Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 172.013
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte demandada el día 28-12-2020 y confirmar la resolución del 2-11-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 172.013 JUZGADO N° 5 "OLGUIN, MÓNICA CRISTINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO"
Las presentes actuaciones caratuladas: "OLGUIN, MÓNICA CRISTINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO" son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 28-12-2020, contra la resolución dictada el 2-11-2020.
I. En lo que al recurso interesa, el Sr. Juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora por un término de 90 días corridos, cumplido el cual se analizará su prorroga de conformidad al grado de avance de la causa penal.
Ordenó a la demandada que se abstenga de debitar de la cuenta de la actora las cuotas originadas en el préstamo bancario impugnado, y dispuso “congelar” los fondos del crédito que quedaron en la cuenta Caja de Ahorros. Para decidir de este modo el Magistrado consideró el material probatorio adjuntado y tuvo por acreditaba la verosimilitud del derecho invocado en razón de la probabilidad de que el consentimiento de la accionante pudiera encontrarse viciado tanto al momento de otorgarse el préstamo como de efectuarse las transferencias a cuentas de terceros. Entendió además que el peligro en la demora se encontraba acreditado, como asimismo, rendida la pertinente caución juratoria con el escrito inicial de demanda.
II. El día 28-12-2020 apeló la parte demandada. Alegó que la decisión era arbitraria y le ocasionaba graves consecuencias jurídicas y económicas. Relató que la Sra. Olguín celebró un contrato electrónico de préstamo bancario por una suma que, a su solicitud, fue acreditada en su cuenta bancaria.
Puso de manifiesto que la contratación fue por medios electrónicos, por lo que la deudora aceptó en forma expresa los Términos y Condiciones para la utilización del canal electrónico seleccionado, cuyo contenido siempre estuvo a su disposición, habiendo sido informada de todos los datos necesarios para utilizarlos correctamente y los riesgos derivados de su empleo. Se explayó sobre el uso de las credenciales personales de acceso y utilización de los diferentes canales electrónicos, a las claves secretas e intransferibles, al BIP TOKEN (aplicación móvil) como segundo factor de autentificación para BIP INDIVIDUOS, y a la operatoria previa que debe hacer el cliente para que esta aplicación funcione en el teléfono celular (concurrir al cajero automático para obtener la clave correspondiente, luego el Bip token genera códigos de seguridad de 6 dígitos que se modifican constantemente, no se repiten durante ese proceso y duran 60 segundos; y así el Bip Token es solicitado al validar una transacción, solicitando nuevos códigos para las distintas operaciones).
Explicó que las operatorias por homebanking sólo se pueden realizar utilizando el referido BIP TOKEN y el BIP PROVINCIA, lo cual implica el acceso a través de cuatro barreras de seguridad.
Cuestionó la verosimilitud del derecho invocado por la actora porque de la documentación adjuntada se desprende que el dinero fue efectivamente desembolsado por el banco a su requerimiento y depositado en su caja de ahorro.
Consideró que el peligro en la demora fue incorrectamente meritado y que sin caución real alguna, mal se hallan garantizados los eventuales perjuicios de su parte.
Citó un precedente de esta Sala (n° 170.692) en el cual se hizo lugar al recurso del Banco y se revocó la cautelar cuestionada.
Pidió que se deje sin efecto la medida cautelar apelada.
III. La parte actora contestó los agravios mediante la presentación de fecha 16-2-2021.
Solicitó que se declare desierto el recurso porque el memorial no satisface los recaudos del art. 260 del C.P.C. Luego relató los hechos en los que se funda la demanda. Se explayó sobre la firma digital en los contratos bancarios.
Manifestó que la presunta aceptación de los “Términos y Condiciones” para la utilización del canal electrónico seleccionado a los fines de la celebración de un contrato que no suscribió, ni solicitó, le fue informada mediante correo electrónico el 6-8-2020 a las 11:31 hs., es decir, casi 2 horas después de que se otorgara el préstamo y casi la mitad del monto se retirara mediante transferencias inmediatas.
Resaltó que una de las obligaciones primordiales del Banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que éstos sean brindados -tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos- con total seguridad para el cliente, garantizando la confiabilidad de la operatoria.
Sostuvo que de la documentación agregada surge la verosimilitud del derecho invocado, toda vez que el extracto de movimientos bancarios de la actora y el historial de transacciones, no se condice con sus operaciones habituales.
Agregó como documental la contestación de un oficio de fecha 8-10-2020 contestado en el marco de la IPP n° 08-00-016546-20 de trámite por ante el Juzgado de Garantías n°1 deptal., mediante el cual la demandada reconoce que la Sra. Olguin fue víctima de una estafa.
Afirmó la existencia del peligro en la demora en virtud de las sumas involucradas en la operatoria y su trascendencia económica, analizados comparativamente con los que serían sus ingresos ordinarios y regulares. En cuanto a la contracautela, recordó que el presente reclamo se subsume en la garantía de gratuidad que consagra el art. 53 de la ley 24.240. Pidió que se rechace el recurso con costas.
IV. La medida debe confirmarse.
Si la verosimilitud del derecho es la probabilidad que la demanda sea estimada en la sentencia, como ya se ha demostrado (Marino, Tomás, Qué es (y qué no es) la verosimilitud en el derecho, Abeledo Perrot, SJA 2014/12/17-40; JA 2014-IV, 2014-12) , y si además esa “probabilidad” constituye un estándar atenuado de prueba (autor y ob. cit), consideramos que -con los límites del conocimiento provisorio propios de esta etapa- en el caso se encuentra cumplido suficientemente este recaudo, tanto en relación a los hechos como al derecho.
IV.1: Respecto a los hechos que sustentan el pedido, la actora demandó al Banco por nulidad del contrato, repetición y reparación de daños en relación a las operaciones de crédito y otras transferencias realizadas desde la cuenta bancaria de su titularidad. Relató que fue víctima de un engaño telefónico, por medio del cual un tercero usando sus claves celebró un contrato de préstamo electrónico con el banco accionado por la suma de $791.000, éste depositó el monto pertinente en su cuenta y luego fueron realizadas transferencias a distintas cuentas bancarias cuya titularidad desconoce. La conducta endilgada al banco accionado es la falta de medidas de seguridad en favor de sus clientes.
Aunque los hechos serán objeto de prueba en la etapa pertinente, la documentación acompañada consistente en copia de la denuncia penal que diera lugar a la formación de la en I.P.P. N° PP-08-00-016546-20/00 UFI N° 10 caratulada "Defraudación informática (art. 173 inc. 16 del C.). Dte. Olguín Mónica Cristina", el resumen de los movimientos en la cuenta personal de la Sra. Olguín y la nota presentada al banco, avala en forma razonable la versión de la accionante.
El examen de esta causa en base a los datos de la MEV muestra que con fecha 26-5-2021 la actora adjuntó las constancias del avance de la IPP 08-00-01654-20/00 “Olguin”, en la que se lee que, al tiempo de resolver la incompetencia planteada por el Agente Fiscal y remitir el caso a la ciudad de Córdoba, el Juez de Garantías calificó prima facie al delito como defraudación informática cometido desde la Provincia de Córdoba. En esa resolución el juez afirmó que los elementos que componen el plexo probatorio colectado por el Agente Fiscal llevan a afirmar que estamos en presencia de una conducta que debe ser ubicada dentro de los delitos que la doctrina denomina "a distancia".
Las pruebas a las que hizo mención el Sr. Juez fueron las siguientes: a) se requirió a las empresas telefónicas que informara la titularidad de los abonados que llamaron a la Sra. Olguin, siendo informado por Telefónica/Movistar que el abonado que la llamó tiene domicilio de facturación en la Provincia de Córdoba.
b) Se requirió información a los Bancos cuyo destino se habrían realizado las transferencias, resultando los siguientes datos: 1) Cuenta destino Banco "WiloBanck" beneficiario CBU 3840100200000003460360, cuya titularidad se encuentra a nombre de Facundo Fabian Chabra Milesi, DNI 43232242, con domicilio en calle Azul n° 2273, de cuya cuenta se realizaron extracciones en efectivo (fechas 22 y 20 de agosto de 2020) en la ciudad de Córdoba, y donde obra transferencia efectuadas desde la cuenta de Olguin Mónica en fecha 06/08/2020 por un importe total de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). 2) Cuenta destino Banco "Galicia", CBU 0070197230004029063735, titular Banega Brenda, DNI 38.329.427, domicilio en calle Morón n° 2960 de la ciudad de Córdoba; donde consta las transferencia efectuadas desde cuenta titularidad de Olguin Mónica Cristina el día 06/08/2020, por un importe de cien mil pesos ($100.000). 3) Cuenta destino Banco Brubank, respecto al CBU 143001713014439750012, titularidad de Fionna Eli Murua Bongiovanni, CUIL 27439250416, con domicilio en calle Quilmes n° 3008 PB 1 José Hernández Córdoba Capital donde surge la transferencia realizadas desde la cuenta de Olguin Mónica, el día 06/08/2020 por un importe de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). A su vez, obra en autos el informe de fecha 28-9-2020 emitido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en referencia al reclamo de la actora, mediante el cual se concluye que “el reclamo se corresponde con un caso de estafa por ingeniería social, siendo la clienta quien facilito´ las credenciales para que se consumara la maniobra” (v. escrito adjunto a la presentación de fecha 16-2-2021).
No hay elementos que prueben que la entidad bancaria advirtió a la usuaria de estos peligros, obviamente antes de haber sufrido este problema. IV.2: El vínculo jurídico habido entre la actora y el banco demandado es una relación de consumo (art.3 ley 24.240; art.1384, 1093 del CCyC) que obliga a ponderar la cautelar desde una mirada protectora de los derechos (arts. 42, 72, inc. 23 de la CN, 38 de la Const. Pcial., 1, 2, 36, 65 y cctes. de la Ley 24.240, 384 del C.P.C.) de quienes ofrecen cierto grado de vulnerabilidad ante la brecha digital (Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía Blanca, Sala I “Reimondi, José Antonio c. Banco Nación Argentina s/ Ley de Defensa del consumidor 27/05/2021” en La Ley del 14.7.21 AR/JUR/55446/202 con cita del art. 20 inc. d de la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores ratificada por ley 27.360 y de la resolución 139/2020 de la Secretaría de comercio interior del Ministerio de Desarrollo de la Nación; Acosta, Miguel A. Abuso financiero contra los adultos mayores; Publicado en: SJA 30/06/2021, 30/06/2021, 3, Cita: TR LALEY AR/DOC/1476/2021).
Sin perjuicio de lo que en definitiva resulte, las pruebas colectadas hasta aquí permiten considerar prima facie que mediante la acción dolosa de uno o de varios terceros (arts. 271 y 274 del CCyC) se obtuvieron de la actora las claves para conseguir un préstamo sustituyendo el consentimiento que debía prestar ella.
Tal maniobra sucedió en el marco de lo que los medios califican como un aumento exponencial de los delitos de este tipo que se refleja en el informe de la Unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia (ufeci) conforme al cual las denuncias por fraude y estafa bancaria aumentaron casi un 3.000% entre 2019 y 2020 (https://eleconomista.com.ar/2021-07-bcra-obligara-a-bancos-mas-medidasde-seguridad/ último día de visita 14.7.2021), y ha tenido como consecuencia la decisión del BCRA de ralentizar el consentimiento en este tipo de operaciones, resolución que fuera comunicada en la página del organismo mediante el título: “Se refuerza la responsabilidad de los bancos por los créditos que otorgan a través de canales electrónicos” (el resaltado no es original;
https://www.bcra.gob.ar/Noticias/responsabilidad-bancos-creditos-canales-el ectronicos.asp último día de visita 14.7.2021).
Justamente, en torno al crecimiento del empleo de medios informáticos en la actividad bancaria, se ha señalado que “La recurrente comisión de fraudes vinculados con la prestación de servicios financieros que se valen de la informática (considérese, por ejemplo, las plataformas electrónicas de pagos, los cajeros automáticos, y los portales de home banking), así como las reiteradas fallas que aquejan a dichos mismos servicios, refleja con elocuencia el nivel considerable de exposición que acompaña a buena parte del negocio bancario actual.
Es en base a tales circunstancias que se argumenta que el oficio bancario, en tanto y en cuanto se encuentre atravesado por sistemas informáticos, se perfila como una actividad riesgosa. Aun antes del dictado del Código Civil y Comercial (...) ya se afirmaba que el sistema (software y hardware) que permite operar una red de cajeros automáticos podía ser calificado de cosa riesgosa y que en rigor esta calificación podía ser asignada, en este punto, al sistema informático que opera las transacciones remotas, sea mediante el denominado homebanking sea por el uso de cajeros automáticos (...) Habida cuenta de que el sustrato de la prestación bancaria no siempre conlleva un peligro intrínseco, opinamos que la potencialidad dañosa deriva de la mismísima informatización, conformando, por ende, una actividad riesgosa a razón de los medios empleados (...) si bien los bancos establecen y perfeccionan medidas tendientes a fortalecer la seguridad de sus servicios (...) su sola puesta en marcha no trae aparejada eximición alguna dado que, en principio, las entidades financieras continuarán siendo responsables si tales hechos lesivos no logran ser neutralizados. Sucede que, al tratarse de actividades riesgosas, únicamente podrán desentenderse comprobando causa ajena.” (DE NÚÑEZ, Rodrigo, “La responsabilidad objetiva en la actividad bancaria” SJA 27/06/2018, 27/06/2018, 5 - Cita Online:
AR/DOC/3012/2018) .
El deber de información para el correcto uso de los medios electrónicos para la celebración de un contrato de consumo, contemplado expresamente por el Legislador en el art. 1107 del Cód. Civ y Com. y que recae en el proveedor, parte del supuesto de que el consumidor carece del conocimiento tecnológico que ostenta el primero y no necesariamente conoce o sabe desenvolverse en la Internet, por lo que su situación de vulnerabilidad se ve aumentada por la complejidad técnica de los sistemas y la imposibilidad que tiene de verificar todos los aspectos de la contratación en sí y del producto o servicio antes de efectuar la contratación (conf. Tambussi, C.E. en "Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial.", Bueres A.J. (dir.), Hammurabi, Bs. As., 2018, T.° 3-C, págs. 649/650; arts. 1093, 1094, 1107, 1384 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; art. 1, 3, 37 y ccs. de la Ley 24.240 y arg. arts. 195, 232, 260 y ccs. del CPCC; cit. por la Cámara de Apelación, Sala II, La Plata, en causa 274.696 el 6-4-2021).
IV.3. A su vez, el criterio de eficiencia en las decisiones cautelares indica que el peligro en la demora se aprecia en la certeza suficiente de que la reparación del daño que pudiera causar una decisión provisoria errada será tanto menos gravosa para el patrimonio del banco proveedor, como casi irreparable para la usuaria (Marino, Tomás, ob.cit.,punto IV b., nota 60).
IV.4. La contracautela que pretende el memorialista no es procedente ante la existencia de una relación de consumo.
La caución juratoria fue correctamente dispuesta por el juez con fundamento en el beneficio de gratuidad consagrado a los consumidores y usuarios, el que se extiende a todas las costas del proceso y subsiste en tanto no se acredite su solvencia (argto. art. 53 de la ley 24.240 y 199 del C.P.C.).
IV.5. Finalmente, el antecedente de esta Sala que cita el apelante (causa n° 170.692 del 3-12-2020) no es aplicable al caso. En aquella causa, la tesis de la actora no se encontraba prima facie acreditada “sea por la incipiente etapa procesal transitada en la que aun no fue trabada la litis, o por la orfandad de elementos probatorios que nos permitan convencernos del derecho alegado (vg. prueba caligráfica, avance en el plano penal mediante el inicio y progreso de la IPP, art. 375 a contr. del C.P.C.).”, todo lo que no sucede en el caso en donde se ha acreditado el avance del proceso penal, tal como se detalló.
V. Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte demandada el día 28-12-2020 y confirmar la resolución del 2-11-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su condición de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Fin de la sentencia