Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48970-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento de fs. 167/171 en cuanto redujo las multas al mínimo legal, las que quedan graduadas conforme fue dispuesto en las Resoluciones n° 113/18 y 114/18. Las costas se imponen a la vencida en virtud del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 175 y diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
32376/2025 OLGAMAPO SRL-TF 48970-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la sentencia de fs. 167/171, el Tribunal Fiscal de la Nación: a) confirmó parcialmente la Resolución n° 113/2018, mediante la cual el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI había determinado de oficio el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre abril de 2014 y marzo de 2016, ambos inclusive, en 302.404,83 pesos, más intereses resarcitorios por 315.536 ,96 pesos; y le había aplicado una multa de 211.683,38 pesos, equivalente al 70% del impuesto omitido, en los términos del artículo 45 de la Ley n° 11.683, la que redujo al mínimo legal y; b) confirmó parcialmente la Resolución n° 114/2018, mediante la cual el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015, en 212.672,56 pesos, más intereses resarcitorios por 215.437,30 pesos; y le había aplicado una multa de 148.870,79 pesos, equivalente al 70% del impuesto omitido, en los términos del artículo 45 de la Ley n° 11.683, la que redujo al mínimo legal.
Impuso las costas a la parte actora vencida, excepto en la proporción en las que redujo las multas, las que fijó en el orden causado.
II. Que, para así resolver, y en cuanto al planteo de nulidad articulado por la parte actora, sostuvo que la resolución apelada reunía los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley n° 19.549 y que, por otra parte, no se constataba una vulneración del derecho de defensa por falta de valoración de pruebas en sede administrativa. Al respecto, puso de manifiesto que en sentido contrario al sostenido por la parte actora, se advertía que el juez administrativo había incorporado las pruebas acompañadas por dicha parte y las valoró al tiempo de efectuar la determinación de oficio.
Alta en sistema: 19/09/2025 En cuanto al fondo de la cuestión, puso de manifiesto que como resultado de la fiscalización realizada al contribuyente, cuya actividad principal declarada era el “venta de artículos deportivos al por menor”, el Fisco había propiciado un ajuste, sobre base presunta, al constatar ingresos no declarados (depósitos bancarios mayores a los ingresos declarados) en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, utilizando las presunciones previstas en el artículo 18, inciso g), de la Ley n° 11.683. Asimismo, también había objetado en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 04/2014 a 09/2014, una serie de ventas declaradas como exentas.
Al respecto, expresó que los ajustes efectuados sobre base presunta debían ser confirmados en la medida en que eran el resultado de la corroboración del extracto de las cuentas bancarias depuradas, presentado por la propia actora, y su falta de correspondencia con lo consignado en las respectivas declaraciones juradas; mientras que, en el caso de las ventas declaradas como exentas, la parte actora no había acompañado prueba alguna que justificara ese carácter. Por tales razones, confirmó los ajustes propiciados en ambos impuestos.
Por otra parte, y en la medida en que no existían agravios concretos respecto a los intereses reclamados, consideró que aquellos debían ser confirmados ya que constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que había incurrido el contribuyente.
En cuanto al aspecto “infraccional”, puso de manifiesto que en el caso se encontraba materialmente acreditado el elemento objetivo de la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley n° 11.683, pues la actora, había omitido ingresar los impuestos en su justa medida y, además, no existían elementos que permitieran tener por configurada la existencia de un error excusable. No obstante lo expuesto, consideró que el quantum de las multas establecidas resultaba excesivo en la medida en que los actos apelados no contenía una valoración concreta de los hechos para explicar su graduación en el 70% del monto del impuesto omitido y, con base en la inexistencia de antecedentes infraccionales acreditados en autos, la redujo al 50%, es decir, al mínimo legal establecido en el artículo 45 de la Ley n° 11.683.
Asimismo, a fs. 175 reguló los honorarios del Fisco en la cantidad de 1,67 UMA, por las tareas cumplidas por la representación procesal y; en la cantidad de 4,18 UMA, por las tareas relacionadas al patrocinio letrado.
Alta en sistema: 19/09/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.- Que, contra esa sentencia el Fisco apeló y fundó su recurso a fs. 184/187, que no fue replicado por la contraria. Asimismo, a fs. 182, el Fisco apeló por bajos los honorarios regulados a su favor, por considerarlos bajos.
El Fisco sostiene que resulta improcedente la reducción del quantum de las multas en la medida en que, a su entender, de los actos administrativos apelados surge la gravedad de la conducta del contribuyente, que omitió declarar ingresos gravados conforme resultó de la comparación de los depósitos bancarios depurados con las ventas y los ingresos declarados y; asimismo, al haber declarado como exentas una serie de ventas que no lo eran.
Expresa que el Tribunal Fiscal únicamente consideró como atenuante la circunstancia de que la firma actora no tuviera antecedentes infraccionales sin haber reparado, “-como agravante- [en] la gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada”, circunstancia que torna arbitraria la decisión adoptada. Sostiene además que el juez administrativo tiene facultades para graduar las sanciones valorando diversos factores, además de la existencia de antecedentes “infraccionales”, de manera tal que la inexistencia de aquellos no puede constituir justificación suficiente para que el Tribunal Fiscal reduzca la sanción sin valorar las demás razones invocadas en las resoluciones apeladas para fijarlas por encima del mínimo legal.
Por todo ello, considera que se encuentra debidamente fundada la graduación de las multas impuestas en las resoluciones apeladas en un 70% del monto del impuesto omitido.
IV. Que, en las condiciones expuestas, cabe examinar los agravios expresados por el Fisco Nacional, los cuales exigen dilucidar si la reducción de la multa al mínimo legal -decidida por el Tribunal a quo- resulta ajustada a derecho.
Al respecto, corresponde recordar que el artículo 45 de la Ley nº 11.683, vigente al tiempo de los hechos, establecía que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable”.
Alta en sistema: 19/09/2025 Ahora bien, de las constancias de la causa, específicamente de los actos administrativos en cuestión y de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, resultan fundamentos suficientes que justifican el accionar del organismo recaudador al determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por los periodos en discusión. De la misma manera, se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la figura prevista en el artículo 45 de la Ley nº 11.683 para la aplicación de la sanción allí establecida.
Por tales motivos, encontrándose la cuestión de fondo resuelta, no se advierte el fundamento por el cual el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que no se advertían razones para apartarse del mínimo legal establecido, ya que el único elemento merituado para adoptar esa valoración -esto es, la falta de antecedentes infraccionalesno resulta suficiente para apartarse del criterio adoptado por el juez administrativo a la hora de graduar la sanción (en sentido análogo, esta Sala en la causa n° 27.485/2023, caratulada “Soler, Mirta María (TF 41876-I Y ACUM) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 2 de julio de 2024 y causa n° 83.231/2015, caratulada “Mandrini Ricardo c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 20 de diciembre de 2018). Máxime cuando la misma, sobre una escala establecida entre el 50% y el 100% del impuesto omitido, fue definida en un valor porcentual que si bien superó el mínimo (70%) no evidenció que se tratara de las máximas graduaciones previstas en la referida norma.
Es decir, el Tribunal a quo, luego de desarrollar en su pronunciamiento todos los fundamentos por los cuales consideró ajustado a derecho el accionar de la administración para determinar de oficio los impuestos en cuestión y la imposición de las sanciones por el carácter omisivo de la contribuyente, se apartó de lo dispuesto en el acto administrativo en cuanto al quantum sin tener en cuenta todos los elementos que fueron valorados y explicitados en los actos recurridos. Al respecto, cabe recordar que el juez administrativo, para graduar la sanción, debe tomar en cuenta diversas circunstancias, algunas relacionadas con la naturaleza del acto punible, el monto evadido, la conducta fiscal del imputado, entre otras.
En este orden de ideas, conviene recordar que, en el sub lite, el fundamento principal por el cual el Tribunal Fiscal confirmó los actos fue sobre la base del material probatorio recolectado por el organismo fiscal y por el que fue aportado por la parte actora (que evidenció la falta de correspondencia entre las ventas declaradas y el Alta en sistema: 19/09/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V estado de las cuentas bancarias depuradas) y; asimismo, por la falta de prueba –a cargo de la accionante- tendiente a demostrar que efectivamente se hallaran exentas una serie de ventas declaradas como tales.
En consecuencia, por lo expuesto, y toda vez que no se advierten elementos que justifiquen que el Tribunal Fiscal se haya apartado de lo decidido por el juez administrativo -en cuanto a la graduación de las sanciones-, corresponde hacer lugar al planteo efectuado por el Fisco Nacional y revocar en este punto el pronunciamiento recurrido.
V. Que, en virtud de la manera en que se decide, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 175 y diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente, de conformidad con el presente pronunciamiento.
En virtud de las consideraciones precedentes, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento de fs. 167/171 en cuanto redujo las multas al mínimo legal, las que quedan graduadas conforme fue dispuesto en las Resoluciones n° 113/18 y 114/18. Las costas se imponen a la vencida en virtud del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 175 y diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 19/09/2025
Fin de la sentencia