Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 40107323-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF
40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.- NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA, compañía dedicada a la producción y exportación de productos derivados de granos oleaginosos, como harinas, pellets y aceites, realizó exportación de mercaderías, por lo que abonó los derechos de exportación fijados por el Decreto Nº 1719/2012 de conformidad a la alícuota establecida en el SIM. Con posterioridad, la parte demandada le impuso el pago de diversos cargos formulados como consecuencia de una diferencia detectada por la Aduana entre los derechos de exportación aplicada por el SIM, a la fecha de oficialización de las destinaciones de exportación, y el porcentual informado por la División Arancel Informático. Ante dicha situación la firma actora impugnó los cargos, lo cual fue rechazado por la Aduana. Así las cosas, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que hizo lugar a su recurso.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación –por mayoría–, mediante sentencia del 17/10/2024, rechazó los planteos de nulidad e inconstitucionalidad efectuados por Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA y revocó la Resolución Nº RESOL-2022-9-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA Nº 18011-68-2018, y en consecuencia, los Cargos FE 1363- 1364-1365-1366/2019, con costas.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación luego de hacer una análisis de las actuaciones administrativas, respecto de la nulidad invocada por la parte actora, señaló que la misma resultaba inadmisible ya que de las actuaciones administrativas y de la resolución aduanera surgía que los cargos cuestionados eran los mismos que la firma Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA había impugnado oportunamente; es decir, los Cargos FE 1363-1364-1365- 1366/2019, respecto de los cuales por Nota Nº 281/21, el servicio aduanero había rectificado los montos adeudados, circunstancia que surgía de la resolución aduanera, la cual se encontraba formalmente motivada por juez competente, habiéndose detallado las consideraciones de hecho y de derecho mediante las cuales se habían practicado los ajustes en crisis.
A continuación, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado en relación con la ilegitimidad del Decreto Nº 1719/2012, en tanto la norma emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, motivo por el cual resultaría aplicable la Doctrina de la Corte en el fallo “Camaronera Patagónica”, determinó que de conformidad con lo estipulado por el artículo 1164 de Código Aduanero, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no podría contener pronunciamiento alguno sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras, y sus reglamentaciones, y recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico, por lo que desestimó el planteo sin costas. Por otro lado, en cuanto a si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera que rechazó la impugnación impetrada por la firma OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFIA y confirmó los Cargos N° 1363-
1364-1365-1366/2019, formulados en relación a las destinaciones Nº 14057EC03001063X, 15057EC01007918W, 15057EC01007940R, y 15057EC03000794T, puntualizó que dichos cargos habían sido formulados como consecuencia de la diferencia detectada por la Aduana entre la alícuota de derechos de exportación aplicada por el SIM a la fecha de oficialización de las destinaciones de exportación y el porcentual informado por la División Arancel Informático como consecuencia de lo establecido por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo.
Ello así, indicó que de las actuaciones administrativas, mediante los PE N° 14057EC03001063X (oficializado el 10/9/2014), 15057EC01007918W (oficializado el 24/8/2015), 15057EC01007940R (oficializado el 9/9/2015), y 15057EC03000794T (oficializado el 24/8/2015), la firma Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA había documentado las exportaciones a consumo de biodiesel, consignando en el campo correspondiente (“a) Opciones / b) Ventajas”) el código de ventaja “b) D1719/12BEN”.
En esta línea, señaló que la Aduana no había controvertido el hecho de que el SIM hubiera liquidado los derechos conforme la alícuota cargada en el mismo a la fecha de registro de las destinaciones de exportación, y en base a la cual la recurrente pagó los correspondientes derechos de exportación. Asimismo, destacó que la resolución aduanera apelada expresamente reconoce, en el caso, que se está frente a una carga tardía en el SIM de la alícuota CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
correspondiente conforme la fórmula de cálculo vigente en los términos del Decreto Nº 1719/2012.
También, expresó que en la prueba producida en autos se aclaró que la alícuota definida en las Actas no había tenido ingreso en el SIM debido a que las mismas habían sido informadas en forma tardía (Actas periodos: 9/2014 se habían informado el 27/9/2014, 8/2015 se habían informado el 5/10/2015 y 9/2015 se habían informado el 21/10/2015).
En consecuencia, consideró que de las constancias obrantes en la causa bajo estudio surgía que el derecho de exportación había sido liquidado y pagado por la firma actora, en todas las operaciones, aplicando el coeficiente determinado (y liquidado) por el SIM, por lo que resultaba aplicable al caso mutatis mutandis (en cuanto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación), la doctrina de la Sala “E” del Tribunal Fiscal –con integración diferente a la actual– recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA”, del 6/10/2004, en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “…si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema…”.
Así las cosas, determinó que conforme la doctrina del efecto liberatorio del pago establecida por la Corte Suprema, salvo que la Administración sea inducida al error por el dolo del administrado, rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores. También, manifestó que la jurisprudencia mencionada había sido sostenida por la Sala en la causa “Pan American Energy LLC TF N° 31.021-A”, del 10/4/2019, en la que se habían debatido cuestiones sustancialmente análogas a la presente, cuyo pronunciamiento había sido confirmado por la Cámara. De este modo, concluyó que correspondía revocar la Resolución RESOL-2022-9-E-AFIP- DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA N° 18011-68-2019, y los Cargos FE 1363-1364-1365-1366/2019, con costas. Por último, determinó que no resultaba necesario el tratamiento de las demás cuestiones planteadas.
III. Agravios de la parte demandada Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación y expresó agravios la parte demandada el 29/11/2024, el cual fue contestado por la parte actora el 11/12/2024.
En primer lugar, se agravia respecto de la interpretación de la normativa aplicable (artículos 726, 728 y concordantes del Código Aduanero y Decreto N° 1719/2012) efectuada en el voto mayoritario de la sentencia recurrida. Ello así, postula que el artículo 728 del Código Aduanero cobra relevancia en el sentido que la alícuota a considerar es la fijada para el día del registro de las destinaciones, sometidas al sistema de alícuotas móviles establecido en el Decreto Nº 1719/2012, y que la firma actora no podía desconocer el mismo, por lo que no se pudo considerar “razonablemente liberada de su obligación tributaria”.
En este sentido, sostiene que la normativa vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones era el Decreto Nº 1719/2012, en el cual se establece el régimen de alícuota móvil, la que queda definida por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (en adelante UEIM) y no por la carga de la misma en el SIM.
En esta línea, aduce que cada destinación había sido liquidada por el SIM con una alícuota que no era la correcta por no coincidir con la fecha del registro, según los establecen los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, y que el hecho de que el SIM no hubiera reflejado los derechos en forma correcta, se había debido a razones de carácter operativo y demoras no imputables a la parte demandada.
En este sentido, alega que el fisco nacional tiene la facultad de revisar las destinaciones, la que puede ejercerse en casos en que las dificultades y erróneas liquidaciones deriven en una deficiente operatividad –cualquiera fuera el origen– del sistema informático utilizado por la Aduana (SIM). Al respecto, indica que en el caso bajo estudio existía una evidente dificultad operativa que impedía que las alícuotas que fijaba la UEIM se comunicaran a la Aduana y se aplicaran a las exportaciones en el mismo día de su fijación.
Así, considera que el actuar del servicio aduanero se ajusta a la interpretación hermenéutica de los artículos 726, 728 y concordantes del Código Aduanero y el Decreto Nº 1719/2012 que fijaba la alícuota aplicable a la mercadería, conforme el ordenamiento jurídico.
También, alega que de la resolución aduanera surge que la emisión de los Cargos tiene fundamento en los Informes Técnicos emitidos en las actuaciones administrativas, en los cuales se determinó que la alícuota utilizada para liquidar los derechos de exportación no se ajustaban al Decreto Nº CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
1719/2012. Ello así, puntualiza que la alícuota cargada en el SIM no era la vigente para esa quincena, dado que se informó y cargó tardíamente por demoras no imputables a la parte demandada, por lo que resulta procedente la generación de los Cargos debido a que la alícuota aplicable es determinada por la normativa que rige en ese momento (conforme lo establece el artículo 726 del Código Aduanero) –en este caso el Decreto Nº 1719/2012– y no por su carga en el SIM como erróneamente interpretó el Tribunal Fiscal.
En concordancia, manifiesta que la parte actora debía saber que existía la posibilidad que dicha alícuota fuera ajustada, asumiendo ella el riesgo de realizar con la oficialización de los Permisos de Embarque un pago inferior al resultante de la carga en el SIM de la nueva alícuota, y que consecuentemente, pudiera dar lugar a una liquidación suplementaria de tributos en virtud de haber realizado un pago inferior a lo debido.
Por otro lado, aduce que el artículo 348 del Código Aduanero, aplicable en caso de una exportación, establece que una vez que la mercadería hubiese sido librada al exterior y los tributos hubiesen sido pagados, las actuaciones deben remitirse al administrador de la Aduana para su revisión y para el eventual ejercicio de las facultades previstas en los artículos 792 y 793, como en el presente caso.
Asimismo, expresa que el pago efectuado por la firma actora de la alícuota asentada en el SIM no tiene aptitud para repeler la pretensión del pago del Fisco por medio de la liquidación suplementaria.
En este orden de ideas, considera que resulta improcedente aplicar el efecto liberatorio del pago o la doctrina de los actos propios. A continuación, señala diversa jurisprudencia que entiende aplicable en tanto considera que en la causa bajo análisis no existió una modificación de un “criterio interpretativo” sobre la gravabilidad o no de la mercadería en trato, o sobre su clasificación a los fines arancelarios, o cualquier otra de las posibles hipótesis ocurrentes en que sea preciso “interpretar” la realidad jurídica, sino que se trató de un error de liquidación, producido a raíz de que el SIM computaba una alícuota diferente de la que debía tomarse, por demoras no imputables a la parte demandada, a los efectos de la fórmula para el cálculo de los derechos de exportación que disponía la reglamentación vigente. Al respecto, destaca que el pago de los derechos de exportación efectuados por la empresa actora había sido inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se había ajustado a lo dispuesto legalmente. Así, alega que debido a que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas vigentes al momento del registro de la operación, y dado que en el caso el exportador no canceló sus obligaciones en la extensión que normativamente corresponde, se torna admisible la formulación de los Cargos por las diferencias debidas.
Finalmente, sostiene que la sentencia apelada vulnera la facultad de contralor del fisco nacional y también beneficia el accionar de la firma actora, haciendo peligrar la renta fiscal.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, “LDC Argentina SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17645/2024, del 10/4/2025, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras. En igual sentido, esta Sala –en su actual integración– in re: “Bunge Argentina SA (TF 20281321-A) s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 46942/2023, del 5/12/2023).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA, en ocasión de documentar los permisos de embarque Nros. 14057EC03001063X, 15057EC01007918W, 15057EC01007940R, y 15057EC03000794T –biodiesel– de la NCM, resultan o no ajustados a derecho. En este orden de ideas, cabe puntualizar que no se encuentra en discusión el pago de los derechos aduaneros, sino el quantum que surgía de la liquidación del SIM.
Así las cosas, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas las cuales fueran remitidas mediante DEO Nº 17712938:
(i) El 26/9/2019 se inició la actuación SIGEA Nº 18011-68-2019, mediante Nota por medio de la cual se solicitaron las alícuotas vigentes a las fechas de oficialización de las exportaciones biodiesel conforme el Decreto Nº 1719/2012 (confr. fs. 1).
(ii) Mediante Nota Nº 194/19, del 5/7/2019, la División Arancel Informático comunicó las alícuotas vigentes (confr. fs. 2/4).
(iii) Por Nota Nº 311/19, del 10/7/2019, se solicitó que se informen nuevamente las alícuotas vigentes para la PA en trato (confr. fs. 5). (iv) Mediante Nota Nº 209/19, del 19/7/2019, el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, adjuntó copia de los cargos, de los permisos de embarque y el detalle de los ajustes (confr. fs. 6/30). (v) El 23/9/2019 se emitió el Informe Técnico Nº 22/19 (DV MINC) del cual surge que se había comprobado que las alícuotas de los derechos de exportación aplicadas en las destinaciones de exportación bajo fiscalización eran inferiores a las que correspondían para la PA NCM 3826.00.00 (biodiesel), por lo que se aconsejó la formulación de los cargos (fs. 31).
(vi) Posteriormente, se formularon los Cargos FE 1363-1364-1365-
1366/2019, respecto de los cuales a fs. 32/36 constan las notificaciones correspondientes. Asimismo, dichos cargos fueron impugnados por la firma actora el 8/10/2019 (confr. fs. 40/48).
(vii) Mediante Nota Nº 281/21 (DV MINC), del 18/10/2021, el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Exportaciones ratificó los cargos Nº 1363 a 1366/2019 formulados a la firma Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA (confr. fs. 99).
(viii) Por Resolución RESOL-2022-9-E-AFIP- DIVACD#SDGCAD, del 8/4/2022, la Directora de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental rechazó la impugnación formulada por la firma actora, y en consecuencia, confirmó los cargos impuestos y rectificó los montos establecidos (confr. fs. 115/117).
VII. Precedentes de la Sala aplicables al caso bajo análisis CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
VII.1. En este sentido, corresponde destacar que los agravios expresados por la Dirección General de Aduanas encuentran adecuada respuesta – mutatis mutandis– en lo decidido por esta Sala en la Causa “Pan American Energy LLC Suc. Argentina c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Expte. N° 41090/2013, del 5/6/2014, pronunciamiento que adquirió firmeza al rechazar la Corte Suprema de Justicia de la Nación el remedio extraordinario interpuesto (confr. artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En dicha oportunidad, esta Sala sostuvo lo siguiente:
(i) El hecho de que fuera el SIM el que aplicara la cotización indebida, conduce a estimar como razonable que, ante el pago realizado, el contribuyente se considere liberado de su obligación tributaria, sin que obste a ello el error en el que incurriera el servicio aduanero (confr. esta Cámara, Sala I, in re: “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 26647-A) c/ DGA”, Causa N° 19372/2011, del 22/5/12; y Sala II, in re: “Pan American Energy LLC (Suc Argentina)(TF 27239-A) c /DGA”, Causa N° 30178/2011, del 23/2/2012). (ii) La Corte Suprema de Justicia entendió que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, éste no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; entre otros). Es que, el error, en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos, no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave (CSJN; Fallos: 284:232).
Así pues, si el Estado implementó el SIM, necesariamente debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias operativas.
VII.2. A su vez, cabe señalar que esta Sala en el precedente “Bunge Argentina SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 25.505/2023, del 21/12/2023, en la que se debatió, examinó y resolvió un asunto que guarda semejanza con el presente caso, expresó que las conclusiones alcanzadas en la causa “Pan American Energy LLC Suc. Argentina”, resultan aplicables en el debate concerniente a la alícuota aplicable en los términos del Decreto Nº 1719/2012.
Es que, en el caso bajo estudio, la Resolución aduanera RESOL- 2022-9-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD, expresó que se estaba “frente a una carga tardía en el SIM de la alícuota correspondiente conforme la fórmula de cálculo vigente en los términos del decreto 1719/2012. Es decir, que se había tratado de un error sistémico, de carácter involuntario”, lo cual constriñe a considerar lo que establecía el Decreto Nº 1719/2012, en el sentido de que la “UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO” … será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal el precio de referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida” (el resaltado me pertenece).
Así, queda definido el aspecto temporal del término, de donde la alícuota del biodiesel sólo puede ser interpretada como que queda fijada y, por ende, resulta aplicable y exigible cuando se produce la conjunción de ambos extremos: (i) la práctica del cálculo según la fórmula que prevé la norma y, (ii) la información a los organismos correspondientes.
Esto último es lo que el servicio aduanero reconoce que sucedió tardíamente, en la Resolución aduanara RESOL-2022-9-E-AFIP- DIVACD#SDGCAD ya citada. Por ello, se concluye que el tributo fue abonado conforme la alícuota que surgía del SIM, excluyendo la posibilidad de reclamarle cualquier diferencia. En el particular, se torna operativo el principio de unidad de acción estatal que gobierna a la organización administrativa nacional. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “el Estado, al igual que todas las personas jurídicas, necesita de la actuación u omisión de personas físicas que tienen la función de hacer querer y actuar al ente ideal. De ahí que el primer problema a resolver es el modo en que dicha actuación se imputa al Estado, frente a lo cual el Derecho ha dado diferentes respuestas, algunas basadas en principios propios del Derecho Civil, como la teoría del mandato y de la representación legal, y otras basadas en la teoría del órgano (arg. doct. de Fallos: 327:5295). La teoría del órgano que rige esta materia supone la imputación de la actuación (u omisión) de las personas físicas a la persona ideal, y ello exige verificar y diferenciar cuidadosamente los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 6962/2025 “OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 40107323-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
entes y órganos involucrados y las atribuciones e incumbencias que cada uno de ellos despliegan” (confr. CSJN Fallos 345:1025 y sus citas).
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida, por no hallarse razón para apartarse del principio general que gobierna la materia (confr. art. 68 primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia