Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 38377-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios de la parte demandada y distribuir las costas en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
12578/2024 OLIVA JOSE ALBERTO (TF 38377-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “OLIVA, JOSE ALBERTO y OTRO (TF 38377-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) revocar —con costas— la resolución n° 322/17, en virtud de la cual se aplicó sendas multas al señor José Alberto Oliva y a la señora Susana Francisca Forzinetti, en carácter de responsable solidaria, por la presunta comisión de las infracciones previstas en los arts. 965, inc. b), y 966 del CA, 2) revocar —con costas— la resolución n° 322/17 en cuanto intimó el pago de tributos, 3) confirmar la resolución n° 322/17 en cuanto aplicó la sanción de multa por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 968, inc. a), del CA y 4) declarar condonada en los términos de la ley 27.260 —con costas por su orden— la infracción aplicada con sustento en el art. 968, inc. a), del CA.
II. Para así decidir:
a) Recordó que: (i) mediante la disposición n° 212/07 del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud se concedió al señor José Alberto Oliva el beneficio establecido en la ley 19.279 para adquirir un automotor modelo estándar (0 km, específicamente identificado), con exención de tributos, debido a su condición de persona con discapacidad. Allí se dejó constancia que el vehículo debía ser conducido por el beneficiario, según el dictamen de junta médica (cuya copia no obra agregada a las actuaciones administrativas), (ii) cumplido los pasos respectivos con la intervención de los organismos pertinentes, se retiró el automóvil de la Aduana, (iii) con posterioridad, el servicio aduanero emitió orden de intervención a fin de comprobar el destino del vehículo importado al amparo de los beneficios previstos en la ley 19.279, (iv) la inspección informó que se extendió una autorización (cédula azul) a favor de un tercero, la señora Susana Francisca Forzinetti, la cual no fue autorizada por la disposición n° 212/07 y que no se encontró al beneficiario ni al automóvil en el domicilio declarado por el contribuyente ante la AFIP, (v) se formuló denuncia y se aperturó sumario contra el señor Oliva por la presunta comisión de las infracciones previstas en los arts. 965, inc. b), —por entender que no correspondía emitir una autorización a su cónyuge, la señora Forzinetti, dado que sólo el beneficiario era el único calificado a la conducción del vehículo— y 968 del CA —ya que no denunció el cambio de domicilio declarado ante el servicio aduanero— y a la señora Forzinetti por la presunta comisión de la infracción descripta en el art. 966 del CA —poseer con fines industriales o comerciales una mercadería importada bajo una franquicia tributaria—. Asimismo, se intimó al señor Oliva al ingreso de los tributos dispensados en la importación, y (vi) se condenó a los presuntos responsables por la comisión de las infracciones mencionadas.
b) Con relación a la infracción tipificada en el art. 965, inc. b), del CA, puntualizó que se sanciona con una multa a quien no cumpliera con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de una exención total o parcial de tributos que graven la importación para consumo.
Señaló que en la ley 19.279 se establece que las personas con discapacidad pueden adquirir automotores para uso personal, para realizar una profesión o estudio y/o cualquier otra actividad que les permita desarrollar una vida normal con el fin de su integral habilitación dentro de la sociedad (art. 1°). Permite la adquisición de vehículos nacionales o importados, y, en este último caso, prevé que las importaciones estarán exentas del pago de derechos de importación, tasa estadística y por servicios portuarios, impuestos internos y al valor agregado (art. 3°). Resaltó que en el art. 5° de esa ley, en que se fundó el servicio aduanero para imputar la infracción, se establece que los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12578/2024 OLIVA JOSE ALBERTO (TF 38377-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO automotores adquiridos de conformidad con dichas normativas serán inembargables por el término de 4 años desde la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso.
Refirió que en el caso que el beneficiario infrinja la ley, deberá restituir los gravámenes dispensados al momento de adquisición de vehículo (art. 6°).
Concluyó que, del análisis de las normas reseñadas, no se advierte cuál fue la conducta contraria a la obligación prevista en el art. 5° de la ley 19.279, y sus modificaciones. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del señor Oliva, no fue vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito. El hecho de que se haya expedido una autorización a nombre de su conviviente y esposa —que también era propietaria por tratarse de un bien ganancial— no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en la norma.
Agregó que la propia reglamentación refiere que la concesión del beneficio incluye al propio grupo familiar, por lo que no resulta contrario al sentido común que los convivientes del beneficiario puedan conducir el automotor en cuestión.
c) En cuanto a la intimación de tributos, consideró que resultaba improcedente, dado que no se observa infracción al régimen por el cual fue importado el automotor.
d) Con relación a la infracción imputada a la co-actora, señora Forzinetti, indicó que tampoco se configura la infracción prevista en el art. 966 del CA, por carecer la imputación de los elementos exigidos por el tipo penal. En efecto, el servicio aduanero no probó que la imputada utilizará el automóvil, menos aún, con fines comerciales o industriales como refiere la norma.
e) Con relación a la sanción aplicada con sustento en el art. 968, inc. a), del CA, señaló que la propia actora reconoce que cambió de domicilio y omitió denunciarlo ante el servicio aduanero, por lo que la imputación formulada se ajusta derecho.
Sin perjuicio de ello, y en atención a lo dispuesto en la ley 27.260 y en las resoluciones generales nros. 3920/2016 y 4007/2017 la multa se encuentra condonada.
III. Disconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que fundado no fue replicado.
IV. Su queja pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
a) El Tribunal Fiscal interpretó erróneamente las normas aplicables al caso.
El beneficio tributario se encontraba condicionado a que el vehículo importado fuera utilizado exclusivamente por la persona beneficiaria, y, por lo tanto, la emisión de una autorización a un tercero viola el régimen establecido en la ley 19.279 y sus modificaciones. b) En el caso se determinó que el beneficiario podía conducir el rodado por sí mismo. En aquellos casos en que el beneficiario se vea impedido de conducir por sus propios medios, la autoridad de aplicación autorizara el manejo del automotor por un tercero (art. 1°, decreto 1313/93, reglamentario de la ley 19.279).
c) La alusión al “grupo familiar” contenida en la reglamentación no hace referencia a la posibilidad de utilización del vehículo por parte de aquél, sino a la capacidad económica que deben reunir para poder adquirir y mantener el mismo.
Si el beneficiario tenía necesidad de que otra persona conduzca el vehículo franquiciado, no bastaba con la autorización extendida, sino que dicha circunstancia debió ser comunicada a la autoridad de aplicación para así evaluar el caso concreto y definir su procedencia.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
12578/2024 OLIVA JOSE ALBERTO (TF 38377-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO d) Insistió en que el actor omitió declarar ante el servicio aduanero el cambio de domicilio y, en consecuencia, se acreditó el incumplimiento a un deber formal, tal como lo sostuvo el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento. Por tal motivo, no procede la condonación de la sanción a dicha transgresión.
V. Los agravios dirigidos a obtener la confirmación de la sanción aplicada con fundamento el art. 965, inc. b), del CA, deben desestimarse. Ciertamente, y como fundadamente los sostuvo el Tribunal Fiscal, no se encuentra configurada la infracción reprochada por el servicio aduanero.
Es que no se advierte ningún incumplimiento a los requisitos que condicionan la importación del vehículo con franquicia tributaria. En efecto, la imputación fiscal se basó en el incumplimiento por parte del beneficiario al art. 5° de la ley 19.279, en el cual se dispone: “Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso.” Por el contrario, se encuentra demostrado en la causa que el beneficiario es titular registral del bien, posee licencia habilitante para conducirlo, es tomador y asegurado según póliza del seguro automotor, y responsable frente al impuesto automotor ante la administración tributaria local (v. fs.72/80 y fs. 116/127 de las a.a.). Condiciones que, incluso, se mantienen después del plazo condicionante previsto en la norma. Tampoco se observa un aprovechamiento indebido del régimen, como pretende deslizar la parte demandada. Es que la norma reglamentaria invocada por la recurrente tiende a evitar un uso abusivo por parte de terceros ajenos al régimen de franquicia que la ley concede a las personas con discapacidad, cuya atención y asistencia integral constituye una política pública de nuestro país (Fallos: 331:1449); o “como reza el decreto reglamentario, el objeto de estas disposiciones ha sido alcanzar ‘mayor transparencia en las tramitaciones y concesión de los beneficios y deslindar la posibilidad de que se comentan irregularidades al respecto (cf. Decreto 1313/93, segundo párrafo de sus considerandos …)’ (Fallos: 341:1625).
En tal sentido, y sin perjuicio de que, como ya se expuso, la infracción no se encuentra configurada, resulta de toda lógica la autorización otorgada a la señora Forzinetti, cónyuge y conviviente desde el año 1963 del beneficiario —según se acredita con la documentación obrante en las actuaciones—. Sumado a que, el servicio aduanero no demostró que la importación fue realizada a favor de un tercero distinto del beneficiario o su grupo familiar. En definitivo no se probó un uso indebido del vehículo o un incumplimiento al régimen que condicionó la importación, aspecto que sella la suerte adversa a su pretensión y torna inoficioso el resto de los agravios formulados sobre el punto.
VI. La queja enunciada contra la condonación dispuesta con relación a la sanción aplicada con sustento en el art. 968 del CA también deben desestimarse.
Es que, con independencia de si se ajustaba a derecho el reproche fiscal, el legislador previó la eximición de la sanción si el responsable cumple con los requisitos previstos en la ley 27.260 —art. 56— y su reglamentación —arts. 4° y 5° del RG 4007/17—; aspecto que tuvo por acreditado el Tribunal Fiscal y que no fue refutado idóneamente por el servicio aduanero en su memorial.
En virtud de lo expuesto, VOTO por: desestimar los agravios de la parte demandada, con costas en el orden causado, dado la ausencia de actividad de la contraria (art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
La jueza Liliana M. Heiland y el juez Rodolfo E. Facio adhieren al voto precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
12578/2024 OLIVA JOSE ALBERTO (TF 38377-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios de la parte demandada y distribuir las costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia