Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2136/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a fs. 359/369.-
2Declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 342/347 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, considerando VII y punto 2° de la parte resolutiva.-
3Reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que tome las medidas adecuadas para notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del actor con las formalidades de la Ley Provincial Nº 3330 y, ulteriormente, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda dentro de los límites indicados.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2136/16-TSJ Interlocutorio N°: 3404.-
Actor: OLIVARES JUAN CARLOS Demandada: PRIMERO SANTA CRUZ CYS S.R.L.
Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 31-08-2018 Texto: TOMO XXIX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3404 FOLIO Nº 5726/5732 PROT. ELECT. TSS1 065 I.181
Río Gallegos, 31 de agosto de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “OLIVARES JUAN CARLOS c/ PRIMERO SANTA CRUZ CYS S.R.L. s/ DEMANDA LABORAL", EXPTE. Nº O-13405/09 (O-2136/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la actora por intermedio de su letrada apoderada, Dra. María Carolina Sotomayor (cfr. fs. 359/369), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 342/347 vta., que confirmó la sentencia de Primera Instancia. Esta última rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Juan Carlos Olivares contra Primero Santa Cruz Construcciones y Servicios SRL por diversos rubros indemnizatorios en razón de un alegado despido indirecto (cfr. fs. 308/315).-
II. Que en su recurso de casación, la parte actora plantea que el mismo se interpone por la causal prevista en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, en el canal impugnativo de la doctrina de lo “…irrazonable, desproporcionado, arbitrario y absurdo; así como en el entendimiento que se ha violado y aplicado erróneamente la ley o doctrina legal aplicada por el Tribunal Superior de Justicia…” (cfr. foja 360).- Sostiene que el fallo de Primera Instancia y de Cámara recaen sobre cosas no demandadas toda vez que: “...la contraparte alegó la existencia de un contrato de locación de servicios, y el fallo de primera instancia subsumió en su sentencia la relación a una locación de obra, y la Cámara a un contrato de servicios.” (cfr. foja 360 in fine).-
Entiende que la sentencia impugnada ha incurrido en un error grave y manifiesto, pues habría aplicado en forma inexacta y desacertada las normas que regulan la tutela judicial efectiva laboral; el derecho a trabajar; como así también “…los institutos de la presunción de existencia de contrato de trabajo y del fraude a la normativa laboral (cfr. LCT, arts. 14, 14 bis, 18 y concs. de la Constitución Nacional, art. 8° y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en adelante, ‘CADH’- entre otros).” (cfr. foja 360 vta.).- Señala que los argumentos en torno a los que se ha vertebrado la sentencia son falaces, por lo que la califica de arbitraria (cfr. foja 363 vta.).-
Afirma que la Cámara realizó una interpretación de los elementos probatorios que advierte como arbitraria o absurda; y que habría generado un desconocimiento de un crédito laboral de naturaleza alimentaria, protegido, con especial énfasis, por normas de orden público (cfr. fs. 363 vta./364).-
Expresa que lo básico de la cuestión en análisis “…es que esta parte esgrime una relación laboral, y la demandada una locación de servicios; y la resolución recurrida, entre la existencia o no de una relación laboral entre las partes, opta por la segunda de las opciones.” (cfr. foja 364).-
Expresa que: “…resulta llamativo que el fallo en crisis renueve la vigencia del contrato de locación de servicios como desligado del derecho laboral, cuando dicho contrato solo (sic) existe como un contrato de vigencia realmente excepcional; ya que si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional, pues se enarbola como principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes (cfr. art. 14 bis).” (cfr. foja 364 vta.).- Plantea que el convenio sobre deudas, agregado a foja 52 y vta., fue realizado en la Secretaría de Estado de Trabajo y la Seguridad Social pues los demandados habrían pretendido resolver una deuda laboral mantenida con el actor; e intentado encubrir un fraude a la ley laboral. Considera que es aplicable a esta cuestión la teoría de los actos propios. Por este motivo, sumado a la calidad empresarial de la demandada, afirma que se debe presumir la existencia de un contrato de trabajo de conformidad con el articulo 23 de la LCT (cfr. foja 365 y vta.).- Hace referencia al fallo de este Tribunal Superior de Justicia “García Sergio Eduardo c/ Cooperativa de Remís La Moderna Ltda. s/ Laboral - Co-bro de Pesos”, del 22 de marzo de 2013, inscripto al Tomo XVI, Registro 549, Folios 3103/3110. Sentencia que -según la recurrente- receptaría la tesis amplia en lo tocante a la interpretación del artículo 23 de la LCT y que sería doctrina legal (cfr. foja 365 vta.).-
Añade que, en el derecho laboral, rige el principio de primacía de la realidad y que habrá contrato de trabajo toda vez que sus “...elementos de rasgo surjan de los hechos y circunstancias traídas y determinantes de la litis.” (cfr. foja 366 vta.), más allá de la calificación que le hayan dado las partes (cfr. foja cit.).-
Agrega que fue demostrada, a través de las declaraciones testimoniales de los Sres. Néstor Jorge Martínez, Daniel Antonio Flores y Omar Cosme Gutiérrez, a fs. 139, 140 y 207, la dependencia jurídica, económica y técnica del actor respecto de la demandada (cfr. foja 367).-
Manifiesta que la dependencia económica del actor habría sido establecida con el hecho del pago de una contraprestación por sus tareas para un solo empleador. Sobre el particular afirma que esta cuestión, factura emitida por el actor, fue realizada en favor del demandado y que no se han ocupado más facturas de ese talonario (cfr. foja cit.).-
Postula que la inscripción del actor como monotributista no excluye la existencia de un vínculo de carácter laboral (cfr. foja cit.).-
Argumenta que debió la demandada probar que no existió contrato de trabajo (cfr. foja 367 vta.).-
También sostiene que debe activarse la presunción establecida en el artículo 23 de la LCT y se le deben otorgar los montos requeridos en la demanda, con más actualización monetaria (de conformidad con el art. 276 de la LCT), intereses, costas y costes del proceso (cfr. foja cit.).-
Peticiona que aún en el caso en que se rechace la pretensión esgrimida en el anterior párrafo (actualización monetaria) se impongan las costas por el orden causado (cfr. foja 368).-
Hace reserva de la cuestión federal y de inconstitucionalidad (cfr. foja 368 y vta.).-
A foja 371 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 378 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
Se observa que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. fs. 363 vta./368).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa, María Esther c/ Valero, Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)”, causa C. 119.753).- Así, se verifica que los planteos de la recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada, sobre si existió o no relación laboral entre las partes. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite.-
En este sentido ha dicho este Alto Tribunal: “En primer lugar es preciso resaltar que corresponde al órgano judicial de grado, como función privativa, determinar si entre las partes medió o no un contrato de trabajo conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, y su decisión al respecto no puede revisarse en esta sede extraordinaria salvo absurdo al evaluar los hechos y pruebas de la causa (cfr. SCBA, 15/7/2009, ‘Guerras, Susana I. c/ Asociación Bancaria s. Despido’, causa L. 86588; ídem, 11/4/2007, ‘Arce, Raúl Fernando c/ Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte Luzsur Limitada s/ Despido’, causa L. 85178). Acorde con este criterio, se ha expuesto: ‘Las cuestiones referidas a la existencia de una relación laboral y al despido se encuentran excluidas de revisión a través del recurso de casación, al dirigirse a cuestionar la valoración efectuada por la Cámara del material fáctico de la causa, salvo que, fundadamente, se demuestre arbitrariedad, lo que no se logra si la impugnación se limita a consideraciones conceptuales, sin demostrarse, concretamente, la infracción adjudicada a la sentencia’ (confr. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contenciosoadministrativa, ‘Saavedra, Adriana M. c. Cooperativa Agrícola Cañera Famaillá Ltda.’, 23/02/2005, publicado en: LLNOA 2005 (julio), 904, cita online: AR/JUR/998/2005).” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 549, Folio 3103/3110).- Es que, como ya ha sostenido este Tribunal: “..‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458).-
En atención a lo expuesto, es menester recordar que este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…(confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Asimismo, es menester destacar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984); y que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533); para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.- Examinados los términos del recurso se observa que los mismos contienen sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquellos.-
Por otro lado, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o absurda.-
Así, la Cámara concluyó que el actor era monotributista y que el vinculo que unió a las partes no fue de naturaleza laboral. Para llegar a esta conclusión examinó declaraciones testimoniales de fs. 207 y 216; copia certificada de planilla de relevamiento de trabajadores realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del 8 de septiembre de 2009 a foja 63; contestación de oficios de AFIP a fs. 143/147 y 179/184; respuesta al oficio dirigido a la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras Públicas (foja 148); y el convenio sobre deuda acompañado por ambas partes (fs. 52/54 y 59/61) (cfr. foja 356 y vta.).- En consonancia con el criterio de la Alzada este Alto Cuerpo ha sostenido en relación al artículo 23 de la LCT: “Sin embargo, existen situaciones que excluyen la existencia de un contrato de trabajo.
La propia norma bajo estudio, prevé, en su segundo párrafo, una excepción a la presunción que consagra en el primero, cuando ‘por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio’, lo cual permite sostener que no juega la presunción contenida en la primer parte del artículo referido, cuando quien presta el servicio no trabaja por cuenta ajena, lo que trae como resultado que no haya dependencia económica y más bien aparezca como empresario. Dentro de esta eventualidad podemos citar los supuestos en que no hay trabajo personal, o si quien realiza la tarea comparte o asume los riesgos del negocio, o si no hay una organización heterónoma de la prestación sino que es el trabajador quien planifica y autogobierna su labor.
Lo fundamental es que el trabajo no se inserta en el marco de una organización empresaria ajena (confr. Fernández Madrid, Juan Carlos, ob. cit., págs. 697/707).” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 549, Folio 3103/3110).- En cuanto a la alegada violación de la doctrina legal, se debe recordar lo ya dicho por este Excmo. Tribunal, a saber: “Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos ‘...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (confr.
Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p. 250...Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, ‘... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...’ (confr. STJ. Chubut, 28-5-90, ‘Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...’ (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 478, Folio 2592/2595).- Si bien es cierto que en el fallo invocado como doctrina legal se opta, como principio, por la denominada tesis amplia en cuanto a la interpretación del artículo 23 de la LCT; en la sentencia impugnada no se contradice tal exégesis; sólo se afirma, atendiendo a las constancias probatorias de autos, que no se había configurado una relación laboral.
Lo expuesto, nos aleja de toda posibilidad de vislumbrar la posible violación de la doctrina legal.-
En base a los fundamentos expuestos, el recurso de casación fundado en la alegada violación de la doctrina legal deviene inadmisible.-
En cuanto a la invocada vulneración de los artículos 14, 14 bis, 18 y concs. de la Constitución Nacional; y artículos 8° y 24 de la CADH, se advierte que la recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).- Por otro lado, debe afirmarse que no se advierten motivos que lleven a modificar la imposición de costas. En este sentido, es oportuno mencionar que -como han entendido la mayoría de los máximos Tribunales de Provincia- estas cuestiones son, por principio, extrañas al recurso de casación. De otro modo el Tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (cfr. SCJ Mendoza, sala I, 22/11/1996, “Fema S. R. L. c/ Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: La Ley 1997-D, 324-; SCBA, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. s/ Sucesión y otros s/ cobro de australes” LP Ac. 49923, 5/04/1994, publicado en: JA 1994-IV-731, cita on line: 94474); y que en lo atinente a la imposición de costas los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. LEP, 2a. ed., págs. 407 y 614). Circunstancia que no intenta demostrar la recurrente.- En definitiva, la recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada; lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo: XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135).-
Se constata que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada. En esta inteligencia, tiene dicho este Tribunal que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3384, Folio 5662/5666). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma, circunstancia ésta que no ha ocurrido.- Por lo expuesto es inadmisible el recurso de casación interpuesto.-
IV. Que más allá de lo antedicho, del examen de las actuaciones se advierte en forma decisiva que el procedimiento por el cual se llegó a una parcela de la sentencia atacada adolece de vicios substanciales que afectan a dicho resolutorio en lo referido a honorarios. Pues es condición de validez de los fallos judiciales que se arribe a los mismos garantizando la defensa en juicio.-
Si bien es cierto que este Alto Cuerpo, está en principio, limitado en esta instancia al análisis de las condiciones formales de admisibilidad del recurso intentado, esto no le impide, en circunstancias extraordinarias, revisar los presupuestos procesales que hacen al debido proceso.-
Así las cosas, surge de las constancias obrantes en autos que la sentencia de Primera Instancia regula honorarios en favor de los Dres. Christian Karanicolas, María Carolina Sotomayor (apoderados del actor cfr. foja 37), Nicolás Alejandro Fernández (apoderado del actor cfr. foja 227) y Silvio Leonardo Helvo Blanch (gerente y letrado de la demandada cfr. fs. 38/40 vta. y 65), con costas a cargo del actor (cfr. foja 315). Este resolutorio fue notificado en el domicilio constituído de la parte actora como de la demandada (cfr. fs. 326 y vta. y 327 y vta., respectivamente).- La sentencia de Primera Instancia fue apelada por la Dra. María Carolina Sotomayor, como apoderada del actor (cfr. fs. 318/325 y confirmada a fs. 342/347 y vta.). La Cámara, en su sentencia, reguló honorarios a la Dra. Sotomayor (apoderada del actor) por su actuación en Segunda Instancia teniendo en cuenta los que se le habían fijado en la Primera Instancia (cfr. punto VII del considerando). Esta regulación fue notificada por cédula al domicilio constituido por el demandado y por el actor (cfr. fs. 349 y vta. y 350 y vta.).- Debe mencionarse que el actor oportunamente denunció su domicilio real en el Barrio 17 de Octubre, calle Jaramillo 2130 de Caleta Olivia (cfr. foja 26) y la demandada denuncia domicilio legal en calle San Francisco 518 de esa ciudad (cfr. foja 65).-
El artículo 32, inciso e) de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que los honorarios se notificarán personalmente o por cédula.-
Ahora bien, el artículo 72 de la Ley de Honorarios, Ley Nº 3330 determina que: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna atento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.
En autos falta cumplir con la notificación de los honorarios fijados en Primera y Segunda Instancia en el domicilio real del obligado al pago (el actor).- Asimismo, en la cédula de notificación de los honorarios al domicilio real del actor debe transcribirse obligatoriamente el artículo 74 de la Ley de Honorarios bajo pena de nulidad, lo que tampoco se ha cumplido en autos, pues ni siquiera se diligenció tal cédula. El mencionado artículo concretamente dispone: “Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, entre siete (7) y treinta (30) días corridos según el monto de condena a abonar. En el supuesto que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago al cliente, salvo acuerdo en contrario...Operada la mora, el profesional podrá optar: Reclamar los honorarios con más los intereses a tasa activa del Banco Nación o la que resulte más favorable al profesional, salvo lo previsto en leyes especiales.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo pena de nulidad, deberá transcribirse este artículo.”.- Sobre estas cuestiones es oportuno reproducir el siguiente precedente: “La cédula de notificación de los honorarios regulados judicialmente debe transcribir en todos los casos el art. 54 del D/Ley 8904 y siendo el pago a cargo del mandante o patrocinado, aquélla deberá diligenciarse en su domicilio real (art. cit., últimos dos párrafos). Del incumplimiento de la transcripción referida se deriva la nulidad del acto de anoticiamiento; de la no utilización del domicilio indicado, se sigue la ineficacia de la notificación a los fines de la constitución en mora (art. cit.).
DLEB 8904 Art. 54 Año 1977” (cfr. SCBA, C00000 TL 8544 RSI-18-65 I 09/04/1987. “Correa, Ramón Atanacio s/ Concurso Civil) manda que posee un contenido similar -en lo que aquí interesa- al artículo 74 de la Ley Provincial 3330.- Con las omisiones señaladas se ha producido una flagrante violación de la garantía de defensa en juicio, ya que privó al actor de la posibilidad de recurrir los honorarios regulados en Primera y Segunda Instancia al no habérsele notificado los mismos. De este modo, el Sr. Olivares no contó con la oportunidad de argumentar y hacer valer sus derechos frente a este resultado. Consecuentemente se ha vulnerado el principio de bilateralidad o contradicción.-
El principio de bilateralidad “...implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos.” (cfr. Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, Tomo I, pág. 263). El mismo deriva directamente del artículo 18 de la CN, manda que dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos. Sobre la base de aquél principio, en todo el desarrollo del proceso, se estructuran actos de transmisión, como son, entre otros, las notificaciones, las que colocan a las partes en condición de expedirse sobre distintos actos procesales. De este modo la decisión judicial puede ser el fruto de un proceso dialéctico de debate entre las partes ante el Juez como un tercero imparcial.- Asimismo, el principio de bilateralidad es una exigencia del respeto al debido proceso legal y del principio de igualdad entre las partes (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea, “Principio de bilateralidad o contradicción”, La Ley 16/02/2011, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/313/2011).-
Desde otro cuadrante, la ausencia de notificación de la sentencia de Primera Instancia, en lo tocante a la regulación de honorarios, implica un cercenamiento de la garantía a la doble instancia judicial, reconocido en la Ley de Honorarios Provincial de acuerdo a su artículo 72.-
Por otra lado, en atención a la trascendencia del acto que se ha omitido, en tanto no se ha respetado el principio de bilateralidad, cabe inferir el perjuicio por el sólo incumplimiento de las exigencias procesales. Esta conclusión se compadece con la garantía procesal afectada (la defensa en juicio), cuya efectiva vigencia requiere la oportunidad de las partes a ser oídas con las formas y solemnidades que determinan las normas procesales (cfr. sum. Fallos 280:72; 283:88; entre otros).- Entonces, es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Cimero Tribunal Provincial, a saber: “...‘...si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.
En el sentido expuesto, Mauro Cappelletti afirma que ‘el más grande peligro (...) consiste en el riesgo de que por perfeccionar los procedimientos se dejen a un lado las garantías fundamentales, especialmente las que se refieren al juez imparcial y al derecho de las partes a ser oídas (...) Aún cuando la innovación sea importante, no hay que olvidar que, después de todo, las grandes instituciones procesales han sido moldeadas, durante muchos siglos de lucha, para evitar la arbitrariedad y la injusticia’ (en ‘El acceso a la justicia’, Col. de Abog. de La Plata, 1983, p. 182).” (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547; XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319 y Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586.).- La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de los actos jurisdiccionales, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.
Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, la parcela sentencial de la Alzada vinculada a la regulación de honorarios no existe como acto procesal válido.- Debemos señalar que es oportuna la declaración de la nulidad de oficio en esta etapa del proceso por razones de celeridad y economía procesal. Pues permitir el avance de las actuaciones ante una evidente nulidad implicaría incurrir en un excesivo rigorismo formal y en un dispendio jurisdiccional inútil.-
Abonando la solución aquí propuesta se ha dicho: “De conformidad a reiterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia provincial según la cual, si en oportunidad de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso de casación, este Tribunal comprueba la existencia de nulidades no subsanables, la sentencia impugnada en esta instancia extraordinaria local debe ser declarada nula de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (cfr. sentencia n° 385 del 26/5/1998, entre muchas otras)...(cfr. CSJ Tucumán, sala laboral y contenciosoadministrativa ‘Fernández Juan Carlos c/ Refinería del Norte S.A. s/indemnizaciones’, 08/08/2012, www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/46833/2012).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547).- Por todo lo expuesto, corresponde suplir la omisión acaecida en Primera Instancia y mandar a notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real de los clientes de los letrados intervinientes y con las formalidades previstas en la Ley de Honorarios (cfr. arts. 72, 74 y cctes. Ley Provincial 3.330). También debe declararse la nulidad parcial de la sentencia de Segunda Instancia, en la parte que dispone la regulación de honorarios, considerando VII -que pondera la regulación de honorarios de Primera Instancia a efectos de determinar los de segunda- y el punto 2°) de la parte resolutiva, en virtud de la vulneración de las garantías procesales del actor (cfr. arts. 170, 173 y 175 CPC y C) por violación del principio de bilateralidad o contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319 y Sentencia, XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).-
V. En virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido en el artículo 4º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación, articulado a fs. 359/369. Asimismo, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 342/347 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, considerando VII y punto 2° de la parte resolutiva, debiendo reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que tome las medidas adecuadas para notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del actor con las formalidades de la Ley Provincial Nº 3330 y, ulteriormente, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda dentro de los límites indicados, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 368 y vta..-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a fs. 359/369.-
2. Declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 342/347 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, considerando VII y punto 2° de la parte resolutiva.-
3. Reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que tome las medidas adecuadas para notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del actor con las formalidades de la Ley Provincial Nº 3330 y, ulteriormente, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda dentro de los límites indicados.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de comisión de servicios los Sres. Vocales Dr. Enrique Osvaldo Peretti y la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1065I.181 Tomo: XXIX Interlocutorio: 3404 Folio N°:5726/5732 Secretaría: 1
Fin de la sentencia