Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 6139-26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Fijar la responsabilidad en el siniestro en un cuarenta por ciento (40%) a cargo de la demandada Noelia Soledad Zanoni y un cincuenta por ciento (60%) a cargo de la víctima, Germán Gonzalo Olivera.
B) Condenar a la demandada Noelia Soledad Zanoni y a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la Sra. Susana Beatriz Gausckus, dentro de los diez (10) días de quedar firme la liquidación y en la proporción fijada en el inciso a), las sumas reconocidas en esta sentencia y en la de primera instancia, con más la actualización y los intereses establecidos en cada una de ellas para los respectivos rubros.-
3Rechazar el replanteo de prueba informativa formulado por la parte actora.
4Declarar desierto el recurso de la parte actora en lo atinente a los rubros reclamados por la coactora María Mercedes Olivera Gausckus.
5Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.
6Imponer las costas de Alzada a la demandada y a la citada en garantía (arts. 68 y 274 CPCC).
7Diferir la regulación de honorarios por la actuación en esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 6139-26 caratulada " OLIVERA GAUSCKUS MARIA MERCEDES Y OTRA C/ ZANONI NOELLA SOLEDAD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ", Expte. 78.420 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia declaró la inconstitucionalidad sobrevenida de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado.
Hizo lugar parcialmente a la demanda incoada y en consecuencia condenó a la demandada y la citada en garantía, Sra. Noelia Soledad Zanoni y La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar la parte coactora, Sr. Susana Beatriz Gausckus, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Pesos ($3.765.000), actualizable según lo dispuesto en el considerando VIII, con más sus respectivos intereses calculados en la forma establecida en el considerando VII, a partir de la fecha del hecho (20/08/2022) y hasta el momento de su efectivo pago (S.C.B.A., Ac. 2078, C-95.720 del 15/09/2010 y L-118615 del 11/03/2015) (art. 768 C.C.C.N.). Aplicó las costas a la parte demandada y a la citada en garantía que resultan vencidas (art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (art. 51 ley 14.967).
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la demandada y citada en garantía ambos el día 22-6-2026, concedidos el libremente y en efecto suspensivo.
Elevados los autos a esta Alzada con fecha 14-7-2026 se ordenó expresar agravios a la parte actora quien el 6-8-2026 los fundó. El día 11-8-2026 se ordenó expresar agravios a la parte demandada y citada en garantía, quienes el 19-8-2026 los fundaron. Con fecha 25-8-2026 traslados recíprocos, los que fueron que fueron evacuados el 4-9-2026 por la parte demandada y citada en garantía. El día 10-9-2026 no habiendo la parte actora evacuado el traslado conferido, se le dió por perdido el derecho dejado de usar y encontrándose la causa en condiciones de ser fallada, se llamó autos para dictar sentencia.
I. La sentencia apelada: El 12/06/2026 el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios derivada del siniestro vial ocurrido el 20/08/2022 en la Ruta Provincial N° 32, km 163, partido de Pergamino, en el que perdió la vida el Sr. Germán Gonzalo Olivera. Tuvo por acreditado que el automóvil Volkswagen High Up, dominio AD188QX, conducido por su titular, Sra. Noelia Soledad Zanoni embistió por alcance con su sector frontal derecho, la parte trasera de la bicicleta con motor que el Sr. Olivera conducía delante de ella y en el mismo carril sentido Rosario-Pergamino.
Encuadró el caso en la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758 y 1769 del CCyC) y admitió la eximente parcial del hecho de la víctima, pues el rodado carecía de luces, espejos y bocina y su conductor no llevaba casco, circulando de noche por una ruta sin iluminación artificial. Distribuyó la responsabilidad en un 30% a cargo de la demandada y un 70% a cargo de la víctima, extendiendo la condena a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (art. 118, ley 17.418).
Respecto de la coactora Susana Beatriz Gausckus (madre) fijó: valor vida $4.800.000, daño moral $7.450.000 y daño material $300.000, de los que la demandada y la citada deben soportar el 30%, es decir $3.765.000. Rechazó los rubros reclamados por la coactora María Mercedes Olivera Gausckus (hermana) y el planteo de inconstitucionalidad del art. 1741 del CCyC. Dispusó un interés puro del 6% anual desde el hecho, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y ordenó actualizar el capital por IPC desde la sentencia, con costas a la demandada y a la citada.
II. Los recursos: Apelaron ambas partes.
La parte actora (expresión de agravios del 06/08/2026) se agravia de: (a) la distribución de responsabilidad que tilda de absurda por desatender la presunción que pesa sobre el embistente, el uso de chaleco reflectante por la víctima y lo informado por el perito; (b) el rechazo de la prueba informativa dirigida a las empresas de telefonía celular, cuya producción pide en esta instancia (art. 255 inc. 2 del CPCC); (c) la exigüidad del daño moral; y (d) la cuantificación del valor vida, pidiendo además la aplicación de intereses y del régimen de actualización que indica.
La demandada y la citada en garantía (expresión de agravios del 19/08/2026) se agravian de: (a) la atribución de un 30% de responsabilidad, postulando la culpa exclusiva de la víctima o, subsidiariamente, la reducción de ese porcentaje; y (b) el monto del daño moral, que reputan excesivo a la luz de la pericia psicológica, que no constató daño psíquico en la actora.
Trataré primero la responsabilidad, que ambas partes cuestionan y que incide en todos los rubros; luego el replanteo de prueba; después la cuantía de los rubros y, por último, intereses y costas. No seguiré a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo en las que sean conducentes para decidir .
La responsabilidad:
1. Marco normativo. El hecho ocurrió el 20/08/2022, por lo que rige el Código Civil y Comercial (art. 7 CCyC). Se trata de daños causados por la circulación de vehículos, que se rigen por la responsabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas (arts. 1757, 1758 y 1769 CCyC). Probados el daño, la intervención de la cosa riesgosa y la calidad de dueña y guardiana de la demandada -extremos no discutidos-, a ella le incumbe acreditar el hecho del damnificado que interrumpa total o parcialmente el nexo causal (arts. 1722, 1729 y 1734 CCyC).
El hecho de la víctima libera en la medida en que contribuyó a la producción del daño (art. 1729 CCyC). Para que la exima totalmente debe constituir la causa exclusiva del resultado; si concurre con el riesgo de la cosa, la responsabilidad se distribuye según la incidencia causal de cada factor.
2. Los hechos acreditados. No está controvertido, y surge de la pericia mecánica del 23/12/2024 (que se apoya en la de fs. 95/96 de la IPP N° 5778/2022), que:
a) ambos rodados circulaban por el mismo carril, en el mismo sentido, la bicicleta con motor delante del automóvil;
b) el contacto se produjo dentro del carril Rosario-Pergamino, en una acción de alcance, con el frente derecho del Volkswagen contra la parte trasera de la bicicleta;
c) la bicicleta carecía de sistema de iluminación y de soportes de luces;
d) el conductor vestía chaleco reflectante y no se observó casco;
e) el lugar es rural, sin iluminación artificial, con un tramo recto de doble mano, y era de noche;
f) no pudo determinarse la velocidad de ninguno de los rodados.
3. El agravio de la demandada y la citada, la culpa exclusiva de la víctima. Adelanto que el agravio no puede prosperar:
En primer lugar, la versión de los hechos dada al contestar -según la cual la bicicleta "se sube a la ruta" de modo brusco y repentino, incorporándose al carril- no fue probada. Por el contrario, la pericia describe una circulación previa de ambos rodados por el mismo carril, la bicicleta adelante. No hubo, pues, una maniobra intempestiva de la víctima que irrumpiera en la trayectoria del automóvil, sino un vehículo más lento que la precedía en la marcha.
En segundo lugar, quien circula detrás debe conservar el dominio efectivo de su vehículo (art. 39 inc. b, ley 24.449), guardar una distancia prudente con el que lo precede (art. 48 inc. g) y circular a una velocidad que le permita detenerse ante cualquier obstáculo dentro de su campo de visión, atendiendo a la visibilidad existente (art. 50). Esas reglas, aplicables por adhesión de la ley 13.927, son más exigentes de noche y en zona rural, donde la presencia de rodados lentos -maquinaria agrícola, ciclistas, animales- es un dato de la experiencia y no un acontecimiento imprevisible. Si la demandada no pudo percibir a tiempo a quien la precedía, ello revela que su velocidad no era la adecuada al alcance de sus faros, y no que el obstáculo fuera inevitable.
En tercer lugar, la demandada tenía la carga de probar la eximente (art. 1734 CCyC). La falta de prueba sobre la velocidad, la distancia de percepción o la existencia de alguna maniobra de frenado o esquive no puede jugar en su favor, sino en su contra. Al apelar invierte esa carga, al exigir que se demuestre una conducta concreta y reprochable de su parte, cuando el régimen objetivo prescinde de ella.
Por último, que la falta de luces haya dificultado la visualización del ciclista justifica, como se verá, una contribución causal relevante de la víctima, pero no la convierte en causa exclusiva: el chaleco reflectante que vestía responde precisamente a la iluminación de los faros de los vehículos que circulan detrás, como lo explicó el perito.
4. El agravio de la actora: la responsabilidad total o mayor de la demandada. Asiste parcialmente razón a la apelante.
No comparto la pretensión de liberar por completo a la víctima. Está probado que circulaba de noche, por una ruta sin iluminación, en un rodado sin luz trasera ni elementos que permitieran advertirlo desde lejos, y sin casco (arts. 40 y 40 bis, ley 24.449). La falta de luz trasera incide directamente en la producción de la colisión por alcance; la falta de casco, en la gravedad de las lesiones craneales que causaron la muerte. Ambas omisiones contribuyeron causalmente al daño.
Tampoco puede extraerse de la pericia la conclusión de que la demandada vio, o debió ver, al ciclista a 150 metros. Como lo señala la contraria, esa afirmación se formuló en un apartado general sobre la utilidad de los chalecos reflectantes y no como una reconstrucción de las condiciones concretas del hecho. Es, sin embargo, un dato relevante para descartar que la víctima fuese invisible.
Lo que no encuentro justificado es la distribución del 70% a cargo de la víctima. La sentencia, tras describir las omisiones del ciclista, no explica por qué esa incidencia supera largamente a la del automóvil. Al hacerlo, otorgó un peso decisivo a la menor visibilidad de la bicicleta y prescindió de que: (a) la versión de la incorporación súbita fue desmentida; (b) la víctima vestía chaleco reflectante; (c) la demandada no probó velocidad adecuada, frenado ni maniobra de esquive; y (d) la colisión por alcance, en el mismo carril y contra un rodado que circulaba regularmente delante, es la situación típica que las reglas de distancia y velocidad precautoria procuran evitar.
5. La distribución: Ponderando en conjunto esas circunstancias (art. 384 CPCC), considero que las contribuciones causales de ambos protagonistas deben ser revisadas: la del automóvil, por su riesgo intrínseco agravado por una conducción no adecuada a las condiciones de visibilidad; la de la víctima, por circular sin luces ni casco en las condiciones de tiempo y lugar descriptas. Propongo, entonces, fijar la responsabilidad en un 40% a cargo de la demandada Noelia Soledad Zanoni y un 60% a cargo de la víctima, con la consecuente extensión a la citada en garantía (art. 118, ley 17.418).
En consecuencia, propongo rechazar el agravio de la demandada y la citada en garantía y admitir parcialmente el de la actora en este aspecto.
V. El replanteo de la prueba informativa:
La actora pide que esta Alzada ordene librar oficios a las empresas de telefonía celular para que informen las comunicaciones registradas en la línea N° 341-3443034, atribuida a la demandada, entre las 18 y las 20 horas del día del hecho. Esa prueba fue desestimada en el auto de apertura a prueba del 15/05/2024 por inconducente, y los recursos deducidos contra esa decisión fueron rechazados el 04/06/2024 por aplicación del art. 377 del CPCC.
Por lo demás, la distribución de responsabilidad propuesta en el punto anterior no se apoya en una supuesta distracción de la conductora, sino en el incumplimiento de las reglas objetivas de velocidad precautoria y distancia, y en que la demandada no probó la eximente que alegó.
Propongo, por ello, rechazar el replanteo y el agravio vinculado.
VI. Los rubros indemnizatorios:
1. Una precisión previa: Ambas partes razonan, en distintos pasajes, sobre las sumas de $1.440.000 (valor vida) y $2.235.000 (daño moral) como si fueran la valuación de cada rubro. No lo son: son la porción del 30% puesta a cargo de la demandada por el juez de grado. La valuación integral fue de $4.800.000 y $7.450.000, respectivamente, y sobre ella se examinarán los agravios. La reducción derivada de la concurrencia causal ya fue tratada en el punto IV.
2. Valor vida.
En este rubro ciertamente lo que se indemniza es la pérdida o frustración de una probabilidad. Coexisten dos elementos: certeza e incertidumbre. La certeza de que si no hubiera acontecido el incumplimiento o el hecho dañoso la persona damnificada "habría mantenido la esperanza en el futuro que le hubiera permitido obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial" e incertidumbre de que "manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la ´chance´, la ganancia se habría en realidad obtenido, o la pérdida se habría evitado (TANZI, Silvia, Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a la persona, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2005, pág. 309).
El epicentro de la cuestión radica en la certidumbre de la probabilidad. En virtud de ello, para que el daño resulte resarcible debe tratarse de una probabilidad con entidad suficiente que se quiebra con el hecho dañoso. Al decir de Orgaz, el abanico varía ya que se desplaza desde la mera posibilidad (probabilidad general y vaga) que no es indemnizable porque estamos ante un daño hipotético, hacia la probabilidad cierta que admite reparación (ORGAZ, Alfredo, El daño resarcible, Córdoba, Ed. Lerner, 1980, pág. 96 y ss.).
Estas probabilidades no son fijas, pueden variar y dependen de las circunstancias particulares que surgen del caso concreto.
En el supuesto específico de pérdida de chance por la muerte de un hijo, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia consideran que ello le hace perder a los padres una chance de contenido económico representada por la expectativa de sostén, apoyo y colaboración en la ancianidad y ante los problemas que la vida puede presentar.
Se llega a esta solución positiva aun cuando siempre medien factores aleatorios (los cuales incidirán en la amplitud de la chance) en cuya virtud es posible que la ayuda nunca se preste o se preste en menor cuantía. Así pues, el daño por privación de una vida debe mirar hacia el pasado (lo que esa vida ya representaba y podía dar de sí, al momento del hecho, pero igualmente hacia el futuro, pues al detenerse el avance existencial se han detenido sus realizaciones expectables; con la muerte no sólo se mutila la vida, y lo que en ese momento y de modo inmediato eran sus frutos concretos, sino además todo un curso de expectativas (Cf. Zavala de González, Matilde, Tratado de daños a las personas Perjuicios económicos por muerte, Tomo II, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2008, pág. 52).
En tal sentido, la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora ha dicho que: "La indemnización por fallecimiento de un hijo comprende la pérdida de chance, entendida ésta como frustración de la legítima esperanza de asistencia y sostén que en la vejez o enfermedad es dable esperar a los padres" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala II, 19/11/99, LLBA, 2000-315)..." ( CAP: C 2348-19 caratulados "Muises Silvia Mónica y otro c/ Ratto Reinaldo y otros s/ Daños y Perjuicios ).
En atención a las particularidades del caso, corresponde ponderar la edad de la víctima (41 años), la edad de su madre (72 años) y la razonable expectativa de que aquella pudiera recibir de su hijo atención y apoyo material hasta alcanzar los 80 años. Ante la ausencia de prueba sobre los ingresos del fallecido, tomaré como pauta estimativa el Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy fijado en $398.800, y computaré únicamente el 30% de dicho monto como porción destinada al sostenimiento o apoyo de su madre, es decir, $119.640 mensuales durante 96 meses (8 años).
Por ello, y con sustento en los arts. 1738, 1741 y 1745 del Código Civil y Comercial, corresponde hacer lugar al agravio de la parte actora y elevar el monto concedido por este rubro a la suma de pesos once millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta ($11.485.440).
3. Daño moral de la madre (art. 1741 CCyC). Los agravios son opuestos: la actora lo considera exiguo; la demandada y la citada, excesivo. Asiste razón a la primera.
a) El agravio de la demandada y la citada. La pericia psicológica, que no constató daño psíquico en la actora, no es parámetro idóneo para reducir el rubro. El daño psíquico es una afectación patológica de la personalidad; el daño moral es la lesión a las afecciones legítimas, que en el caso de la muerte de un hijo se presume por el solo hecho y no requiere prueba específica (art. 1744 CCyC; SCBA, Ac. 67.843, sent. del 05/10/1999). Que la madre conserve su estructura psíquica, su trabajo y sus vínculos habla de su fortaleza para sobrellevar la pérdida, no de una menor entidad de esa pérdida. Una persona puede no enfermar y, sin embargo, padecer un dolor que la acompañará el resto de su vida. Propongo rechazar este agravio.
b) En cuanto a los agravios de la actora, la prueba rendida en autos y el impacto emocional inmediato que provoca el fallecimiento de un hijo resultan demostrativos de un sufrimiento espiritual intenso, específico y perdurable de la madre de la víctima.-
No se trató de un mero dolor abstracto: la muerte violenta y súbita en un siniestro vial irrumpe en el centro de la vida doméstica, quiebra rutinas afectivas y priva a la familia de la presencia diaria, con efectos que trascienden lo económico y se proyectan en duelos complejos. Tales extremos, apreciados según las reglas de la sana crítica, satisfacen el estándar de verosimilitud y entidad exigido por los arts. 1738 y 1741 del Código Civil y Comercial para la reparación de consecuencias no patrimoniales.
La cuantificación del daño moral debe asentarse en criterios de equidad controlable y guardar proporción con la gravedad del hecho, la cercanía del vínculo y la realidad económica actual.
Al respecto, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata ha dicho que: "La muerte repentina e inesperada de un ser querido genera un padecimiento, un dolor, una afección tan profunda que conmueve la estructura familiar toda y no se requiere prueba fehaciente de ello. Es que la muerte de una persona de tan estrecha relación biológica los priva de su compañía, de su apoyo familiar, de su proyecto en definitiva que produce per se un daño moral del cual encuentro absoluta certeza que ha sucedido y debe ser indemnizado" (CC0202 LP 139757, "Marquez Valdiviezo Juan y Otros c/ Rique Angel Osvaldo y Otros s/ Daños y Perj. por uso Automot. (c/Les. o Muerte)" RS 296/25 S 02/10/2025).-
Las sumas que se fijen deben traducir entonces una evaluación prudente de la entidad del sufrimiento demostrado en autos, evitando tanto la insuficiencia de montos meramente simbólicos como desmesuras desvinculadas del caso concreto.
En este marco, ponderaré la edad de la víctima al momento del accidente, el sufrimiento que su muerte provocó en su madre, la necesidad de esta de recurrir a la vía judicial para obtener una respuesta, y la composición de su grupo familiar. La solución además tiene que armonizar con los parámetros que esta Alzada viene empleando en supuestos de muerte con núcleo familiar, donde se reconoce la necesidad de cuantías que reflejen en valores actuales la magnitud del menoscabo espiritual.
A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde hacer lugar al agravio en examen y en consecuencia proponer al Acuerdo elevar el monto reconocido por daño moral a la suma de Pesos Veinte Millones ($20.000.000).-
4. Los reclamos de la hermana, María Mercedes Olivera Gausckus: La sentencia rechazó el valor vida y el daño moral de la hermana, y el planteo de inconstitucionalidad del art. 1741 del CCyC, por no haberse acreditado convivencia, trato familiar ostensible ni asistencia económica. La expresión de agravios sólo menciona a la hermana de modo incidental, sin rebatir esos fundamentos. Propongo, en este aspecto, declarar desierto el recurso (arts. 260 y 261 CPCC).
5. Daño Material:
El daño material no fue objeto de agravio en cuanto a su valuación; sólo varía la proporción a cargo de la demandada.
Respecto del pedido de la actora de que los intereses se liquiden a una tasa del 7,5% anual, el agravio no puede prosperar. La sentencia de grado dispuso un interés compensatorio del 6% anual no capitalizable desde la fecha del hecho y en caso de mora, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires a treinta días, conforme a la doctrina legal de la SCBA. La apelante no demuestra que dicho esquema resulte insuficiente para retribuir la privación del capital ni que, en las circunstancias del caso, deje sin reparar algún componente del perjuicio. La recurrente se limita a expresar su disconformidad, lo que no constituye crítica concreta y razonada (art. 260 CPCC).-
Ahora bien, entiendo que la competencia revisora de este Tribunal para modificar los intereses ha quedado habilitada al expresarse los agravios relativos a los rubros indemnizatorios reclamados los que llevan virtualmente implícito el de los intereses aplicables a tales conceptos, dada la inevitable conexión entre el momento de cuantificación del daño y la tasa de interés aplicable, como así también la relación de accesoriedad de ésta última respecto a la condena de daños y perjuicios.
En virtud de ello, propongo la modificación de los intereses de los rubros valor vida y daño moral aplicando una tasa pura del 6% a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (20/08/2022) hasta la fecha de esta sentencia. Y desde allí se aplicará la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días hasta el momento del efectivo pago (Cf. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016, y arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1744 y 1746 y Ccs. del Cgo. Civil, art. 165 del C.P.C. y C.).
En el capítulo de la sentencia de primera instancia titulado "Inconstitucionalidad - actualización del capital por IPC", el magistrado declaró la inconstitucionalidad de las normas que vedan la actualización monetaria y dispuso la actualización del capital de condena por el Índice de Precios al Consumidor. Dicho pronunciamiento no fue objeto de agravios en los recursos interpuestos, por lo que ha quedado firme .-
Sin perjuicio de ello, y como consecuencia necesaria de la modificación del capital de condena dispuesta en los considerandos precedentes, resulta indispensable precisar el ámbito temporal de aplicación de la pauta de actualización respecto de los importes alcanzados por dicha modificación. Ello no importa alterar lo decidido en cuanto a la admisibilidad del mecanismo de actualización, sino determinar su proyección sobre montos que han sido fijados por este Tribunal a valores vigentes a la fecha de este pronunciamiento.-
En consecuencia, en la etapa de ejecución de sentencia, los rubros cuyos montos fueron modificados por esta Cámara se actualizarán por IPC desde la fecha de la presente sentencia, mientras que los rubros que fueron confirmados continuarán actualizándose conforme lo dispuesto en la instancia de grado.-
VIII. Costas:
Las costas de primera instancia se mantienen a cargo de la demandada y la citada en garantía (art. 68 CPCC), pues el resultado del pleito no varía en lo sustancial (art. 274 CPCC).
Las de esta instancia se imponen también a la demandada y la citada en garantía: su recurso se rechaza íntegramente y la actora prospera en los dos agravios de mayor significación económica, responsabilidad, daño moral y valor vida (arts. 68 y 274 CPCC).-
La regulación de honorarios de Alzada se difiere para cuando se practique la de primera instancia (art. 31, ley 14.967).
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Noelia Soledad Zanoni y la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia del 12/06/2026 en los siguientes términos:
a) Fijar la responsabilidad en el siniestro en un cuarenta por ciento (40%) a cargo de la demandada Noelia Soledad Zanoni y un cincuenta por ciento (60%) a cargo de la víctima, Germán Gonzalo Olivera.
b) Condenar a la demandada Noelia Soledad Zanoni y a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la Sra. Susana Beatriz Gausckus, dentro de los diez (10) días de quedar firme la liquidación y en la proporción fijada en el inciso a), las sumas reconocidas en esta sentencia y en la de primera instancia, con más la actualización y los intereses establecidos en cada una de ellas para los respectivos rubros.-
3. Rechazar el replanteo de prueba informativa formulado por la parte actora.-
4. Declarar desierto el recurso de la parte actora en lo atinente a los rubros reclamados por la coactora María Mercedes Olivera Gausckus.
5. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.
6. Imponer las costas de Alzada a la demandada y a la citada en garantía (arts. 68 y 274 CPCC).
7. Diferir la regulación de honorarios por la actuación en esta instancia (art. 31, ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
a) Fijar la responsabilidad en el siniestro en un cuarenta por ciento (40%) a cargo de la demandada Noelia Soledad Zanoni y un cincuenta por ciento (60%) a cargo de la víctima, Germán Gonzalo Olivera.
b) Condenar a la demandada Noelia Soledad Zanoni y a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la Sra. Susana Beatriz Gausckus, dentro de los diez (10) días de quedar firme la liquidación y en la proporción fijada en el inciso a), las sumas reconocidas en esta sentencia y en la de primera instancia, con más la actualización y los intereses establecidos en cada una de ellas para los respectivos rubros.-
3. Rechazar el replanteo de prueba informativa formulado por la parte actora.
4. Declarar desierto el recurso de la parte actora en lo atinente a los rubros reclamados por la coactora María Mercedes Olivera Gausckus.
5. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.
6. Imponer las costas de Alzada a la demandada y a la citada en garantía (arts. 68 y 274 CPCC).
7. Diferir la regulación de honorarios por la actuación en esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA) remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: SCARAFFIA Graciela Hilda - JUEZ
Funcionario firmante: DEGLEUE Roberto Manuel - JUEZ
Funcionario firmante: TROTTA Alfonso Bartolome - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 169-2026
Fin de la sentencia