Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32170-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir los agravios de la parte demandada, revocar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio, e imponer las costas de ambas instancias a cargo del despachante de aduana.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
44744/2022 OMYA SA (TF 32170-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2022, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “OMYA SA (TF 32170-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 210/2012 dictada por la Aduana de San Luis en cuanto exigió a la firma Omya Argentina S.A. el pago de los tributos aduaneros y de una multa, y la revocó en relación con el despachante de aduana.
Expuso las siguientes razones:
i. No está controvertido que la firma actora cometió un “error clasificatorio toda vez que declaró que la mercadería se amparaba en la P.A. SIM 2836.50.00.000N, cuando debería haberse clasificado bajo la P.A. SIM 2517.49.00.000P”.
ii. A pesar de que la firma recurrente conocía la “existencia de una discrepancia clasificatoria” consignó una posición arancelaria errónea por la cual debía tributar una suma menor por derechos de exportación.
iii. Ella intenta “ampararse en la resolución DE PRLA 1796/2011 (…) cuando de la lectura de la misma se infiere que dicha resolución no se refiere a la destinación objeto de autos”.
iv. No se encuentran configurados los requisitos contemplados en el artículo 917 del Código Aduanero para reducir el monto de la multa.
v. Según el artículo 799 de ese código, el despachante de aduana no es responsable por el pago de los tributos salvo que “no acreditare su condición de representante en los términos estatuidos en el art. 38 del C.A”.
vi. Acerca de la responsabilidad infraccional del despachante de aduana, “si bien la clasificación de la mercadería de autos en la posición arancelaria 2517.49.00.000 era de pleno conocimiento y no se encontraba controvertida por la recurrente” no está probado que el despachante de aduana “tuviera conocimiento de ello por lo que no se le puede achacar a este último reproche infraccional alguno”.
II. El Fisco Nacional apeló la sentencia y expresó los siguientes agravios que no fueron replicados:
1. La sentencia es contradictoria porque señala la falta de controversia sobre la adecuada clasificación de la mercadería y, paralelamente, concluye en que “no se acreditó en autos que el despachante tuviera conocimiento del error en el cual se había incurrido”.
2. La declaración aduanera “no constituye una transcripción sin más de datos sino que implica una labor que hace justamente a la profesión del despachante de aduana, el que reviste el carácter de auxiliar del servicio aduanero”.
3. No es “exigible a los fines de realizar su tarea que el despachante posea conocimientos técnicos específicos sobre todas las mercaderías” pero ello no lleva a “invalidar el buen criterio y solvencia con la que se encuentra obligado a llevar adelante la tarea que le encomendara su comitente”.
III. Cabe recordar que esta sala, en el precedente “Marrero, José Alberto (TF 28343-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (pronunciamiento del 8 de mayo de 2018), que exhibe una sustancial analogía con esta causa, expuso las siguientes aseveraciones:
1. “[L]as obligaciones del despachante de aduana no se limitan a un mero trabajo administrativo de transcripción de datos en planillas sino que debe controlar el correcto trámite de las operaciones aduaneras y el efectivo destino de los elementos declarados a la luz del requisito habilitante que se le impone mediante el artículo 41, ap. 2, b) del C.A., que consiste en acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que para tal fin se establecen”.
2. “[E]l despachante actúa como mandatario del importador y/o exportador, lo hace también como auxiliar del servicio aduanero (artículo 36, apartado 2, del Código Aduanero) en una particular relación que le exige mayor respeto a las normas legales y a los principios de veracidad y buena fe CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 44744/2022 OMYA SA (TF 32170-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO frente a la administración impidiendo la realización de hechos que puedan producir un perjuicio al fisco”.
3. Dicho profesional “debe acreditar la existencia de causales de exculpación” y, por tanto, probar “que cumplió con las obligaciones a su cargo, o que tal circunstancia se desprenda de los antecedentes administrativos tenidos a la vista al resolver”.
IV. Como puede apreciarse, los planteos apuntan a revertir la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en relación con el reproche infraccional atribuido al despachante de aduana en la resolución 210/2012.
V. El agravio debe ser admitido.
Es decisivo ponderar que el 2 de mayo de 2008 (fs. 11/13) la empresa actora presentó un escrito ante el servicio aduanero con el objeto de “corregir la posición arancelaria de cierto producto [carbonato de calcio] cuya exportación realiza Omya” con la pretensión de que su conducta tuviera encuadramiento en un supuesto de “autodenuncia” previsto en el artículo 917 del Código Aduanero.
Por tanto, al tiempo en que el despachante de aduana documentó las operaciones observadas por el Fisco Nacional (el 16 de mayo de 2008) éste conocía o debía conocer la correcta posición arancelaria de los bienes involucrados.
Es relevante señalar que aquél no realizó ningún planteo concreto para exculpar el reproche infraccional ya que en el recurso de apelación (fs. 20) adhirió “en forma íntegra” a los planteos formulados por la empresa actora en su recurso —que, como se vió, fueron rechazados— y, de una manera complementaria, manifestó haber “cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación o destinación” sin ninguna precisión adicional que permita conocer el alcance del planteo.
Consiguientemente, puede afirmarse que expresión contenida en la resolución 210/2012 en el sentido de que no surge de las constancias administrativas que el despachante “haya tomado los recaudos necesarios [al] clasificar una mercadería que […] la misma empresa OMYA ARGENTINA S.A., manifestó haber tenido inconvenientes en la clasificación arancelaria” no fue eficazmente rebatida.
VI. Corresponde, pues, admitir los agravios del Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada en el aspecto examinado.
VII. Las costas de ambas instancias, en relación con la cuestión aquí tratada, quedan a cargo del despachante de aduana que es vencido (artículo 1163 del Código aduanero; y artículos 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: admitir los agravios de la parte demandada, revocar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio, e imponer las costas de ambas instancias a cargo del despachante de aduana en los términos del considerando VII.
La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: admitir los agravios de la parte demandada, revocar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio, e imponer las costas de ambas instancias a cargo del despachante de aduana.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que la jueza Clara María do Pico no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia