Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena a la firma OMYA ARGENTINA S.A., al pago de la multa, derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de la multa, por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
3Revocar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012 en cuanto intima en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de los derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap.1ro., inc. a) del Código Aduanero, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-44250347-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “OMYA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 30608-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 21/24 se presenta por apoderado la firma OMYA ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-118-2008, con fecha 1 de febrero de 2012 (actuación SC83-035-2009), en cuanto la condena en forma solidaria con el despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de $ 4.001,17 en concepto de multa, y le exige la suma de $ 2.581,42 en concepto de derechos de exportación, por la comisión de la infracción al Art 954, inc. a, del Código Aduanero respecto del PE N° 08 083 EC01 001903 L oficializado el 18/06/2008.
Resalta que, con fecha 2 de mayo de 2008 presentó ante la División de Clasificación Arancelaria de la Aduana de Bs. As. la autodenuncia según art. 917 del C.A. la que fue registrada bajo las actuaciones N° 13289-11033-2002 que involucra todas las destinaciones de exportación oficializadas entre el 10/02/2005 y el 29/04/2008 y que la Aduana de Bs. As. resolvió favorable a esta imponiendo una multa atenuada en un 75% de lo que hubiese correspondido en su graduación mínima.
Agrega que la Aduana ponderó la existencia de una presentación previa al inicio de las actuaciones sumariales, de allí que se advierte que la oficialización de la rectificación ha sido con anterioridad a que el servicio Aduanero advierta el error en la declaración.
Plantea la arbitrariedad de la resolución en tanto que la misma rechaza la defensa de Autodenuncia presentada por OMYA por considerarla improcedente y meramente dilatoria, toda vez que el escrito de fecha 02/05/2002 no hace referencia a la destinación motivo de autos y la planilla adjunta no posee constancia de cargo de recepción. Refiere una palmaria violación a la doctrina de los actos propios toda vez que la Administración por un lado admite y hace lugar al instituto en vista de la ley (Aduana Central) y por otro lado (Aduana de San Luis) condena ante un caso que presenta características idénticas Ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada con costas.
II. A fs. 29/vta. se presenta por apoderado el Despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL” apelando la Resolución de fecha 01/02/2009 (SC83-035-2009 ) y adhiere en forma íntegra a la presentación realizada por la firma OMYA en fecha 06/02/2012 remitiendo a los argumentos de hecho y de derecho alegados. Manifiesta que ha cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, en los términos de lo normado en los art. 902 y 908 del C.A. habiendo actuado como mandatario del exportador, declarando de acuerdo con sus instrucciones y, solicita que se revoque la resolución apelada en cuanto le imputa la conducta prevista en el art. 954, inc. a) del C.A.
III. A fs. 45/51 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos. Realiza un breve análisis de los hechos, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Alude que en el caso no corresponde la aplicación del instituto de la autodenuncia, debido a que la presentación realizada por la firma exportadora no hace referencia al Permiso de Embarque en trato y asimismo resulta extemporánea teniendo en cuenta la fecha en la que fue presentada. Menciona que las razones para desechar la aplicación del art. 917 han sido claramente explicadas en el acto recurrido. La firma exportadora invoca un escrito presentado el 02/05/2008 ante la Aduana de Bs. As. pretendiendo darle alcance de autodenuncia sin que en dicho escrito se identifiquen las operaciones cuya irregularidad se denuncia. Menciona también que la presentación se realizó en mayo de 2008 cuando en el año 2007 los agentes verificadores de Aduana de San Luis realizaban extracciones de muestra por una posición arancelaria incorrecta. Destaca que la apelante tampoco hizo uso del artículo 322 del C.A. (declaración supeditada), no obstante, continuó en el tiempo documentando bajo una posición arancelaria incorrecta que era significativamente favorable a la firma exportadora. Agrega que no existe violación a la doctrina de los actos propios debido a que los casos traídos a colación no trasuntan presupuestos de hecho idénticos. Deja en claro que existe perjuicio fiscal cuando se produce una merma o disminución inmediata e injustificada de la renta fiscal o cuando concurre la simple posibilidad de que tal disminución o perdida se produzca. Sobre la responsabilidad del Despachante de Aduana agrega que un adecuado ejercicio de sus funciones hubiera sido extremar los recaudos a fin de cerciorarse sobre este aspecto para luego estar en condiciones de comprometer una manifestación veraz y como nada de esto ocurrió, corresponde naturalmente que asuma las consecuencias de su accionar infraccional.
IV. Que a fs. 52 la causa se abre a prueba. A fs. 81 se intima a la actora para que manifieste su interés sobre la prueba pendiente de producción e indique si ha realizado algún pago por diferencia de derechos de exportación,la que no ha sido respondida a la fecha. A fs. 88 se da por decaído el derecho a la actora a producir prueba y se elevan los autos a conocimiento de la sala “E”. A fs. 92 se pasan los autos a sentencia.
V. Que las actuaciones SIGEA N° 12401-118-2008 se inician con la nota N°133/2008 en la que se procede a la extracción de muestra de la mercadería exportada a los fines de efectuar análisis para la determinación de la Posición Arancelaria correspondiente. A fs. 2 act. adm. se agrega la carpeta correspondiente al Permiso de Embarque oficializado el 18/06/2008 que tramitó por canal Rojo de selectividad. A fs. 3/4 luce nota dirigida al Sr. Jefe de Sección “V” División Aduana San Luis en la que se detallan los resultados del análisis efectuado a la mercadería exportada y concluye que la P.A. declarada en el PE es incorrecta. A fs. 14, el Administrador de la Aduana de San Luis ordena la instrucción de sumario a la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” y al Despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL” a quienes se imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. al haberse declarado erróneamente la P.A. en el Permiso de Embarque N° 08 083 EC01 001903 L. A fs. 15/16 se corre vista de lo actuado a la firma exportadora y al Despachante de Aduana quienes se notifican el 07/09/2009 (ver fs. 17 y 24). A fs. 18/19 la firma exportadora contesta la vista conferida y a fs. 23 lo hace el Despachante de Aduana. A fs. 25/26 se tienen por contestados los traslados conferidos y a fs. 31/33 se emite Dictamen 35/2009. A fs. 34/37 se dicta la resolución apelada en la causa.
VI. Que en virtud de los agravios esgrimidos por la recurrente y a los que adhirió el Despachante de Aduana corresponde analizar si resulta aplicable al caso el instituto de la autodenuncia previsto en el art. 917 del C.A. Que mediante el permiso de embarque N° 08 083 EC01 001903 L la firma “OMYA ARGENTINA S.A.”
registro el día 18/06/2008 la exportación con destino CHILE de 110.000,00 kilogramos de mercadería declarando que la misma clasifica en la P.A. 2836.50.00.000N cuyo dicho de partida es: “Carbonato de calcio CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO, por un valor FOB de USD 19.910,00.
Que no se encuentra controvertido en autos que al momento de la oficialización de la destinación la firma exportadora incurrió en un error clasificatorio, toda vez que declaró que la mercadería clasificaba en la P.A. 283.50.00.000N con derechos de exportación del 5% y reintegros del 2,5 % cuando la correcta es la P.A. 2517.49.00.000P con derechos de exportación del 10% y reintegros del 0 %.
Que la firma exportadora se agravia en autos, tal como lo hiciera en sede administrativa invocando que en el caso corresponde aplicar lo previsto en el art. 917 ap. 1 inc. a). del C.A. y en consecuencia la reducción de la multa establecida en el art. 954 inc. a) del C.A., en un 75%, en virtud de la presentación espontanea a la que alude como declaración de autodenuncia, presentada ante la Aduana de Buenos Aires en fecha 02/05/2008 bajo las act. adm. N° 13289-11033-2008 obrante a fs. 14/15.
Que, en consecuencia, corresponde resolver en autos si se reúnen los elementos facticos y jurídicos para la aplicación del instituto de la autodenuncia y si corresponde reducir el monto de la multa impuesta por la aduana en un 75% Que el instituto de la autodenuncia se encuentra previsto en el art. 917 del C.A., el cual en su parte pertinente (ap. 1, inc. a) dispone “1- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a.) Este por cualquier medio lo hubiere advertido; o b.) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. 1.) La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. 2.) La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones.”
Que cabe aclarar que, conforme surge del texto de la norma, el instituto de la autodenuncia tiene por finalidad permitir que el documentante de la destinación aduanera ponga en evidencia los posibles errores incurridos al comprometer la declaración aduanera antes de que estos puedan ser advertidos por la Aduana. Es decir que la disposición en cuestión, que permite una sustancial reducción de la multa de que se trate, mediante la articulación de la autodenuncia, tiene un claro límite temporal, pues una vez que el error fue detectado, o que la operación comenzó a ser verificada o controlada, o la misma fue concluida, la colaboración del interesado ya no tiene el beneficio fijado por el art. 917 del C.A.. Dicha circunstancia tiene su razón de ser en que el servicio aduanero valora la colaboración que se le prestó para detectar errores durante o mientras la operación aduanera se encuentra en desarrollo, sin que hasta el momento de la “colaboración” aquellos se hubieran detectado, ni la operación hubiera comenzado a ser controlada, verificada o inspeccionada.
Que la actuación administrativa 13289-11033-2008 se inicia con la presentación de fecha 02/05/2008, mediante la cual la firma OMYA ARGENTINA S.A. informa haber incurrido en el error en la clasificación arancelaria del producto consistente en carbonato de calcio, exportado por dicha firma, y solicita que para la determinación de la multa de le aplique la reducción del 75% prevista en el art. 917 ap1, inc. a) del C.A. como así también, se proceda a la rectificación del error y, a los efectos punibles, se proceda conforme lo dispuesto en el art. 958 del C.A.
Que a lo expuesto cabe agregar que, si bien la recurrente pretende ampararse en la resolución DE PRLA 1796/2011, de su lectura resulta que en la misma no se hace referencia a la destinación objeto de autos. Que la defensa expuesta en torno a la autodenuncia realizada en la Aduana de Bs. As. en fecha 02/05/2008, tampoco posee la consistencia necesaria para aceptarla como tal, toda vez que ya en el año 2007 los Agentes Verificadores de la Aduana de San Luis interviniente en operaciones de exportación documentadas por la imputada, efectuaban extracciones de muestras de carácter presuntivo y obteniendo como resultado que “se encuentra compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio natural (calcita)”, con esto queda demostrado de manera indubitable que la Aduana de San Luis, tenía conocimiento del perjuicio fiscal generado por la firma OMYA ARGENTINA S.A. al documentar con una P.A. Incorrecta con sobrada antelación a que se efectúe la mentada autodenuncia.
Que, en virtud de lo antedicho, y en el mismo orden de ideas, es claro que la firma exportadora estaba en conocimiento de esta situación dado que la autodenuncia fue presentada con anterioridad a la oficialización del Permiso de Embarque en trato, por tal motivo deberían haber declarado la PA correcta.
Que por todo lo expuesto corresponde denegar la solicitado de reducción de la multa solicitada en virtud de no reunirse los requisitos previstos en el art. 917 del C.A.
VII. Que por lo anterior corresponde resolver en la causa si se ha configurado la infracción tipificada en el inc. a) del ap. 1ro. del art. 954 del C.A. ya que la PA declarada en el permiso de embarque difiere de la que la DGA determinó como correcta.
Que la norma sanciona a quien para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir -en lo que aquí interesa- “a) un perjuicio fiscal (...)”.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que ello se relaciona directamente con el hecho de que el sistema aduanero, con miras a posibilitar la fluidez y celeridad en el comercio internacional de mercaderías, descansa sobre los principios básicos de “declaración previa” y “despacho en confianza”, que exigen precisamente la veracidad y precisión en la declaración comprometida, toda vez que no toda la mercadería que se pretende importar o exportar es objeto de verificación, sino que ello depende del sistema de selectividad, que determina cuáles serán las mercaderías que serán objeto de verificación por parte del servicio aduanero a los efectos de otorgar o no la autorización pertinente a los fines de su introducción a plaza o su salida al exterior. El servicio aduanero confía en que el importador efectivamente importa lo que ha declarado.
Que conforme se manifestó precedentemente, no se encuentra controvertido en autos que la firma exportadora declaró que la mercadería clasificaba en la P.A. 283.50.00.000N con derechos de exportación del 5% y reintegros del 2,5 % cuando la correcta es la P.A. 2517.49.00.000P con derechos de exportación del 10% y reintegros del 0 %.
Que, en consecuencia, los montos pagados por la firma exportadora en concepto de derechos de exportación son inferiores a los importes correspondientes a la PA que la DGA determinó como correcta.
Que, asimismo, los montos de reintegros a la exportación son superiores de los correspondientes a la PA que la DGA determinó como correcta.
Que, en consecuencia, se confirma la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1ro. inc. a) del C.A.. correspondiendo la imposición de las costas a las co-actoras perdidosas (art. 1163 del C.A.).
VIII. Que corresponde ahora referirse a los tributos en concepto de derechos de exportación reclamados por el servicio aduanero a la firma exportadora y al despachante de aduana, Que la actora no discutió en sede aduanera ni en esta instancia la determinación tributaria ni tampoco controvirtió la multa impuesta por el servicio aduanero, sino que simplemente solicito su reducción en los términos del art. 917 del C.A.
Que por lo expuesto corresponde confirmar el monto reclamado por la DGA en concepto de derechos de exportación y la exigencia de la devolución de los reintegros abonados a la exportadora.
IX. En relación a la responsabilidad de Despachante de Aduana referida a la clasificación arancelaria podemos decir que la misma se realiza a través de un método lógico y sistemático que de acuerdo a normas y principios establecidos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (S.A.) y en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) permiten identificar a través de un código numérico y su correspondiente descripción, el universo de mercaderías, a fin de determinar el tratamiento tributario e impositivo, las intervenciones que puede poseer y formalidades y requisitos que pueden ser necesarios para importar o exportar.
Especificando, diríamos que consiste en una operación de interpretación jurídica de las normas del Sistema Armonizado para encuadrar a una mercadería, primariamente, en una partida del S.A. y, finalmente, en una posición arancelaria o ítem de la N.C.M., o bien en una posición del Sistema Informático Malvinas (S.I.M.) en caso de existir desdoblamiento.
En el caso que nos ocupa, para proceder a una correcta clasificación arancelaria es necesario recurrir a las notas explicativas cuyo Apartado 4 excluye de la partida 2836 a las calizas naturales en tanto sean presentadas en gránulos, fragmentos o polvo remitiéndolas al capítulo 25 debiendo por lo tanto asignarlas a la PA 2517, situación que debió ser conocida por el Despachante de Aduana atento su idoneidad técnica acreditada.
En función de las atribuciones conferidas por el C.A. y de las responsabilidades asumidas como auxiliar del comercio exterior, el responsable legal de la correcta clasificación arancelaria es el despachante de aduana. Ello así en virtud del plexo normativo elaborado al momento de poner en funcionamiento el entonces Sistema Informático María de declaración aduanera, actual Sistema Informático Malvina.
La ley 25.986 (B.O. del 05/01/2005), derogó el art 957 del Código Aduanero que establecía “La clasificación inexacta comprendida en cualquier declaración relativa a operaciones o a destinaciones de importación o de exportación no será punible si se hubieren indicado todos los elementos necesarios para permitir al servicio aduanero la correcta clasificación arancelaria de la mercadería de que se tratare.” Actualmente y, al implementarse la declaración informática de la destinación aduanera, la responsabilidad recae sobre el Despachante de Aduana. “La Corte Suprema tiene resuelto de modo reiterado que atento el rol que desempeña el despachante de aduanas al confeccionar los documentos con los cuales se llega a cometer infracción por consignarse falsas manifestaciones, puede ser considerado como autor de aquellas, por lo que no cabe, como principio, excluirlo de la hipótesis legal de responsabilidad, tanto en materia de importación, como de exportación” (PEREZ NIELSEN, OSCAR ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - ADUANA Cámara Nac. Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Capital Federal C.A.B.A.).
En materia infraccional (penal), la atribución de responsabilidad establecida en el artículo 908 del C.A. es muy clara: “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida.”
El sistema jurídico aduanero argentino prevé que en caso de que el exportador o su despachante tuvieran dudas o consideren que una mercadería se puede clasificar en más de una posición arancelaria, podrá consultar a las autoridades aduaneras por medio del procedimiento de “consulta clasificatoria” establecido en la Res. Gral. AFIP 1618/2003, que se encontraba vigente al momento de los hechos.
Basados en la situación descripta por la firma exportadora respecto de la dificultad para determinar la correcta P.A., se puede afirmar que es menester del despachante de aduana ahondar en esta situación y requerir toda la información necesaria para determinar la correcta clasificación.
Esta situación no está acreditada en el descargo de fs. 29 que oportunamente presentara el Despachante de Aduana en las Actuaciones Administrativas, ya que para que este se libere de las sanciones que le pudieren corresponder, no sólo habrá de presentar las órdenes que le fueron impartidas por el mandante –circunstancia no acreditada en autos-, sino también probar la existencia de alguna causal de exculpación –circunstancia tampoco acreditada en autos- (Sala III, Cámara Contencioso Administrativo Federal “YPF SA (TF 15412-A) c/ DGA”, Causa N° 14467/04, del 16/2/09).
En idéntico sentido y en un precedente similar al presente se ha expedido la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “OMYA ARGENTINA SA (TF 30612-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” manifestando expresamente que: “… el despachante de aduana no interviene únicamente como un mandatario, sino también como un auxiliar del servicio aduanero, en una particular relación que le exige el mayor respeto de las normas legales y de los principios de veracidad y buena fe frente a la administración, impidiendo la realización de hechos que puedan producir un perjuicio al fisco nacional. … como auxiliar del servicio aduanero no debe limitarse a la mera trascripción de la información que le brinda el importador o exportador, pues actúa como profesional obligado a controlar todo aquello que haga al correcto trámite encomendado.”.
X. En virtud de lo expuesto en los puntos precedentes, corresponde confirmar la sanción impuesta al Despachante de Aduana interviniente, con costas (art. 1163 del C.A.).
XI. Ahora bien, en el aspecto tributario y en los términos del art. 779 del Código Aduanero, el despachante de aduana no es responsable por el pago de los tributos con la salvedad de que no acreditare su condición de representante en los términos establecidos por el art. 38 del C.A., situación ajena a la especie, por lo que, a su respecto, corresponde revocar la intimación de pago de tributos y devolución de reintegros que le fuera formulada, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena a la firma OMYA ARGENTINA S.A., al pago de la multa, derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de la multa, por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
3. Revocar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012 en cuanto intima en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de los derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap.1ro., inc. a) del Código Aduanero, con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena a la firma OMYA ARGENTINA S.A., al pago de la multa, derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012, en cuanto condena en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de la multa, por la comisión de la infracción al Art 954, ap. 1ro., inc. a) del Código Aduanero con costas.
3. Revocar parcialmente la Resolución 10/2012 (AD SALU), dictada en las actuaciones administrativas N° 12401-1182-2008 (SC83-035-2009) con fecha 1 de febrero de 2012 en cuanto intima en forma solidaria al despachante de Aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, al pago de los derechos de exportación, y la devolución de reintegros en caso de haber sido percibidos por la comisión de la infracción al Art 954, ap.1ro., inc. a) del Código Aduanero, con costas.
Regístrese y notifíquese. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remítanse en devolución a la DGA las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2024.04.29 21:20:22 -03:00 Date: 2024.04.30 12:02:49 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 12:02:49 -03:00
Fin de la sentencia