Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.932-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto condena a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” y al despachante de aduana “MOREL CARLOS ENRIQUE” en forma solidaria por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. con costas a la actora.
2Revocar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige al despachante de aduana MOREL CARLOS ENRIQUE el pago de tributos y la devolución de reintegros con costas a la demandada.
3Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” el pago de la diferencia de derechos de exportación correspondientes al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, los que se tienen por cancelados conforme constancias obrantes a fjs. 82/98 de autos.
4Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” la devolución del monto en concepto de reintegros cobrados indebidamente en relación al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-19301641-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Febrero de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “Omya Argentina SA c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte Nro 30.932-A El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 22/26, se presenta, por apoderado, la firma "OMYA ARGENTINA S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 47/2012 (AD SALU), dictada en la Actuación 12403-236-2010, en cuanto la condena en forma solidaria con el despachante de aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL” al pago de una multa por la suma de $1.318,58 y les exige el pago de tributos (derechos de exportación), cuyo monto asciende a $841,37, con más intereses, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A y la devolución de la suma de $477,22 cobrado en concepto de reintegros, en relación con el PE N° 05083EC01003308J, al haberse declarado una posición arancelaria (PA) de la mercadería diferente a la que correspondía.
En primer lugar, señala que con fecha 02/05/2008, presentó autodenuncia en los términos del art. 917 del C.A. (bajo Act Nro 13289-11033-2008) en la cual se encontraba involucrada, entre otras, la destinación aquí en trato y que la Aduana de Buenos Aires, el 14/04/2011, resolvió en forma favorable a esta, imponiendo una multa atenuada en un 75% de lo que hubiera correspondido en su graduación mínima. Sostiene que la presentación de la autodenuncia fue previa al inicio de las actuaciones sumariales instruidas y, en consecuencia, la oficialización de la rectificación fue anterior a que el servicio aduanero advirtiera el error incurrido en la declaración. Manifiesta que la resolución apelada es arbitraria, toda vez que no tuvo en cuenta que la autodenuncia presentada ante la Aduana Central comprende la destinación objeto de autos y que el hecho de que el servicio aduanero extrajera muestras de carácter presuntivo no desvirtúa el accionar espontáneo de la exportadora. Agrega que la exportación en trato tramitó por canal verde y que la Aduana tomó real conocimiento de la diferencia de la posición arancelaria declarada a raíz de la autodenuncia presentada. Aduce que la autodenuncia promovida ante la aduana central fue presentada en forma previa a la apertura del sumario que originara la cuestión. Refiere a la doctrina de los actos propios y manifiesta que la Aduana Central admitió la aplicación del instituto de la autodenuncia y la Aduana de San Luis –que resolvió en el caso- condenó a la firma en un supuesto que presenta características idénticas. Hace saber que se ha acogido a la moratoria fiscal instaurada por la AFIP mediante Res. Gral. N° 2518/08 que estableció un nuevo régimen especial de facilidades de pago. Indica que ha realizado el pago de la deuda original por tributos de acuerdo a la moratoria instaurada por la propia Administración y expresa que dicho pago fue aceptado y acordado con el servicio aduanero dentro del régimen de moratoria establecido. Ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
A fs. 27 el despachante de aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, apela la mencionada Resolución N° 47/2012 (AD SALU) y adhiere en forma íntegra al recurso de apelación presentado por la firma "OMYA ARGENTINA S.A." remitiendo a los argumentos de hecho y de derecho alegados. Manifiesta que ha cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación o destinación en los términos de lo normado en los arts 902 y 908 del CA, habiendo actuado como mandatario del exportador, declarando de acuerdo con sus instrucciones y, solicita que se revoque la resolución apelada en cuanto le imputa la conducta prevista en el art 954, inc a) del CA.
II. A fs. 66/73 la representación fiscal, previo emplazamiento, contesta el traslado de los recursos y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de la causa. Realiza un breve análisis de lo acontecido en sede aduanera y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Alude que en el caso no corresponde la aplicación del instituto de la autodenuncia, debido a que la presentación realizada por la exportadora no hace referencia al PE en trato y asimismo resulta extemporánea teniendo en cuenta la fecha en que fue presentada. Sostiene que la decisión en análisis se halla sufientemente fundada en los hechos comprobados en la causa y en el derecho aplicable. Refiere que la imputación se realizó como consecuencia de la extracción de una muestra de la mercadería exportada, realizada en el año 2007 sobre exportaciones realizadas por la recurrente, con anterioridad a que la exportadora realizara la presentación ante la Aduana, poniendo en conocimiento el error incurrido. Indica que la toma de muestra realizada en el año 2007 implicó para la recurrente la posibilidad cierta y tangible de ser desenmascarada, dado que la infracción subyacente se repetía en todas las destinaciones documentadas. Arguye que no resulta procedente la aplicación del instituto en trato al considerarse que la toma de muestras y su consecuente análisis es un nítido e incuestionable proceso de inspección aduanera. Cita jurisprudencia y respecto de la moratoria alegada, expresa que oportunamente deberá correrse traslado, con las actuaciones administrativas, a la Sección Liquidaciones para que se expida al respecto. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. A fs. 74 se abre la causa a prueba, que obra producida a fs. 80/98. A fs 106 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 108 se pasan los autos para alegar y habiendo vencido el plazo dispuesto a fs. 108 sin que ninguna de las partes hiciera uso del derecho conferido, a fs. 112 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12403-236-2010 se inician con la Nota nro 283/2010 Sec V (AD SALU) del 29/10/2010 en la que se considera que se encontraría configuarada la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA, al haberse incurrido en un error en la PA declarada en el PE Nro 07 083 EC01 003002C. A fs. 6 se agrega la denuncia efectuada el 29/10/2010 y a fs. 9 se agrega la carpeta de la mencionada destinación, oficializada el 10/11/2005, que tramitó por canal ROJO de selectividad. A fs. 10/11 el Sub-administrador de la Aduana de San Luis, con fecha 23/11/2010, ordena la instruccion de sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA. A fs. 12 se corre vista de lo actuado a la exportadora y al despachante de aduana, que se notifican el 29/11/2011 (ver fs. 13/16). A fs. 17/20, la firma "OMYA ARGENTINA S.A." contesta la vista conferida y a fs. 36, lo hace el despachante de aduanas. A fs. 37 se tienen por contestados los traslados conferidos y a fs. 43/45 se emite el Dictamen 46/2012. Finalmente a fs. 46/49 se dicta la resolución apelada en la causa.
V. Que en virtud de los agravios esgrimidos por la recurrente (exportadora) a los que adhirió el despachante de aduana “CARLOS ENRIQUE MOREL”, corresponde analizar si resulta aplicable al caso el instituto de la autodenuncia previsto en el art 917 del CA.
Que por el PE N° 05083EC01003308J la firma recurrente registró el 10/11/2005 la exportacion de mercadería con destino a Chile, que tramitó por canal ROJO de selectividad, declarando que la misma clasificaba en la posición arancelaria SIM 2836.50.00.000N, correspondiente a "-Carbonato de calcio CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO", por una cantidad de 55.000kg y un valor FOB de u$s 4.070.
Que no se encuentra controvertido en autos que al momento de la oficialización de la destinación de exportación, la firma "OMYA ARGENTINA S.A." incurrió en un error clasificatorio, toda vez que declaró que la mercadería clasificaba en la P.A. SIM 2836.50.00.000N (liquidando derechos de exportación del 5%, con reintegros del 2,5% ), cuando debería haberse clasificado bajo la P.A. SIM 2517.49.00.000P, cuyo tratamiento arancelario era del 10% con 0% de reintegros. Que, la exportadora se agravia en autos, tal como lo hiciera en sede administrativa invocando que en el caso corresponde aplicar lo previsto en el art. 917, ap. 1, inc. a), del C.A., y en consecuencia la reducción de la multa establecida en el art 954 inc a) del CA, en un 75%, en virtud de la presentación espontánea a la que alude como declaración de autodenuncia, presentada ante la Aduana de Buenos Aires en fecha 02/05/2008 bajo las actuaciones administrativas nro. 13289- 11033-2008 (ver el Anexo B acompañado a fs. 27/29 de las act. adm.).
Que, en consecuencia, corresponde resolver en autos si se reunen los elementos fácticos y jurídicos para la aplicación del instituto de la autodenuncia y si corresponde reducir el monto de la multa impuesta por la aduana en un 75%. Que el instituto de la autodenuncia se encuentra previsto el art. 917 del C.A., el cual en su parte pertinente (ap. 1, inc. a) dispone: “El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que:a) Este por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería”.
“2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación...”. Que cabe aclarar que -conforme surge del texto de la norma- el instituto de la autodenuncia tiene por finalidad permitir que el documentante de la destinación aduanera ponga en evidencia los posibles errores incurridos al comprometer la declaración aduanera antes de que estos puedan ser advertidos por la Aduana. Es decir que la disposición en cuestión, que permite una sustancial reducción de la multa de que se trate, mediante la articulación de la autodenuncia, tiene un claro limite temporal, pues una vez que el error fue detectado, o que la operación comenzó a ser verificada o controlada, o la misma fue concluida, la colaboración del interesado ya no tiene el beneficio fijado por el art. 917 del C.A. Dicha circunstancia tiene su razón de ser en que el servicio aduanero valora la colaboración que se le prestó para detectar errores durante o mientras la operación aduanera se encuentra en desarrollo, sin que hasta el momento de esa "colaboración" aquellos se hubieran detectado, ni la operación hubiera comenzado a ser controlada, verificada o inspeccionada. Que la actuacion administrativa 13289-11033-2008 se inicia con la presentación de fecha 02/05/2008, mediante la cual la firma "OMYA ARGENTINA S.A." informa haber incurrido en el error en la clasificacien arancelaria del producto consistente en carbonato de calcio, exportado por dicha firma, y solicita que para la determinación de la multa se le aplique la reducción del 75% prevista en el art. 917, ap 1, inc. a) del CA; como así tambien, se proceda a la rectificacien del error y, a los efectos punibles, se proceda conforme lo dispuesto en el art. 958 del C.A.
Cabe resaltar, en primer lugar, que la presentación realizada por la exportadora se llevó a cabo el 02/05/2008, siendo que el PE involucrado en la causa, que tramitó por canal ROJO contrariamente a lo que sostiene la recurrente, se documentó el 10/11/2005, es decir que desde que el servicio aduanero realizó el control documental y verificó la mercadería en trato hasta la presentación de la recurrente -que invoca como autodenuncia- transcurrió un plazo de más de dos años. Que de lo expuesto se evidencia que a la fecha de la presentación de la autodenuncia al PE en cuestión ya se le había asignado el canal ROJO de selectividad -que implica el control documental y físico de la mercadería- y siendo ello así no se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el art. 917 del CA y no resulta en el caso procedente la aplicación de dicho instituto.
Que a lo expuesto cabe agregar que si bien la recurrente pretende ampararse en la Resolución DE PRLA 1796/2011, de su lectura resulta que en la misma no se hace referencia a la destinacien objeto de autos.
Que por todo lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de reducción de la multa solicitada en virtud de no reunirse los requisitos previstos en el art. 917 del C.A.
VI. Que corresponde ahora referirse a los tributos en concepto de derechos de exportación reclamados por el servicio aduanero a la firma exportadora y al despachante de aduana.
Que la actora no discutió en sede aduanera -ni en esta instancia- la determinación tributaria ni tampoco controvirtió la multa impuesta por el servicio aduanero, sino que simplemente solicitó su reducción en los términos del art. 917 del Código Aduanero.
Que en cuanto al pago de los derechos de exportación relativos al PE 05 083 EC01 003308J, debe señalarse que conforme se desprende de la prueba producida, a fs. 82/98, los mismos han sido cancelados por la firma "OMYA ARGENTINA S.A." al acogerse a los planes de pago (MIS FACILIDADES) Resolución General N° 2774 bajo el Nro D355745 y Resolución General N° 2518/08 bajo el Nro B772180, en cuotas y que se encuentran en estado CANCELADO / PAGADO.
Por lo expuesto corresponde confirmar el monto impuesto por la DGA en concepto de derechos de exportación, teniendolo por cancelado conforme lo señalado ut-supra y la exigencia de devolución de los reintegros abonados a la exportadora.
VII. Que sin perjuicio de que en la causa ha quedado acreditada la cancelación de los tributos en cuestión, no puede dejar de señalarse, la improcedencia de dicha exigencia al despachante de aduana. Ello así, dado que los despachantes como auxiliares del servicio aduanero ejercen una función de representacion al realizar en nombre de otros los tramites y diligencias respectivas a las destinaciones y demas operaciones aduaneras de importación o exportación. En efecto, el art. 38 del Código Aduanero establece los requisitos que deben observar los despachantes de aduana a efectos de acreditar ante el Servicio Aduanero la representación de sus mandantes.
Que lo característico de la referida representación es que el efecto jurídico de los actos cumplidos por los representantes se impute directa e inmediatamente a sus representados. En consecuencia, si en ejercicio de una representación debidamente acreditada un despachante de aduana realizare un hecho gravado por tributos aduaneros, por ejemplo, si sometiera la mercadería de su mandante a una destinacion de importacion para consumo, no será sino su representado el deudor de tales tributos.
Que en los términos del art. 779 C.A. el despachante no es responsable por el pago de los tributos con la salvedad que no acreditare su condicion de representante en los términos estatuidos en el art. 38 C.A., situación ajena a la especie. Por lo expuesto, corresponde revocar el cargo formulado al despachante de aduana en concepto de derechos de exportación.
VIII. Que, sentado ello, cabe analizar si corresponde atribuirle al despachante de aduana, responsabilidad infraccional por la declaración efectuada en el permiso de embarque en trato, en los terminos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. Que la norma en cuestión sanciona al que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importacion o de exportacion, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal.
Que cabe señalar que la operacion de exportación de autos fue registrada a traves del Sistema Informático María, cuya implementacien implicó el reemplazo del sistema de la declaracion aduanera "manual", regulada en el Código Aduanero.
Por ello, la función clasificatoria en el SIM es asumida en primer término por el declarante.
Que cabe destacar que el despachante de aduana no solo actúa como mandatario del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la Aduana (conf. autos: TS. 1338-A "Gumhold, Juan c/ A.N.A. s/recurso de apelacian y otro"). Que no se encuentra debidamente acreditado en autos que el despachante de aduana se hubiera apartado en su declaración aduanera a los datos de la documentacion complementaria brindada por la recurrente. De hecho, fue la propia firma exportadora quien presentó la autodenuncia reconociendo la declaración inexacta en la clasificación arancelaria por lo que no se le puede achacar dicha conducta al despachante. En consecuencia, conforme lo expuesto y por aplicación del art. 908 del C.A. corresponde revocar la condena impuesta al despachante de aduana.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución N° 047/2012 (AD SALU), dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto imputa a la firma exportadora "OMYA ARGENTINA S.A." la comisión de la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA y exige el pago de multa, tributos y la devolución de reintegros, con costas a la actora.
2. Declarar que el monto exigido por la DGA en concepto de derechos de exportación, conforme lo señalado en el Considerando VI del presente voto, se encuentra cancelado.
3. Revocar, parcialmente, la Resolución N° 047/2012 (AD SALU), en cuanto exige el pago de tributos y multa al despachante de aduana, con costas al fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al VI del Voto del Dr. Christian González Palazzo.
II. Que, en cambio, disiento con el Dr. González Palazzo en cuanto a los puntos VII y VIII de su voto en virtud de las siguientes consideraciones:
III. La clasificación arancelaria se realiza a través de un método lógico y sistemático que de acuerdo a normas y principios establecidos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (S.A.) y en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) permiten identificar a través de un código numérico y su correspondiente descripción, el universo de mercaderías, a fin de determinar el tratamiento tributario e impositivo, las intervenciones que puede poseer y formalidades y requisitos que pueden ser necesarios para importar o exportar.
Especificando, diríamos que consiste en una operación de interpretación jurídica de las normas del Sistema Armonizado para encuadrar a una mercadería, primariamente, en una partida del S.A. y, finalmente, en una posición arancelaria o ítem de la N.C.M., o bien en una posición del Sistema Informático Malvinas (S.I.M.) en caso de existir desdoblamiento.
En el caso que nos ocupa, para proceder a una correcta clasificación arancelaria es necesario recurrir a las notas explicativas cuyo Apartado 4 excluye de la partida 2836 a las calizas naturales en tanto sean presentadas en gránulos, fragmentos o polvo remitiéndolas al capítulo 25 debiendo por lo tanto asignarlas a la PA 2517, situación que debió ser conocida por el Despachante de Aduana atento su idoneidad técnica acreditada.
IV. En función de las atribuciones conferidas por el C.A. y de las responsabilidades asumidas como auxiliar del comercio exterior, el responsable legal de la correcta clasificación arancelaria es el despachante de aduana. Ello así en virtud del plexo normativo elaborado al momento de poner en funcionamiento el entonces Sistema Informático María de declaración aduanera, actual Sistema Informático Malvina.
La ley 25.986 (B.O. del 05/01/2005), derogó el art 957 del Código Aduanero que establecía “La clasificación inexacta comprendida en cualquier declaración relativa a operaciones o a destinaciones de importación o de exportación no será punible si se hubieren indicado todos los elementos necesarios para permitir al servicio aduanero la correcta clasificación arancelaria de la mercadería de que se tratare.” Actualmente y, al implementarse la declaración informática de la destinación aduanera, la responsabilidad recae sobre el Despachante de Aduana. “La Corte Suprema tiene resuelto de modo reiterado que atento el rol que desempeña el despachante de aduanas al confeccionar los documentos con los cuales se llega a cometer infracción por consignarse falsas manifestaciones, puede ser considerado como autor de aquellas, por lo que no cabe, como principio, excluirlo de la hipótesis legal de responsabilidad, tanto en materia de importación, como de exportaciones” (PEREZ NIELSEN, OSCAR ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - ADUANA Cámara Nac. Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Capital Federal C.A.B.A.).
En materia infraccional (penal), la atribución de responsabilidad establecida en el artículo 908 del C.A. es muy clara: “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida.”
V. El sistema jurídico aduanero argentino prevé que en caso de que el exportador o su despachante tuvieran dudas o consideren que una mercadería se puede clasificar en más de una posición arancelaria, podrá consultar a las autoridades aduaneras por medio del procedimiento de “consulta clasificatoria” establecido en la Res. Gral. AFIP 1618/2003, que se encontraba vigente al momento de los hechos.
VI. Basados en la situación descripta por la firma exportadora respecto de la dificultad para determinar la correcta P.A., se puede afirmar que es menester del despachante de aduana ahondar en esta situación y requerir toda la información necesaria para determinar la correcta clasificación.
Esta situación no está acreditada en el descargo de fjs. 36 que oportunamente presentara el Despachante de Aduana en las Actuaciones Administrativas, ya que para que este se libere de las sanciones que le pudieren corresponder, no sólo habrá de presentar las órdenes que le fueron impartidas por el mandante –circunstancia no acreditada en autos-, sino también probar la existencia de alguna causal de exculpación –circunstancia tampoco acreditada en autos- (Sala III, Cámara Contencioso Administrativo Federal “YPF SA (TF 15412-A) c/ DGA”, Causa N° 14467/04, del 16/2/09).
En idéntico sentido y en un precedente similar al presente se ha expedido la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “OMYA ARGENTINA SA (TF 30612-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” manifestando expresamente que: “… el despachante de aduana no interviene únicamente como un mandatario, sino también como un auxiliar del servicio aduanero, en una particular relación que le exige el mayor respeto de las normas legales y de los principios de veracidad y buena fe frente a la administración, impidiendo la realización de hechos que puedan producir un perjuicio al fisco nacional. … como auxiliar del servicio aduanero no debe limitarse a la mera trascripción de la información que le brinda el importador o exportador, pues actúa como profesional obligado a controlar todo aquello que haga al correcto trámite encomendado.”.
VII. En virtud de lo expuesto en los puntos precedentes, corresponde confirmar la sanción impuesta al Despachante de Aduana interviniente, con costas (art. 1163 del C.A.).
VIII. Ahora bien, en el aspecto tributario y en los términos del art. 779 del Código Aduanero, el despachante de aduana no es responsable por el pago de los tributos con la salvedad que no acreditare su condición de representante en los términos establecidos por el art. 38 del C.A., situación ajena a la especie, por lo que a su respecto, corresponde revocar la intimación de pago de tributos y devolución de reintegros que le fuera formulada, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.).
Por los fundamentos expuestos, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto condena a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” y al despachante de aduana “MOREL CARLOS ENRIQUE” en forma solidaria por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige al despachante de aduana MOREL CARLOS ENRIQUE el pago de tributos y la devolución de reintegros con costas a la demandada.
3. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” el pago de la diferencia de derechos de exportación correspondientes al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, los que se tienen por cancelados conforme constancias obrantes a fjs. 82/98 de autos.
4. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” la devolución del monto en concepto de reintegros cobrados indebidamente en relación al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, con costas a la actora.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al Voto del Dr. Juarez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoria, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto condena a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” y al despachante de aduana “MOREL CARLOS ENRIQUE” en forma solidaria por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige al despachante de aduana MOREL CARLOS ENRIQUE el pago de tributos y la devolución de reintegros con costas a la demandada.
3. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” el pago de la diferencia de derechos de exportación correspondientes al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, los que se tienen por cancelados conforme constancias obrantes a fjs. 82/98 de autos.
4. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nro. 047/2012 (AD SALU) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12403-236-2010 en cuanto exige a la firma exportadora “OMYA ARGENTINA S.A.” la devolución del monto en concepto de reintegros cobrados indebidamente en relación al Permiso de Embarque Nro. 05083EC01003308J, con costas a la actora.
Regístrese, notifíquese a las actoras en el domicilio sito en la calle Paraguay 609, Piso 3 Oficina “E” de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y, oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros remítanse en devolución las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juarez y Juan Manuel Soria (por encontrarse en uso de licencia el Dr. Juarez).
Date: 2024.02.22 16:41:47 -03:00 Date: 2024.02.22 17:23:31 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.23 13:19:45 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.23 13:19:46 -03:00
Fin de la sentencia