Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2302/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 288/294), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 274/284.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2302/18-TSJ Interlocutorio N°: 696 Actor: OLIVA FERNANDO ALBERTO Demandada: LERNER MIGUEL ANGEL Objeto: REIVINDICACIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 10-12-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 696 FOLIO Nº 4110/4116 PROT. ELECT. TSS1 024 S.211
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “OLIVA FERNANDO ALBERTO c/ LERNER MIGUEL ANGEL s/ REIVINDICACIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº O-34.395/14 (O-2302/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 288/294), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 274/284, que confirmó la sentencia de Primera Instancia; que -en lo sustancial- hizo lugar a la demanda de reivindicación y rechazó el reclamo de daños y perjuicios (cfr. fs. 212/218). El pronunciamiento de la Cámara, asimismo, decidió: “…Ampliar la sentencia con relación a la acción omitida de destrucción de la presunta construcción invasora…”, rechazándola, con costas al actor (cfr. foja 283).-
II. En la especie, el actor promovió demanda contra el Sr. Miguel Ángel Lerner por reivindicación de un inmueble ubicado en la ciudad de Caleta Olivia. Además, reclamó indemnización por los daños y perjuicios que le causa la privación de uso del inmueble, así como la destrucción de la construcción existente (cfr. fs. 19/21 vta.).-
Aseveró que es el propietario del inmueble que se reclama y que le fue vendido por el Sr. Miguel Ángel Lerner, conforme surge de la Escritura Pública Nº 189 del 5 de junio de 2013 (cfr. foja 19).-
Postuló que tiene sobre el inmueble en cuestión todos los derechos reales de propiedad, posesión y dominio, “…siendo en consecuencia perfecto conforme los arts. 2.772, 2.507 y 2.510 del Código Civil.” (cfr. foja 19 vta.).-
Dijo que el bien era utilizado como estacionamiento para sus vehículos y que en oportunidad de dirigirse a ese lugar a fin de iniciar la construcción de su vivienda, observó que se encontraba bloqueada la entrada con un portón. Se percató asimismo que una publicidad de una librería en un diario local exhibía un croquis en el que se consignaba a su terreno como parte del estacionamiento de ese comercio (cfr. foja cit.) y señala que quien se encuentra ocupando ilegítimamente el inmueble es el Sr. Miguel Ángel Lerner (cfr. foja 20).- En su réplica, el demandado negó los hechos relatados en la demanda y explicó que el actor -mediante un ardid y engaño- le arrebató la propiedad haciendo uso de un poder irrevocable otorgado a su favor en garantía de un préstamo hipotecario en segundo grado realizado sobre el bien y pagado en su totalidad (cfr. foja 65) y que este nunca tuvo la posesión del bien inmueble (cfr. foja 65 vta.).-
La magistrada de Primera Instancia hizo lugar a la demanda de reivindicación, condenando al demandado a restituir el bien inmueble, con costas al vencido; rechazó la pretensión de daños y perjuicios, con costas al actor y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (cfr. fs. 212/218).-
Apelada esta decisión por ambas partes, la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó, haciendo extensiva a la Segunda Instancia las costas impuestas en la de origen. Amplió asimismo la sentencia con relación a la acción omitida de destrucción de la presunta cosa invasora, rechazándola con costas al actor y, finalmente, reguló los honorarios de los letrados intervinientes (cfr. fs. 274/284).-
En lo sustancial, precisó que los artículos 1892 y 2255 del Código Civil y Comercial de la Nación fueron bien invocados por la juzgadora de origen, puesto que fueron aplicados a consecuencias o situaciones existentes al momento del dictado de la sentencia (cfr. fs. 279 y vta.).-
Desestimó el agravio del demandado vinculado a una errónea aplicación de las normas del mandato, al tratarse de un capítulo no propuesto en la instancia de origen. Sostuvo que el ardid o engaño alegado no ha sido aclarado, preguntándose cuál era la necesidad de otorgar un poder irrevocable si se había constituido una hipoteca en segundo grado sobre el bien inmueble en cuestión. En este contexto, dijo que le llamaba la atención que el accionado no hubiera demandado o reconvenido por nulidad de la venta por vicios del consentimiento. Destacó asimismo que la reivindicación fue resistida sin atacar el título esgrimido por el accionante (cfr. fs. 279 vta./280).- Igualmente rechazó los agravios del demandado que postulaban la falta de posesión del actor. Ello, en razón de que no se redarguyó de falsedad la escritura de venta ni el poder especial que permitió al actor vender el lote materia de juicio representando al accionado (cfr. foja 280 vta.).-
Al analizar las regulaciones de honorarios recurridas, consideró que resultaban prudentes en atención a la importancia, mérito y extensión de los trabajos realizados. Por último, fijó los honorarios de Segunda Instancia con apoyo en lo dispuesto por el artículo 68 del CPC y C y los artículos 1, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 29, 33, 45, 58, 68 y concordantes de la Ley Nº 3330 (cfr. fs. 281 vta./282).-
III. Frente a esta forma de decidir, la parte demandada interpone recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. fs. 288 y 292 vta. /293 vta.).-
Denuncia que la sentencia resulta nula al haber incurrido en quebrantamiento de forma; ello, en razón de que excede el encuadre formal previsto, violando el principio de congruencia (cfr. foja 292 vta.).-
Al sustentar la violación de la ley invocada, estructura su discurrir argumental en cuatro agravios.-
El primero de ellos se vincula con la aplicación temporal de la normativa civil que debe regir la cuestión debatida en autos. Dice que la Cámara aplicó el Código Civil y Comercial de la Nación, forzando la interpretación de la ley y que la sentencia de Primera Instancia se fundó en normas no vigentes (cfr. foja 293).-
En segundo lugar, sostiene que el Tribunal de Alzada infringió la ley, al imponerle las costas de Segunda Instancia. Afirma que existieron vencimientos parciales y mutuos que justifican su distribución en el orden causado (cfr. fs. 293 y vta.).-
En tercer lugar, plantea la violación del artículo 2758 del Código Civil, a la luz del cual -en su opinión- debía dirimirse el caso. Expresa que el actor no demostró la realización de actos posesorios. Además, califica de dogmático y arbitrario el hecho de que la Cámara haya considerado que debía redargüir de falsedad la escritura y el poder especial que permitió al actor venderse a sí mismo (cfr. foja 293 vta.).-
Por último, critica la regulación de honorarios, argumentando que la sentencia no hizo valoración de las normas contenidas en la Ley Nº 3330 y que, por ende, los estipendios profesionales a su cargo deben reducirse (cfr. foja cit.).-
A fs. 299 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y a fs. 325 y vta. este Tribunal Superior de Justicia declara bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; ninguna hizo uso de ese derecho (cfr. certificación que luce a foja 329).- El Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, dictamina luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluyendo que debe hacerse lugar en forma parcial al recurso de casación interpuesto (cfr. fs. 330/332).-
A foja 333 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 334 pasan los presentes a estudio.-
IV. En cuanto al quebrantamiento de forma aducido a foja 292 vta., se observa que a través del mismo el impugnante pretende la nulidad de la sentencia cuestionada, por cuanto excedería -según alega- el encuadre formal previsto y violaría el principio de congruencia.-
El agravio que se considera no resulta de recibo, puesto que en la pieza recursiva no se especifica en forma clara y concreta cuáles serían las cuestiones sobre las que el fallo objetado exhibiría un exceso que conlleve una trasgresión al principio procesal de la congruencia. Su lacónico discurrir argumental no alcanza a trasponer el umbral de la simple discrepancia con lo resuelto, sin alcanzar a demostrar yerro alguno que provoque la descalificación del pronunciamiento cuestionado bajo el canal extraordinario intentado.- En suma, la articulación recursiva así deducida deviene palmariamente insuficiente, por cuanto no individualiza los preceptos adjetivos presuntamente quebrantados, lo que sella la suerte adversa del agravio en cuestión.-
V. Sentado lo anterior, corresponde dar tratamiento a los restantes agravios formulados en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por arbitrariedad.-
Inicialmente, deviene necesario considerar la normativa aplicable a la presente acción reinvidicatoria, por cuanto el recurrente acusa la errónea aplicación del Código Civil y Comercial a la presente contienda.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubicación temporal (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 666, Folio 3846/3858). En tal sentido, el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, al igual que lo estableciera el artículo 3º del Código Civil derogado (cfr. Ley Nº 340 y modif.).- En tales condiciones y atendiendo a la noción de “consumo jurídico”, corresponde distinguir entre los hechos pasados que agotaron su virtualidad, los hechos en curso de desarrollo y las consecuencias no consumadas de los hechos pasados. “…Los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley y si se los afectara se incurriría en retroactividad. En cuanto a los hechos 'in fieri' o en curso de desarrollo, pueden ser alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior, y por tanto cuando se les aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad. Finalmente las consecuencias no consumadas de los hechos pasados, caen bajo la nueva ley, especialmente cuando su eficacia no depende enteramente del hecho que las origina sino concurrentemente de la fecundación obrada por el porvenir. Porque estando este porvenir sujeto a la acción del legislador, éste puede en cualquier momento interferir en el régimen de aquello que le está sujeto.” (cfr. Llambías, Jorge Joaquín: “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1961, Tomo I, págs. 142/143).- Dicho en otros términos, “…en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Código Civil y Comercial rigen los principios de irretroactividad y de aplicación inmediata de la ley, en virtud de los cuales la nueva disposición se aplica hacia el futuro, pudiendo alcanzar los tramos de situaciones jurídicas que no se encuentran alcanzadas por la noción de consumo jurídico…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 671, Folio 3892/3898).-
En consecuencia, teniendo en cuenta que ambas partes en sus escritos constitutivos del proceso aludieron a actos que acaecieron con anterioridad al 1° de agosto de 2015, fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 1° de la Ley Nº 27.077), corresponde juzgar la presente causa a la luz de lo dispuesto en el Código Civil derogado.-
Esta solución también ha sido postulado por otros tribunales del país (cfr. STJ de Santiago del Estero, sala civil y comercial: “Jorge Alfonso c/ Pérez David; Díaz Segunda y /o cualquier otro ocupante s/ reivindicación”, del 09/11/2016, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/95833/2016; C2aCiv. y Com La Plata, sala II, “Sarno Enrique Javier c/ Merlo Leandro Martín s/ reivindicación”, del 09/03/2017, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/47996/2017; CCiv. y Com. común de Concepción, “Superior Gobierno de la Pcia. de Tucuman c/ Vargas, Francisco Miguel s/ reivindicación”, del 29/11/2016, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/88172/2016; CNCiv., Sala A “G., D. E. y otros c/ Lucero SA s/ reivindicación”, del 07/08/2017, www.informaciónlegal.com.ar.
Cita Online: AR/ JUR/54556/2017; Cam. Trelew, sala B en “B., J. E. c/ W., H. R. s/ Acción Reivindicatoria”, Expte. 674-Año 2015, Sentencia 11/2016, https://apps1.juschubut. gov.ar/Eureka/Sentecias/VistaPublicable?anonimo=true&idDocumento=4291FF408AD14E6A516F57F1A0B86B95).- Igualmente resulta dable recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido: “…Teniendo en miras que la cuestión esencial a dilucidar es la normativa que regulará los requisitos de procedencia de la acción real de reivindicación…En el caso bajo estudio el momento crítico a tener en cuenta es la fecha de interposición de la acción de reivindicación: 4 de febrero de 2010…pues la legislación vigente en aquel momento será la encargada de determinar los requisitos de fondo para la procedencia de la acción sub examine […] por lo tanto la legislación de fondo para resolver es el derogado Código Civil, vigente el 4 de febrero de 2010.” (cfr.
Sentencia, Tomo XIX, Reg. 645, Folio 3721/3727), consideraciones que son extensibles al sub lite, desde que la demanda promovida en autos data del 2 de septiembre de 2014 (cfr. fs. 1 vta. y 22).- Sin perjuicio de ello, resulta de capital importancia destacar que muchas de las disposiciones del nuevo digesto normativo, recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales nacidos durante la vigencia del Código velezano, por lo que la solución del caso no sería diferente de aplicarse uno u otro ordenamiento. En tal sentido, Aída Kemelmajer de Carlucci ha sostenido: “La aplicación judicial de la parte correspondiente a los derechos reales no ha presentado problemas serios pues…no existen diferencias profundas entre el viejo y el nuevo ordenamiento y, cuando esas diferencias existen, las normas recogen las opiniones doctrinales y jurisprudenciales mayoritarias que interpretaban el Código de Vélez…” (cfr. aut. cit., “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes: segunda parte”, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2016, pág. 247).- En nuestro caso, existen dos aspectos que suscitan especial atención en el marco de esta instancia extraordinaria: la primera, vinculada con la legitimación pasiva y, la segunda, con el “título suficiente”.
Ambos puntos fueron atendidos en las instancias anteriores con invocación del nuevo texto legal.-
En efecto, al evaluar la legitimación pasiva del Sr. Lerner la juzgadora de origen expuso que: “…el artículo 2255 del Nuevo Código Civil otorga legitimación pasiva en la acción reivindicatoria al poseedor poseedor (sic) o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante- (sic)…” (cfr. foja 214), y sobre la segunda temática, indicó que: “El actor en el juicio de reivindicación necesita acreditar su derecho de propiedad mediante la presentación de su 'título suficiente', entendido no en sentido instrumental, sino como acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real (art. 1892 CCyC)…” (cfr. foja 216).- Ambas consideraciones fueron objeto de agravio en el recurso de apelación del demandado (cfr. fs. 266 vta./267), frente a lo cual el Tribunal de Alzada sostuvo que los artículos 1892 y 2255 del Código Civil y Comercial de la Nación “…Se encuentran bien invocados en la sentencia…porque en el caso se los está aplicando a consecuencias (sic) o situaciones existentes al dictar la sentencia…” (cfr. foja 279 vta.).-
La disconformidad exhibida por la casacionista no logra erigirse en una crítica visceral y concreta que logre evidenciar de qué modo la solución adoptada en las instancias de grado hubiera variado si los tópicos aludidos hubieran sido subsumidos en las reglas positivas del anterior código civil. -
Es que un simple cotejo entre ambos regímenes y su vinculación con las particularidades fácticas que se ventilan en autos evidencian la inexistencia de diferencias de orden jurídico que en el caso en concreto hagan variar su juzgamiento.-
Veamos.-
En relación a la legitimación pasiva en el antiguo ordenamiento se disponía que: “La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella.” (cfr. art. 2758, Cód. Civ.), mientras que la legislación actual prescribe, en su parte pertinente, que: “…La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante.” (cfr. art. 2255, CC y CN).- Sobre esta innovación legislativa se afirma que: “En cuanto al poseedor o el tenedor, el Código supera la vieja discusión en torno a si es factible dirigir la acción real contra el tenedor que tiene el objeto a nombre del reivindicante, pronunciándose por la afirmativa.” (cfr. Kiper, Claudio glosa al art. 2555 del CC y CN, en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, dirigido por Lorenzetti, Ricardo Luis, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, Tomo X, pág. 318). “De modo de zanjar las discusiones sobre el tema de la legitimación pasiva, la acción reivindicatoria puede dirigirse, tanto contra el poseedor, como contra el tenedor, en este caso, sea que detente la tenencia a nombre de un tercero -tal como lo preveía el art. 2782 CC- o del propio reivindicante...Cuando se pretendía demandar por reivindicación al que ejercía la tenencia a nombre del actor, la doctrina estaba dividida entre quienes admitían esta posibilidad, y quienes la negaban. Los primeros ponían énfasis en la utilidad de tener a disposición dos acciones: la nacida del contrato y la reivindicatoria, que puede ser la única posibilidad si no hay prueba del contrato o si la acción personal se encuentra prescripta. Para los otros, además de sostener su idea con argumentos basados en los textos del Código Civil, si la acción personal estaba prescripta era porque habían transcurrido diez años desde que cesó la causa, por la cual el tenedor podía permanecer en la tenencia de la cosa sin haberla devuelto, era muy probable que haya intervertido el título -en cuyo caso- la reivindicación se seguía contra un poseedor.” (cfr. Zelaya, Mario: glosa al art. 2255 del CC y CN, en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, dirigido por Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; Herrera, Marisa, 1a edición, CABA, Infojus, 2015, Tomo 5, pág. 375).-
En el supuesto bajo examen, la demanda se encuentra dirigida contra el Sr. Lerner en su calidad de poseedor (cfr. foja 19), por lo que es ajena a la litis cualquier discusión sobre la calidad de tenedor como legitimado pasivo en la acción de reivindicación.-
Por su parte, la invocación tangencial de una parcela del artículo 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación que realizara la sentenciante de Primera Instancia (y fuera confirmada por la Cámara) tampoco conduce a un resultado distinto. Su cita simplemente se concretó a los efectos de rescatar una definición legal de título suficiente. No representa más que una argumentación accesoria que no proyecta ningún efecto concreto sobre lo juzgado.-
Más aún, no puede dejarse de mencionar que lo sostenido coincide, en esencia, con los lineamientos doctrinales construidos bajo la vigencia del Código Civil derogado. En tal sentido, Marina Mariani de Vidal indica que “Quien demanda por acción reivindicatoria la restitución de la cosa contra el poseedor, debe justificar la titularidad del derecho respectivo, porque la reivindicación es una acción que nace del dominio sobre cosas particulares -art. 2758 Cód. Civ.- y porque el poseedor no está obligado a producir título alguno en apoyo de su posesión […] El reivindicante debe acreditar, pues, que tiene título sobre la cosa, entendiéndose por título el antecedente jurídico del cual resulta el derecho ejercitado…” (cfr. aut. cit., “Curso de Derechos Reales”, Víctor P. de Zavalía editor, Buenos Aires, 1975, Volumen III, págs. 212/213).
En la misma senda se inscribe Néstor Jorge Musto, quien afirma: “Tratándose de un juicio petitorio, donde lo que se debate es el derecho, la prueba fundamental estará dada por el título o sea la causa-fuente del derecho. En cuanto al fondo, deberá ser una adquisición efectuada por compra, donación, permuta, entre los supuestos de traslación, o declarativa como la partición, transacción, etcétera. En cuanto a la forma, deben cumplirse los requisitos de escritura pública o los del acto judicial correspondiente.” (cfr. aut. cit., “Derechos Reales”, Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2000, Tomo 2, pág. 556).- De conformidad a las premisas expuestas, se desprende que para el supuesto concreto aquí analizado, deviene estéril cualquier discusión en torno a la aplicación temporal que rige la cuestión relativa a la legitimación pasiva y a la noción de título suficiente, desde que ambos digestos normativos no entrañan diferencias substanciales que puedan alterar la solución a la que se arribaría en el caso de aplicarse uno u otro ordenamiento.
Así las cosas, no puede más que tildarse de insuficiente al agravio desplegado sobre la presente cuestión, desde que la recurrente no esboza ninguna vinculación fáctica que demuestre certeramente la alteración que produciría en la causa su propuesta recursiva; por el contrario, las afirmaciones vertidas más bien pretenden satisfacer formalismos que no logran revertir la suerte adversa sellada en las instancias de grado.- Como sostiene Alberto J. Tessone, “El recurrente debe siempre demostrar la errónea aplicación de los preceptos legales citados en el pronunciamiento, y recién después suministrar las razones que abonan la actuación de la norma supuestamente violada, exponiendo de qué modo el dispositivo legal es capaz de variar la solución del conflicto.” (cfr. aut. cit., “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires, LEP, La Plata, 2004, V.
II, págs. 209 y 210).- Además, resulta de vital relevancia destacar que la juzgadora al momento de evaluar la procedencia del reclamo, las constancias de autos y los extremos invocados por el accionante tuvo en cuenta el Código Civil derogado, aludiendo explícitamente al dispositivo legal cuya aplicación reclama la recurrente, esto es, el artículo 2758 de ese cuerpo normativo (cfr. foja 214), criterio que no fue alterado por el razonamiento concretado por el órgano jurisdiccional de alzada y que, como se dijo, es la legislación a la luz de la cual debe examinarse la presente controversia.-
VI. A continuación corresponde escudriñar el agravio vinculado con la supuesta violación del artículo 2758 del Código Civil.-
Al ingresar al análisis de este agravio, se debe afirmar que no puede prosperar la denuncia de arbitrariedad efectuada a foja 293 vta., toda vez que no se observa en el pronunciamiento atacado un apartamiento ostensible de la solución jurídica prevista para el caso o que adolezca de una decisiva ausencia de fundamentación (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677). Recuérdese que es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “…'...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…' (confr.
T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439).- Cuadra destacar que estamos ante un proceso en el que campea el principio dispositivo, lo que implica que las partes tienen el pleno dominio de sus derechos materiales y procesales involucrados en la causa, y reconoce su potestad de libre decisión respecto del ejercicio o no ejercicio de estos derechos. Este principio actúa no sólo en el momento de la iniciación del proceso civil, sino también durante toda la tramitación de éste, dado que las partes son las dueñas del objeto del proceso (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G.: “Principio dispositivo”, 1ª edición CABA, Astrea, 2014, pág. 5).- Se ha dicho que: “...la acción reivindicatoria es una acción que nace de todo derecho real que se ejerce por la posesión, cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquel que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios.” (cfr.
Areán, Beatriz: glosa al art. 2758 del Cód. Civ., en “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres, Alberto J., -Dirección- y Highton, Elena I. -Coordinación-, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, Tomo 5, pág. 811). Desde este prisma y considerando la norma en juego ya detallada, la recurrente postula que “…el actor nunca perdió la posesión por que (sic) no la tuvo, y su tesis que hizo actos posesorios no ha sido verificada…” (cfr. foja 293 vta.).- No resulta fructífero este empeño recursivo, puesto que el discurrir argumental que despliega no resulta suficiente para conmover lo decidido en la anterior instancia. Acontece que la violación del artículo 2758 del Código Civil que denuncia la casacionista pretende, en realidad, poner en tela de juicio una supuesta fijación fáctica inadecuada; es decir, que remite a una cuestión de hecho y prueba, improponible -en principio- en sede de casación, salvo que se denuncie y acredite el vicio del absurdo, lo que no se ha logrado en el supuesto de autos.
En efecto, el recurrente no demuestra que la Cámara haya incurrido en un error grave en la conceptualización, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o hechos que desembocara en la tergiversación de las reglas de la sana crítica. No individualiza ningún medio de prueba en particular, que denote de parte del Tribunal del Alzada un yerro palmario, grosero o manifiesto.- Por otro lado, conviene tener presente que sobre los fundamentos esbozados por el tribunal de mérito al examinar el primero de los agravios -vincu-lados a las normas del mandato- (cfr. fs. 279 vta./280 vta.) la casacionista nada dijo, es decir, que su libelo recursivo omite rebatir la totalidad de los argumentos ensayados en sede de grado; esta forma de estructurar su planteo casatorio evidencia la ausencia de una crítica integral, puesto que sólo ataca alguno de los fundamentos y omite referirse a otros que acuerdan debido sustento al pronunciamiento.- Igualmente, cabe señalar que al ponderar lo atinente a la posesión del bien por parte del actor, la Cámara tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales y puso énfasis en la circunstancia de que la parte demandada no redarguyó de falsedad la escritura de venta que, entre otras cuestiones, indicaba que se había realizado con anterioridad la tradición del bien, así como tampoco el poder especial que habilitó al actor venderse el lote representando al demandado (cfr. foja 280 vta.).- En este marco, cabe advertir que la crítica que ensaya la recurrente deja sin rebate idóneo estos argumentos, no superando el registro de una mera discrepancia de opinión, lo que sella la suerte adversa de la impugnación.
En este sentido este Alto Tribunal ha dicho: “… '…que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación...'” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3495, Folio 5978/5981, entre otros).-
VII. Por otra parte, tampoco merecen recibo los agravios tendientes a cuestionar lo decidido en la instancia anterior en materia de costas y honorarios.-
Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que el cuestionamiento relativo a la imposición y distribución de costas resulta, en principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así lo ha sostenido al expresar que: “...se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678, entre otros).- En el presente caso no se avizora ninguno de los supuestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria.-
En el sub lite no puede considerarse que se haya alterado burdamente la calidad de vencido. Y “…mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
En cuanto al supuesto de inequidad en los criterios de distribución, este Tribunal Superior de Justicia ha indicado que: “…merece demostración con un directo ataque a los argumentos del fallo en crisis, mostrando en forma palmaria y manifiesta que ha habido un grosero apartamiento a la solución normativa dada a la cuestión…” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 486, Folio 2646/2648). Este extremo tampoco se verifica en el caso.-
La imposición de las costas resuelta por el Tribunal de Alzada exhibe una argumentación suficiente que la aleja de los actos jurisdiccionales infundados o arbitrarios. La simple lectura de lo dispuesto en los puntos 2° y 3° de la parte resolutiva de la sentencia en crisis deja en claro que las costas no han sido impuestas exclusivamente a cargo del demandado, como afirma en su pieza recursiva, lo que conduce indefectiblemente al rechazo del agravio planteado.-
Por otra parte, las censuras sometidas a juzgamiento por la recurrente en torno a la regulación de honorarios concretada por el tribunal a quo tampoco pueden prosperar, puesto que la revisión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta en cuestiones de hecho y prueba. La tradición jurisprudencial de este Alto Tribunal ha venido sosteniendo inveteradamente que “…el tema de la regulación de honorarios, en cuanto a su base y monto, resulta, en principio, ajeno a la casación…pues, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad…” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 583, Folio 3332/3338). Esta carga no ha sido cumplimentada por el interesado, quien no asume la exigencia de formular un cuestionamiento concreto y eficaz a las conclusiones definitorias del fallo y, en consecuencia, no logra demostrar que la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias hayan sido efectuadas de manera arbitraria, por lo que resulta indefectible el rechazo de este agravio.-
VIII. En mérito a lo expresado, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 288/294), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 274/284 con costas al recurrente vencido en virtud de lo establecido por el artículo 68 y cctes. del CPC y C y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999).- Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 288/294), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 274/284.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1024S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 696 Folio N°: 4110/4116 Secretaría: 1
Fin de la sentencia