Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 5 de Morón · Causa MO-10500-2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstractos y carentes de sustento fáctico y jurídico los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora respecto de los arts. 8 inc.3, 21, 22, 46 y 50 de la LRT y del decreto 717/96:46 LRT; arts.1, 2, 3 y 14 de la Ley 27.348, en cuanto versan en materia de competencia. Y respecto de los planteos de inconstitucionalidad formulados contra los arts. 4, 6 y 17 incs. 2 y 3 de la Ley 26.773 por los fundamentos expuestos.-
2Hacer lugar a la demanda incoada por OLIVARES CLAUDIA GRACIELA contra DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y condenarla a abonar al accionante la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON CUATRO CENTAVOS ( $ 1.308.113,4).-que se reclama en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557 e incidencia de pago prevista en el art 3 Ley 26773.-
3Imponer las costas de la acción a cargo de la parte demandada vencida (cfr. art. 24 de la ley 15.057).
4En caso de MORA en el pago de la suma calculada ,el capital de condena , se deberán los intereses del inciso c) del art. 12 de la Ley 24.557 reformado por el art. 11 Ley 27.348 sobre el total adeudado (art. 770 del CCyC N).
5El CAPITAL deberá depositarse, dentro de los 60 días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. A tales fines, librese oficio al Banco Provincia a fin de proceder a la apertura de cuenta judicial.- …
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En la ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie, reunido el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de Morón, integrado por los Doctores Carlos Ariel Diaz, Ambrosio Miguel Valle y María Alejandra Amaya, Jueza subrogante del Tribunal del Trabajo N° 2 Departamental, a fin de dictar sentencia, en conformidad con lo dispuesto por el art. 54 inc. d) de la ley 15.057 en estos autos " OLIVARES, CLAUDIA GRACIELA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " Expte. MO-10500-2020 " , planteando y votando en el siguiente orden: AMAYA - VALLE - DIAZ, las siguientes
PRIMERA; ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿ Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: La señora Juez Doctora Amaya, dijo:
I. Antecedentes: Relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57 inc. 3 Ley 15057.-
Se presenta OLIVARES CLAUDIA GRACIELA, DNI 16.405.330, por su propio derecho, con domicilio real en la calle La Gaceta n° 2398, localidad Libertad y partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, edad: 57, estado civil Casada Nacionalidad Argentina, nacido en fecha 14/07/1963, profesión: Limpieza, con el patrocinio letrado de los Dres. CARBALLES JORGE EZEQUIEL, C.A.M. Tomo XIII Folio 588 C.A.M. y Dra. FUERTES BRENDA CRISTEL, C.A.M. Tº XIII Fº 584 C.A.M. Expone que promueve demanda contra DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CUIT 30-62739371-3 , por el cobro de indemnización por ACCIDENTE DE TRABAJO de fecha 01/04/2019, aproximadamente a las 20:00 horas, con alta definitiva en fecha 15 de abril de 2019, cuando cumplía sus tareas laborales como empleado de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
DECLARA CUMPLIMIENTO DE INSTANCIA ADMINITRATIVA DE LA COMISION MEDICA DE MORON - LEY 27348- ACOMPAÑA DICTAMEN. HABILITA VIA JUDICIAL. EXPEDIENTE SRT Nº 368986/19.-
Relata que ingreso a trabajar en relación de dependencia para el DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en fecha 06/07/2007, prestando tareas "AUXILIAR DE LIMPIEZA" en los siguientes establecimientos:
CONSEJO ESCOLAR (06/07/2007 hasta aproximadamente 05/2014)
ESCUELA DE EDUACION SECUNDARIA N° 16, Sito en la calle Jujuy n° 745-799, localidad y partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Los días lunes a viernes de 17:00 horas a 20:00 horas. (desde junio del año 2014 a la actualidad). Al momento del accidente de fecha 01/04/2019 trabajaba para dicha escuela.
Dicho organismo depende de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La trabajadora desempeña tareas como limpieza en el establecimiento .
Su remuneración mensual bruta al tiempo del accidente es de PESOS $17.688,71 correspondiente al mes de abril 2019
Narra que con fecha 01 DE ABRIL DE 2019 siendo las aproximadamente 20:00 horas la actora se encontraba realizando sus tareas laborales cotidianas en su trabajo en la Escuela de Educación Secundaria n° 16, cuando llevaba un bolsa de residuo se resbala con caída de su altura golpeándose su rodilla izquierda contra el piso, dolor que le impide continuar con sus tareas laborales y habituales, realizando la denuncia ante la ART quien esta misma le brinda las prestaciones en especie y dinerarias, aceptando dicho siniestro nº 05341153/001/00, Nro de accidente nº 05352561/001/00, otorgándole el alta médica el día 15 de abril de 2019. Que a raíz de dicho accidente de trabajo sufrió la actora sufrido TRAUMATISMO SERVERO DE RODILLA IZQUIERDA Y TOBILLO IZQUIERDO -CON EDEMA Y INTENSOS DOLORES - Y DOLORES EN LA COLUMNA SUFRIENDO LUMBALGIA - con movimientos reducidos EN SU PIERNA IZQUIERDA, TOBILLO Y COLUMNA, lo cual le impide continuar con sus tareas habituales.
Inmediatamente la actora procede a comunicarle a su empleador el acontecimiento del accidente sufrido quien este último realizar la denuncia a la ART contratada, PROVINCIA ART S.A., y la actora se traslada al "Sanatorio Del Oeste" de la localidad de en Merlo, Provincia de Bs. As.
En el nosocomio fue con el diagnostico "TRAUMATISMO SERVERO DE RODILLA IZQUIERDA Y TOBILLO IZQUIERDO -CON EDEMA Y INTENSOS DOLORES"
Realizaron placas radiográficas rodilla y tobillo izquierdo, resonancia de rodilla izquierda, kinesiología, hasta el alta médica de fecha 15/01/2019
En fecha 15/04/2019 le otorgaron el alta el cual la trabajadora estaba disconforme con el alta por el intenso dolor y la imposibilidad de flexión y extensión de su rodilla izquierda y tobillo izquierdo, pero así todo el día 16 de abril de 2019 comenzó a trabajar en su puesto habitual pero desempeñado las tareas en forma dificultosa y algunas no pudiendo cumplirlas en forma efectivas por sus secuelas incapacitantes respecto a todas las tareas habituales. Tiene miedo de ser despedido, y asimismo sabe que de serlo no encontrara otro trabajo similar en otra fuerza ya que su dolencia se evidenciaría en el examen preocupacional de rigor. El hecho de no haber sido recalificado no implica que realice las mismas tareas.
El diagnóstico de la COMISIÓN MÉDICA 381 de Morón en expediente 368986/19 en fecha 09/01/2020 fue: "Gonalgia aguda izquierda postraumática".
Se emitió dictamen de Incapacidad en fecha 01/11/2019 en Expediente de la SRT Nro.: 368986/19 de Comisión Médica: 381 - MORÓN; el mismo concluye en el diagnóstico que hubo accidente de trabajo con diagnostico " Contusión de la rodilla - Gonalgia aguda izquierda postraumatica, sin secuelas devinientes".-
Plantea la inconstitucionalidad del art 1 Y 2 LEY 27348. de la resolución 298/2017y Ley 14.997.- Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21; 22 y 46 en su texto original LRT- y del Decreto Reglamentario 717/96, resolución 414/1999, de la SRT.
Ofrece prueba. Funda en derecho. Reserva Caso Federal .Solicita se haga lugar a la demanda con costas a la contraria.
Corrido el traslado de la demanda ,se presenta y contesta RAMIRO E. GAMARRA, en su carácter de abogado apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, inscripto al T° XIV F° 721 del CAM, con el patrocinio letrado del Dr. ALEJANDRO AMILCAR CAMOZZI, Tº IX Fº 683 del C. A. de Morón. Practica una negativa genérica y específica de los hechos expuestos en la demanda.
Expone que acompaña el expediente administrativo Nº Ex-2021-03904724-GDEBA-FDE donde la DGCE ha informado antecedentes respecto de la relación laboral, detallando que labora como personal de servicio desde hace 13 años en la Escuela Nro. 16 de Merlo tal como indicó en su demanda. Luce ahí también una reseña del alegado accidente de trabajo (resbalón en escalera) y se acompañan por último los recibos de haberes pertinentes para estimar el IBM.
Por otra parte, entre los antecedentes de Provincia ART y SIAPE, consta a esta parte que con número de siniestro 05352561/001 se anotició el hecho de 01/04/2019. Supuso baja médica durante dos semanas del 2019. Pre-calificado como accidente en el lugar de trabajo leve, CIE 10 T00.8 (contusión en rodilla). Se brindó tratamiento, por imperativo legal: resonancia magnética, analgésicos, reposo e inmovilización. Interconsulta con traumatología. El desembolso prestacional fue en el caso por la suma de $14.065,59. Alta médica el 15/04/2019.
Dice que luce acreditado el agotamiento de la vía administrativa previa que prevé la ley. Intervino la CM 381 de Morón emitiendo dictamen el 23/01/2020. Concluyó que no quedaron incapacidades como consecuencia del siniestro denunciado, sino que en su labor identificó una preexistencia del 11,30% de incapacidad, por siniestro ocurrido anteriormente (in itinere en mayo 2017) y que adelanto invoco a todo evento para que se respete y aplique fórmula de capacidad restante.
No conforme con este resultado de las cosas, invocando una alegada incapacidad psicofísica del 35%, persigue Olivares una indemnización en esta instancia judicial.
Considera que el dictamen debió ser atacado por la actora, precisando el error que le atribuye a la comisión médica, ilustrando con medios probatorios el desacierto en que haya incurrido, porque no puede simplemente invocarse como lo pretende una indemnización en base a presunta incapacidad del 35% siendo que en sede administrativa se concluyó que no había secuelas generadoras de incapacidad. La mecánica siniestral no tiene siquiera tintes súbitos ni violentos propios de los siniestros que reciben cobertura en el sistema de la LRT.
La CM analizó los estudios médicos efectuados en vía de tratamiento legal, computó asimismo la incapacidad preexistente, se confrontó el resultado de tal análisis con el baremo legal vigente y obligatorio, y se llegó a la inevitable conclusión de que Olivares no portaba secuelas supérstites como consecuencia del siniestro denunciado.
Contesta planteos de inconstitucionalidad. Solicita aplicación de las leyes 24.432, 25561, DECRETO 1813/92 Y LEY 24.283. Plantea Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita se rechace la demanda interpuesta, con costas.
Con estas posiciones quedó trabada la litis.
Se abre la causa a prueba, produciéndose la obrante en autos.-
Clausurada la etapa probatoria, y habiéndose otorgado traslado a las partes a los fines que presenten sus alegatos e integrado debidamente el Tribunal , analizaré el reclamo de autos, conforme los principios de la sana crítica (art. 54 de la L.O.).-
II. HECHOS ACREDITADOS y NO ACREDITADOS (inc. 4 del art. 57 de la Ley 15.057)
II 1) Atendiendo a la forma como quedó trabada la litis y en ausencia de controversia al respecto, habré de tener por cierto que la Sra. OLIVARES CLAUDIA GRACIELA mantuvo una relación de trabajo subordinada con DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BS A.S. (C.U.I.T. N° 30627393713), desempeñándose como auxiliar de limpieza en la escuela Secundaria nro. 16 de Merlo.
II 2 ) No es materia de controversia el inicio del expediente administrativo nro. 368986/19 ante la Comisión Médica N° 38 Morón, Provincia de Buenos Aires, por Divergencia en la Determinación de la Incapacidad respecto de la contingencia sufrida por la trabajadora Sra. OLIVARES CLAUDIA GRACIELA (C.U.I.L. N° 27164053305), acaecida el día 01/04/2019 mientras prestaba servicios para el empleador DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BS A.S. (C.U.I.T. N° 30627393713), empleador afiliado a GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES al momento de la contingencia.
Efectuada la audiencia prevista en el artículo 6° de la Resolución S.R.T N° 298/17, la Comisión Médica N° 38 Morón, Provincia de Buenos Aires emitió el correspondiente Dictamen Médico de fecha 23 de enero de 2020 determinando que el trabajador no posee incapacidad como consecuencia del siniestro denunciado.
Surge del expediente:
Apellido Nombre: OLIVARES CLAUDIA GRACIELA
Fecha Nacimiento: 14/07/1963
Fecha Accidente/PMI: 01/04/2019
Sector de Trabajo: Educación
Tareas Habituales del Damnificado: Limpieza
Antigüedad en la Empresa: 13 años
PREEXISTENCIAS
Nro Expte: 47792/18, Motivo: Determinación de la Incapacidad, CM o OHV del Dictamen: MORÓN, Fecha de ATEP: 26/05/2017, Fecha del Dictamen: 17/08/2018, Porc. Incapacidad: 11.30 , Tipo: PERMANENTE, Grado:
Parcial, Carácter: DEFINITIVO
Relato: Relata la trabajadora que realizando sus tareas habituales, iba con una bolsa y resbala con caida de su altura y traumatismo en rodilla izquierda, con dolor que le impide continuar con sus tareas habituales, realizando denuncia a su aseguradora.
Estudios y Tratamientos Recibidos: Fue asistida por la aseguradora en donde le realizaron radiografías, RMN hasta el alta médica de fecha 15/04/2019, con indicación de reingreso a tareas habituales. No realiza nuevas consultas medicas en relación a esta contingencia.
Cese ILT: SI
Fecha Cese ILT: 15/04/2019
II 3) La accionada no ha invocado ni acreditado el rechazo del infortunio dentro del plazo dispuesto por el art. 6 del Decreto 717/96 sustituido por art. 1° del Decreto N° 1475/2015, por ello voy a tener por probado el accidente denunciado por la parte actora.
No se encuentra controvertido en el proceso la naturaleza laboral del infortunio padecido por el trabajador damnificado, ya que llega firme a esta instancia el reconocimiento que la demandada formulara en el trámite administrativo respecto al padecimiento del accidente sufrido por aquel mientras prestaba sus tareas habituales.
Es decir se encuentra probado que el dia 1/04/2019 la actora realizando sus tareas habituales, iba con una bolsa y resbala con caida de su altura y traumatismo en rodilla izquierda, con dolor que le impide continuar con sus tareas habituales.
II 4) No es un hecho controvertido la fecha de NACIMIENTO de la actora 14 de julio de 1963 que surge del expediente administrativo antes individualizado y la Edad: 55 años a la época del Accidente: 1/04/2019.-
II 5) Con la prueba pericial contable presentada por la perito desinsaculada, Roxana Andrea Varela, contadora pública, tengo por probadas las doce remuneraciones anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante (01/04/2019), es decir desde el mes de abril/2018 hasta marzo/2019, ajustadas mes a mes por Ripte ,que le permite el calculo del IBM en $ 27.629,43 de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 11 de la Ley 27348.-
De acuerdo al siguiente detalle .
1 03/19 24.964,70 1,01990 25.461,40 29,48411 736.062,04
2 02/19 24.716,83 1,07961 26.684,58 31,21043 771.422,80
3 01/19 22.842,95 1,12148 25.617,96 32,42085 740.587,94
4 12/18 39.977,95 1,15488 46.169,72 33,38635 1.334.717,77
5 11/18 22.210,80 1,17562 26.111,48 33,98596 754.855,28
6 10/18 19.928,96 1,19617 23.838,43 34,58001 689.143,60
7 09/18 19.246,73 1,25805 24.213,28 36,36878 699.980,15
8 08/18 20.658,10 1,28017 26.445,95 37,00846 764.524,37
9 07/18 18.658,10 1,30955 24.433,70 37,85767 706.352,24
10 06/18 25.985,94 1,33989 34.818,26 38,73475 1.006.558,95
11 05/18 17.816,47 1,35173 24.083,08 39,07711 696.216,17
12 04/18 17.227,81 1,37425 23.675,31 39,72809 684.427,98
12 Total $ 274.235,34 $ 331.553,13 $ 9.584.849,28
$ 22.852,95 $ 27.629,43 $ 798.737,44
Tengo por probado un IBM de $ 27.629,43
II 6) Atendiendo a la controversia existente en torno a las patologías incapacitantes denunciadas en el inicio, pesaba en mi opinión sobre la accionante la carga procesal de acreditar sus padecimientos (cfr. art. 375 del C.P.C.C.), obligación que advierto cumplida parcialmente en la causa.
Del expediente administrativo SRT 368986/19 surge que la actora posee preexistencias, puesto que ilustra que del expediente nro. 47792/18, Motivo: Determinación de la Incapacidad, CM o OHV del Dictamen: MORÓN, Fecha de ATEP: 26/05/2017, Fecha del Dictamen: 17/08/2018, Porc. Incapacidad: 11.30, Tipo: PERMANENTE, Grado: Parcial, Carácter: DEFINITIVO. Tambien surge que en la instancia administrativa no se determino incapacidad.-
Previamente cabe aclarar que considero no aplicable en este caso el Decreto 549/2025 que fue publicado en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2025 y entró en vigencia el 2 de febrero de 2026, al cumplirse los 180 días corridos de plazo fijados por la propia norma.
El Artículo 3° del Decreto 549/2025 expresa textualmente que la nueva tabla se aplicará a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada al momento de su entrada en vigencia (es decir, al 2 de febrero de 2026)
Establece una cláusula de transición que aplica el nuevo baremo a contingencias cuya determinación de incapacidad laboral no esté firme al 6 de febrero de 2026. Se interpreta que si la incapacidad fue determinada y consolidada antes de esa fecha, el nuevo baremo no se aplica, protegiendo procesos con pericias ya firmes
En este expediente, el acto pericial concluyó definitivamente su etapa de debate técnico con anterioridad al 2 de febrero de 2026.
Al no existir nuevas observaciones o recursos pendientes tras la contestación del perito, el dictamen quedó firme.
Las etapas procesales se cierran e imposibilitan el retorno a estadios ya agotados. La eficacia técnica y jurídica de la pericia quedó fijada bajo el baremo anterior.
La aplicación del Decreto 549/2025 a una pericia concluida años antes (2025) viola el principio de irretroactividad de las leyes.Las partes ya incorporaron al proceso una prueba técnica debidamente sustanciada y firme. Modificar el baremo de forma retroactiva vulnera el derecho de defensa en juicio.
El nuevo baremo está diseñado para pericias en trámite o con impugnaciones activas al momento de publicarse el decreto en 2025. No puede alterar actos procesales precluidos .
Es un principio rector del derecho procesal de la Provincia de Buenos Aires que la ley ritual aplicable es aquella vigente al momento de cumplirse el acto procesal de que se trate. Las nuevas leyes procesales rigen para el futuro y se aplican a los actos en curso o pendientes, pero carecen de virtualidad para invalidar, modificar o dejar sin efecto aquellos actos procesales ya cumplidos y consolidados bajo la vigencia de la ley anterior. En este expediente, el acto procesal complejo de la prueba pericial médica no se encuentra en curso; por el contrario, se halla íntegramente agotado, precluido y consumado. La secuencia ritual es definitiva: la pericia fue presentada en el 2024 , la contraparte ejerció su derecho de contralor e impugnó y el perito contestó y ratificó su informe . Al no existir impugnaciones pendientes ni traslados sucesivos, la etapa procesal probatoria técnica feneció. Admitir la aplicación del nuevo baremo del Decreto 549/2025 implicaría la absurda e ilegal consecuencia de anular un acto procesal válidamente cumplido un año antes de su entrada en vigencia (ocurrida el 2 de febrero de 2026), obligando a retrotraer el procedimiento a una etapa superada. Esto violaría de manera flagrante el Principio de Preclusión Procesal, el cual garantiza que las etapas judiciales que se cierran adquieren el carácter de firmes e inmodificables, otorgando previsibilidad y orden al proceso en resguardo de la seguridad jurídica y el debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).
Con fecha 5/10/2023 presenta su pericia el perito medico desinsaculado Dr Jorge R. Cerdarevich; médico; Especialista en Anestesiología, Especialista en Medicina Legal, Especialista en Flebología y Linfología; y DIAGNOSTICA- Contusión de rodilla izquierda. - Síndrome meniscal.
CONCLUSIÓN
La actora presenta secuelas reflejadas en el estudio clínico y
complementario.
Incapacidad parcial y permanente: 10%
Pre-existencia: 11,30%
Incapacidad actual: 8,87%
Factores de ponderación
Dificultad para tareas habituales: leve; 10% de 8.87% = 0,88%
Amerita recalificación: no; 0%
Edad: 58 años; 2%
Incapacidad total: 8,87 + 0,88% + 2% = 11,75%
Analizada la pericia médica ,que fue impugnada por la demandada con argumentos que no logran conmover su resultado y a la luz de la reglas de la sana critica (art. 57 inc. 5 Ley 15.057), se encuentra debidamente fundada y sustentada en estudios complementarios, realizada con solvencia profesional y fundamentos científicos en relación al diagnostico y la determinación de la incapacidad fisica que no me permite apartarme de sus conclusiones (art. 474 del CPCC).-
En consecuencia, tengo por probado que la actora acredito su dolencia física y su incapacidad fisica parcial y permanente del 11,75 % de la TO
Con fecha 22/12/2023 presenta pericia psicológica el Dr Guillermo Alejandro Vera diagnosticando en sus CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES , que de la evaluación médica Psiquiátrica realizada al Sra. Olivares Claudia Graciela, determina que es portadora de un cuadro de síndrome ansioso de grado moderado. Evidenció que las consecuencias padecidas de esta situación adversa fueron en desmedro de su salud psíquica.
Además, observa en el sujeto marcados sentimientos de autodesvalorización, autodesdén: ".después del accidente, siento miedo de sufrir otro accidente." y una baja en su autoestima en relación a el desinterés por las cosas y por el cambio en su vida.
Todo lo relatado, le significó el atravesar un largo proceso en el cual se vio llevado a tener que reacomodarse a situaciones para el sujeto frustrantes.
La actora se haya atravesando un momento crítico, la prueba diagnóstica muestra indicadores de: ansiedad.
Diagnóstico: Trastorno por estrés postraumático.
Incapacidad Laboral: determina para la actora una incapacidad parcial y permanente del 10%, según Baremo de Ley 24557, Dto. 659/96, ponderado como Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II. El mismo guardaría relación de causalidad con el accidente traumático.
Ahora bien, en lo que respecta a la incapacidad psicológica del 10% por 'Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II' (Dto. 659/96) estimada por el perito médico psiquiatra, adelanto que habré de apartarme de sus conclusiones por carecer de suficiente sustento técnico-científico y probatorio que permita tener por acreditada la relación de causalidad con el infortunio de autos (arts. 384 y 474 del CPCCBA; art. 54 inc. 'd' de la Ley 15.057).
En primer lugar, el dictamen exhibe una notoria incongruencia diagnóstica y metodológica: tras describir en el examen semiológico a una paciente lúcida, vigil, orientada, con juicio conservado, pensamiento coherente y sin alteraciones sensoperceptivas, el experto refiere un 'síndrome ansioso moderado', diagnostica luego un 'Trastorno por estrés postraumático' -cuadro que exige un evento traumático de gravedad extrema o riesgo vital, incompatible con la mecánica del accidente denunciado en autos- y finalmente baremiza como RVAN Grado II, sin detallar ni acompañar los protocolos de tests psicométricos o proyectivos que respalden objetivamente dicha conclusión. A ello se suma que el propio perito reconoce en la actora una 'personalidad de base neurótica' y omite por completo valorar la incidencia del siniestro anterior del año 2017 -por el cual posee una incapacidad preexistente acreditada del 11,30%-, limitándose a afirmar en modo potencial que la afección 'guardaría relación de causalidad' con el hecho de abril de 2019.
En segundo término, la ausencia de nexo causal se ve corroborada por las restantes constancias de la causa: la actora no ha acompañado prueba documental o informativa alguna que acredite haber requerido o recibido asistencia psicológica o psiquiátrica, ni tratamiento psicofarmacológico con posterioridad al accidente, circunstancia que resulta plenamente concordante con el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional, que no constató secuela psíquica incapacitante. En tales condiciones, los sentimientos de angustia, temor a sufrir un nuevo accidente o frustración por las limitaciones físicas descriptos en la entrevista pericial no logran configurar una patología psíquica permanente e irreversible derivada del infortunio laboral de autos (art. 726 del CCyCN).
Del expediente administrativo Nro.368986/19 sobre Divergencia en la Determinación de la Incapacidad que fuera remitido por SRT, no surge que la actora haya solicitado prestaciones en especie relacionadas con tratamiento terapéuticos .
Entiendo que es insuficiente la pericia para la determinación de la relación causal del daño psicológico con el accidente de trabajo de fecha 1/4/2019 ,sin encontrarse agregados a estas actuaciones otros estudios complementarios que puedan relacionar con el accidente , tratamiento terapéutico privado o por obra social, prepaga del trabajador.
El informe se sostiene exclusivamente de los dichos de la accionante ( parte interesada en autos), y por lo tanto requiere, en principio de pruebas complementarias para determinar la relación causal fuera de los exclusivos dichos del accionante que me llevan a apartarme del informe pericial en relación a la determinación de incapacidad psicologica.
Es necesario tener en cuenta que más allá de la amplitud de la acción judicial tenemos la carga legal de controlar (en revisión), las actuaciones administrativas, de las cuales no surge reclamo por daño psicológico ni que la actora haya solicitado tratamientos psicológicos como prestaciones en especie.
La actora no ofreció otras pruebas para probar los efectos nocivos que dice estar afectados por su estado psicológico, y ese aspecto viola el derecho de defensa del demandado que se limitó a desconocer la afección por daño psicológico.
Estos hechos considerados a los fines de hacer la evaluación psiquiátrica por el perito, no tienen respaldo probatorio ni fueron alegados oportunamente.
Me aparto de la pericia psicológica por insuficiente para establecer la relación causal, ya que debe ir complementada de la prueba que sostenga esos argumentos.
En ese orden me apartaré del informe pericial psicológico, toda vez que la relación causal del daño psicológico y el accidente de trabajo requiere prueba complementaria que supere el mero relato del actor (art. 54 y 89 de la Ley 15.057 y art. 375 del CPCC). Propicio pues el rechazo de tal parcela, por falta de acción (art. 726 del CCCN).
Considero que las reglas de valoración de hechos y pruebas ( a partir de la 15.057 por sana crítica y en revisión de lo actuado en sede administrativa) debe respetar la actuación procesal en el expediente administrativo.
En base a estas consideraciones, la actora en su demanda no impugna ni indica que aspecto del procedimiento médico administrativo es erróneo o se considera opinable. Solo repara en la legalidad de las Comisiones Médicas pero nada dice sobre lo actuado en el caso particular.
En tal orden de ideas, el agravio en revisión de la instancia administrativa tiene la exigencia de una crítica detallada y concreta de todos y cada uno de los puntos del decisorio administrativo cuestionado y demostrativa de que aspecto es erróneo injusto o contrario a derecho.
Presentarse a accionar judicialmente, desconociendo todo lo actuado con el único argumento que es inconstitucional, no borra los dictámenes médicos, estudios complementarios, altas médicas, y disposiciones administrativas. La Provincia de Bs. As, adhirió mediante la ley 14.997, y delegó las facultades provinciales (artículo 121 Cons. Nac.) a la autoridad administrativa Federal correspondiente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Tal es así, que la Pcia de Bs. As. adecuó el procedimiento judicial laboral mediante la implementación de la ley 15057, y se reserva judicialmente la revisión de las actuaciones administrativas del órgano federal (artíçulo 2 inc. J). El Poder Judicial adecuó normativa y jurisprudencialmente el funcionamiento de sus tribunales de trabajo sobre lo actuado por el órgano administrativo jurisdiccional.
Aclarado este aspecto, debo adelantar que las pruebas efectuadas en la instancia administrativas y sus conclusiones arribadas mediante audiencia médica y disposición administrativas, serán confrontadas con las actuaciones judiciales a los fines de poder arribar a las conclusiones.
En ese orden la SCBA ha establecido:" La fuerza probatoria de la pericia médica debe ser estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, junto con las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa (SCBA LP L 102764 S 27/06/2012 Braga, Guillermo c/ Azurix Buenos Aires S.A. y otros s/Daños y perjuicios).-
En consecuencia, tengo por probado que el actor solo acredito su dolencia física - que lo incapacita en un 11,75 % de la TO.
En cambio por los fundamentos antes expuestos, no tengo por probada la incapacidad psicológica.
La SCBA tiene establecido como doctrina legal que en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produce la minusvalía permanente de aquél (SCBA, L. 81.305 "Silva, José Daniel C/Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada S/Daños y Perjuicios" 9/8/06); salvo los casos en que las lesiones originadas por el siniestro produzcan un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad (SCBA, L. 67188 sent. del 22/3/00; L. 77.666 sent del 8/7/03).-
Sobre la base de lo informado por el perito médico y considerando la fecha de ocurrencia del infortunio, he de tener por probado que el daño se consolidó el 1/4/2019( art. 375 CPCC).-
II 7)La demandada no ha alegado y menos aun surge acreditado en autos que se hubieren cancelado sumas en concepto de prestación dineraria del art. 14 de la ley 24.557 a la trabajadora de marras.-
II 8) No se encuentra controvertido en autos la existencia de cobertura en los términos de la ley 24.557 por parte de la demandada Gobierno de la Provincia de Bs. As. autoasegurada (cfr. Decreto 3858/07) a la fecha de ocurrencia del infortunio; circunstancia que ha quedado corroborada mediante reconocimiento expreso de la demandada.
III.1. Atento a que en esta instancia se encuentra consentida la competencia de éste organismo, resulta abstracto abocarse al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la ley 24.557. Se recuerda que en relación a los arts. 8 inc. 3 , 21 y 22 de la ley 24.557 la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado en los L. 81.339, "Sparnochia" (sent. 14-X-2003); L. 82.871, "Chávez" (sent. 1-V- 2004); L. 82.688, "Fedczuk" (sent. 14-IV-2004 y en L. 75.708, "Quiroga" (sent. 23-IV-2003), determinando la competencia de la justicia laboral provincial en dicha materia. En igual sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.".; "Paccetti, Daniel c/ Duvi S.A. s/ Enfermedad" y "González, Eduardo c/ Duvi S.A. s/ Enfermedad" Sent del 10 de mayo de 2005) ante demandas fundadas en disposiciones del derecho común.
En relación al art. 46 de la LRT, ya la CSJN, se había pronunciado en sendas causas diciendo que: "el citado art. 46 corroe la Carta Magna del país rotando el eje de las facultades no delegadas al gobierno nacional por las provincias, y de las expresamente reservadas por éstas, al conferirle competencia federal a dichas causas, que deben tramitar ante los jueces bonaerenses (arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la C.N.). Se modifica a través de una norma de la Nación la ley provincial 11.653, que le da competencia a los tribunales del trabajo. ello así pues este traslado de competencia no encuentra sustento en norma alguna de la Constitución Nacional", Consecuentemente se había señalado que los actos del Congreso que apartan determinadas instituciones de la órbita del art. 67 inc. 11 -actual 75 inc. 12- de la Constitución quedan sujetos a control judicial para asignar su fundamental razonabilidad y para impedir que a través de ellos se restrinjan indebidamente las jurisdicciones provinciales que son inherentes al concepto de autonomía y cuya salvaguarda es un deber indeclinable de la Corte. Porque -no caben dudas- la intervención de los tribunales locales competentes constituye un adecuado resguardo de los derechos y garantías previstos en el art. 14 bis de la Constitución nacional (conforme Fallos, 300:1159). por estar comprendidos en la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, fijada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Resulta pues inconducentes, abstractos y carentes de sustento fáctico y jurídico los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora respecto de los arts. 8 inc.3, 21, 22, 46 y 50 de la LRT y del decreto 717/96:46 LRT; arts.1, 2, 3 y 14 de la Ley 27.348, en cuanto versan en materia de competencia.-
Que, respecto de los planteos de inconstitucionalidad formulados contra los arts. 4, 6 y 17 incs. 2 y 3 de la Ley 26.773, corresponde declarar que su tratamiento ha devenido abstracto. Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, resultando imprescindible para su procedencia la demostración de un gravamen concreto, actual y efectivo en el caso sometido a decisión, dado que no compete a los jueces efectuar declaraciones generales o en abstracto. En autos, dichas exigencias no se verifican: en primer lugar, porque la acción por el accidente de fecha 1/4/2019 prospera por la vía sistémica elegida, habiendo quedado firme y consentida la competencia de este Tribunal, lo que torna carente de actualidad todo cuestionamiento vinculado a la opción excluyente y a la competencia civil (arts. 4 y 17 inc. 2). En segundo término, porque la liquidación de las prestaciones dinerarias deferidas a condena se practica conforme a las pautas vigentes al momento del infortunio sin que se verifique perjuicio concreto derivado del art. 6 . Finalmente, en relación con el art. 17 inc. 3 de la citada ley, no habiéndose acompañado ni denunciado en las actuaciones la existencia de convenio de honorarios o pacto de cuota litis alguno, la cuestión carece de interés jurídico actual. Por todo ello, corresponde declarar abstracto el tratamiento de las inconstitucionalidades articuladas.
Despejados los planteos constitucionales previos
III 2) Habiéndose acreditado en autos que la señora OLIVARES CLAUDIA GRACIELA padeció un accidente en su lugar de trabajo el 1ero. de abril del año 2019 a consecuencia de lo cual padeció una incapacidad fisica parcial y permanente del 11,75 % de la T.O., corresponde abocarse en este estadio a la revisión de la incapacidad que el infortunio le hubiere producido a la nombrada ello a tenor de la resolución administrativa recaída en sede de la CMJ N° 38 de Morón en el marco del expediente administrativo n° 368986/19 que determinó que la misma no portaba incapacidad a consecuencia del siniestro.
Considerando lo que se tuviera por probado, esto es, que la trabajadora porta a consecuencia del accidente una incapacidad física parcial, definitiva y permanente del 11,75 % de la T.O., corresponde colegir que habrá de ser acogida favorablemente la revisión pretendida por la actora con posterioridad al accidente, a través del art. 2 inc j) de la ley 15.057, debiendo revocarse la disposición administrativa de alcance particular recaída en el expte. administrativo SRT N°368986/19 por fundarse en un dictamen médico que ha quedado desvirtuado por la prueba pericial médica producida en autos.
Asimismo corresponde determinar si resulta procedente el reclamo indemnizatorio incoado contra DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES con fundamento en la ley 24.557 art 3 inc 4
Quedó debidamente probado en autos que el accidente que protagonizó la trabajadora aconteció en su lugar de trabajo, prestando sus labores diarias, lo que permite encuadrar al mismo dentro de las contingencias cubiertas por el art. 6 de la ley 24.557.
A la luz de lo expuesto y con fundamento en el régimen de reparación integrado por la ley 24.557 y sus modificatorias, habré de colegir que le asiste derecho a la actora a reclamar a la demandada el cobro de las prestaciones dinerarias contempladas por el art. 14, ap. 2° inc. a) de la L.R.T. e incidencia del pago previsto en el art. 3 ley 26.773.
Dicha prestación dineraria deberá calcularse en el caso particular que nos ocupa, conforme las pautas establecidas por la ley 26.773 y 27.348 vigentes al momento en que se consolidara irreversiblemente el daño padecido, esto es al 1/4/2019-
En vista de lo que se tuviera por probado y a los fines de determinar el quantum indemnizatorio de la prestación dineraria, habré de tener en cuenta el ingreso base actualizado que se probó como devengado por la accionante de $ 27.629,43 monto al que de conformidad con lo dispuesto por el texto del art. 12 ley 24.557 (t.o. ley 27.348) vigente a la fecha de ocurrencia del infortunio, habrán de adicionarse intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (a contar desde la fecha de producción del siniestro y hasta el momento de la liquidación por determinación de la incapacidad laboral definitiva, lo cual en el caso de autos se concreta a través del presente pronunciamiento).
La referida operación matemática arroja un ingreso base actualizado y con un interés que asciende a la suma de
Total intereses: $ 120485.81
Total (Capital + Intereses) = $ 27629.43 + $ 120485.81 = $ 148115.24
IBM ACTUALIZADO POR TASA ACTIVA
III 3) En cuanto al DECRETO 669/19, adelanto que esta preopinante propició en los autos caratulados: "Herrera Joaquín Antonio c/ Swiss Medical ART. SA. S/accidente", expediente n° 60119, en trámite por ante este Tribunal de Trabajo n° 2 y en las causas siguientes, su inconstitucionalidad .
Actualmente en lo que atañe a los fundamentos de la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19, he de dejar asentado que no supera el test de constitucionalidad por los argumentos vertidos por la SCBA en autos L. 129.800 caratulado "Muzychuk, Claudio Rubèn C/La Segunda ART S.A. S/Accidente" sentencia del 14/7/25 que constituye doctrina legal
III 4) Despejado el cuestionamiento constitucional introducido por el DNU 669/19, el procedimiento de cálculo que he dejado propuesto teniendo en cuenta IBM actualizado por tasa activa, edad a la fecha del accidente y porcentaje de incapacidad acreditado, habrá de arrojar un quantum indemnizatorio que asciende a la suma de $ 1.090.094,50 (53 x $ 148115.24 x 65/55 x 11,75 %), el cual supera el piso legal fijado en Nota GEP 2727/19 que estableció que no pude ser inferior a la suma que resulta de multiplicar ($ 2.049.647) por la incapacidad, que daría como resultado en este caso la suma de $ 240.833,52.-
A la luz de ello, habré de colegir que a la actora le corresponde percibir en concepto de prestación dineraria prevista por el art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 la suma de $ 1.090.094,50 .
Corresponderá reconocer a la trabajadora la indemnización adicional de pago único prevista por el art. 3 ley 26.773, puesto que el accidente se produjo cuando la actora estaba prestando tareas para su empleador y diferir a condena la suma adicional de $ 218.018,9 (20 % de 1.090.094,50 )
En consecuencia, se condena a la demandada a abonar a la actora la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON CUATRO CENTAVOS ( $ 1.308.113,4).-
Cabe aclarar que he tomado el piso indemnizatorio vigente a la fecha de ocurrencia de la contingencia en consonancia con la doctrina legal fijada por la S.C.B.A. en autos caratulados "Staroni Lidia Estela C/Provincia ART S.A. S/Amparo" (L.118695 del 24/5/16) y "Rodriguez Francisco Cirilo C/Fiscalía de Estado-Prov. Bs.As. S/Accidente de trabajo-acción especial" (L 119.954 del 8/7/20, ver opiniones Dres. Pettigiani considerando III..2. , al que adhirieron los Dres. De Lazzari, Soria, Genou y Torres).
Ahora bien si se produjera la mora en el pago de la suma calculada se deberán los intereses del inciso c) del art. 12 de la Ley 24.557 reformado por el art. 11 Ley 27.348 sobre el total adeudado (art. 770 inc c del CCyC N).
En cuanto a la petición de la actora de aplicación del fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en autos "Barrios, H. F. y ot. c/ Lescano, S. B. y ot. s/ Ds. y Ps." C. 124.096 -17abr2024, y solicitud a que se decrete la inconstitucionalidad el art. 7 y 10 de la ley 23.928, según ley 25.561. Propicio desestimar su aplicación por entender que la Ley 27.348 establece un método de actualización específico. Asimismo considero que esta cuestión guarda sustancial analogía con el tema debatido en la causa L. 132.729 'Galarza, Daniel Alejandro contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere'. ,en el cual se descarta la aplicación del fallo "Barrios" por resultar inoficiosa, toda vez que el propio mecanismo de la Ley 27.348 -tras declararse la inconstitucionalidad del DNU 669/19- reajusta eficazmente el crédito.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 24 de septiembre de 2026 en la causa "Vera, Carlos Issac c/ Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires" aborda un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en un caso de accidente laboral. El eje central es la actualización y cálculo de la indemnización por incapacidad laboral, y si corresponde aplicar la doctrina del precedente "Barrios" o la de "Galarza".
El tribunal de grado había aplicado la ley 27.348, que establece un mecanismo específico de actualización para el cálculo de la indemnización, utilizando el índice RIPTE y la tasa activa del Banco Nación. La parte actora reclamaba que se aplicara la doctrina del fallo "Barrios", que permitía una actualización mayor para compensar la inflación. La Suprema Corte rechaza el recurso y refuerza la doctrina sentada en el precedente "Galarza" (L. 132.729, sent. de 30-III-2026), señalando que la ley 27.348 ya prevé un mecanismo de actualización adecuado y específico para estos casos. Se destaca que el mecanismo legal vigente (ley 27.348) fue diseñado precisamente para evitar que la inflación perjudique el valor de la indemnización, actualizando los salarios base con el índice RIPTE y sumando intereses a tasa activa. El fallo enfatiza que, en este contexto, no corresponde aplicar la doctrina de "Barrios" ni declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria, porque el régimen legal ya contempla la protección del crédito del trabajador.
Si un trabajador sufre un accidente laboral y reclama una indemnización, el cálculo debe realizarse conforme a la ley 27.348: se toma el promedio de los salarios devengados en el año anterior al accidente, se actualizan mes a mes por RIPTE y se suman intereses a tasa activa hasta la sentencia. No corresponde aplicar mecanismos de actualización adicionales ni la doctrina de "Barrios". En conclusión El fallo "Vera" refuerza la doctrina de "Galarza" al consolidar que, en materia de riesgos del trabajo, la actualización de las indemnizaciones debe regirse por el mecanismo específico de la ley 27.348, descartando la aplicación de doctrinas anteriores que permitían actualizaciones más amplias. Esto otorga seguridad jurídica y uniformidad en la resolución de estos casos.
Agrego que el actor no ha logrado acreditar que el sistema de la Ley 27348, en el caso, fuera ineficaz a esos fines.
Así las cosas, y a la luz de los mentados precedentes propicio rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar establecida en el art. 7, Ley 23928, modificado por el art. 4, Ley 25561. y la aplicación del fallo Barrios al caso de autos.
De acuerdo a lo determinado no se ha acreditado que la actora percibiera suma alguna por la reparación de la incapacidad que se tuvo por acreditada, por lo cual considero que corresponde declarar responsable a DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y condenarla a abonar a la accionante la suma de PESOS PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON CUATRO CENTAVOS ( $ 1.308.113,4).- por reparación de la incapacidad física por el accidente que se reclama en la presente litis.
III 4) INTERESES MORATORIOS: Como antes lo expuse si se produjera la mora en el pago de la suma calculada se deberán los intereses del inciso c) del art. 12 de la Ley 24.557 reformado por el art. 11 Ley 27.348 sobre el total adeudado (art. 770 del CCyC N).
III 5) En relación a la constitucionalidad del DNU Nro. 70/2023, deviene abstracto su tratamiento ,considerando que se encuentra vigente la Ley 27.802.-
III 6) COSTAS: Las costas del juicio propongo se impongan a la parte demandada atento su carácter de vencida. (art. 24 Ley 15.057).
III 7) EN CUANTO al planteo que se invoca en relación a la ley 24.432, 24.307 y Dto. 1813/92, señalaré que en atención a lo que ha quedado plasmado como doctrina el Superior Tribunal de este Estado (SCBA L. 83.619 ), constituye normativa sustancial , plenamente aplicable en el ámbito de lo previsto en el art. 505 C.C. hoy 730 del C.C y C y 277 LCT, lo que asì determino, bajo el abrigo de la ley arancelaria 14.967 (y con el alcance que cabe conferir interpretando el fallo I. 1992 SCBA) . Por lo demás no se debe confundir el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso, con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes para la satisfacción del emolumento regulado; por cuanto la recepción desde esta jurisdicción de dicha normativa debe serlo en el sentido de que no modifica las normas arancelarias locales, sino que contempla una limitación de responsabilidad del condenado en costas, que sólo puede hacerse valer una vez conocido y firme el monto de las mismas.- Así lo propicio, difiriendo lo que comporte sus alcances una vez concretadas y firmes el monto de las regulaciones respectivas.
III 8 - Propongo se libre oportunamente oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 38 1a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expte. de Determinación de la Incapacidad N° 368986/19, a los fines correspondientes.
ASI LO VOTO
A LA MISMA CUESTION: Los Dres. Ambrosio Miguel Valle y Carlos Ariel Diaz, por compartir los fundamentos votan en el mismo sentido que la Dra. María Alejandra Amaya.-
A LA SEGUNDA CUESTION: La señora Juez Dra Maria Alejandra Amaya, dijo:
Teniendo en cuenta la votación que antecede, corresponde 1) DECLARAR abstractos y carentes de sustento fáctico y jurídico los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora respecto de los arts. 8 inc.3, 21, 22, 46 y 50 de la LRT y del decreto 717/96:46 LRT; arts.1, 2, 3 y 14 de la Ley 27.348, en cuanto versan en materia de competencia. Y respecto de los planteos de inconstitucionalidad formulados contra los arts. 4, 6 y 17 incs. 2 y 3 de la Ley 26.773 por los fundamentos expuestos.-
2. HACER LUGAR a la demanda incoada por OLIVARES CLAUDIA GRACIELA contra DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y condenarla a abonar al accionante la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON CUATRO CENTAVOS ( $ 1.308.113,4).-que se reclama en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557 e incidencia de pago prevista en el art 3 Ley 26773.-
3. Imponer las costas de la acción a cargo de la parte demandada vencida (cfr. art. 24 de la ley 15.057).
4. En caso de MORA en el pago de la suma calculada ,el capital de condena , se deberán los intereses del inciso c) del art. 12 de la Ley 24.557 reformado por el art. 11 Ley 27.348 sobre el total adeudado (art. 770 del CCyC N).
5. El CAPITAL deberá depositarse, dentro de los 60 días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. A tales fines, librese oficio al Banco Provincia a fin de proceder a la apertura de cuenta judicial.-
6. ESTABLECER respecto de la aplicabilidad de la ley 24.432 , 24.307 y dto 1813/92 que no modificando la misma las normas arancelarias locales, por cuanto contempla una limitación de responsabilidad del condenado en costas, solo podrá hacerse valer sus alcances una vez conocido y firme el monto de las mismas ( en conformidad a la Doctrina L. 83.619.)
7. Decretar la inconstitucionalidad del Decreto 669 /19.
8. Regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
9. Líbrese oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 38 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expte. sobre Divergencia en la determinaciòn de la incapacidad N° 368986/19 a los fines correspondientes.
ASI LO VOTO
A LA MISMA CUESTION: Los Dres. Ambrosio Miguel Valle y Carlos Ariel Diaz, por compartir los fundamentos votan en el mismo sentido que la Dra. María Alejandra Amaya.-
POR ELLO: EL TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 5 DE MORÓN, RE S U E L V E:
1. DECLARAR abstractos y carentes de sustento fáctico y jurídico los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora respecto de los arts. 8 inc.3, 21, 22, 46 y 50 de la LRT y del decreto 717/96:46 LRT; arts.1, 2, 3 y 14 de la Ley 27.348, en cuanto versan en materia de competencia. Y respecto de los planteos de inconstitucionalidad formulados contra los arts. 4, 6 y 17 incs. 2 y 3 de la Ley 26.773 por los fundamentos expuestos.-
2. HACER LUGAR a la demanda incoada por OLIVARES CLAUDIA GRACIELA contra DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y condenarla a abonar al accionante la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE CON CUATRO CENTAVOS ( $ 1.308.113,4).-que se reclama en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557 e incidencia de pago prevista en el art 3 Ley 26773.-
3. Imponer las costas de la acción a cargo de la parte demandada vencida (cfr. art. 24 de la ley 15.057).
4. En caso de MORA en el pago de la suma calculada ,el capital de condena , se deberán los intereses del inciso c) del art. 12 de la Ley 24.557 reformado por el art. 11 Ley 27.348 sobre el total adeudado (art. 770 del CCyC N).
5. El CAPITAL deberá depositarse, dentro de los 60 días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución. A tales fines, librese oficio al Banco Provincia a fin de proceder a la apertura de cuenta judicial.-
6. ESTABLECER respecto de la aplicabilidad de la ley 24.432 , 24.307 y dto 1813/92 que no modificando la misma las normas arancelarias locales, por cuanto contempla una limitación de responsabilidad del condenado en costas, solo podrá hacerse valer sus alcances una vez conocido y firme el monto de las mismas ( en conformidad a la Doctrina L. 83.619.)
7. Decretar la inconstitucionalidad del Decreto 669 /19.
8. Regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
9. Líbrese oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 38 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expte. sobre Divergencia en la determinaciòn de la incapacidad N° 368986/19 a los fines correspondientes.
REGISTRESE, NOTIFIQUESE y oportunamente, ARCHIVESE.
Firmas
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Ambrosio Miguel - JUEZ
Funcionario firmante: DIAZ Carlos Ariel - JUEZ
Funcionario firmante: VALLEJO Nuria - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 226-2026
Fin de la sentencia