Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 46.145-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 51.328 (pesos cincuenta y un mil trescientos veintiocho) por la representación procesal y de $ 128.320 (pesos ciento veintiocho mil trescientos veinte) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $242.895 (pesos doscientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cinco), equivalente a 32,65 (treinta y dos con 65/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 607.236 (pesos seiscientos siete mil doscientos treinta y seis), equivalente a 81,63 (ochenta y uno con 63/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales restantes y cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-55465498-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Junio de 2022 MANUEL s/recurso de apelación" - VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 46.145-I y su acumulado Expte. N° 47.871-I caratulado “OLIVEROS DÍAZ GUIDO MANUEL s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias y Ganancias Salidas no Documentadas”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 50/58 y 195/200 el Sr. Guido Manuel Oliveros Díaz interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 133/2015 (DV REDE) de fecha 23 de diciembre de 2015 dictada por el Jefe (Int.) de la División Resoluciones de la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, y la N° 02/2017 (DV R1II) de fecha 17 de febrero de 2017, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión Recursos 1 de la Dirección Regional Centro II de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva. En la primera de ellas se determinó de oficio la obligación al citado contribuyente como responsable solidario y personal respecto de la deuda que FINCA DON PEPE S.R.L. contrajo por el ajuste de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 y sus intereses resarcitorios, quedando diferidas las sanciones según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769; y en concepto de Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas el 30/09/2009 y 31/10/2009, más sus intereses resarcitorios y una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido conforme arts. 46 y 47 inc. c) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod.)
En la segunda resolución se aplicó una multa al Sr. Oliveros Díaz en carácter de socio gerente de FINCA DON PEPE S.R.L., por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 equivalente a tres (3) veces el importe evadido conforme arts. 46 y 47 inc. c) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod.), la que se había diferido según lo indicado en el párrafo anterior, ya que se encontraba suspendida entre que se promovió denuncia penal el 26/02/2015 y la sentencia de sobreseimiento el 13/06/2016 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°1, Sec. N° 4.
Expresa como primer y principal agravio que la Dirección Devolución de Exportaciones no ha tenido en cuenta la decisión adoptada por la jueza Dra. Valeria Pérez Casado, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 18, Secretaría n° 35, en los autos “FINCA DON PEPE S.R.L. S/CONCURSO PREVENTIVO”
Expte. N° 028645/2014, quien consideró que las sumas de dinero que la Afip pretendió verificar en dicho concurso, entre los que se encuentran los aquí reclamados, están prescriptos. Agrega que adjuntó copia de dicha resolución, encontrándose la copia certificada en trámite. Que ante el desconocimiento de dicha sentencia por parte de los funcionarios de la Afip, solicita se remita la causa ad effectum videndi et probandi. Por estos motivos entiende que, ante la inexistencia de la deuda para el principal pagador, se está ante la inexistencia de deuda para el deudor solidario.
El Sr. Oliveros Díaz alega que la condena administrativa que se le pretende aplicar se ha determinado sin que pueda tener acceso a la causa principal. Que dicho castigo a FINCA DON PEPE S.R.L. se le hizo extensivo sin darle acceso a las actuaciones principales, por lo que desconoce si hay facturas y comprobantes de gastos, indicando que “no están las declaraciones juradas.” (SIC) Que la situación descripta vulnera gravemente su derecho de defensa toda vez que le impide acceder a la información existente y en base a ellos ofrecer la defensa correspondiente.
Que el Sr. Oliveros Díaz afirma que “tiene planillas y alguna documental que pudiera haber aportado” (sic), pero al desconocer la documental obrante en autos, supone defender lo desconocido. Que opuso excepciones con lo que le era conocido por las fechas que se indicaban en la vista de causa, por lo que solicita a la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores que ordene la remisión a este Tribunal Fiscal de la causa principal iniciada contra Finca Don Pepe S.R.L., a fin de tomar vista y esgrimir las defensas correspondientes.
Plantea la prescripción de las acciones del Fisco para imponer obligaciones al principal deudor, y entiende que esa prescripción se extiende también para el deudor solidario, en las que incluye los intereses y multas que se aplican en autos.
Agrega que al no haber podido tomar vista del expediente principal, desconoce si se han tomado en cuenta al momento de efectuar los cálculos sobre los reclamos que se hacen, la compensación de los pagos de derechos y reintegros a las exportaciones que quedaban pendientes con la deudora principal. En consecuencia, solicita que se ordene previamente la compensación de dichos montos entre crédito fiscal y deuda que tuviere el deudor principal.
Por último, ofrece prueba documental e informativa, solicita beneficio de litigar sin gastos en el Expte. N° 46.145-I y su acumulado Expte. N° 47.871-I y pide que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 73/86 y 211/220vta. el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos. En primer lugar informa que a partir de una verificación efectuada a la firma FINCA DON PEPE S.R.L., se practicó una determinación de oficio a la misma, no habiéndose cancelado el saldo a favor del Organismo fiscal, por lo que, teniendo en cuenta el carácter de responsable por deuda ajena siendo Socio Gerente de la firma citada, de conformidad con lo establecido por los arts. 6, 7 y 8 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod.), se determinó de oficio la responsabilidad de la actora por la deuda tributaria del principal deudor.
Con relación al planteo referido a la prescripción de la deuda declarada en el concurso del deudor principal (COM 28645/2014 FINCA DON PEPE S.R.L. S/CONCURSO PREVENTIVO), indica que dicho pronunciamiento se encuentra sujeto a revisión conforme art. 37 de ley N° 24.522 y que se trata de un procedimiento comercial relacionado con el cobro de una deuda teniendo en cuenta las normas procedimentales del derecho comercial. Alega que los recursos presentados plantean la prescripción y nulidad de los actos, sin expresar agravios sobre las determinaciones de oficio (en el primer Expediente), los intereses resarcitorios y las multas aplicadas, teniéndolas por consentidas. Indica, en relación al planteo de nulidad de la actora, que se está frente a la responsabilidad que le cabe al apelante en su carácter de responsable solidario por deuda ajena, ya que las determinaciones al deudor principal quedaron firmes por no haber sido apeladas. Que en lo relativo a la prescripción, destaca que la recurrente omitió en su análisis la normativa contemplada en los arts. 56, 57 y 65 inc. a) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod.), 44 de la ley N° 26.476 y 17 de la ley N° 26.860 y reglamentación; todo lo cual le otorga al Fisco Nacional plena facultades para determinar y exigir el pago de impuestos.
En lo que hace a las determinaciones de oficio, plantea que la actora no hace referencia a agravios autónomos. Que al revestir el Sr. Oliveros Díaz el carácter de socio gerente queda fundada su responsabilidad en forma personal y solidaria con la principal, del cumplimiento de las obligaciones reclamadas.
Con respecto a los intereses resarcitorios, los entiende consentidos por no haber planteado la actora oposición alguna.
Expone que tampoco se expresaron agravios con relación a las multas aplicadas. Que el elemento objetivo necesario está dado por la exteriorización de datos engañosos en la declaración jurada presentada por FINCA DON PEPE S.R.L. y el accionar del Sr. Oliveros Díaz por la falta de presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, respecto de las erogaciones carentes de documentación. Que se ve afectado el bien jurídico tutelado que es la renta fiscal y la falta de ingreso del debido impuesto a las arcas del Fisco. Afirma que no acreditó circunstancia alguna que desvirtúe la imputación a título de dolo. Señala que, para el hipotético caso en el que la deudora principal acepte los ajustes determinados en las resoluciones, podrá imputar a su cancelación los montos de créditos de libre disponibilidad que tenga a su favor en sede administrativa, ya que el Tribunal Fiscal resulta incompetente para resolver cuestiones compensatorias conforme art. 159 ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.).
Por último, se opone a las pruebas ofrecidas, pone a disposición los antecedentes administrativos, y contesta los beneficios de litigar sin gastos. Que por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas y rechazando los recursos impetrados, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 95 se abre a prueba el expediente N° 46.145-I haciéndose lugar a la informativa ptos. a), c) y d) ofrecida. A fs. 109/120 se encuentra contestado el oficio por la División de Oficios de la Afip. A fs. 122 obra respondido el oficio diligenciado al Juzgado Comercial N° 18, Secretaría N° 35 por el cual acompañó el expediente requerido N°28645/2014 caratulado “FINCA DON PEPE S.R.L. s/ QUIEBRA” “ad effectum videndi” y a fs. 132/162 obra la contestación del oficio diligenciado a la Afip que remite la totalidad de los despachos de exportación efectuados por FINCA DON PEPE S.R.L. indicando los derechos y reintegros a cobrar.
Que a fs. 226 se acumuló el Expte. N° 47.871-I de igual carátula, por lo que a fs. 235 se reordenó el trámite de la causa y se admitió la prueba informativa de fs. 199 pto. a), la cual se dio por decaída a fs. 254, por falta de impulso de la recurrente. A fs. 257 se cerró el período de instrucción.
Que mediante PV-2021-117764192-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la sala “D” y por el IF-2021-123509066-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. A fs. 273/274vta. obran los alegatos del Fisco Nacional sin haber hecho uso de su derecho la recurrente.
Finalmente, mediante IF-2022-54074099-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que previo al análisis del fondo de la causa, se deja constancia que el expediente a tratar y su acumulado poseen beneficio de litigar sin gastos, cosido al principal por cuerda, con sentencia dictada el día 19 de junio de 2019, de igual carátula que el principal, en donde se resolvió denegar dicho beneficio, con costas. Que al no haber ingresado el monto de la tasa intimado en dicha sentencia, se resolvió a fs. 105 ordenar el libramiento de la boleta de deuda, la que obra a fs. 109.
V. Que en primer término cabe referirse a los planteos de nulidad y prescripción articulados por la recurrente.
1. Que con relación a la procedencia de la figura de nulidad, para que la misma prospere debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que pudiera haberse privado de oponer el impugnante, debiendo además estar fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar. (Fallo TFN Sala B 15-08-2007- Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda).
Que el recurrente sostiene que no tuvo acceso a la causa principal lesionando su derecho de defensa, pudiendo haber aportado prueba que haga a la misma, pero al desconocer de que trataba dicha causa solo opuso excepciones. Que el Fisco Nacional observa que de los actos recurridos se advierte que han sido dictados de conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), habiendo estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que fundan los mismos, y merituando las probanzas ofrecidas y producidas, sin que se encuentre afectada la garantía del debido proceso ni lesionado su derecho de defensa.
Que debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite judicial subsiguiente (Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134).
Agrega además que las determinaciones de oficio emitidas a FINCA DON PEPE S.R.L., mediante las resoluciones N° 55/2014 (frente al Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2007, 2008 y 2009) y 56/2014 (frente al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas por las erogaciones: 31/12/2007; 28/02, 31/03, 30/06, 31/07, 31/08, 31/10, 30/11 y 31/12 de 2008; 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 30/09 y 31/10 de 2009) ambas de la (DV REDE), fueron dictadas el 28/11/2014 y notificadas el 05/12/2014, encontrándose firmes e incumplidas, atento haberse agotado el plazo de quince días otorgado por ley para apelarlas, cuyo vencimiento operó el 04/02/2015. (obran a fs. 151 de los antecedentes administrativos)
Que, por lo tanto, los argumentos sobre los que se sustenta este agravio constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de las resoluciones apeladas en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo debatida. Por lo que cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo.
2. Que en relación a la pretendida prescripción, el recurrente entiende que se trata de abuso del derecho, ya que en reiteradas oportunidades cambian las fechas de prescripción de las acciones del fisco, generando sucesivamente falta de certeza en las obligaciones y derechos. Sostiene que se reclaman sumas en concepto de Impuesto a las Ganancias y Salidas No Documentadas del año 2009, por lo que su prescripción comienza a contarse a partir del 1 de enero de 2010, es decir que, prescribió el 1 de enero de 2015. Que prescriptas las obligaciones principales para el deudor principal, se extinguen también para el deudor solidario, en las que incluye los intereses y multas que se aplican en autos.
Que el Fisco Nacional sostiene que la actora omite en su análisis las disposiciones de los artículos 56, 57 y 65 inc a) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod.), art. 44 de la ley N° 26.476 y art. 17 de la ley N° 26.860 y su reglamentación. Respecto de los dos últimos artículos enumerados establece que se suspendió con carácter general el término de la prescripción, por lo que insiste en la improcedencia e infundada pretensión del contribuyente. Asimismo, informa que el juez administrativo declaró la falta de legitimación pasiva para los ejercicios fiscales 2007 y 2008, por no haberse acreditado su calidad de socio gerente durante esos períodos. Explica que respecto al período fiscal 2009 del Impuesto a las Ganancias, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2011, venciendo el 01/01/2017. Y para el caso del Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas período fiscal 2009, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2011 (SIC) y la prescripción operó el 01/01/2016. En consecuencia, confirma que posee plenas facultades para dictar las resoluciones determinativas de oficio N° 55/2014 (DV REDE) y N° 56/2014 (DV REDE) notificadas a FINCA DON PEPE S.R.L.
Por todo lo expuesto y resultando ajustado a derecho el razonamiento que efectúa el Fisco Nacional, corresponde rechazar la prescripción planteada por la recurrente.
Que no procede la imposición de costas autónoma al planteo de prescripción que se desestima, toda vez que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más de fondo, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VI. Que ello así cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho, y si procede la extensión de responsabilidad del Sr. Guido Manuel Oliveros Díaz por el incumplimiento de FINCA DON PEPE S.R.L. en el pago de su deuda tributaria, correspondiendo analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que se trata de un contribuyente que declara como actividad “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas; una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que en dicho sentido el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. vigente al momento de la interposición del recurso) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815-I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señaló: “que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.” Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”.
Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, ya que mediante las Resoluciones 55/2014 (DV REDE) y 56/2014 (DV REDE) dictadas el 28/11/2014 se determinaron las obligaciones tributarias del deudor principal FINCA DON PEPE S.R.L. las que fueron debidamente notificadas el 05/12/2014 (fs. 151 antecedentes administrativos), encontrándose firmes e incumplidas, atento haberse agotado el plazo de quince días otorgado por ley para apelarlas, cuyo vencimiento operó el 04/02/2015, por lo que al encontrarse incumplida la intimación de pago, resultó procedente que el ente fiscal inicie el procedimiento de las determinaciones de oficio con relación al responsable solidario, dictándose el 23/12/2015 y 17/02/2017 las determinaciones respecto de éste último, es decir una vez vencido el plazo otorgado al deudor principal.
Que de lo expuesto, se desprende claramente que el recurrente no niega la responsabilidad solidaria que se pretende hacer extensiva por los actos ahora apelados, lo que tampoco hace al deducir los presentes recursos de apelación, debido a que no expone agravios al respecto o acompaña elementos que lo releven de los deberes endilgados, sino que únicamente se queja de no haber tenido acceso al expediente del deudor principal, e insiste en que los períodos por los cuales se determinó la obligación solidaria se encuentran prescriptos, sin presentar nueva prueba sobre lo que realmente versa el caso bajo análisis que es su responsabilidad personal y solidaria. Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Que en consecuencia, el responsable debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada por su actuación en la sociedad, lo que no ha sucedido en autos, ya que el carácter formal de responsable solidario (socio gerente) surge del Acta n° 18 celebrada el 25/08/2009 por sus únicos socios integrantes, los Sres. José Oliveros Diaz, Jean Paul Van Wijk y Guido Manuel Oliveros Diaz, (documentación que fuera incorporada por el Fisco Nacional a fs. 67/76 de los antecedentes administrativos ACTAS). Ello así, el mencionado responsable no logró acreditar por otros medios probatorios que no poseía el manejo y administración de la citada sociedad.
Que por lo tanto, el recurrente resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamó a la sociedad FINCA DON PEPE S.R.L. en concepto de Impuesto a las Ganancias y Ganancias Salidas No Documentadas período fiscal 2009.
VII. Que el recurrente no ha planteado agravios con relación a los intereses resarcitorios reclamados, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer la confirmación de los mismos.
VIII. Que ello así, corresponde analizar la procedencia de las multas aplicadas por el Fisco Nacional con sustento en los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998) según lo normado por el art. 55 de dicha ley de procedimiento fiscal.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que en el caso de autos, al analizar la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Oliveros Díaz de la deuda determinada a FINCA DON PEPE S.R.L., se concluyó que el mismo, en su carácter de socio gerente, era responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la deudora principal al recaer sobre él el deber de presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas (las cuales no presentó) respecto de las erogaciones que no poseen respaldo documental realizadas los días 30/09/2009 y 31/10/2009 y pagar el tributo correspondiente luego de los quince días hábiles administrativos de haberse generado las salidas no documentadas , sin haber aportado probanzas que lo releven de dicha responsabilidad. Respecto de la sanción impuesta en el Impuesto a las Ganancias, deriva del cómputo indebido de gastos inexistentes.
Que ello así, se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de deudor principal en las figuras infraccionales aplicadas, al haberse presentado declaraciones juradas engañosas por el Impuesto a las Ganancias y por la falta de presentación de las mismas en el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, que ocasionaron un perjuicio fiscal, por lo que cabe, hacer extensión de dicha responsabilidad al Sr. Oliveros Díaz y disponer la confirmación de las multas aplicadas.
IX. Que por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 51.328 (pesos cincuenta y un mil trescientos veintiocho) por la representación procesal y de $ 128.320 (pesos ciento veintiocho mil trescientos veinte) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $242.895 (pesos doscientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cinco), equivalente a 32,65 (treinta y dos con 65/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 607.236 (pesos seiscientos siete mil doscientos treinta y seis), equivalente a 81,63 (ochenta y uno con 63/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales restantes y cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.06.02 10:28:04 -03:00 Date: 2022.06.02 13:38:27 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.02 13:59:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.02 13:59:40 -03:00
Fin de la sentencia