Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 44912502-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 5/7/22; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Reducir la regulación de honorarios del 18/8/22 y fijar los de esta instancia del modo que surge del considerando 8º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17240/23 OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 44912502-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 5/7/22, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) revocó la resolución 28/21 de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental y, por consiguiente, dejó sin efecto los cargos suplementarios 104 a 108 del 2014, que había formulado la Dirección General de Aduanas (DGA) al considerar aplicables las alícuotas de derechos de exportación emergentes de las actas de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (UEIM) correspondientes a la fecha de registro de las destinaciones 13057EC01005282M, 13057EC01005668U, 13057EC03001282K, 13057EC03001283L y 13057EC03001284M, con arreglo a la fórmula de cálculo prevista por el decreto 1719/12; e (ii) impuso las costas al Fisco Nacional (v. pp. 455- 471 de la versión digital del expediente TF 44912502-A, remitida con el oficio del 24/4/23).
Para decidir de esa manera, en lo que aquí interesa, recordó que la actora consideraba aplicables a dichas operaciones las alícuotas móviles que proveyó el Sistema Informático Malvina (SIM) para la posición arancelaria 3826.0000 (biodiesel) al momento de registrar las operaciones en trato (25,74% para el PE 13057EC01005282M y 25,78% para los PE 13057EC01005668U, 13057EC03001282K, 13057EC03001283L y 13057EC03001284M), mientras que la DGA oponía, en sustento de los cargos en discusión, que debían aplicarse las alícuotas más altas determinadas conforme a las señaladas actas de la UEIM (26,16 % para todos los permisos de embarque, con la consiguiente diferencia porcentual de 0,42% para el PE 13057EC01005282M y de 0,38% para los restantes), aun cuando no estuvieran publicadas ni incorporadas al SIM.
Señaló que el artículo 726 del Código Aduanero “en su correcta lectura jurídica, establece que los derechos de exportación se determinan (conjunción de todos sus elementos esenciales: hecho imponible, valor imponible, alícuota, lugar, etc.) en el momento imponible normativamente previsto (que es, en sí mismo, un elemento esencial, el temporal) conforme el sistema normativo integral que los regula, vigente al momento del registro de la solicitud de exportación. En ese mismo momento… ocurre la intervención de los diferentes sujetos del proceso determinativo tributario quienes constituyen, también, en términos jurídicos, otro de los elementos esenciales del hecho imponible…”. Agregó, en igual sentido, que “[c]uando el art. 726 usa la expresión `norma vigente´ que establece el derecho de exportación, está empleando una expresión genérica que refiere a todo el sistema normativo que confluye, en el momento del hecho imponible, para la determinación del derecho de exportación”.
En ese entendimiento, indicó que el hecho de que, a la fecha de oficialización de las operaciones, la UEIM hubiese determinado una alícuota con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 1719/12, no significaba que aquélla tuviese “vigencia” en los términos de los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, pues restaba aún, bajo el sistema integral de normas que regulaban la configuración del elemento alícuota de los derechos de exportación, que la misma UEIM informase el nuevo porcentaje a la DGA (art. 2º, in fine del decreto 1719/12), para que esta última, al amparo de las normas del Código Aduanero y aquellas que regulan el SIM, le otorgase efectiva vigencia.
Sostuvo así que la alícuota computada por el SIM al momento de registro de las exportaciones era la vigente en los términos de los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, y que su pretendida “actualización” recién podía reputarse cumplida, legal y reglamentariamente, una vez finalizado el procedimiento que se iniciaba con la información brindada por la UEIM y su posterior incorporación al SIM.
Rechazó el argumento de la DGA, consistente en que el contribuyente debió conocer que regía una nueva alícuota por su pertenencia al sector exportador, en la inteligencia de que esto importaba transferirle al exportador una carga propia del servicio aduanero en el proceso determinativo.
Precisó que la publicación de las alícuotas no tenía como destinatario al contribuyente, sino que su finalidad normativa era ponerlas en conocimiento de la DGA, pues era la administración quien tenía la carga de su incorporación al SIM. Puso énfasis en que “[n]o puede cohonestarse judicialmente que la DGA – como representación del estado y de la ejemplaridad que debería presidir su actuación– se valga de un error propio, o de la ineficiencia de otra repartición, en la carga tempestiva en el SIM para obligar, luego, a los contribuyentes a soportar el costo fiscal de dicho error –ajeno a ellos–, obligándolos a aplicar a posteriori la alícuota que el propio SIM no aplicó en el momento imponible establecido por el CA para la determinación de los derechos”.
Finalmente, consideró que la alícuota tampoco podía quedar suspendida en el tiempo y sujeta a revisión retroactiva bajo los “vaivenes interpretativos de la DGA, máxime cuando el derecho de exportación resultante de su aplicación fue íntegramente pagado, conforme fue determinado y exigido por el servicio aduanero al exportador, de consuno con el integral régimen normativo aplicable, cuyos términos operativos y estrictos no pueden soslayarse o modificarse en perjuicio del contribuyente”.
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17240/23 OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 44912502-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2º) Que, disconforme con la decisión, el 31/8/22 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió el 1°/9/22, se fundó el 6/922 y fue replicada el 22/9/22 (v. pp. 484-490, 491, 497-511 y 523-537, expte. cit.).
En sustancia, insistió en que la alícuota liquidada por el SIM para las destinaciones involucradas en el caso no fue la que fijaba la normativa vigente al momento de registro de los permisos de embarque, como lo exigen los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, por lo que se encontraba habilitado para reclamar lo ingresado en menos, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 9º, apartado 2, inciso d, del decreto 618/97.
Cuestionó que los vocales que conformaron la mayoría hubieran establecido – a su entender, sin mayor fundamentación– que el acta confeccionada por la UEIM constituyó un mero acto preparatorio dentro del sistema de determinación de alícuotas y que la modificación recién cobró “efectiva vigencia” con su carga en el SIM. Agregó que el tribunal de origen había tergiversado la inteligencia del artículo 728 del Código Aduanero y que la actora no pudo desconocer que sus destinaciones estaban sometidas al sistema de alícuotas móviles del decreto 1719/12, por lo que era inapropiado considerarla liberada de su obligación tributaria. Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
A su vez, insistió en que “la alícuota cargada en el SIM no era la vigente para esa quincena, dado que se informó y cargó tardíamente por demoras no imputables a [su] mandante; y por tal motivo resulta procedente la generación de los Cargos atento que la alícuota aplicable es determinada por la normativa que rige en ese momento (conforme establece el artículo 726 del Código Aduanero) - en este caso el Decreto 1719- y no por su carga en el SIM como erróneamente interpretó el a quo”.
En síntesis, adujo que “el caso de autos se trató -en definitiva- de una dificultad operativa, que impedía o dificultaba que las alícuotas que fijaba la UEIM se comunicaran a la aduana y se aplicaran a las exportaciones en el mismo día en que eran fijadas. Y éste es uno de los casos en que las facultades del artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/97 debe ejercerse”.
3. Que, el 18/8/22, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los que fueron apelados por altos el 6/9/22 y por bajos el 7/9/22. Ambos recursos se concedieron el 22/9/22 (v. pp. 487-488, 510, 514-515 y 520, expte. cit.).
4. Que, el 5/5/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara y el planteo de inconstitucionalidad deducido en subsidio por la parte actora, con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
5. Que no es materia de controversia en estos autos que, al registrarse las operaciones documentadas mediante los permisos de embarque 13057EC01005282M, 13057EC01005668U, 13057EC03001282K, 13057EC03001283L y 13057EC03001284M, se determinaron y abonaron los derechos de exportación previstos por el decreto 1719/12, que eran automáticamente liquidados por el SIM.
En concreto, el artículo 1º del decreto 1719/12 establecía que la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria 3826.00.00 debía determinarse según la siguiente fórmula: “DE (expresado como %) = { (PR - CRCTE) * 100/ CRCTE}. Donde: DE = Alícuota del Derecho de Exportación; CRCTE= Costos totales más retorno sobre el capital total empleado; PR= Precio de Referencia”.
Por otra parte, el artículo 2° disponía que la UEIM, creada por la resolución conjunta 438 del Ministerio de Economía y Finanzas, 269 del Ministerio de Industria y 1001 del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, era la responsable de “calcular con una periodicidad quincenal el precio de referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida”.
6. Que, a su vez, se halla fuera de discusión que, a la fecha de registro de las destinaciones aquí involucradas, “la alícuota cargada en el SIM no era la vigente para esa quincena, dado que se informó y cargó tardíamente”, según fue reconocido por el recurrente, alegando demoras que no le eran imputables (v. expresión de agravios del Fisco Nacional).
7. Que, en otras causas sustancialmente análogas a la presente, en las que también se hallaba fuera de discusión que el SIM había computado una alícuota de derechos diferente de la que debía tomarse con arreglo a la reglamentación vigente a la fecha de registro de las operaciones, esta Sala interpretó que los contribuyentes pudieron considerarse razonablemente liberados de sus obligaciones tributarias al haber efectuado ingresos acordes a lo liquidado por el sistema informático. Y agregó que la Aduana no podía invocar el error en su favor pues, en esta materia, se aplica la doctrina del efecto liberatorio del pago (cfr. causas homónimas 16128/17 y 34776/17 “Sinopec Argentina Exploration and Production Inc Sucursal Argentina c/ DGA”, sentencias del 8/08/17 y 15/8/17, respectivamente; causas 28564/18 “Biocardales SA c/ DGA”, del 5/6/18, y 25/19, “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA”, del 11/4/19, y sus citas; entre otras).
Este criterio ha quedado firme tras la desestimación de los recursos extraordinarios interpuestos por el Fisco Nacional, entre otras, en la causa registrada CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17240/23 OLEAGINOSA MORENO HNOS SA (TF 44912502-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en Fallos: 345:98; y se asienta sobre inveterada jurisprudencia de la Corte que afirma que el error en el ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos: 284:232 y sus citas; entre otros); como así también, que el Estado no podría invocarlo para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir a aquél por el descuido o ineficacia en la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; 259:382; 264:124).
En esas condiciones, tratándose en el caso de un error admitido por el servicio aduanero y de difícil detección por parte del contribuyente, corresponde interpretar que aquél quedó liberado de su obligación tributaria con las sumas que abonó de buena fe, de acuerdo con la alícuota oportunamente informada por la UEIM y que aplicaba el servicio informático.
Por lo tanto, se desestima el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y se confirma la decisión del 5/7/22; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
8. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra el auto regulatorio del 18/8/22.
Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto –tomando como tal la suma determinada por el tribunal de origen y consentida por los recurrentes (v. pp. 487-488, 510 y 514-515, expte. cit.)–; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Patricia E. Feliciano en carácter de patrocinante en la defensa de la actora, durante tres etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a la suma de pesos seis millones cuatrocientos ochenta mil novecientos veintidós ($6.480.922) –equivalentes a la cantidad de 434 UMA– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y acordada CSJN 9/23).
Siguiendo idénticas pautas corresponde REDUCIR a la suma de pesos dos millones quinientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y dos ($2.598.342) – equivalentes a la cantidad de 174 UMA– los honorarios de Adrián M. Míguez, por su actuación en carácter de apoderado en la defensa de la actora, durante tres etapas del proceso.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en la suma de pesos un millón novecientos cuarenta y un mil doscientos noventa ($1.941.290) –equivalentes a la cantidad de 130 UMA– los emolumentos de Patricia E. Feliciano, y en la suma de pesos setecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis ($776.516) –equivalentes a la cantidad de 52 UMA– los de Adrián M. Míguez, por su actuación en esta instancia en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado de la parte actora (cfr. contestación de agravios).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 5/7/22; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Reducir la regulación de honorarios del 18/8/22 y fijar los de esta instancia del modo que surge del considerando 8º.
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. proveídos del 3/5/23, punto I, y del 8/5/23, punto II).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia