Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.505-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos intimados mediante la Actuación N° 13808-494-2009 al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., con motivo del ajuste de valor en relación con la destinación N° 04 001 IC04 129614Y.
2Revocar el art. 1 la Resolución N° 8567/2014 (DE PRLA), dictada en la Actuación Nº 13808-494- 2009, en cuanto condena al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., al pago de una multa por $ 135.996,30.- por la infracción al art. 954 inc. a) y c) del C.A respecto de la mercadería documentada por el despacho N° 04 001 IC04 129614Y.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-20804007-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Horacio J. Segura y la Dra. Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos: “OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. N° 35.505-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 8567/2014 (DE PRLA), dictada en la Actuación Nº 13808-494-2009, en cuanto condena al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., al pago de una multa por $ 135.996,30.- por la infracción al art. 954 inc. a) y c) del C.A respecto de la mercadería documentada por los despachos N° 04 001 IC04 129614Y, y se intima la suma de U$S 6.449,69 por tributos adeudados con motivo del ajuste de valor en relación dicha destinación.
II. Fundamentos de la apelación: a fs. 17/20 se presenta la firma por medio de apoderado y con patrocinio legal e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, opone la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos. En subsidio, se agravia en cuanto a que los excesivos plazos de sustanciación aduanera vulneraron su derecho de defensa en juicio y debido proceso. Hace mención a lo acontecido en sede aduanera. Argumenta que se aportó toda la documentación solicitada por DGA a los fines de acreditar el precio de transacción documentado, sin embargo, no existiendo elementos objetivos ni motivos fundados el servicio aduanero desestimó el valor de transacción y valoro dichas mercaderías cfme. Art. 3 del GATT. Se refiere Acuerdo de Valor del GATT. Cita normativa. Señala que los elementos aportados justifican la veracidad del valor declarado. Esgrime que en razón de la inexactitud y la diferencia de valor detectada, se le endilgo la infracción de declaración inexacta prevista en el art. 954 incs. a) y c) del C.A. Señala la inexistencia de una declaración inexacta. Finalmente, hace la reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia, revocando la resolución apelada, con costas a la DGA.
III. Contestación del traslado: a fs. 31/35 El representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. En primer lugar, efectúa la negativa genérica de rigor, negando cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria, como así también toda documentación que no fuera objeto de su expreso reconocimiento. Señala que las recurrentes no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescripta en el art. 954 incs. a) y c) del C.A. Hace referencia a la normativa del Acuerdo de Valor. Cita jurisprudencia que refiere que la Aduana no puede establecer valores arbitrarios o ficticios aunque tampoco está obligada a aceptar los precios al declarado valor de transacción cuando éste resulte notoriamente inferior a los precios de antecedentes o bien a la cotización internacional de la mercadería. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 13808-494-2009 obra a fs. 1/24 obra el acta de denuncia 230/09 por la infracción al art. 954 incs. a) y c) del C.A., la Nota Nº 1082/2009 (de fecha 16/07/09) que informa que atento a la investigación realizada por el Ramo 6- Maquinas y Transportes, sobre la mercadería documentada, “...se observó que los valores de la misma se encuentran disminuidos frente a los valores de mercadería similar según Lista de Precios aportada por la firma denunciante...” y se procedió a determinar la diferencia de tributos, acompañándose sobre contenedor original del despacho Nº 04001 IC04129614Y, copia de la nota 92/07 (Act. Sigea: 13666-20-2007), planilla de cálculo de diferencias detectadas y copia de lista de precios. A fs. 25 obra la Nota Nº 1150/09 -de fecha 29/07/09. A fs. 26 obra presentación de la actora solicitando sumariante. A fs. 27 obra Memorando de a denuncia de fecha 12/05/09. A fs. 28 obra la liquidación de la multa y tributos (sin fecha). A fs. 29/vta., se instruye sumario por la infracción al art. 954 incs. a) y c) del C.A respecto de la mercadería documentada en el despacho N° 04 001 IC04 129614Y, y se corre vista a la importadora y a la despachante de aduanas (con fecha 22/12/09) que fuera notificada a fs. 34 - con fecha 03/01/2013 al despachante y a fs. 56 a la importadora con fecha 04/03/2013). A fs. 30/31 obran impresiones de consulta de empresas activas. A fs. 32/33 se presenta la despachante y contesta requerimiento. A fs. 36/55, 57/61 obra contestación de vista de la importadora. A fs.62 se hace lugar a la prueba ofrecida (con fecha 12/07/13). A fs. 64 la importadora solicita desglose de la documental a los fines de su certificación. A fs. 68/70 la actora acompaña copia certificada por el Banco Macro SA del giro de divisas. A fs. 72/74vta., con fecha 28/11/2014, se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8567/14, apelada en autos. A fs. 75/78 obra resolución absolutoria respecto al despachante de aduanas.
V. Que, previo a todo análisis corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la importadora en el escrito inicial (punto II).
Cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”. Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente. Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
De la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el artículo antes referenciado para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
En efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, el ajuste por tributos y se efectuó la liquidación por multa y tributos por la mercadería en cuestión (fs. 2/3, 6 y 28).
Por lo expuesto, la fecha de comisión de la infracción es el 17/11/2004 (fecha de oficialización del despacho), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2005. Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A) desde la apertura del sumario.
Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 22/12/2009, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 22 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 9 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
En el caso de autos, esa decisión es la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A., la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 8567/14- de fecha 28/11/14. Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 22/12/2009 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 28/11/2014 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria continuó desde el 29/11/2014, es decir, que desde allí comenzó a correr el plazo de 9 días que restaban para completar el plazo prescriptivo, venciendo el mismo con fecha 08/12/2014.
Por lo cual, la notificación de la resolución aduanera, obrante a fs. 79 - con fecha 06/02/2015 (fecha suscripta a mano alzada por el Dr. Daniel A Ilarregui. Leg.28.043-7- DGA Proc. Leg. Aduaneros Sec.3). Escrito en el cual la actora se notifica personalmente de la resolución apelada, carece de virtualidad interruptiva del plazo, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A., atento a que el mismo ya había operado con fecha 08/12/2014. Por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas a la DGA.
VI. Que respecto de la prescripción de la acción para imponer sanciones, siendo la fecha de comisión de la infracción es el 17/11/2004 (fecha de oficialización del despacho) conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2005. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 22/12/2009). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 23/12/2009, finalizando el 23/12/2014, en tanto la resolución apelada se dictó antes de que transcurriera dicho plazo, en fecha 28/11/2014.
Por lo cual, conforme surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones. Es por ello que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto respecto la acción para del fisco para imponer sanciones.
VII. Con relación a los agravios, planteados por la actora, relativos a la vulneración de las normas del debido proceso en las actuaciones aduaneras.
Cabe señalar, que la procedencia de los mentados agravios implicaría la nulidad del acto aquí apelado, sin embargo de la compulsa de las actuaciones administrativas no se observa que su derecho se halle vulnerado. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. Fallos 205:549, 247:52, 267:393). Por lo tanto, cabe rechazar la nulidad articulada en este punto, toda vez que la actora ha tenido garantizada ante esta instancia la oportunidad de ofrecer y producir prueba a fin de garantizar su derecho de defensa.
VIII. Que corresponde analizar si se ajusta a derecho la Resolución N° 8567/2014 (DE PRLA), que condenó a la empresa importadora al pago de multa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, inc. a) y c) del Código Aduanero, en relación con la destinación N° 04 001 IC04 129614Y atento al ajuste de valor observado por el servicio aduanero, el cual ocasiono un perjuicio fiscal. Que el tipo infraccional del art. 954 del C.A. requiere en primer lugar una diferencia entre alguno de los aspectos o rubros de declaración “exigible” y la comprobación que efectúe el servicio aduanero respecto de tales aspectos. Luego, se determina si esa diferencia ha producido o –en caso de haber pasado inadvertidahubiera podido producir -en el caso de autos- un perjuicio fiscal (inciso a) y el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (inciso c), que resultan ser dos de los tres efectos previstos en la figura para hacer punible aquella diferencia. Que el art. 954 del CA “da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante —salvo los supuestos previstos en la propia ley— o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Corte Sup., 12/5/1992, “Subpga SACIE e I”, Fallos 315:942).
IX. Que corresponde analizar entonces si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425. Que el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, es el marco legal vigente en nuestro país en cuestiones de valor en importación. Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. El Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Sin embargo, si el valor en aduana no puede ser establecido por el art. 1, son aplicables los arts. 2 a 7. La Introducción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los arts. 2 y 3, a reserva de las limitaciones impuestas por el secreto comercial, a fin de establecer una base apropiada de valoración en aduana, considerando el valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas.
Subsidiariamente, los arts. 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido -método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los arts. 5 y 6, se sigue el orden de éstos.
Que el art. 7 dispone cómo hay que determinar el valor en aduana cuando no se lo puede establecer por los métodos anteriores; prohíbe que sea arbitrario o ficticio; etc. A los efectos de aplicar los referidos criterios razonables, el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios, etc.; si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII). Que el art. 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT, aprobado por ley 24.425 dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”.
Que, además, el párr. 6 del Anexo III de ese Acuerdo preceptúa: “El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
X. Que conforme surge de la compulsa de las actuaciones administrativas, el Ramo 6 – Maquinas y Transportes- observó que los valores de la mercadería declarada en el despacho 04 001 IC04 129614Y (oficializado con fecha 17/11/09) se encuentran disminuidos frente a los valores de mercadería similar según Lista de Precios aportada por la firma denunciante (ver a fs. 2/3 de las act. adm).
Cabe señalar, que el despacho en cuestión se trata de mercaderías de origen y procedencia Italiana, el proveedor es AMA S.P.A. de Italia (conforme surge de la factura Nº 812.401 – 27/10/2004- obrante en el sobre contendor del despacho).
Que dichas mercaderías se tratan:
A efectos de analizar el valor documentado, el servicio aduanero elaboró el estudio respectivo mediante Nota N° 1082/09 y la Notaº 92/07 (a fs. 2/3 y 5 de las act. adm.) utilizando como antecedente de valor la Lista de precios de mercaderías idénticas o similares, aportada por una firma denunciante.
En dicha Nota Nº 1082/09 se concluye que los precios declarados se encuentran disminuidos frente a estos valores antecedentes (Listas de precios, obrantes a fs. 7/24 de las act. adm) por lo que procedió a ajustar el valor declarado por la importadora.
De este modo, la Aduana rechazó el valor de transacción de las mercaderías importadas en el despacho de importación en trato, ajustando el mismo en virtud del precio de “…mercadería idéntica o similar”, lo cual resulta en principio ambiguo, ya que el Acuerdo no asimila tales conceptos, y les otorga especialmente la entidad de ser métodos de valoración independientes, con un orden de prelación establecido entre ambos. Tampoco el estudio de valor funda la elección de alguno de dichos métodos de valoración, elegidos en reemplazo del previsto en el artículo 1 del Acuerdo (valor de transacción).
Cabe señalar, que la Lista de precios utilizada es de un proveedor de Bulgaria y la otra seria para EUR, sin embargo no se especifica el nivel comercial de venta (si el precio de venta es mayorista o minorista). Que, resulta evidente que el servicio aduanero no ha seguido el procedimiento reglado para cuestionar el valor de transacción y apartarse fundadamente del mismo. En este sentido, el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal no se debió a la existencia de alguno de los impedimentos que menciona el art. 1°, como así tampoco de los elementos enunciados en el art. 8° (ajuste de precio) sino que se funda exclusivamente en que aquél resulta inferior a los antecedentes de valor de mercaderías similares obtenidos de la lista de precios del proveedor Bulgaro, sin detallar el método de ajuste de valor empleado.
Cabe señalar, que los conceptos de mercadería “idéntica” y “similar” no pueden subsumirse bajo un mismo significado. En cuanto al primero de los términos, el Art. 2° del Acuerdo establece: “Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.”.
Que el Comité Técnico, a través de la Opinión Consultiva 2.1, sostuvo el criterio de que “… el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas no podría ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo…”, norma esta última que expresamente dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”.
De ello, se deduce que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se ha incumplido alguna de las condiciones del Artículo 1, no será aplicable el método del valor de transacción y, si el motivo de la diferencia reside en que no se han incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos. Para poder rechazarse el precio por “otros motivos” -ésta sí es la situación bajo examen-, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto al del Art. 1 del Acuerdo. Tal falta de veracidad o exactitud de los valores declarados debe estar debidamente fundada por la aduana.
Cabe señalar que el Acuerdo prohíbe que los valores que se determinen sean arbitrarios o ficticios. Que de la compulsa del despacho de autos (obrantes a fs. 4 de las act. adm) surge los valores declarados resultan coincidente los consignados en la respectiva factura comercial y demás documentación relativa a dicha operación.
Asimismo, se desprende de las actuaciones que para la operación de importación, el servicio aduanero solo tomó un único valor de un único antecedente (LISTAS DE PRECIOS) como referencia para descartar el valor declarado en el despacho para dichos ítems, y que si bien resultarían ser mercaderías similares, no resulta suficiente, toda vez que la condición de venta de dicha mercadería es CIF, asimismo, se desconoce el nivel comercial de los precios establecidos en la listas utilizadas por el servicio aduanero. Por otro lado, el país de procedencia y origen de la mercadería es diferente de la comparada en la listas de precios, tampoco se conoce la calidad de la misma, entre otros datos necesarios para efectuar una comparación válida.
De este modo, y más allá de lo señalado respecto a la falta de fundamentación en el método de valoración elegido por la Aduana, no caben dudas de que necesariamente el servicio aduanero debió adjuntar otra documentación aduanera pertinente que sirva de antecedente comparable, para dar pleno cumplimiento a las condiciones exigidas por el Acuerdo.
En este sentido, cabe destacar que mencionar un solo antecedente no es suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado por la actora (Cfme. “Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. s/ recurso de apelación” Causa Nº: 37.350-A Sent. 02/09/2021, Sala F, Voto del Dr. Licht en oportunidad de subrogar la Vocalía 18). Y en igual sentido, la Sala E de este Tribunal en los autos “A-Pyan Textil SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Causa Nº 30.110-A, Sent. 17/10/2019. Asimismo, resulta aplicable los lineamientos seguido por la Sala V de la CNACF en cuanto a la carga de la prueba en los casos de ajustes de valor: “Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aun no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13-9-2005, "Macnet SA -TF 14723-Ac/ D.G.A."). Frente al principio establecido en el artículo 1, párrafo 1 en cuanto a que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, es preciso que la Aduana, a fin de impugnar dicho valor declarado, deba aportar elementos de juicio suficientes para cuestionarlo. …” (“Donati c/DGA s/Apelación”-TF 19.481-A, CNACAF Sala V, Sent. del 17/3/2009).
Que las circunstancias antes expuestas llevan a concluir que no existe en el caso referentes válidos a los fines de descartar el valor de la mercadería declarada. Y, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia. Por lo expuesto, no se constata en autos una diferencia entre lo declarado y lo comprobado por el servicio aduanero, en razón de ello, en cuanto al inc. a) del art. 954 del C.A., no ha quedado demostrado el perjuicio fiscal, debiendo revocarse la multa aplicada en este aspecto, y en lo que hace a la comisión de la infracción respecto del inc. c) del mencionado artículo, tampoco se encuentran reunidos los elementos para su configuración, esto es, un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde revocar la Resolución apelada en cuanto aplica una multa en los términos del art. 954, inciso a) y c) del C.A.
XI. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello, voto por:
1. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos intimados mediante la Actuación N° 13808-494-2009 al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., con motivo del ajuste de valor en relación con la destinación N° 04 001 IC04 129614Y.
2. REVOCAR el art. 1 la Resolución N° 8567/2014 (DE PRLA), dictada en la Actuación Nº 13808-494- 2009, en cuanto condena al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., al pago de una multa por $ 135.996,30.- por la infracción al art. 954 inc. a) y c) del C.A respecto de la mercadería documentada por el despacho N° 04 001 IC04 129614Y.
3. Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos intimados mediante la Actuación N° 13808-494-2009 al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., con motivo del ajuste de valor en relación con la destinación N° 04 001 IC04 129614Y.
2. REVOCAR el art. 1 la Resolución N° 8567/2014 (DE PRLA), dictada en la Actuación Nº 13808-494- 2009, en cuanto condena al importador OLEOHIDRAULICA CASTRO S.R.L., al pago de una multa por $ 135.996,30.- por la infracción al art. 954 inc. a) y c) del C.A respecto de la mercadería documentada por el despacho N° 04 001 IC04 129614Y.
3. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.02.26 12:39:13 ART Date: 2025.02.26 12:50:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.26 12:51:31 -03:00
Fin de la sentencia