Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-1.917/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 447/464 vta. por la parte demandada, y en consecuencia, casar la sentencia dictada a fs. 439/445 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, en los puntos 3º) y 4º) de la parte dispositiva.-
2Componer positivamente la litis, rechazando la demanda interpuesta a fs. 49/50 y vta..-
3Imponer las costas en todas las instancias a la actora vencida.-
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en esta instancia, hasta tanto sean regulados en las instancias anteriores.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-1.917/13-TSJ Sentencia N°: 586.-
Actor: OLMOS MARIANA ESTELA Demandado: CASAS CLAUDIO ESTEBAN Y OTRO Objeto: DESALOJO Fecha: 4-6-15 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 586 FOLIO Nº 3.354/3.359 PROT. ELECT. TSS1 002 S.151
Río Gallegos, 4 de junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “OLMOS MARIANA ESTELA c/ CASAS CLAUDIO ESTEBAN y OTRO s/ DESALOJO”, Expte. Nº O-14.444/10 (O-1.917/13-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 447/464 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 439/445 por cuanto revoca el punto 3º de la parte dispositiva de la sentencia dictada en Primera Instancia declarando procedente la acción de desalojo promovida por Mariana Estela Olmos contra Claudio Esteban Casas.- Ante esta solución, el demandado recurre el fallo acusando “…VIOLACION DE LA LEY POR ERRÓNEA APLICACIÓN, AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE DE LA SENTENCIA CON VIOLACIÓN A LA DOCTRINA LEGAL…” prevista en el artículo 3º inc. a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-; y “SENTENCIA ARBITRARIA” (conf. fs. 447).-.
Expresa, respecto de la alegada “violación de la ley”, que se ha incurrido en la misma “…en orden a lo expresamente establecido por el art. 270 y 355 del C.P.C.C., aplicable al caso de autos, y a lo establecido por el art. 18 de Nuestra Carta Magna. En efecto agravia a mi parte la sentencia dictada por la Excma. Cámara en cuanto no trata cuestiones de hecho y derecho que hubieron sido (sic) materia de agravios…” (cfr. fs. 448). Agrega, que la Excma. Cámara desconoció la calidad de poseedor animus domini reconocida por el Juez de Primera Instancia, cuestión que no ha sido introducida en los agravios por la actora (conf. fs. cit. y vta.). Respecto de este punto, afirma: “…Que analizada la sentencia de la Excma.
Cámara de Apelaciones considero que la misma incurre más allá de una indebida apreciación de la prueba que ha tenido a la vista, en un exceso en su jurisdicción pues se ha introducido en una cuestión que no fue materia de agravios por la actora. En efecto, este error sentencial aquí descripto, es sustancial para la concesión del presente recurso de Casación, toda vez que introduciéndose en una cuestión no materia de agravios, revoca la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia, violando el principio de congruencia, como así también el derecho de defensa de ésta parte demandada, quebrantando el art. 34 inc. 4 y el art. 270 del C.P.C.C….” (cfr. fs. 449 vta.). Asimismo, sostiene: “… más allá de que la actora nunca ejerció actos efectivos de posesión, en la hipótesis más que improbable que VE considere la presentación de planos y pago de impuestos como actos posesorios, los cuales fueron efectuados posteriormente a la efectiva posesión animus domini del Sr.
Claudio Casas, dicha supuesta posesión por parte de la actora se perdió por imperio del art. 2456 del Código Civil…” (cfr. fs. 450). Afirma que en la sentencia en crisis se ha omitido aplicar el principio de la carga de la prueba establecido en el artículo 355 del C.P.C.C., pues “…la parte actora no acompañó prueba alguna que acredite haber ejercido en alguna ocasión la posesión del inmueble. Posesión que fuera negada por nuestra parte en el escrito de contestación de demanda. Por otro lado, el Sr. Claudio CASAS ha probado ‘el presupuesto de hecho’ invocado en el escrito de contestación de demanda para enervar la acción de desalojo, el cual es la acreditación de poseedor animus domini del inmueble objeto del presente proceso…” (cfr. fs. 450 vta./451).
En segundo término alega que la Excma. Cámara de Apelaciones, al rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por su parte, vulneró palmariamente los artículos 577, 2351, 2456, 2468 y concordantes del Código Civil incurriendo en clara violación de ley. (cfr. fs. cit). Se agravia, pues la Excma. Cámara resuelve que la actora posee legitimación activa, cuando “… quedó cabalmente demostrado en el presente proceso, que la actora no es propietaria del inmueble objeto del presente desalojo, tampoco es poseedora, es más, nunca ejerció la posesión del inmueble. Igualmente el demandado de autos no es un tenedor precario ni existe una obligación de restituir de éste para con la actora…” (cfr. fs. 453).
Con respecto a la violación de los artículos 577, 2351, 2456, 2468 y concordantes del Código Civil expresa “…el fallo dictado…incurre en VIOLACIÓN DE LA LEY…al fundamentarse en una jurisprudencia que claramente no es aplicable al caso de marras. La sentencia impugnada se fundamenta (solo en forma aparente) en una jurisprudencia dictada en un juicio de prescripción adquisitiva, cuya plataforma fáctica es totalmente disímil a los hechos ventilados en éste proceso de desalojo…” (cfr. fs. 453 y vta.). Respecto a su segundo agravio “arbitrariedad por falta total de motivación y violación del principio de razón suficiente”, afirma: “…La sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones se desentiende clara y palmariamente de todas las pruebas producidas en el presente proceso, transgrediendo las reglas legales que controlan la apreciación de la prueba, lo cual convierte a la sentencia atacada en arbitraria por falta de fundamentación.
Es claro que las consideraciones efectuadas por la Excma. Cámara de Apelaciones no resultan ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y consecuentemente su descalificación como acto jurisdiccional válido atento a que no se ha cumplimentado en la resolución atacada el deber constitucional de fundar su decisión por parte del tribunal, satisfaciendo tal obligación de manera aparente.” (cfr. fs. 455 y vta.). Agrega a ello: “… la Excma. Cámara de Apelaciones efectúa una valoración absurda de las pruebas testimoniales producidas en el proceso, sosteniendo que los testigos se limitaron a reconocer la ocupación del inmueble por el Sr.
Claudio Casas y la instalación de una casilla, cuando en realidad de las declaraciones testimoniales quedó claramente comprobado que el Sr. Claudio Casas realizó actos posesorios en calidad de dueño, CONSTRUYENDO SU CASA SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE DESALOJO, cuyos testimonios fueron brindados por vecinos del demandado y personas que viven en el Barrio donde se ubica el inmueble, los CUALES SON todos COINCIDENTES ENTRE SI, circunstancia no valorada por la Excma. Cámara de Apelaciones y que resulta esencial para resolver la presente cuestión conforme a derecho…” (cfr. fs. 456). A continuación, cita textualmente diversos testimonios que obran en el expediente (conf. fs. 456/458). En síntesis, expresa: “…Dichas pruebas testimoniales, acreditan en forma fehaciente que el Sr.
Claudio Casas se encuentra ejerciendo la posesión a título de dueño del inmueble desde fines del año 2005, no existiendo prueba en contrario en el presente proceso...” (cfr. fs. 458). Asimismo, menciona otras pruebas que considera conducentes para sostener su posición (conf. fs. 458 y vta), y dice: “… todos los actos efectuados por el demandado: relleno de terreno; nivelación de lote; adquisición de una casilla; solicitud de servicios de Luz y Gas; fabricación de bases para la instalación de una casa prefabricada; construcción de casa de material para reemplazar la casa prefabricada; constituyen y exteriorizan claramente actos posesorios a título de dueño, y toda la prueba incorporada al proceso así lo confirma…” (cfr. fs. 458 vta./459).
Es por ello, que sostiene: “…del simple análisis de las pruebas producidas en el presente proceso, se desprende la arbitrariedad en que ha incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones, efectuando una valoración absurda de las declaraciones testimoniales, pruebas informativas y prueba documental incorporada al proceso, las cuales acreditan claramente que el Sr. Claudio Casas se encuentra ejerciendo la posesión a título de dueño del inmueble objeto del presente desalojo desde finales del año 2005…” (cfr. fs. 459). En consecuencia, destaca “…que la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones se encuentra viciada de nulidad, pues sus fundamentos no se encuentran apoyados en lo más mínimo de las pruebas producidas en el presente proceso…” (cfr. fs. 459 vta.).
En cuanto a su tercer agravio, “violación de la doctrina legal”, manifiesta que “… la Cámara de Apelaciones en su fallo ha prescindido en el juzgamiento de elementos decisivos probatorios, violando la jurisprudencia y doctrina sustentada por el máximo tribunal de la provincia de Santa Cruz…” (cfr. fs. 460 vta.). Cita como fundamento de sus dichos, dos fallos de este Tribunal. Finalmente transcribe diversos fallos jurisprudenciales en apoyo de su postura. Hace reserva del caso federal.- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 468 y vta., se declara bien concedido a fs. 481 y vta., poniéndose los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1687, sin que ninguna hiciera uso de las facultades que le otorga el mismo (conf. fs. 485).-
A fs. 486/489 dictamina el Señor Agente Fiscal por ante este Tribunal, considerando: “…Como bien dicen los jueces de Cámara, en el presente caso es la actora Mariana Olmos quien tiene la adjudicación a su favor del bien cuyo desalojo se pretende, lo que da por acreditada su legitimación para interponer la presente acción. De las pruebas aportadas surge claramente que Mariana Olmos es actualmente la adjudicataria del terreno en cuestión, lo que se acredita con el certificado de adjudicación de fecha 19 de agosto de 2010 el que certifica que la nombrada es adjudicataria… del bien inmueble…” (cfr. fs. 488). También sostiene que “…De lo dicho se observa claramente que el inmueble motivo de la litis se encuentra en cabeza del Municipio quien es el titular dominial del inmueble en litigio y quien en uso de sus facultades y procedimientos administrativos dispuso como lo hizo… Que si bien hubo diversas tratativas del quejoso para la adjudicación del terreno a su nombre, esto jamás prosperó, incluso existe en el expte una constancia de autorización del Municipio para instalar servicios, pero el organismo aclara al otorgarla que ello no da derecho a la adjudicación (v. fs. 97), por lo que la efectividad de la posesión invocada por parte del demandado surge prima facie injustificada… En función de lo expuesto y al analizar los presentes autos, se puede advertir que el quejoso no acredita haber conectado los servicios, los cuales tampoco figuran a su nombre, las constancias de pago del impuesto inmobiliario figuran a nombre de la actora y los testigos que declararon se limitaron a reconocer la ocupación del inmueble y la instalación de una casilla primero y de una casa prefabricada de madera después., es decir el quejoso no ha logrado acreditar en autos que su ocupación haya sido de buena fé ni que haya realizado actos posesorios con ánimo de dueño por un período de tiempo suficiente a los fines de repeler la acción intentada...” (cfr. fs. 488 vta.). Finalmente expresa: “…Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que en la Sentencia obrante a fs. 439/445, no hay, violación de la ley, arbitrariedad, ni violación de la doctrina legal por lo que considero que no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto.” (cfr. fs. 489).- Que, a fs. 493, se llaman autos para dictar sentencia.-
II. Que, la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º inc. a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-, al entender que la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial -al dictar el decisorio impugnado- ha incurrido en “violación de la ley por errónea aplicación” y “violación de la doctrina legal”. Asimismo denuncia “ausencia de fundamentación suficiente” y que la sentencia en crisis resulta arbitraria.- Que, como primer agravio, el recurrente afirma que “…la Excma. Cámara desconoció la calidad de poseedor animus domini reconocida por el Juez de Primera Instancia, cuestión que no ha sido introducida en los agravios por la actora, resolviendo así revocar la sentencia dictada a fs. 392/395…” (cfr. fs. 448 y vta.).-
No obstante lo expuesto, surge del escrito de expresión de agravios de la actora de fs. 420/422 vta., que fundamenta el mismo en la supuesta posesión que la misma ejercería. Así, por ejemplo expresa: “… atento la firmeza del rechazo de las excepciones opuestas por el demandado, cabe acotar el ámbito de discusión al ejercicio de actos posesorios, los cuales repito han sido suficientemente demostrados y probados con el material producido en autos...” (cfr. fs. 422).- Es menester señalar que, “…la congruencia no impone sino una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes y a los hechos que las fundamentan, pero no una literal concordancia, sino que guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base fáctica aportada, este Tribunal Superior posee la facultad de calificar de la manera que entienda más ajustada. La exigencia se encuentra en no alterar las pretensiones sustanciales formuladas por las partes, pero nunca la literal sumisión del fallo a aquéllas, y así, el principio iura novit curia autoriza al juzgador a emitir su opinión crítica y jurídicamente valorativa sobre los componentes fácticos presentados por las partes, habida cuenta del principio ‘da mihi factum, ego dabo tibi ius’...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Sentencia, Reg. 485, Folio 2635/2645).- Es por lo expuesto, que el agravio debe ser rechazado.-
III. Que, resuelto el agravio esbozado ut supra, debe recor-darse que “…la sentencia que se dicte en el juicio de desalojo nunca importará prejuzgar acerca de la posesión o del dominio sobre el inmueble, al extremo de que es posible que se haya rechazado la demanda por haber el demandado invocado y acreditado prima facie el carácter de poseedor, lo que obligará al actor a reintentar el recupero a través de las acciones defensivas de la posesión o del petitorio. El proceso de desalojo no es la vía procesal adecuada para debatir y dilucidar cuestiones que desbordan su objeto, como son las relativas al mejor derecho a la posesión o la posesión misma, por ser propias de acciones petitorias y posesorias. Por lo tanto, la pretensión no procede contra el ocupante que alega su calidad de poseedor, pero ello es así a condición de que aporte elementos probatorios que, prima facie, acrediten la verosimilitud de su alegación. Verificada esa demostración, resulta excluido el debate relativo a la posesión, ya que la sentencia que se dicte no hace cosa juzgada sobre el tema y el actor sólo puede entonces hacer valer su eventual mejor derecho mediante la vía de los interdictos o de las pretensiones posesorias o petitorias. A la inversa, si el demandado no ha producido prueba alguna acerca de la posesión, la sentencia favorable al actor no es obstáculo para que aquél se valga posteriormente de la mencionada vía...” (cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de Elena I. Highton - Beatriz A. Areán, Tomo 13, Ed. Hammurabi S.R.L., 2010, pág. 3/4).- Como se desprende de lo expuesto y siendo que la acreditación -prima facie- de la posesión alegada por la demandada para rechazar la acción resulta relevante para la solución del caso, es que debe analizarse y valorarse la misma detenidamente.-
Si bien esto, necesariamente, lleva a la interpretación de un nuevo análisis de la prueba producida, lo cual está -en principio- vedado en casación esta regla se exceptúa cuando se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación o se ha producido una absurda valoración de las probanzas (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Sentencia, Reg. 185, Folio 1003/1008; Tomo XVI, Sentencia, Reg. 543, Folio 3061/3069).- Cabe recordar que este Tribunal ha expresado en repetidas oportunidades: “… ‘…La apreciación de las pruebas aportadas en la causa constituye el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado, e irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia de absurdo como su palmaria demostración’… el absurdo en la apreciación de las pruebas… es: ‘un remedio de carácter excepcional, reservado para casos extremos que sólo cuentan con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2039/2041).- En este caso, la sentencia del Sr. Juez de Primera Instancia (fs. 392/395 vta.), consideró que el Sr. Casas probó su carácter de poseedor y por ello, rechazó la demanda.-
En cambio, en la sentencia en crisis, se decide que las pruebas acompañadas por el demandado no alcanzan para probar la posesión, por lo cual se revoca el punto 3º de la parte dispositiva de la sentencia dictada en Primera Instancia declarando procedente la acción de desalojo.-
Específicamente, expresa la Excma. Cámara a fs. 444: “…Se han producido varios informes respecto de materiales que habría adquirido Casas, y sobre los cuales se explaya el letrado en sus escritos, pero tal acto de compra no guarda relación estricta con la ocupación del bien, pues acreditan una operación comercial del actor con diferentes firmas que se ocupan de la venta de materiales de construcción. Por otra parte, si bien solicitó autorización para conectar los servicios, no consta en autos que los mismos se hubieren conectado, ni se encuentren a su nombre, ni que los hubiera abonado en el transcurso del tiempo que invoca, es más, el impuesto inmobiliario tiene un plan de pago y la constancia de pago es a nombre de la actora de autos (confr. fs. 46 y 250). Por último de las pruebas testimoniales brindadas en éstos puede extraerse que los citados se limitaron a reconocer la ocupación del inmueble, por parte de los accionantes, desde el año 2006 aproximadamente, y la instalación de una casilla, pero nada dicen respecto de los demás actos imprescindibles para tenerlos como posesorios...”.- Atento lo expuesto, es que debemos centrarnos en las pruebas acompañadas en el presente, a fin de reconocer o no, -al menos prima facie- en el demandado, el carácter de poseedor (conforme lo dispuesto respecto de la carga de la prueba en el art. 355 del Código Procesal Civil y Comercial).-
En la sentencia recurrida, como se ha transcripto, el ad-quem considera que el demandado no ha acreditado la realización de los actos posesorios invocados para repeler la acción. Sin embargo, discrepamos con ello.-
Debe recordarse, que “…Adquirir la posesión es iniciarse o, mejor decir, instalarse en ella. Es, en definitiva, adquirir el poder de disposición física de la cosa, sin reconocer en los hechos un señorío superior. Siguiendo los términos del art. 2351, puede decirse que habrá adquisición de la posesión cuando alguna persona, por sí o por otro, comience a tener una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. En congruencia con la norma citada, el artículo 2373 dispone que la posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa (aquí aparece el corpus) con la intención de tenerla como suya (se está refiriendo al animus domini)…” (cfr. Código Civil Comentado -Derechos Reales- de Claudio Kiper, Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 230).- Entonces, para adquirir la posesión “…es preciso una aprehen-sión corporal de la cosa. Alcanzamos la posesión, con el cuerpo y con el ánimo, y no solamente con el ánimo o con el cuerpo. El corpus, caracterizado como actos posesorios de los descriptos por el artículo 2384 del Código Civil, es indispensable para probar la posesión…” (cfr. ob. cit., pág. 233).-
En este artículo se establece: “Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga; bastando hacerla en algunas de las partes.”(cfr. art. 2384 C.C).-
La norma transcripta “…enumera diversos actos que considera posesorios, porque probados éstos -es decir acreditado el corpus-, nace una presun-ción, claro que iuris tantum, de la existencia de animus domini. Quien realiza este tipo de actos, se comporta en los hechos, respecto de la cosa, como lo haría un propie-tario, aunque en la realidad no lo sea; son actos que normalmente acostumbra a realizar un propietario… ” (cfr. ob. cit. pág. 251). Esta enumeración es enunciativa; así “… aunque no incluidos en la norma, se consideran actos posesorios: cercar, alambrar, mensurar, amojonar, nivelar terrenos, efectuar canales, tener animales, y todos aquellos actos que sean de ocupación o construcción.” (cfr. ob. cit., pág. 252).- De esta manera, y como es señalado en la sentencia de Primera Instancia, no se encuentra controvertido en los presentes que el Sr. Casas colocara una casilla en el terreno en cuestión en el año 2006 aproximadamente (ello surge asimismo, de los numerosos testimonios existentes). Incluso es reconocido por la propia actora en su expresión de agravios (conf. fs. 422).-
Surge del expediente, que el demandado solicitó, en numerosas ocasiones, la adjudicación del terreno (confr. fs. 264, 271, 277, 283, 289, 290, 292), realizó el relleno del mismo y compró una casilla (conforme la testimonial obrante en autos, y fotocopias de recibos de fs. 86, 217, 88, 193 y 265).-
Asimismo, en la inspección realizada por la División Ins-pección, de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Caleta Olivia -en dicho terreno-, el 2 de octubre de 2007, se determinó “QUE EXISTE UNA CASILLA DE MADERA, REVESTIDA CON CHAPAS GALVANIZADAS LISAS Y CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS DE ZINC. (SUP. APROX. 6 M2). LA MISMA CARECE DE SERVICIOS. CUENTA CON PLANO DE OBRAS APRO-BADO SEGÚN REGISTRO.” (cfr. fs. 266). A ello, hay que agregar la documental de fs. 279/282.- A fs. 269, obra certificado de la Municipalidad, donde -a pedido del Sr. Casas- se deja constancia de la ocupación del terreno con el fin de la colocación de los servicios de luz y gas.-
Además de ello, existen constancias de la compra de una vivienda prefabricada y su respectivo contrato, de la colocación de la misma en el terreno en cuestión y de la compra de diversos materiales para la construcción (conf. fs. 267/268 y vta., fs. 270, 96, 246, 219/220).-
Por otra parte, la Sra. Karina Laura Gauna -vecina del demandado- expresó en su declaración testimonial que el Sr. Casas vive en el terreno objeto del presente “…desde que yo estoy en mi casa, desde 13 de Julio de 2006, vive Claudio Casas… a mi me empezaron a hacer mi casa desde enero del 2006 y yo he ido constantemente a ver la construcción y Claudio Casas ya estaba su casita, una de las primeras que había ahí… constantemente Claudio está invirtiendo en su terreno, su casa… cuando traen los materiales de construcción, él es el que estuvo recibiendo los materiales, incluso el hizo el muro junto con el vecino… en principio de enero del 2006, vivía en una casa de chapa y después empezó hacer las bases y trajo una prefa-bricada aproximadamente en el julio de 2007. Y después comenzó con su casa de material…” (cfr. fs. 212 y vta.).- Luciana Esther Páez, coincidentemente con el testimonio precedente, manifiesta que el Sr. Casas comenzó a vivir en el terreno, “…como los primeros meses del 2006, seguro que enero del 2006… comenzó con una casillita de madera chiquita y después continuó con una casa prefabricada y ahora tiene avanzada una ampliación de material… En el 2006 puso la primera casilla, en enero. Habrá estado un año y medio o dos con esa casilla hasta que le llevaron su casa de madera de viviendas victoria creo…” (cfr. fs. 214).- Norman Darío Reinoso, asimismo, relata: “…él estaba viviendo en una casa precaria, sin luz ni gas y nosotros lo proveíamos de los servicios. El realizó desde que estuvo en el terreno movimientos de tierra, hasta que hizo la platea e instaló su casita… Desde el 2006 más o menos no me acuerdo la fecha, y en el 2005 andaba rellenando el terreno él…” (cfr. fs. 216).-.
Es por todo lo expuesto, y ante la alegación de varios actos que -en principio, y sin que ello deba interpretarse como un pronunciamiento acerca de la valoración jurídica de los mismos por parte de este TSJ- podrán resultar acreditantes -prima facie- de una condición de poseedor, no queda duda alguna de la inidoneidad de la vía procesal intentada en los presentes autos.-
Al respecto, ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: “…la acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del Código Procesal Civil y Comercial no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis o el ius possesionis (conf. Ac. 83.216, sent. del 10-IX-2003).” (cfr. autos: “Rodriguez, Carlos c/ Godoy Aurora. Desalojo” Causa C-97146, 13/02/2008; “Echenique de Pirotta, Catalina c/ Piuma, Germán Lisandro. Desalojo” causa C 107959, 05/10/2011, entre muchos otros).-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, no es insignificante la observación, ni llega a configurarse en una simple discrepancia subjetiva respecto al medio en particular cuya evaluación pueda ser opinable, sino que evidencia un examen probatorio con fallas lógicas, encontrándonos ante un cómputo parcial y fragmentario de los medios conducentes cuya consideración hubiera determinado un sentido diferente en la solución del caso (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVI, Sentencia, Reg. 543 Folio 3.061/3.069).- Consideramos que la tesis recursiva, a través de los agravios vertidos, es idónea para demostrar que en el discurrir del ad quem se han quebrantado las reglas de la sana crítica (art. 364 y concs. del Código de rito) al momento de valorar las actuaciones glosadas en autos, precedentemente referenciadas.-
En cuanto a ello, Hitters expresa que el absurdo es una “?válvula de escape para evitar la máxima iniquidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho. Señala la Corte que la figura analizada debe ser entendida como error grave y manifiesto, que nace cuando la apreciación no es coherente y que lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí?” (cfr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios de la Casación”, 2da. Ed., Ed. LEP, 1998, pág. 469, con cita del fallo de la SCBA, Ac. 53.362, S, 5-3-96, en autos “Laurino de Juárez, Julia y otros c/ Milicic, Dora María y otros s/ Daños y Perjuicios”). La SCBA, ha expresado al respecto: “…El ‘absurdo’ no es un recurso. Es una creación pretoriana de esta Corte, constituida por una situación excepcional que debe ser planteada mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y que se caracteriza por inferencia o por deducciones gravemente perturbadas por el error, que harían que la fundamentación de un fallo no existiera o fuera sólo aparente (conf. Ac. 33.933, sent. del 21-XII-1984)...” (cfr. autos “Solitín S.A. c/ Ortiz, Sebastián s/ Reivindicación” Causa 98627, 26-8-2009).- Finalmente, tiene dicho este Alto Cuerpo que la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “...un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevara a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...” (confr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394; Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946; entre otros).- En virtud de lo expresado, es que debe considerarse que en el fallo atacado incurre en absurdo en la apreciación de la prueba, lo cual torna arbitrario su decisorio. No obstante, ello no implica decisión alguna sobre el fondo de la cuestión, quedándole a la actora la posibilidad de accionar por otras vías procesales.-
V. Que, conforme lo expuesto, nos hallamos ante la inconsis-tencia del acto sentencial atacado en la medida que, al atender sólo a la parcialidad de los hechos verificados, se descompone su estructura lógico jurídica, no comprobándose signos de razonabilidad suficientes en el tratamiento de los hechos y de las pruebas aportadas y como tal, tornándose audible el recurso de casación, al haber incurrido en violación de la ley con causa en absurdo en la apreciación de la prueba, tornan-do arbitrario su decisorio.- En virtud de lo cual, corresponde hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por la parte demandada a fs. 447/464 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 439/445 por hallarse encuadrada dentro de la normativa del artículo 3º, inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-, revocando los puntos 3º) y 4º) de la parte dispositiva; y componer positivamente la litis, rechazando la demanda interpuesta a fs. 49/50 y vta.. Todo ello con expresa imposición de costas en todas las instancias a la actora perdidosa en virtud de lo normado por el artículo 68 y cctes. del CPC y C, difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean regulados en las instancias anteriores.- Que, de conformidad a lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 447/464 vta. por la parte demandada, y en consecuencia, casar la sentencia dictada a fs. 439/445 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, en los puntos 3º) y 4º) de la parte dispositiva.-
2. Componer positivamente la litis, rechazando la demanda interpuesta a fs. 49/50 y vta..-
3. Imponer las costas en todas las instancias a la actora vencida.-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en esta instancia, hasta tanto sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002S.151 Tomo: XVII Sentencia: 586.-
Folio N°: 3.354/3.359.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia