, 209:213; 258:208; 259:382; 264:124). (…) la Dirección General de Aduanas había advertido que “por cuestiones de carácter operativo relativas a la carga en el SISTEMA INFORMÁTICO MARIA (S.I.M.) de la información suministrada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, se produce un desfasaje (…) entre el valor informado y el que realmente el sistema toma al momento del Registro de la Destinación de Exportación. (…) En tales condiciones, tratándose de un error admitido por el servicio aduanero y de difícil detección por parte del contribuyente (pues recae sobre los algoritmos y cotizaciones que emplea el SIM en una fórmula de cálculo de los derechos de exportación), corresponde interpretar que aquél quedó liberado de su obligación tributaria con las sumas que abonó de buena fe …”. (CNACAF, Sala IV: Expte. N° 25/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARG c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo externo”, Sent. Del 11/04/2019). Y agregó, que la Aduana no podía invocar el error en su favor pues, en esta materia, se aplica la doctrina del efecto liberatorio del pago (cfr. causas homónimas 16128/17 y 34776/17 “Sinopec Argentina Exploration and Production Inc Sucursal Argentina c/ DGA”, sentencias del 8/08/17 y 15/8/17, respectivamente; causas 28564/18 “Biocardales SA c/ DGA”, del 5/6/18, y 25/19, “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA”, del 11/4/19, y sus citas; entre otras). (Cfme: “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 16659476-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” Expte:
6136/2024. CNACAF, Sala IV. Sent. Fecha 04/07/2024).
Finalmente, que este criterio fue recogido por la Exma. Cámara en Acuerdo Plenario de fecha 11 de abril de 2025, en los autos “PAN AMERICAN SUR SA (TF 39976-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” Expte. Nº 25.856/2023, fijando la doctrina legal; "…En el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecido por la resolución (MEyP) 394/07 cuando éste fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, ésta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaría de Energía".
Criterio que resulta aplicable al caso de autos, toda vez que los derechos de exportación fueron liquidados y pagados por la actora, en cada operación, aplicando el coeficiente determinado (y liquidado) por el SIM, conforme la fórmula de cálculo vigente en los términos del Decreto 1719/2012, encontrándose, la actora liberada de la obligación tributaria al haber efectuado ingresos acordes a lo liquidado por el sistema informático.
Por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución 2021-24-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD (AD CAMP), dictada por la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas en el expediente SIGEA 18011-43-2017, y por ende, los Cargos FE 55/17, 56/17, 5717 y 58/17, con costas.
Que, en virtud de lo resuelto no resulta necesario el tratamiento de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución 2021-24-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD (AD CAMP), dictada por la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas en el expediente SIGEA 18011-43-2017, y por ende, los Cargos FE 55/17, 56/17, 57/17 y 58/17, con costas.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución 2021-24-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD (AD CAMP), dictada por la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas en el expediente SIGEA 18011-43-2017, y por ende, los Cargos FE 55/17, 56/17, 57/17 y 58/17, con costas.
Regístrese, notifíquese, y firme archívese.
Date: 2025.05.27 14:23:22 ART Date: 2025.05.27 16:19:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.28 14:37:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.28 14:37:24 -03:00
Fin de la sentencia