Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-127774059-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-1163-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) con fecha 30 de octubre de 2024, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-1841-2018. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-84827833-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, para dictar sentencia en los autos caratulados “OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA (actualmente, VITERRA ARGENTINA S.A.) c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° EX-2024-127774059- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I.-. Que se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe (actualmente VITERRA ARGENTINA S.A.) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2024-1163-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 17134-1841-2018, mediante la cual la Aduana de San Lorenzo rechazó el reclamo de repetición de la suma de $ 713.523,99, que a su juicio fuera indebidamente abonada por la empresa exportadora, en concepto de derechos de exportación, correspondiente al Permiso de Embarque 13057EC03001921K.
Señala que oficializó, con fecha 16/2/2013, la destinación correspondiente a una exportación de biodiesel (P.A. 3826.00.00). Y que en dicha oportunidad, se vió obligada a abonar la alícuota de derechos de exportación del 26,44%, liquidada automáticamente por el SIM, que había establecido el Decreto Nro. 1719/2012.
Afirma que la referida normativa resulta nula, de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional), en razón de que fue dictada por el PEN en base a lo dispuesto en el artículo 755 del CÓDIGO Aduanero; norma que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”, resulta jurídicamente insuficiente para justificar la modificación de alícuotas de derechos de exportación. Por tal motivo, expresa que correspondía la aplicación de la alícuota de derechos de exportación nominal del 5%, establecida en el Decreto 509/2007.
En consecuencia, destaca que reclamó en sede administrativa la devolución de la diferencia entre: (i) los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 26,44% fijada por el Decreto 1719/2012; y (ii) el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007).
Sostiene que el Poder Ejecutivo no contaba con facultades suficientes, ni propias ni delegadas para fijar derechos de exportación como los exigidos y cuya repetición se solicita.
Considera que los derechos de exportación fijados en la normativa cuestionada en autos y sus modificatorias carecen de sustento legal alguno, y no respetan el principio de legalidad en materia tributaria. Entiende que el Decreto Nro. 1719/2012 es manifiestamente inconstitucional y, en consecuencia, el pago de derechos de exportación cuya repetición se solicita carece de causa.
Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada y haga lugar a la repetición, con costas al Fisco Nacional.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de la actuación administrativa correspondiente a la causa, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma actora, correspondiente a las operaciones de exportación documentadas mediante la Destinación Nro. 13057EC03001921K, concluyó con el dictado de la Resolución Nº RESOL-2024- 1163-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) con fecha 30 de octubre de 2024 -notificada en fecha 1/11/2024-, recaída en la Actuación Administrativa N° SIGEA 17134-1163-2018, la cual fue apelada en esta instancia.
IV. Que habiéndose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de resolver.
V. Que, sentado ello, corresponde analizar y resolver si la resolución apelada en autos, en cuanto dispuso no hacer lugar al recurso de repetición articulado por la firma actora, resulta ajustada a derecho. A tal fin, merece señalarse, como consideración preliminar, que el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
VI. Que, bajo tales premisas, cabe poner de resalto que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VII. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en la especie – que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas- resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso no hacer lugar al recurso de repetición formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
VIII. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
Confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-1163-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) con fecha 30 de octubre de 2024, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-1841-2018. Costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, haciendo propios el relato de los hechos y de los elementos incorporados en el marco de la sustanciación del expediente a los efectos de exponer mi disidencia con lo propuesto por el vocal instructor. Ello así, pues, un nuevo examen de la cuestión me persuaden a exponer que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683 y la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde revisar mi posición –sentada en no pocos casos- a la luz de los principios generales del derecho, como estamentos rectores del sistema de justicia, que me conminan a evaluar la suerte de conflicto moral y ético que subyace en mi sentir jurígeno, nutrido de la conclusión arribada por la frágil mayoría y alguna notable ausencia que engendró la doctrina plenaria “Petroquímica Comodoro Rivadavia”, la respuesta en espejo de las Salas que conforman el Tribunal de alzada y, basalmente, lo que considero extremadamente injusto para el particular contribuyente y para el Estado en general por esta suerte de brida jurídica que asfixia la coherencia del sentido común de quien suscribe.
Sin incurrir en falsas declamaciones, la construcción del camino hacia la decisión que implica poner un punto final al proceso no debe percibírsela sesgada del tramo que habrá de darle la contundencia que sólo la cosa juzgada puede otorgarle a un pronunciamiento jurisdiccional como el que aquí se intenta.
Por ello, visto que el plenario de mención sólo se ha expedido en el marco de un procedimiento de repetición de derechos de exportación a la luz de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional mediante el Decreto 793/2018, calzando la decisión con razonabilidad y coherencia, el camino que se propondrá transitar –siguiendo el trazado por el Dr. Soria Acuña- no es extraño al recorrido por las cinco salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal que, de manera uniforme y sistemática, revoca lo decidido en esta instancia por imperio de la doctrina cimera en “Camaronera Patagónica” (fallos 337:388).
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el caso, la actora cuestiona –para fundar su derecho a repetir- la validez del Decreto 1719/2012, remitiéndose al precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema, donde se declaraba la invalidez de las resoluciones 11/02 y 150/02 dictadas por el Ministerio de Economía, por ser violatorias de los arts. 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo se encuentra vedado para dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria.
En efecto, la Constitución Nacional establece en su art 76 que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” y, en el art. 99 inc. 3 señala: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Cabe destacar que la cuestión aquí debatida no puede ser divorciada de lo plasmado en la ley 26.122 que establece "…las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo..", y que el "…Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente…",“… las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional…”, estableciendo así un mecanismo de revisión posterior a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho. Dicho lo anterior, en lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenido en la resolución 11/02 - legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994-, el Máximo Tribunal consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
En este caso, la norma en pugna, Decreto 1719/2012, que estableció un mecanismo de cálculo que aumentaron las alícuotas diferenciales para la mercadería comprendida en la nomenclatura allí consignada, no encuentra sustento en norma o expresión legislativa ratificatoria que validen los efectos de su vigencia, circunstancia ésta que permiten afirmar que la exigencia tributaria que estableció no puede ser exigible por resultar comprendidas en los estándares de la doctrina “Camaronera Patagónica” y por ello nula de nulidad absoluta e insanable en los términos de lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, lo que así debe declararse para revocar la resolución recurrida.
En cuanto a las costas del proceso, las mismas deben imponerse al Fisco por cuanto no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota (art. 1163 del C.A.).
Así lo voto.-
El Dr. Segura dijo:
Sin perjuicio de mi criterio respecto de las costas, en el sentido de que deben imponerse a la actora dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del CA (art 1164), teniendo en cuenta el modo en que deciden los otros Vocales respecto de las costas, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, adhiero en su totalidad al voto del Dr. Garbarino. ASÍ LO VOTO.
En virtud del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-1163-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) con fecha 30 de octubre de 2024, recaída en las actuaciones SIGEA 17134-1841-2018. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.07.18 14:53:33 ART Date: 2025.08.04 14:04:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.04 15:15:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.04 15:15:59 -03:00
Fin de la sentencia