Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.170-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.”.
2Revocar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa al despachante de aduana.
3Costas conforme los mutuos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-126156961-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Diciembre de 2021 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para dictar sentencia en los autos caratulados “OMYA ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 32.170-A.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. A fs. 16/18 y vta., se presenta, por apoderado, la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 210/2012 (AD SALU), en cuanto la condena al pago de una multa y le exige tributos en concepto de derechos de exportación, más intereses, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., en relación al permiso de embarque N° 08083EC01001565P.
En primer lugar, remarca que en fecha 02/05/2008, presentó autodenuncia en los términos del art. 917 del C.A. en la cual se encontraba involucrada, entre otras, la destinación aquí en trato y que la Aduana de Buenos Aires, el 14/04/2011, resolvió en forma favorable a ésta, imponiendo una multa atenuada en un 75% de lo que hubiera correspondido. Sostiene que la presentación de autodenuncia fue previa al inicio de las actuaciones sumariales y, en consecuencia, la oficialización de la rectificación fue anterior a que el servicio aduanero advirtiera el error. Manifiesta que la resolución apelada es arbitraria toda vez que no tuvo en cuenta que la autodenuncia presentada ante la Aduana Central comprende la destinación objeto de autos y que el hecho de que el servicio aduanero extrajera muestras de carácter presuntivo, no desvirtúa el accionar espontáneo de la exportadora. Agrega, que la mercadería tramitó mediante canal verde y que la Aduana tomó real conocimiento de la diferencia de la posición arancelaria a raíz de la autodenuncia presentada.
Entiende que las exportaciones realizadas que fueran objetadas como infracción aduanera en este sumario, se encuentran comprendidas en la autodenuncia promovida por OMYA ante la aduana central -en la que se encuentra incluida la destinación objeto de este sumario- y en forma previa a la apertura de este sumario. Refiere a la doctrina de los actos propios toda vez que sería la misma Administración la que por un lado admite y hace lugar al instituto (Aduana Central) y por el otro (Aduana de San Luis) condenaría ante el mismo caso. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 20 y vta., se presenta el despachante de aduana, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 210/2012 (AD SALU), en cuanto lo condena solidariamente con la firma “Omya Argentina S.A.”, al pago de multa y le exige tributos en concepto de derechos de exportación, más intereses, por la comisión de la infracción al art. 954 , ap. 1, inc. a), del C.A.
Adhiere en forma íntegra al recurso de apelación presentado por la exportadora y manifiesta que ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo. Solicita se revoque la resolución apelada en cuanto a la condena solidaria impuesta.
III. A fs. 29/35 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de la causa. Realiza un breve análisis de lo acontecido en sede aduanera y expresa una negativa general de los hechos y el derecho invocados por la contraria.
Manifiesta que en la nota presentada ante la Aduana de Buenos Aires donde la recurrente invocó, en su defensa, la autodenuncia no se observa referencia alguna a la destinación de exportación en trato y tampoco la planilla adjunta con varias destinaciones posee cargo por lo que concluye que no tiene asidero legal ni fáctico los dichos de la recurrente en cuanto a que se habría violentado la doctrina de los actos propios.
Señala, con relación a que se presentó a corregir el error y rectificar la información antes del inicio del sumario, que la cuestión ya ha sido tratada por el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara de Apelaciones sentenciando que “...La presentación de la recurrente fue posterior a la comisión de las infracciones y el supuesto encuadra en el ap. 3 del art. 917 del Código Aduanero por lo cual no puede beneficiarse con el instituto de la autodenuncia.”. Destaca que ya los agentes verificadores de la Aduana de San Luis en el año 2007, respecto de las operaciones de exportación documentadas por la imputada extraían muestras de carácter presuntivo y obtenían mediante informe donde se expresa que el resultado de la muestra en análisis “...se encuentra compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio natural (calcita)”.
Observa que la recurrente no hizo uso del instituto previsto por el art. 323 del C.A. (declaración supeditada) que con la comprobación del servicio aduanero eximiría al exportador de incurrir en infracción conforme el art. 325 del C.A.. Agrega que, por el contrario, la firma recurrente a sabiendas de la existencia de una discrepancia clasificatoria continuó en el tiempo documentando una posición arancelaria que le era significativamente favorable.
Sostiene que las consideraciones a las que arribó el juez administrativo se encuentran justificadas y echan por tierra todo el andamiaje sobre el que pretende la actora desatender su responsabilidad.
Considera que de los antecedentes colectados surge la inexactitud de la declaración efectuada por la firma recurrente.
Por último, ofrece prueba. Hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12401-78-2008 se inician con motivo de la denuncia realizada por la Verificadora interviniente mediante Nota OF. “C” Nro. 64/2009 (AD SALU) obrante a fs. 7/8, en relación con la operación de exportación Nº 08083EC01001565P. A fs. 9 y vta., luce la instrucción de sumario y, consecuentemente, la corrida de vista de fecha 15/07/2009 obrando en autos constancia de su notificación a la actora y al despachante de aduana en fecha 19/09/11 y 23/09/09, respectivamente (ver a tales efectos fs. 37 y 31, respectivamente). En fecha 28/08/2009 se presenta la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” y contesta la vista conferida, ampliando su presentación en fecha 27/09/11 en la que invoco, en su defensa, una autodenuncia presentada en la Aduana de Buenos Aires (ver fs. 44/46) mientras que, por su parte, el despachante de aduana adhiere en todos sus términos a la presentación realizada por la firma actora remitiéndose a las argumentaciones de hecho y derecho allí vertidos. A fs. 79/81 se adjunta el dictamen jurídico N° 124/12 y a fs. 82/85 la Resolución Nº 210/2012 aquí recurrida.
V. Que por la destinación 08083EC01001565P la firma “Omya Argentina S.A.” registró el 16/05/2008 la exportación de mercadería con destino a Bolivia, declarando que la misma clasificaba en la posición arancelaria SIM 2836.50.00.000N, correspondiente a “-Carbonato de calcio CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO”, por un cantidad de 54.000kg y un valor FOB de u$s 8.964.
Que no se encuentra controvertido en autos que al momento de la oficialización de la destinación de exportación, la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” incurrió en error clasificatorio, toda vez que declaró que la mercadería se amparaba en la P.A. SIM 2836.50.00.000N, cuando debería haberse clasificado bajo la P.A. SIM 2517.49.00.000P.
Que, asimismo, la recurrente se agravia en cuanto a que debería haberse aplicado el régimen previsto en el art. 917, ap. 1, inc. a), del C.A., por lo que correspondería la reducción de la multa en un 75%, ello en virtud de la presentación espontánea a la que alude como declaración de autodenuncia, presentada ante la Aduana de Buenos Aires en fecha 02/05/2008 bajo las actuaciones administrativas nro. 13289-11033-2008 (ver fs. 11/13 de autos). Que, en consecuencia, corresponde resolver en autos si se reúnen los elementos fácticos y jurídicos para la aplicación del instituto de la autodenuncia y si corresponde reducir el monto de la multa en un 75%.
VI. Que el instituto de la autodenuncia se encuentra previsto en el art. 917 del C.A., el cual en su parte pertinente (ap. 1, inc. a) dispone: “El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que (…) éste por cualquier medio lo hubiere advertido”.
Seguidamente en el ap. 2 aclara que también procederá dicha reducción “…aún cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación”.
Que cabe aclarar que – conforme surge del texto de la norma - el instituto de la autodenuncia tiene por finalidad permitir que el documentante de la destinación aduanera ponga en evidencia los posibles errores incurridos al comprometer la declaración aduanera antes de que éstos puedan ser advertidos por la Aduana. Es decir que la disposición en cuestión, que permite una sustancial reducción de la multa de que se trate, mediante la articulación de la autodenuncia, tiene un claro límite temporal pues una vez que el error fue detectado, o que la operación comenzó a ser verificada o controlada, o la misma fue concluida, la colaboración del interesado ya no tiene el beneficio fijado por el art. 917 del C.A. Dicha circunstancia tiene su razón de ser en que el servicio aduanero valora la colaboración que se le preste para detectar errores durante o mientras la operación aduanera se encuentra en desarrollo, sin que hasta el momento de esa “colaboración” aquellos se hubieran detectado, ni la operación hubiera comenzado a ser controlada, verificada o inspeccionada.
Que la aquí actora pone de manifiesto que hizo saber a la Aduana de Buenos Aires, en su presentación de fecha 02/05/08 en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 13289-11033-2008, del error en la clasificación arancelaria del producto consistente en carbonato de calcio, exportado por dicha firma, y solicitó que para la determinación de la multa se le aplique la reducción del 75% prevista en el art. 917, ap 1, inc. a) del C.A. Cabe resaltar que la presentación realizada ante la Aduana de Buenos Aires no puede ostentar, en el presente caso, el carácter de autodenuncia (ver Anexo B acompañado a fs. 7/9 de autos). Ello es así, en primer lugar, porque dicha presentación se realizó en fecha 02/05/08 mientras que el permiso de embarque 08083EC01001565P fue oficializado con posterioridad en fecha 16/05/08 de modo que la nota presentada por la recurrente, en aquél momento, nunca pudo individualizar la destinación de exportación señalada pues a ese momento ni siquiera existía. Tampoco dicha nota puede constituir una autodenuncia genérica potencial de todos los casos en los que, en el futuro, la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” declare erróneamente. Por otra parte, la planilla que aporta la recurrente (ver 9/10 de autos) detallando una serie de destinaciones no tiene validez probatoria alguna pues carece de un cargo que acredite la recepción por parte de la Dirección General de Aduanas y no hay otro indicio que haga presumir su efectiva presentación.
Que, por otro lado, la propia recurrente en la nota presentada en fecha 02/05/08 ante la aduana de Buenos Aires expresó “...Siendo así, Omya debería clasificar por el Capítulo 25 del Sistema Armonizado y es lo que está dispuesto a aceptar; de hecho ha comenzado a exportar bajo la P.A. 25.09.” (el resaltado me pertenece). Cabe destacar, sin embargo, que lo plasmado en el escrito no coincide con el obrar que tuvo la recurrente al documentar con posterioridad pues adviértase que en la destinación de exportación de marras 08083EC01001565P (oficializada con posterioridad a dicha nota en fecha 30/06/08) la recurrente declaró, una vez más, erróneamente la P.A. 2836.50.00.000N. En efecto, a sabiendas de la existencia de la discrepancia clasificatoria, la recurrente continuó en el tiempo documentando una posición arancelaria que le era favorable pues a resultas de la reclasificación efectuada, la posición arancelaria Nº 2836.50.00.000N abonaba un 5% de derechos de exportación y percibía un reintegro de 2.5% mientras que la correcta P.A. 2517.49.00.000 abonaba un 10% de derechos de exportación.
Que, por último, la recurrente pretende ampararse en la resolución DE PRLA 1796/2011 (ver fs. 14/15 y vta., de autos) cuando de la lectura de la misma se infiere que dicha resolución no se refiere a la destinación objeto de autos ni hace mención alguna a la misma. Es más, el antecedente invocado corresponde a un supuesto de selectividad con canal verde mientras que el caso de marras se trata de una destinación con canal de selectividad rojo pues se extrajeron muestras para su control presuntivo.
Que por todo lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de reducción de la multa solicitada por la actora en virtud de no reunirse los requisitos previstos en el art. 917 del C.A.
VII. Que corresponde ahora referirse a los tributos en concepto de derechos de exportación reclamados por el servicio aduanero a la firma exportadora y al despachante de aduana.
Que la mercadería amparada por la destinación 08083EC01001565P fue declarada en la posición arancelaria 2836.50.00.000N descripta como “Carbonato de Calcio. CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO” que tributaba un 5% en concepto de derechos de exportación cuando en realidad la mercadería exportada debió ser declarada en la posición arancelaria P.A. 2517.49.00.000 correspondiente a la “CALCITA NATURAL O CALIZA NATURAL” que abonaba un 10% de derechos de exportación.
Que las referidas circunstancias no se encuentran controvertidas en autos por lo que corresponde confirmar el monto impuesto por la DGA a la firma “OMYA ARGENTINA S.A.” en concepto de derechos de exportación. Que, en relación con dicha exigencia al despachante de aduana, cabe destacar que dicho auxiliar del servicio aduanero ejerce una función de representación al realizar en nombre de otros los trámites y diligencias respectivas a las destinaciones y demás operaciones aduaneras de importación o exportación. En efecto, el art. 38 del Código Aduanero expresa los requisitos que deberán observar los despachantes de aduana a efectos de acreditar ante el Servicio Aduanero la representación de sus mandantes.
Que lo característico de la representación es que el efecto jurídico de los actos cumplidos por los representantes se impute directa e inmediatamente a sus representados. En consecuencia, si en ejercicio de una representación debidamente acreditada un despachante de aduana realizare un hecho gravado por tributos aduaneros, no será él sino su representado el deudor de tales tributos.
Que en los términos del art. 779 C.A. el despachante no es responsable por el pago de los tributos con la salvedad que no acreditare su condición de representante en los términos estatuidos en el art. 38 C.A., situación ajena a la especie por lo que corresponde revocar el cargo formulado al despachante de aduana en concepto de tributos.
VIII. Que, sentado ello, cabe analizar si corresponde atribuirle al despachante de aduana, responsabilidad infraccional por la declaración efectuada en el despacho de exportación involucrado, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.
Que la norma en cuestión sanciona al que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal. Que cabe señalar que la operación de exportación de autos fue registrada a través del Sistema Informático María, cuya implementación implicó el reemplazo del sistema de la declaración aduanera “manual”, regulada en el Código Aduanero. Que, la función clasificatoria en el SIM es asumida en primer término por el declarante. Que cabe destacar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandatario del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la Aduana (conf. autos: T.F. 1338-A “Gumhold, Juan c/ A.N.A. s/recurso de apelación y otro”).
Que si bien la clasificación de la mercadería de autos en la posición arancelaria 2517.49.00.000 era de pleno conocimiento y no se encontraba controvertida por la recurrente al momento de la oficialización del despacho de exportación de marras toda vez que ya había presentado la autodenuncia ante la Aduana de Buenos Aires (ver a fs. 11/13) lo cierto es que no se encuentra debidamente acreditado en autos que el despachante de aduana también tuviera conocimiento de ello por lo que no se le puede achacar a este ú ltimo reproche infraccional alguno. Que, en consecuencia, conforme lo expuesto y por aplicación del art. 908 del C.A. corresponde revocar la condena impuesta al despachante de aduana.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.”.
2. Revocar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa al despachante de aduana.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.”.
2. Revocar, parcialmente, la Resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis, en el expediente administrativo nro. 12401-78-2008 en cuanto exige el pago de tributos y multa al despachante de aduana.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
Regístrese y notifíquese a la DGA (33-69345023-9), al Dr. Fernando López Peña (20-10650691-5) y al Sr. Enrique Morel (20-16772919-4). Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación.
Date: 2021.12.28 16:08:46 -03:00 Date: 2021.12.28 16:23:30 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.28 16:23:31 -03:00
Fin de la sentencia