Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2026-43812554-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, disponga las medidas que sean pertinentes y resuelva el procedimiento infraccional seguido contra la firma OMNI S.R.L. por Actuación N° 18104-652-2024, bajo apercibimiento de ley.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61550692-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Junio de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el expediente EX-2026-43812554- -APN-SGASAD#TFN: “OMNI S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de amparo”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que, la actora, OMNI S.R.L., en fecha 29/4/2026, interpone recurso de amparo en los términos del art. 1160 del C.A., por mora de la Administración en la resolución del sumario infraccional registrado bajo Actuación N° 18104-652-2024. Se refiere a los antecedentes de la cuestión, señalando que la referida actuación se inició con la denuncia efectuada en su contra por la presunta infracción al art. 954 del C.A., y que contestó la corrida de vista con fecha 20/2/2025, ofreciendo en dicha oportunidad un serie de pruebas informativas, las cuales diligenció y acreditó en autos con fecha 25/9/2025, ello a los fines de obtener como resultado la correcta posición arancelaria en la cual debió clasificarse la mercadería objeto de autos y destinada a consumo, o también si existe una nueva interpretación de las normas clasificatorias vigentes como así de las recomendaciones de la OMA (Organización Mundial de Aduanas) y/o de seminarios y/o congresos relacionados con la clasificación de la mercadería en función de las normas dispuestas en el NCM.
Agrega que ya se encuentra producida toda la prueba solicitada, por lo que entiende que el expediente está en condición de ser resuelto. Manifiesta que, con fecha 3/3/2026, presentó un escrito solicitando que se resuelva el expediente, y que el 4/3/2026 se le informó que, bajo el expediente electrónico EX-2026-00627475--ARCA-SMDEDVCOAD#SDGINS, se realizó el pase al área requerida. Relata que se efectuaron varias presentaciones más, y que el 7/4/2026 solicitó pronto despacho, tanto a la Sec. Actuación N° 3, como así también a Ramo D – Sec. Clasificación (DV CLAR), sin que conste respuesta alguna. Efectúa diversas consideraciones en relación a la procedencia del amparo, cita la normativa aplicable, doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
Señala que los derechos violados y que hallan su amparo en las normas constitucionales son los artículos 14 y 18 de la C.N. Agrega que, en efecto, el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva, dicha tutela comprende tanto la libertad de contratación, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho -art. 19 de la C.N.-, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer toda industria lícita -art. 14 de la C.N.- y de libertad económica dentro de las reglas de la competencia -art. 43 de la C.N.-, por lo que la conducta observada por la Administración lesiona gravemente los derechos constitucionales de propiedad, de ejercer toda industria lícita, como así también el derecho de defensa, atento la ausencia de un marco normativo aplicable al caso.
Manifiesta que en ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 105/99 (caso “Palacios, Narciso c/República Argentina”) sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizado por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponen una interpretación más justa y beneficiosa de los requisitos de admisión–en este caso en sede administrativa- y, por el principio pro actione, deben interpretarse en el sentido más favorable a la jurisdicción. Tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, del Pacto de San José de Costa Rica).
Refiere que el artículo 18 de la C.N. establece, como principio fundamental, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, debiendo procurarse, en lo esencial, que la libertad de defensa no sea coartada por las leyes hasta impedirle (al justiciable) producir la prueba de su derecho, o ponerlo en condición desigual con los demás. En consecuencia, teniendo en cuenta la conducta y omisión flagrante administrativa, la vía urgente y expedita del amparo se erige como el remedio procesal más idóneo para la tutela inmediata que se pretende, siendo que no basta con que exista una vía procesal que permita obtener la protección del derecho afectado, sino que tal procedimiento debe ser auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.
Se explaya en relación a la cuestión de fondo. Manifiesta que han pasado más de 100 días desde el cumplimiento de la prueba ofrecida, y que al día de la fecha, han pasado más de 40 días desde que presentó el primer pronto despacho de fecha 3/3/2026, sin respuesta alguna, y alrededor de 15 días desde la presentación de fecha 7/4/2026, encontrándose los plazos para expedirse la administración más que expirados, conforme el art. 1160 del C.A. y su modificación con el art. 2710 de la ley 27.430, con lo cual resulta clara y manifiesta la falta de cumplimiento de la administración a la hora de expedirse. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al amparo por mora interpuesto, con imposición costas a la demandada.
II. Que, la representante fiscal, luego de una prórroga, en fecha 5/6/2026, acompaña el informe que le fuera requerido, en los términos del art. 1161 del Código Aduanero y agrega las actuaciones administrativas de la causa. Señala que si bien la amparista invoca una supuesta parálisis administrativa tras la presentación de pronto despacho, lo cierto es que la realidad fáctica desmiente categóricamente dicha tesitura. Al respecto, manifiesta que el trámite administrativo se encuentra actualmente activo y en pleno curso, registrando movimientos procesales constantes que hacen al procedimiento reglado indispensable para arribar a una resolución ajustada a derecho y exenta de vicios. Sostiene que resulta palpable que la firma presentante pretende desvirtuar el remedio excepcional del amparo por mora, intentando forzar una declaración judicial de demora cuando no concurren los presupuestos fácticos para su procedencia.
Afirma que el concepto de "plazo razonable", como bien lo ha señalado la doctrina especializada (v.gr. Cecilia Medina Quiroga - La Convención Americana. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial, pág. 333, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2003), no es una cifra pétrea, sino un estándar abierto que debe analizarse caso por caso bajo un delicado equilibrio entre la celeridad y el rigor técnico del juzgador. En este orden de ideas, señala que, habiendo transcurrido apenas 2 años y 2 meses desde el inicio de las peticiones, ello resulta un tiempo absolutamente razonable y proporcionado frente a la complejidad de las comprobaciones aduaneras requeridas, y que no se vislumbra rastro alguno de una dilación excesiva que justifique la intervención jurisdiccional.
Efectúa un breve relato de lo actuado en sede aduanera. Entiende que lo que la amparista denomina "mora" no es otra cosa que su disconformidad con los tiempos lógicos de la administración, pretendiendo mediante este amparo sustraer el expediente del ámbito jurisdiccional del servicio aduanero. Recuerda que la Dirección General tiene la función esencial e indelegable de controlar el cumplimiento de la normativa aduanera y la veracidad de la declaración comprometida, pilar fundamental del control estatal que no puede ser soslayado por la urgencia unilateral del administrado. Acceder a la pretensión de la actora implicaría consagrar un ejercicio abusivo del derecho, premiando una impaciencia procesal que ignora deliberadamente la carga de trabajo y el volumen de presentaciones que pesan sobre este organismo.
Cita jurisprudencia. Sostiene que la acción intentada carece de sustento, configurando un dispendio jurisdiccional vicioso que tiende a colapsar las áreas litigantes de la Aduana y a este Tribunal Fiscal. Solicita que se rechace el recurso de amparo por mora incoado, con expresa imposición de costas a la amparista y que, para el improbable caso en que se haga lugar a la pretensión de la contraria, por aplicación de las facultades otorgadas por el artículo 1163 del Código Aduanero se aparte del principio general de la derrota y ordene la imposición de costas por su orden.
III. Que en fecha 16/6/2026 se elevan los autos a esta Sala “G” a sus efectos.
IV. Que tal como resulta de las actuaciones administrativas, la Actuación N° 18104-652-2024, se inicia con la denuncia obrante a fs. 1 formulada en fecha 28/11/2024 a la firma importadora OMNI SRL y al despachante de aduana Cristian Galarza, en los términos del art. 954, inc. a) del C.A., en relación al D.I. N° 240731IC04131273T. A fs. 2 obra la planilla de liquidación del perjuicio fiscal, agregándose a continuación el D.I. conjuntamente con su documentación complementaria. A fs. 6, en fecha 4/12/2024, se remite el expediente a la Sección Bodega de Importación, a los fines de su intervención conforme lo normado en la I.G.-2023-22-E- AFIP-DGADUA, y a fs. 6vta. se remite a la Sección Ramo D.
A fs. 8 obra la Comunicación/Notificación: 25001NOTI031855V, por la que se notifica en fecha 11/2/2025 el auto de apertura del sumario respecto del importador, en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 10/14, en fecha 24/2/2025, obra agregado escrito de la actora por el que ofrece prueba y solicita el sobreseimiento. A fs. 29/35, en fecha 28/2/2025, la importadora acompaña las constancias emitidas por el SIM donde consta la afectación de la garantía conforme lo solicitado oportunamente por el servicio aduanero. A fs. 38, en fecha 9/5/2025, la actora solicita pronto despacho de las actuaciones.
A fs. 40/40vta., el 14/5/2025, mediante PV-2025-01860392-AFIP-DVSEC3#SDGTLA, se dispone correrle a la importadora y al despachante de aduana interviniente vista de todo lo actuado (conf. art. 1101 del C.A.), cuya notificación a la importadora se realiza en fecha 16/5/2025 (ver fs. 41). A fs. 44/48, en fecha 27/5/2025, obra agregado escrito de la actora por el que contesta la vista, ofrece prueba y solicita nuevamente el sobreseimiento. A fs. 62/65, en fecha 29/5/2025, contesta la vista conferida el despachante de aduana.
A fs. 72, en fecha 2/6/2025, la División Secretaria 3, provee las presentaciones de la importadora y del despachante de aduana, y en consecuencia, en los términos del art. 1107 del C.A. se abre la causa a prueba, cuya notificación a la importadora se realiza en fecha 4/6/2025 (ver fs. 73). A fs. 75, en fecha 10/6/2025, la amparista acompaña oficios a confronte, los que a fs. 76/78 lucen observados con fecha 29/6/2025. A fs. 79, en fecha 7/7/2025, la amparista acompaña nuevamente los oficios a confronte, los que a fs. 80, 83 y 86 lucen observados con fecha 11/8/2025. A fs. 89, en fecha 5/8/2025, la amparista solicita pronto despacho y urgente trámite, y a fs. 90, en fecha 29/8/2025, vuelve a acompañar los oficios a confronte.
A fs. 96, proveyendo a la presentación de fs. 90, en fecha 4/9/2025, el Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros de la Secretaría de Actuación N° 3 dispone que, en atención al principio de celeridad y en resguardo de los derechos del administrado, los oficios deberán ser tramitados por vía particular o privada, quedando a cargo de la firma su confección y diligenciamiento. Asimismo, se deberá acompañar la respuesta en el plazo perentorio de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de tener por decaída la prueba referida.
A fs. 100/170, en fecha 18/9/2025, la importadora acredita el diligenciamiento de oficios y acompaña la respuesta efectuada por Oculus Optikgerate GmbH, y a fs. 171/173, en fecha 30/9/2025, acompaña la respuesta enviada por el Centro de Despachantes de Aduana y por la Cámara de Importadores.
A fs. 174, en fecha 6/10/2025, la División Secretaría N° 3 (DE PRLA) tiene por acompañadas y agregadas las contestaciones adjuntadas por la firma importadora y, en consecuencia, previo a todo trámite, remite las actuaciones a la Div. Clasificación Arancelaria (DI TECN), a fin de que se dé cumplimiento con el dictamen técnico clasificatorio de conformidad con lo dispuesto en el Pto. 4 de la Resolución General AFIP N° 1618/2003, cuya notificación a la importadora se realiza en fecha 22/10/2025 (ver fs. 175).
A fs. 177, en fecha 26/11/2025, la Sección Clasificación (DV CLAR), devuelve el expediente a la División Secretaría N° 3, a efectos de que, como medida previa, dé cumplimiento a lo allí solicitado a dicha División (que se rubrique la documentación técnica obrante por el verificador actuante, como constancia de que la misma resulta representativa de la mercadería en litis, o se rectifique dicha información, aportando la documentación técnica correspondiente).
A fs. 178, en fecha 27/11/2025, se giran las actuaciones a la Sección Ramo D (DV CFSZ), a los fines de su intervención, la que a fs. 179, en fecha 12/12/2025, las remite a la Sección Clasificación B (DV CLAR), habiendo dado cumplimiento a lo ordenado a fs. 174.
En este estado fueron adjuntadas las actuaciones a este Tribunal en virtud de la interposición del recurso de amparo.
V. Que debe resolverse en autos sobre la procedencia del recurso de amparo deducido por la amparista con relación a la Actuación N° 18104-652-2024.
Que el art. 1160 del C.A. (que junto al art. 1161 del mismo C.A. regula el instituto del amparo ante este Tribunal Fiscal por demora del trámite aduanero) requiere como requisito de procedencia sustancial del amparo, además de un “perjuicio” para el amparista causado por la demora del servicio aduanero, que esa demora sea no sólo “ excesiva” sino también “injustificada”.
VI. Que del relato de los hechos efectuado se desprende que se ha configurado la demora excesiva imputada. Que, en efecto, conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas acompañadas por la representación fiscal, las mismas se encuentran totalmente paralizadas desde el 12/12/2025, en que la Sección Ramo D (DV CFSZ) dio cumplimiento a lo ordenado a fs. 174 en fecha 6/10/2025 por la División Secretaría N° 3 (DE PRLA) y luego remitió el expediente a la Sección Clasificación B (DV CLAR), a fin de que se emita el dictamen técnico clasificatorio de conformidad con lo dispuesto en el Pto. 4 de la Resolución General AFIP N° 1618/2003, sin que se produjera en dichas actuaciones ningún acto procesalmente útil y/o conducente a la resolución de la causa por parte del servicio aduanero. Ello pese a las presentaciones de los prontos despachos efectuadas por la amparista en fechas 3/3/2026 y 7/4/2026, conforme surge de la documentación acompañada por la misma al momento de interponer el presente recurso de amparo, mediante RE-2026-43172629-APN- SGASAD#TFN, la que debe razonablemente ser admitida con aptitud suficiente, en razón de que el contenido de dicha documentación resulta verosímil, y de que la misma no ha sido acompañada por la representación fiscal en ocasión de adjuntar las actuaciones administrativas de la causa cuando le fue requerida expresamente a la DGA en fecha 6/5/2026 mediante PV-2026-45280615-APN-VOCXXI#TFN.
Nótese que a la fecha de la interposición del presente recurso de amparo (el 29/4/2026) han transcurrido más de cuatro meses y medio desde el 12/12/2025, y aún no se ha expedido la División Clasificación Arancelaria (DI TECN) en relación a la posición arancelaria aplicable a la mercadería objeto de autos, en tanto existiría una diferencia clasificatoria que originó el sumario infraccional seguido contra la amparista por la presunta infracción al art. 954 del C.A., encontrándose, por lo demás, producida toda la prueba ordenada en la instancia aduanera.
VII. Que en virtud de lo expuesto precedentemente, cabe concluir en que, en el caso de autos, se ha excedido toda pauta temporal razonable en el trámite del procedimiento sumarial seguido contra la actora en sede aduanera por Actuación N° 18104-652-2024, configurándose la demora excesiva exigida por el art. 1160 del Código Aduanero, modificado por Ley 27.430.
Que la demora excesiva e injustificada del servicio aduanero perjudica a la actora por cuanto prolonga en el tiempo el estado de incertidumbre acerca de la procedencia de la infracción imputada por un lapso que excede lo razonable para la resolución de la misma.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Fallos 287:248; 289:181; 305:913), pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e irreparable perjuicio de quienes los invocan (Fallos 308:694; 315:1940)” (14/6/2001, “Anderle, José C. v. Administración de Seguridad Social”, Fallos 324:1944; LexisNexis- Jurisprudencia Argentina, 8/5/2002, p. 78).
VIII. Que atento a que concurren en la especie la existencia de demora excesiva y el perjuicio, únicos requisitos de procedencia del recurso de amparo exigidos por el art. 1160 del C.A., modificado por Ley 27.430, corresponde hacer lugar al recurso deducido, ordenando a la Dirección General de Aduanas que dicte resolución en el procedimiento sumarial seguido contra la actora por Actuación N° 18104-652-2024.
Que a efectos de determinar el plazo dentro del cual el servicio aduanero deberá expedirse, el mismo deberá ser el necesario para posibilitar materialmente el cumplimiento del dictado de los actos pertinentes, por lo que resulta razonable fijar un plazo de sesenta (60) días contados a partir de que la presente quede firme a los fines de tramitar y resolver la causa de referencia.
Por ello, voto por:
1).- Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, disponga las medidas que sean pertinentes y resuelva el procedimiento infraccional seguido contra la firma OMNI S.R.L. por Actuación N° 18104-652-2024, bajo apercibimiento de ley. 2).- Costas a la DGA.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1).- Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, disponga las medidas que sean pertinentes y resuelva el procedimiento infraccional seguido contra la firma OMNI S.R.L. por Actuación N° 18104-652-2024, bajo apercibimiento de ley. 2).- Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2026.06.22 18:45:23 ART Date: 2026.06.22 22:03:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.22 22:48:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.22 22:49:22 -03:00
Fin de la sentencia