Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.377-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por la que se condena al al Sr. JOSÉ ALBERTO OLIVA y la Sra. SUSANA FRANCISCA FORZINETTI, pago de una multa solidaria por la infracción prevista y penada en el art. 965, inc. b) y 966, del C.A., respectivamente, a la vez que se intima al Sr. OLIVA por el pago de tributos, con costas a la DGA.
2Confirmar el art. 2 de la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por el que se lo condena al pago de una multa de $522,49, por la comisión de la infracción al art. 968, inc. a), del C.A.
3Declarar que la multa impuesta por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147335864-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Diciembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “OLIVA, JOSÉ ALBERTO Y OTRA c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 38.377-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 8/13 se presenta el Sr. JOSÉ ALBERTO OLIVA y la Sra. SUSANA FRANCISCA FORZINETTI e interponen recurso de apelación contra la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por la que se los condena al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el art. 965, inc. b) y 966, del C.A., respectivamente, a la vez que se lo condena al Sr. José Alberto Oliva por la infracción al art. 968, inc. a) del C.A. y se lo intima al pago de tributos. Sostienen que debido a la incapacidad del Sr. Oliva, la administración lo autorizó a ingresar un automotor, en los términos de la Ley 19.279. Afirman que hacia el mes de octubre de 2011 ya habían transcurrido 4 años desde la adquisición del vehículo y que desde su adquisición en el año 2007, ese vehículo nunca salió de su poder y tenencia, habiendo estado siempre en su órbita personal. Exponen que son cónyuges desde el año 1963 lo que se acreditó debidamente en las actuaciones administrativas. Manifiestan que la Aduana efectúa una interpretación excesivamente ritual de la normativa que rige el caso, ya que no hay duda de que la importación de un automotor para discapacitados no puede dejar de serla por el hecho de haberse emitido una cédula azul para la Sra. Forzinetti, cónyuge del Sr. Oliva. Agrega que ello es contrario al sentido y fin de la Ley 19.279. Ofrecen prueba y solicitan se deje sin efecto la condena impuesta.
II. Que a fs. 45/49 la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Opone excepción de falta de legitimación. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los hechos alegados por las contrarias. Afirma que las actuaciones administrativas se generan como consecuencia de las facultades de control que lleva a cabo el servicio aduanero y cuyo objeto ha sido comprobar el destino de la mercadería importada al amparo del beneficio que se ha sido acordado. Agrega que tal como surge de la documental obrante en las actuaciones administrativas, el importador ha incumplido el régimen otorgado. Ofrece prueba y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. Que a fs. 50 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. A fs. 60/61 se rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Fisco. A fs. 64 se provee la prueba ofrecida. A fs. 70 se elevan los autos a esta Sala “F” y, a continuación, pasan a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA n° 12574-771-2007 se inicia con la solicitud de retiro de automotores para personas con discapacidad Nro. 3454/07. A fs. 4/6 se agregan facturas de compra. A fs. 7/8 luce la disposición n° 212/07 por la cual el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, otorga autorización al Sr. José Alberto Oliva, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con el beneficio que establece la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183. A fs. 12/13 luce copia del DNI del Sr. Oliva. A fs. 25, en fecha 12/09/17, se deja constancia de la entrega del automotor. A fs. 27, el 1/04/08, se emite la orden de intervención Nro. 08017OA04001097A, para la comprobación de destino del automóvil importado. A fs. 29/36 se emiten constancias relacionadas con el domicilio del Sr. Oliva. A fs. 37se emite el Informe Nro. 179/11 relacionado con el domicilio del importador. A fs. 38 se emite otra orden de intervención de comprobación de destino en fecha 11/08/11. A fs. 41 obra el Informe 283/11 en el que se informan las constataciones efectuadas. A fs. 49 se agrega impresión de pantalla con datos del automotor y titulares. A fs. 51/65 se agregan impresiones de pantalla del Sistema AFIP-eFisco. A fs. 70 luce intimación efectuada al Sr. Oliva para que aporte documentación relacionada con el vehículo y su situación, lo que cumple a fs. 71/81. A fs. 85 el Sr. Oliva efectúa una presentación y acompaña documental que se agrega a fs. 86/90. A fs. 90/91 se agrega informe y a continuación obra acta denuncia contra el Sr. José Alberto Oliva por la presunta comisión de la infracción al art. 965, inc. b) del C.A. A fs. 95 se instruye sumario. A fs. 97 se liquidan los tributos. A fs. 98 se determina la multa mínima. A fs. 99 se corre vista de lo actuado al Sr. Oliva y a la Sra. Forzinetti, que resultan notificados en fecha 21/12/12. A fs. 113/115 contestan la vista conferida, acompañando documentación obrante a fs. 116/129. A fs. 135/135 vta. se agrega el dictamen Nro. 179/17 y finalmente, a fs. 136/137 se dicta la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), aquí apelada.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), se ajusta a derecho, a cuyo efecto corresponde -en primer lugar- efectuar un resumen de lo acontecido en las actuaciones administrativas.
Conforme resulta de la disposición N° 212 del 21/02/07 del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio, se concedió al Sr. José Alberto Oliva el beneficio que establece la Ley 19279 y modificatorias, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con exención de tributos, debido a su condición de discapacitado. Específicamente, se autorizó la importación de un rodado AUDI A3 SPORTBLACK 1.6 TIPTRONIC SEDAN 5 PUERTAS, VIN N° WAUHA 8P. También se dejó constancia que el vehículo debía ser conducido por el beneficiario, según dictamen de la Junta Médica. Corresponde señalar que los antecedentes de dicha autorización no obran agregados en las actuaciones administrativas.
Habiéndose cumplido los pasos respectivos con la intervención de los organismos pertinentes, el 10 de septiembre de 2007 el Sr. Oliva solicitó a la Aduana el retiro del automotor, conforme surge de fs. 1 de las act. adm., lo que se hizo efectivo el 12/09/07.
Con posterioridad, la Aduana emite la orden de intervención respectiva con el fin de comprobar el destino de vehículos importados bajo los beneficios de la Ley 19.279 y modificatorias.
A tales efectos, según resulta del informe N° 283/11 (SE FECO), el día 14/9/11 el servicio aduanero se constituyó en el domicilio Rosario de Santa Fe Nro. 285, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, donde no habría encontrado morador alguno. Por su parte, también se apersonó en el domicilio Rosario de Santa Fe Nro. 825, en el que se ubicaría una casa deshabitada. Asimismo, según resulta del mismo informe, el 16/9/11 el mismo agente aduanero se presentó en el domicilio “Alem 519, piso 2°, dpto. b, de la ciudad de Córdoba (domicilio que surgiría de la consulta en el sistema E-fisco), el que sería un portón de chapa, inmueble de una planta, perteneciente al “Vivero Maitén”.
A continuación, a fs. 49 de las actuaciones, se agrega una consulta del automotor aquí involucrado, de la que surge que existiría una cédula expedida a nombre de la Sra. Susana Francisca Forzinetti, cónyuge del aquí actor, con el título de “cédula para autorizados”.
Con posterioridad, el 27/06/12, la Aduana cursa una notificación al Sr. Oliva, requiriéndole información acerca del automotor importado, lo que el actor cumple el 4/7/12 y acompañando la documentación requerida que obra a fs. 72/81 de las act. adm. Cabe señalar que en dicha presentación el Sr. Oliva informa como su domicilio en la Avenida Alem Nro. 519, 2° B.
A continuación, a fs. 85 ref. del expte. administrativo, se agrega una presentación efectuada por el Sr. Oliva , que tiene fecha 22/11/11, en la que informa que se mudó de la dirección que consta en la documentación inicial obrante en las actuaciones y que su domicilio en dicho momento era Av. Alem 519, 2° B. Asimismo, adjunta copia del título automotor y dos fotografías tomadas del vehículo involucrado (ver fs. 88/89 de las act. adm.).
A fs. 90/91, en fecha 27/06/12, la Aduana emite un informe de investigación en el que destaca que “se extendió una autorización de manejo a favor de un tercero, Sra. Forzinetti Susana Francisca, la cual no ha sido autorizada por la Disposición 212/07 del Servicio Nacional de Rehabilitación…no se encontró al beneficiario ni al vehículo en el domicilio declarado por el contribuyente en el formulario OM-2156 durante la comprobación de destino…El domicilio sito en San Martín Nro. 613/ (2580) Marcos Juárez, Córdoba, sería el domicilio del beneficiario…No consta en la AFIP cambio de domicilio…”.
En base a ello, el servicio aduanero formuló denuncia y aperturó sumario contra el Sr. José Alberto Oliva, por la presunta comisión de la infracción al art. 965, inc. b) –ya que entendió que no correspondía emitir una autorización a la esposa del Sr. Oliva toda vez que sólo podía conducir el vehículo importado el beneficiario- y 968 del C.A. –ya que no se informó el cambio de domicilio en la AFIP, siendo que el domicilio real del Sr. Oliva sería el ubicado en la calle San Martín 613, Marcos Juárez, Córdoba- y la Sra. Forzinetti Susana Francisca, por la presunta comisión de la infracción al art. 966 del C.A. Asimismo, le reclamó los tributos dispensados en dólares al Sr. Oliva. Cumplidos los pasos de rigor en el sumario, condenó a los aquí actores por la comisión de las infracciones mencionadas ut-supra.
VI. Que corresponde resolver, en primer término, si el Sr. Oliva incurrió en la infracción tipificada por el art. 965, inc. b), del C.A. respecto de la mercadería importada en los términos de la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183.
Que el art. 965 del C.A establece que: “El que no cumpliere con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento de: … b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados;…”.
Que, por ello, corresponde analizar si la obligación incumplida por el Sr. Oliva condiciona el otorgamiento de la exención tributaria.
La Ley 19.279 y modificatorias establece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan adquirir automotores para uso personal, para realizar una profesión o estudios y/o cualquier otra actividad que les permita desarrollar una vida normal con el fin de su integral habilitación dentro de la sociedad (art. 1°). Permite la adquisición de automotores nacionales (art. 3 inc. a. y b.) como extranjeros (art. 3°, inc. c.) y, en este último caso, prevé que las importaciones estarán exentas del pago de derecho de importación, tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos internos y al valor agregado. Cabe resaltar el art. 5° -en que se basa el servicio aduanero para imputar la infracción en análisis-, que establece “Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de Cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso…”.
Finalmente, el art. 6° refiere al caso en que el beneficiario infrinja la ley en comentario, en cuyo caso deberá restituir el total de los gravámenes dispensados a su adquisición.
Que la Ley 19.279, modificada por las Leyes 22.499 y 24.183, fue reglamentada por el Decreto 1313/93. Según la reglamentación, se considera persona discapacitada a la comprendida en los términos del Artículo 2º de la Ley Nº 22.431, que padezca en forma permanente alteraciones considerables que reduzcan su movilidad de manera que le impida o dificulte el uso del transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requiera la utilización de un automotor propio.
Cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan a la persona conducir el automotor por sus propios medios, siempre que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación autorizará el manejo del automotor por un tercero.
La reglamentación también establece que a los efectos de gestionar el beneficio, se debe presentar una solicitud declarando varios datos, entre ellos, el cónyuge e hijos y demás personas con las que conviva el beneficiario. También establece en su art. 3° “Con carácter previo la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA deberá expedirse…mediante acto fundado estableciendo si el futuro beneficiario y/o su grupo familiar reúne capacidad económica suficiente como para adquirir el automóvil que pretende y para mantenerlo; asimismo, deberá aclarar si el interesado y/o grupo familiar posee una capacidad económica tal que le imposibilite acceder al beneficio.
El servicio aduanero –como ya se dijo- imputa la infracción en trato, sobre la base del incumplimiento de lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 19.279 y modificatorias, al entender que el automóvil sólo podía ser conducido por el Sr. Oliva, siendo que en el caso, se habría otorgado una autorización a la cónyuge del aquí actora, Sra. Forzinetti, por la emisión de una cédula a su nombre.
Que tal como se desprende del análisis de la normativa citada, no se advierte cuál ha sido la conducta contraria a la obligación prevista por el citado art. 5°. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Oliva, no fue vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito. El hecho de que se haya expedido una cédula a nombre de su esposa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la norma.
Por su parte, según resulta del título del automotor, que en copia obra a fs. 88/88 vta. de las actuaciones, se dejó constancia que la Sra. Susana Francisca Forzinetti, es la cónyuge del beneficiario y del carácter de bien ganancial del automotor. También se dejó constancia que el automotor fue adquirido por el régimen de la Ley 19.279 y que no podía ser embargado, ni vendido, ni donado, ni permutado, ni cedido, ni transferido, a título gratuito u oneroso, por el término de cuatro años, lo que no se ha vulnerado en el caso en cuestión. Atento a ello, resulta de todo sentido común que se expida una cédula a nombre de la cónyuge del beneficiario, no habiendo probado la Aduana que se haya configurado alguno de los supuestos previstos en la Ley aplicable. Tampoco ha probado en autos que la cónyuge condujera el vehículo importado, basándose su imputación en el sólo hecho de haberse emitido una cédula a nombre de esposa y conviviente del Sr. Oliva.
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que aún en el caso en que la Sra. Forzinetti condujera el vehículo –que se aclara, es también de su propiedad- tampoco implicaría una vulneración a la normativa analizada, ya que –en tal supuesto- hubiese sido conducido por la cónyuge del beneficiario, que convivía con él y no un tercero ajeno. Por su parte, la reglamentación refiere en varias oportunidades, a que el análisis de la concesión del beneficio incluye al grupo familiar, por lo que no resulta contrario al sentido común, considerar que los convivientes con el beneficiario del régimen, en el caso, la esposa, puedan conducir el automotor en cuestión. No está de más mencionar que la reglamentación no lo prohíbe de forma expresa en su articulado, sin perjuicio de que en tal caso hubiese correspondido poner en conocimiento de dicha situación al servicio aduanero.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto imputa al aquí actor la comisión de la infracción al artículo 965, inciso b), del C.A.
Por su parte, la Ley 19.279 establece como sanción a quién infrinja la misma, la restitución de los tributos dispensados. En el caso, como se ha dicho, no se ha vulnerado lo previsto por la referida norma, por lo que tampoco se ajusta a derecho el reclamo tributario efectuado al recurrente, debiendo revocar la resolución apelada asimismo en este aspecto.
VII. Que la Aduana también imputa al Sr. Oliva, la comisión de la infracción al art. 968, inciso a), del C.A., sobre la base de no haber informado a la AFIP el cambio de domicilio, motivo por el cual no se encontró ni al beneficiario ni al vehículo en el domicilio declarado por el contribuyente en el formulario OM-2156, esto es la “Solicitud de retiro de automotores para personas con discapacidad”. Sobre la base de esta imputación lo condena e intima al pago de una multa de $522,49.
Que la norma mencionada establece que: “Cuando el incumplimiento de la obligación que hubiese condicionado el beneficio no afectare la finalidad que motivara su otorgamiento: a) el responsable de la trasgresión prevista en el inciso a) o b), del artículo 965, será sancionado con una multa del UNO (1%) al DIEZ (10%) por ciento del valor en aduana de la mercadería en infracción...”.
Que en este punto cabe aclarar que si bien es cierto que la actora se mudó a otro domicilio y no lo informó al servicio aduanero, de las órdenes de intervención obrantes en las actuaciones y del informe obrante a fs. 41, resulta que la Aduana visitó dos domicilios, uno de ellos fue el declarado por el actor al solicitar el retiro del vehículo importado sito en Rosario de Santa Fe 825 y el otro fue Av. Alem 519, piso 2°, dpto. b., siendo éste último domicilio el posteriormente informado por el actor como su domicilio real. No obstante, se observa del informe de fs. 41 que la Aduana visitó el domicilio “Alem 519, piso 2°, dpto. b” informando que sería un portón de chapa, inmueble de una planta perteneciente al Vivero Maitén. Es decir, que la Aduana habría visitado el domicilio real informado –posteriormente en el sumario- por el actor como su real domicilio. Cabe señalar que el actor probó en las actuaciones que ese era su verdadero domicilio, conforme surge de su licencia de conducir obrante a fs. 117, certificado de domicilio de la policía de Córdoba obrante a fs. 118, como así también la documentación aportada en relación a la aquí coactora, cónyuge del Sr. Oliva, obrante a fs. 120/122. A pesar de ello, el servicio aduanero consideró en el informe base de su denuncia que el domicilio real del beneficiario sería el sito en “San Martín Nro. 613, Marcos Juárez, Córdoba”.
Que cualquiera fuese el domicilio del aquí actor, esto es el sito en la “Avenida Alem” o el sito en la calle “San Martín”, lo cierto es que efectivamente se mudó del domicilio informado al servicio aduanero en la documentación presentada al solicitar el retiro del automotor, no habiendo puesto en conocimiento de la Aduana su nuevo domicilio, a los efectos de que ésta pueda efectuar la comprobación de destino de la mercadería importada –en el caso con una exención de tributos- que las leyes le acuerdan.
Que la propia actora reconoce dicha omisión en su presentación de fs. 85, al sostener que “hace casi 3 años cambió de domicilio y omitió informarlo al instituto”, agregando que se trató de un error totalmente involuntario.
Que, en tal sentido, corresponde por lo tanto confirmar la infracción imputada al aquí actor, en cuanto lo condena al pago de una multa de $522,49.
VIII. Que no obstante lo dispuesto en el considerando precedente, corresponde aplicar en el caso lo dispuesto por la Ley 27.260.
Que la Ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que “El beneficio de liberación de multa y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal…Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive…”.
Que, la Resolución General 3920/16 (AFIP), reglamentó la ley 27.260 y previó, entre otras cuestiones, el procedimiento para la adhesión al Régimen de Regularización en cuestión.
Que, por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 5, estableció que la condonación de sanciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016, operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio. Cabe resaltar que en el último párrafo del mencionado artículo se incluye entre las sanciones formales la tipificada en el art. 968 del C.A.
Que, en consecuencia, del análisis de la normativa transcripta ut-supra resulta que concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torna procedente la condonación de oficio, por cuanto se trata de una multa que según la norma mencionada la propia AFIP ha considerado formal, configurada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260.
Que, por lo demás, la citada reglamentación fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas a dicho efecto por el art. 93 de la ley 27.260.
Que atento a lo expuesto no corresponde a este Tribunal un mayor abundamiento exegético al respecto y, conforme a la interpretación efectuada por la AFIP, procede considerar que la multa aquí apelada se encuentra alcanzada por el régimen de condonación dispuesta por la ley 27.260 y su reglamentación.
IX. Que, por último, corresponde resolver en autos si la aquí co-actora, Sra. Susana Francisca Forzinetti, resulta responsable de la comisión de la infracción al art. 966 del C.A., que establece: “Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales e industriales mercadería importada para consumo en excepción a una prohibición con exención total o parcial de tributos respecto de la cual no se hubiese cumplido la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento del beneficio, será sancionado en forma solidaria con el autor de la transgresión prevista en el art. 965, incisos a) o b), según correspondiere con las penas allí establecidas”.
Que sin perjuicio de que tal lo expuesto ut-supra no se configura en autos la infracción al art. 965, inciso a), del C.A., de todas formas tampoco se dan los elementos exigidos por el tipo penal como para que se configure la infracción imputada a la cónyuge del Sr. Oliva.
En efecto, no se advierte en el caso cómo se configurarían “los fines comerciales e industriales” a que alude la norma, cuando ni siquiera el servicio aduanero ha probado en la especie que la Sra. Forzinetti hubiese utilizado de cualquier forma el vehículo en trato y menos aún, con los fines antes mencionados. Que la imputación efectuada por la Aduana –en este punto- carece de todo fundamento legal, convirtiendo a la misma en totalmente improcedente.
Que, por ello, corresponde también revocar la resolución apelada en relación a este aspecto. Que, por ello voto por:
1. Revocar la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por la que se condena al al Sr. JOSÉ ALBERTO OLIVA y la Sra. SUSANA FRANCISCA FORZINETTI, pago de una multa solidaria por la infracción prevista y penada en el art. 965, inc. b) y 966, del C.A., respectivamente, a la vez que se intima al Sr. OLIVA por el pago de tributos, con costas a la DGA.
2. Confirmar el art. 2 de la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por el que se lo condena al pago de una multa de $522,49, por la comisión de la infracción al art. 968, inc. a), del C.A.
3. Declarar que la multa impuesta por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por la que se condena al al Sr. JOSÉ ALBERTO OLIVA y la Sra. SUSANA FRANCISCA FORZINETTI, pago de una multa solidaria por la infracción prevista y penada en el art. 965, inc. b) y 966, del C.A., respectivamente, a la vez que se intima al Sr. OLIVA por el pago de tributos, con costas a la DGA.
2. Confirmar el art. 2 de la resolución Nro. 322/17 (AD CAMP), por el que se lo condena al pago de una multa de $522,49, por la comisión de la infracción al art. 968, inc. a), del C.A.
3. Declarar que la multa impuesta por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante Vocalía 18a Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.12.11 16:15:03 -03:00 Date: 2023.12.11 17:38:45 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.11 17:41:07 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.11 17:41:08 -03:00
Fin de la sentencia