Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 49.371-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $19.746,27.-(diecinueve mil setecientos cuarenta y seis con veintisiete pesos) por la representación procesal y de $49.365.67.-(cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco con sesenta y siete pesos) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $111.308 (pesos ciento once mil trescientosocho) equivalente a 12.37 (doce 37/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y por el patrocinio letrado, la suma de $278.270 (pesos doscientos setenta y ocho mil doscientos setenta) equivalente a 30.92 (treinta con 92/100) UMA en la segunda y tercera etapa, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-87336491-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Agosto de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 49.371-I caratulado "OPERADORA FERROVIARIA S.E. s/ recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 70/83 vta. Operadora Ferroviaria S.E. interpone recurso de apelación contra la R esolución N° 136/18 (DV RR1P) de fecha 23 de octubre de 2018 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión Recursos 1 de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se determinó la obligación impositiva con carácter parcial en el Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas en los meses de 06/2015 a 09/2015, 11/2015 y 12/2015, con más sus intereses, quedando diferida según art. 20 de la ley N° 24.769 la calificación de la conducta que se derive de los hechos expuestos.
Relata que mediante ley N° 26.352 de Reordenamiento Ferroviario, se dispuso en 2008, la creación de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado ( de aquí en más SOFSE), que tiene por objeto la prestación de serviciosde transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante, el mantenimiento de lainfraestructura ferroviaria que utilice para la operación ferroviaria a su cargo y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.
Explica que al tratarse de una Sociedad del Estado, su capital social está constituido por aportes del Estado Nacional, quedando excluido por ley N° 20.705 de toda participación de capitales privados. En este marco, se le asignó la operación técnica del servicio de fer rocarriles. En 2013 se le destinó la operación integral de servicios de transporte del Tren de la Costa, de las Líneas General Roca, General San Martín, Belgrano Sur, Líneas Mitre y Sarmiento. A su vez, en el mismo año le otorgaron las prestaciones de servicios interurbanos de pasajeros en los corredores ferroviarios C.A.B.A – Ciudad de Córdoba, C.A.B.A. – Ciudad de San Miguel de Tucumán y Ciudad de Córdoba – Cruz del Eje. Por último, le concedieron la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito de la Pcia. de Entre Ríos.
Destaca que se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presuntaconforme art. 56 de ley N° 27.008, sancionada en 2014. Es decir que para el período fiscal 2015, contaba con dicha beneficio y como consecuencia no pudo deducir como gasto de su balance impositivo ninguno de los pagos realizados a Vial Suárez Constructora S.R.L. (proveedora cuestionada) (en adelante Vial Suárez), como resultado de la obra realizada.
Pone de resalto que la obra de refacción en cuestión, de la Bodega Almacén N° 9 de la Estación Victoria fue iniciada y adjudicada a Vial Suárez por Corredores Ferroviarios S.A.
Que mediante resolución ministerial N° 1083/2013MIyT se otorgó a SOFSE la prestación de los servicios de transporte ferroviario correspondientes a las Líneas Mitre y Sarmiento, transfiriéndoles los acuerdos de operación suscriptos por el Estado con la UGOMS y la UGOFE. Que dichos acuerdos tienen por objeto encomendar a esta Operadora la gestión y gerenciamiento, por cuenta y orden de ella, de la operación integral de los servicios ferroviarios de pasajeros, asumiendo las responsabilidades que deriven.
Que mediante resolución ministerial N° 171/2015 “…se instruyó a esta SOFSE para que instrumente las medidas necesarias a los efectos de rescindir los Acuerdos de Operación suscriptos con Corredores Ferroviarios S.A., por medio del cual esta última asumió la gestión y el gerenciamiento de la operación integral de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros correspondientes a las Líneas Mitre, Gral San Martín y Belgrano Sur”. Que hasta el último día de febrero de 2015, la Línea Mitre era operada por Corredores Ferroviarios S.A., y fue recién a partir de esa fecha que SOFSE se hizo cargo de la misma en forma directa, como así también de las contrataciones que se encontraban en ejecución. Como conclusión, la contratación de Vial Suarez fue un proceso iniciado y adjudicado por Corredores Ferroviarios S.A. y que SOFSE recién tomó contacto al momento de la ejecución de la obra efectuando distintos pagos, en virtud de las diferentes rescisiones de acuerdos. Que tuvo que continuar con las contrataciones que se encontraban pendientes a fin de no entorpecer ni interrumpir la realización de determinadas obras o la prestación de servicios esenciales para la actividad ferroviaria.
Se agravia en primer lugar entendiendo que la AFIP interpreta en forma errónea la conducta probatoria desplegada por esta parte y que la resolución es arbitraria, planteando esto en forma de nulidad. Explica que no desconoce que el impuesto en cuestión constituye un gravamen destinado a cubrir la omisión de un tercero de ingresar el impuesto a las ganancias en su justa medida; sin embargo, no es ilimitada la potestad de la AFIP de pretender el cobro de dicho gravamen, ya que de acuerdo al art. 37 de la Ley del Impuesto las Ganancias, debe haber una erogación que carezca de documentación y que además ésta no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Que esos dos presupuestos tienen que cumplirse de forma concurrente, los cuales no se cumplen en el caso. Que la resolución que se impugna resulta arbitraria, ya que desconoce la prueba acompañada y ofrecida por esta parte, sin fundamento válido, con la única finalidad de que SOFSE se haga cargo del impuesto dejado de pagar por Vial Suarez. Así es como no se dan los presupuestos necesarios para aplicar el art. 37 ya enunciado, ya que se estarían vulnerando los principios de defensa en juicio y el debido proceso.
Respecto del segundo agravio, alega que la AFIP rechazó sin fundamentos la prueba ofrecida. No solo no hizo mérito de la documental aportada durante la fiscalización, sino que además rechazó la prueba informativa y testimonialsolicitada.
En lo que hace a la tercera imputación planteada, destaca que la Resolución N°136/2018 resulta nula por falta de motivación. Que dicha resolución no hace mención a la conducta reprochable de SOFSE, sino que se limita a enunciarlos incumplimientos fiscales de Vial Suarez, los cuales no pueden servir para reclamarle el pago del impuesto en cuestión a esta parte. Finalmente, sostiene que la carga de la prueba pesa sobre el ente fiscalizador que es quien tiene que desvirtuar la presunción de inocencia.
Continúa su relato, afirmando que “las erogaciones efectuadas a Vial Suarez fueron destinadas en su totalidad al giro normal de la actividad” de SOFSE. Que dichas erogaciones se corresponden con una obra que fue efectivamente realizada, conforme se acredita con los certificados de obra y fotografías acompañados en las actuaciones ante AFIP. Los mencionados certificados se encuentran suscriptos por un representante de Vial Suarez de la Facultad de Ingeniería de la UBA y de SOFSE.
Que la Administración no ha podido probar fehacientemente la falta de respaldo documental de las erogaciones efectuadas, convirtiéndose así la determinación en arbitraria. Solicita que se aplique la ley N° 19.983 de conflictos interadministrativos en virtud del carácter de los entes involucrados. Que dicha ley y su Decreto Reglamentario 2481/93 establecieron un procedimiento especial destinado a tramitar y solucionar los conflictos económicos generados en la Administración Pública. Considera que las autoridades competentes para resolver el caso son el Poder Ejecutivo Nacional o bien el Procurador del Tesoro de la Nación, por lo que solicita se remitan las actuaciones a quien corresponda. Por último, ofrece prueba documental, testimonial e informativa y por los argumentos que desarrolla, pide que se revoque la resolución recurrida y se deje sin efecto la determinación de oficio incoada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 92/100 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos y acompaña los antecedentes administrativos.
Niega todos y cada uno de los hechos invocados por la actora, que no sean objeto de aceptación o de un reconocimiento expreso del Fisco, o surjan de los antecedentes administrativos que acompaña.
Que respecto de la nulidad planteada, pone de resalto que el objeto de las nulidades procesales está resguardado por la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho, ya que no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma. En lo que hace a la motivación del acto administrativo, la misma se encuentra acreditada de la simple lectura del acto, como de los antecedentes administrativos y de las normas aplicables que sustentan dicho acto.
Que con relación a los agravios, señala que la recurrente pretende demostrar un arbitrario tratamiento de la prueba producida y además se ve agraviada por una infundada denegación de prueba por parte del Fisco. Que refuta estos dichos sosteniendo que no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que no se verificó en autos un estado de indefensión de la recurrente.
Que en cuanto al fondo de la cuestión destaca que se han efectuado diligencias a fin de verificar la existencia real de la supuesta proveedora y así constatar que los gastos realizados por la responsable fueran erogaciones necesarias para mantener y conservar ganancias. En efecto, resalta que en torno a la existencia de la obra de Refacción del Almacén N° 9, lo que se cuestiona son los servicios prestados por la supuesta proveedora Vial Suárez, ya que la misma contaba con una gran cantidad de inconsistencias detectadas.
Que en definitiva sostiene, que el hecho de que la supuesta proveedora se encuentre debidamente inscripta ante este organismo, no implica más que el mero cumplimiento de un deber formal, siendo lo que se cuestiona la efectiva existencia material de las operaciones presuntamente realizadas por Vial Suarez.
Menciona que la firma proveedora no fue localizada ni respondió a los diferentes requerimientos de información, lo que sumado a otros indicios llevó a la conclusión de que no tenía capacidad económica y financiera para poder operar.
Por último, respecto de la pretensión de la actora de aplicar de la ley N° 19.983, estima que se trata de una entidad encuadrada en el inciso b) del art. 8° de la ley N° 24.156 (t.v.), por lo que no resulta aplicable el procedimiento especial previsto en la Ley de Conflictos Interadministrativos.
Que cita jurisprudencia que hace a su derecho; solicita que se confirme la determinación del gravamen y los intereses resarcitorios correspondientes, con costas.
III. Que a fs. 112 se abre a prueba el expediente, admitiéndose la informativa ofrecida por la recurrente. Que a fs. 123/139 obra el oficio dirigido y contestado porConstrucciones Emek S.R.L. y a fs. 145 se declaró cerrado el período de instrucción.
IV. Que mediante PV-2021-121350260-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D". Mediante RE-2022-10617174-APN-SGAI#TFN se agrega el alegato presentado por el Fisco Nacional y mediante RE-2022-11544192-APN-SGAI#TFN se agrega el alegato presentado por la actora.
Mediante IF-2022-85995552-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
V. Que frente al agravio planteado por la recurrente, referido a la existencia de un conflicto interadministrativo y la obligación de trasladar la presente contienda al Poder Ejecutivo y/o al Procurador del Tesoro de la Nación, cabe recordar que el Fisco Nacional rechazó el planteo atento que la calidad de Sociedad del Estado se encuentra mencionada dentro de los sujetos enumerados en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera. (confirmar estos dichos, ya que no se entiende muy bien el argumento, sería exactamente un argumento aplicable a un supuesto contrafáctico.)
Al mismo tiempo se observa que la empresa, pasible de una determinación de oficio en el marco de la Ley N° 11.683, hizo uso de la vía recursiva que prevé su artículo 76, eligió de esta forma el conducto de la competencia temática y llamativamente pide el desplazamiento de competencia en orden a la ley 19.983, de resolución de conflictos interadministrativos reservada a cuestiones con sustento pecuniario. No luce en el expediente que hubiera impulsado un reclamo de la citada normativa y su decreto reglamentario N° 2481/93. Con relación a la aplicabilidad de esta norma, en cuanto a la calidad que deben tener los sujetos involucrados, al tratarse de una sociedad del estado concuerdo parcialmente con lo expresado por el representante fiscal, y la coincidencia está referida al encuadre en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 24.156, pero ello a mi entender lejos de ser un obstáculo constituye uno de los supuestos que prevé la Ley 19.983, en tanto su artículo 1° al definir el alcance enuncia a los “organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”. Claro está que se trata de una definición genérica donde no se deberían alterar otros principios o normativa legal.
Así las cosas, cabe recordar que el otro organismo involucrado es la Administración Federal de Ingresos Públicos, también alcanzado a priori por esa enumeración en calidad de organismo descentralizado y bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sin embargo, se debe tener presente que, a pesar de esa dependencia funcional, el organismo cumple una función con incidencia directa en la recaudación de los ingresos fiscales federales, que no pertenecen únicamente al Estado Nacional. Ello se vislumbra en una ley convenio N° 23.548 donde previo a determinadas deducciones menores, más del 50% de la recaudación corresponde ser atribuida a las Provincias. En cambio en el mecanismo que prevé la ley de regulación de conflictos interadministrativos se destaca una esencia pecuniaria y subyace que la solución o acuerdo debe provenir de un superior jerárquico que contemple diversos aspectos de la controversia, incluido el presupuestario.
Aquí toma relevancia el tema que involucra el litigio. Llegada a esta instancia la AFIP desde su función ya se expidió respecto del reclamo y a su vez SOFSE dio sus razones al procedimiento y a la decisión adoptada. La intervención que solicitó la empresa al recurrir al Tribunal es demostrar su derecho, intentando inclusive recibir una sentencia a su favor sin que haya obligación tributaria a cumplir.
Hacer un desplazamiento en esta etapa implicaría abortar la intervención de este Tribunal autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con funciones jurisdiccionales y con funciones específicas en temas como el que abarca la presente litis, recordando que se refiere a un planteo de “salidas de fondos no documentadas” que supone haber permitido que se ocultara a su beneficiario efectivo y en consecuencia el impuesto a las ganancias potencialmente aplicable no se hubiera ingresado. Para ello la actora ha ofrecido pruebas informativas, testimonial y documental. El eventual evaluador en caso de desplazamiento de facultades debería arribar a idéntico resultado, sin embargo es esteTribunal el que tiene la especificidad y experiencia en la investigación de dichas operatorias, la que se reitera con asiduidad en el sector privado, tal como lo acreditan las numerosas sentencias dictadas. Este planteo debería encontrar resolución en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias y la Ley de Procedimiento Fiscal, siendo un dato no menor que únicamente se encuentra involucrado el Impuesto sin existir multas o sanciones en discusión que se hubieren determinado. Un eventual desplazamiento de facultades reemplazaría a este Organismo juzgador por otro con el mismo fin y normativa aplicable. Entiendo que allí no hay un conflicto en los términos de la Ley 19.983 sino que se está ante la necesidad de confirmar si se generó o no un hecho imponible en el Impuesto a las Ganancias.
En mi opinión, y a efectos de no dilatar la resolución de la causa ni de alterar las funciones del Sr. Procurador del Tesoro de la Nación y o del Presidente de la Nación, debe rechazarse el pedido de remisión de las actuaciones a alguno de esos ámbitos, sin perjuicio de quedar abierto un eventual nuevo análisis en la etapa siguiente, cualquiera fuere el resultado del presente caso , al existir la posibilidad de solicitar la intervención del Poder Judicial, ya sea que el impuesto determinado fuera confirmado o en su lugar revocado el acto administrativo dictado por el Organismo Recaudador. Esa potencial salida del ámbito del Poder Ejecutivo, llevaría a una razonable intervención de la autoridad máxima en lo político o en lo jurídico, evaluando la conveniencia de continuar o no con el pleito, por supuesto siempre teniendo en cuenta los derechos de las Provincias. Un antecedente en este sentido lo constituye el desdibujado artículo 193 de la Ley de Procedimiento Fiscal, en tanto prevé que ante posturas disímiles entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y este Tribunal, sea la Secretaría de Hacienda quien decida recurrir o no a la Justicia.
VI. Que en segundo lugar, corresponde referirse al planteo de nulidad. Que el art. 7 de la Ley Nº 19.549, de aplicación supletoria, enumera entre los requisitos esenciales del acto administrativo a la motivación, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. A su turno, el artículo 14 del citado cuerpo legal establece: “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: b) ...falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados...”. Que de esta forma, al examinar el acto en crisis, se advierte que el mismo contó con los fundamentos fácticos y jurídicos, no conteniendo vicios, y habiéndose dictado de acuerdo a las normas aplicables vigentes al momento de su dictado.
En tal sentido, debe precisarse que la nulidad procesal es la sanción impuesta por la cual la ley priva a un acto de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las normas prescriptas y en tal sentido, no debe olvidarse que las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la defensa justa de sus derechos. (conf. Alsina, Hugo “Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial” Ed. Ediar -T.I- pág. 625 y sigs.).
Que por las razones expuestas debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por la actora, y no habiendo sido presentado como cuestión de previo y especial pronunciamiento, por lo que no corresponde la imposición de costas autónomas.
VII. Que a los efectos de seguir un orden en la exposición respecto de las cuestiones planteadas, a continuación resulta pertinente considerar el agravio esgrimido por la recurrente referido a la improcedencia de la aplicación de la figura de salidas no documentadas debido al carácter de sujeto exento que ostenta frente al Impuesto a las Ganancias; para luego, en su caso, analizar sí se encuentran cumplidas las condiciones del art. 37 de la ley del tributo. Que en relación a este punto, la actora sostiene que su calidad de sujeto exento del Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta conforme art. 56 de ley N° 27.008, sancionada en 2014, la coloca en una situación de privilegio, ya que para el período fiscal 2015, contaba con dicha exención y como consecuencia no pudo deducir como gasto de su balance impositivo ninguno de los pagos realizados a Vial Suárez (proveedora cuestionada), como consecuencia de la ejecución de la propia obra de Refacción del Almacén, por ende no corresponde aplicarle la figura del artículo 37 de la LIG, ya que el intento de deducción es el que habilitaría la aplicación del impuesto atribuible al beneficiario no identificado u oculto. Que al respecto entiendo que la tesis sostenida porSOFSE llevaría a adoptar posturas insólitas, tal como permitir el incumplimiento de otras normas legales que integran el análisis global que debe hacerse sobre la temática.
Que en esta instancia, corresponde recordar que la Ley de Presupuesto N° 27.008 sancionada el 30/10/2014 que pretende hacer valer la recurrente establece en su CAPITULO IX lo siguiente: “ARTICULO 56. — Exímese del impuesto establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones y del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (C.U.I.T.: 30-71069599-3), a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (C.U.I.T.: 30-71068177-1) y a Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (C.U.I.T.: 30-71410144-3), siempre que el ciento por ciento (100%) del capital accionario de dichas empresas fuere propiedad del Estado nacional. Asimismo, condónase el pago de las deudas, cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren, que se hubiesen generado hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley por las empresas y en concepto de los impuestos mencionados en el párrafo precedente. La condonación alcanza al capital adeudado, los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, multas y demás sanciones relativos a dichos gravámenes.
Que sin embargo, el gravamen que se le reclama equivalente al 35% es aquel que está relacionado con el perceptor de los fondos que se presume no ingresó el gravamen, al mantenerse oculto el verdadero prestador del servicio.
En consecuencia, no se infiere la calidad de sujeto exento a SOFSE por el Impuesto a las Ganancias.
VIII. Que de allí se desprende la necesidad de revisar la salida de fondos de la sociedad, que el Fisco Nacional caracteriza como Salidas No Documentadas, respecto de los servicios prestados.
Que conforme surge de la auditoría dispuesta por la O.I N°1.487.995, se procedió a verificar a la contribuyente y su situación frente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015, así es como se constató que en los meses 06/2015 a 09/2015, 11/2015 y 12/2015 efectuó erogaciones sin el debido sustento documental que acredite que las mismas hayan sido con fines de mantener, conservar u obtener ganancias, por lo que atento no poder verificar la veracidad de las operaciones que constan en las facturas presuntamente abonadas, se encuentra sujeto a la tasa que estipula el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Que en base al cargo debatido, la auditoría actuante efectuó una serie de diligencias a fin de verificar la existencia real de la supuesta proveedora y así constatar que los gastos realizados por la recurrente relacionados con los serviciosrecibidos, fueran efectivamente erogaciones necesarias para mantener y conservar la ganancia. Por lo que se procedió a investigar a la empresa Vial Suárez, y se obtuvo la siguiente información:
1. Que consta como contribuyente inscripto con domicilio fiscal en Av. Alicia Moreau de Justo N° 1848, 2° piso, depto. 20, C.A.B.A, y presenta como actividad principal declarada las especializadas en construcción. (a/a fs. 331/334 cpo. IIGG N°2).
2. Que con fecha 28/01/2016 la firma fue incluida en la base de facturas apócrifas de este Organismo, por la condición de “resistencia a la fiscalización”. (cpo IIGG N°2 y cpo. Vial Suarez.). Que el informe fue efectuado en base a que dicha firma poseía las mismas socias y características que la contribuyente Arg. Publicidad Contemporánea S.R.L., que también fue incluida en la base de facturas apócrifas con fecha 27/01/2016 (cpo. Vial Suarez.)
3. Respecto de la localización de la proveedora, se le notificó un requerimiento en el domicilio fiscal mencionado, no habiendo persona ni respuesta alguna. (fs. 130/132 cpo. Vial Suarez.)
4. Que figuran como Socias Gerentes la Sra. Érica Pamela Gisele Suárez, y la Sra. Karina Estela Suárez, esta última fue incluida en la base de facturas apócrifas el 20/07/2016, por la condición de “sin capacidad económica”. Que ambas fueron requeridas en sus domicilios declarados (fs. 209/213 cpo. IIGG N°2), no habiendo tenido respuesta. Que figurancomo autorizados el Sr. Luis Norberto Jaite (también autorizado de otras firmas de las cuales 10 de ellas se encuentran en la base APOC del Organismo), el Sr. Héctor Federico Barbosa que al ser circularizado, manifestó que no posee documentación alguna de la proveedora en cuestión, y que la autorización que figura en sistema es de alguna gestión que hizo y al efecto de la procuración. Que el personal verificador se constituyó nuevamente el 31/05/2017en el domicilio fiscal de la proveedora cuestionada, sin respuesta, por lo que se consultó al encargado del edificio quien manifestó que la empresa no se encontraba en dicho domicilio hace dos años, desconociendo donde se encuentra en la actualidad. (fs. 232 cpo. IIGG N°2). Que se labró requerimiento al Sr. Claudio Alejandro Gómez, quien fuera apoderado general de Vial Suarez, habiéndose devuelto bajo la leyenda “cerrado/ausente, se dejó aviso de visita”.
5. Que la fiscalización verificó la presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias entre los períodos fiscales 2012 y 2014 y respecto del Impuesto al Valor Agregado, no presenta desde el 07/2015.
6. Que de la consulta a las bases del Organismo surge que en el período fiscal 2015, la proveedora tuvo una facturación derivada de Facturas Electrónicas tipo A Y B de $193.000.000.- aprox, siendo ampliamente inferiores las acreditaciones bancarias en dicho periodo por un importe de $849.161.- (fs. 14 y 61/62 cpo Vial Suarez ).
7. Que la firma solo registra pagos como empleador en los períodos 2014 y 2015, y no posee automotores ni inmuebles. (fs. 11/12 y 179 cpo. Vial Suarez). Que de los cuatro (4) empleados en relación de dependencia que poseía la proveedora hasta el 02/2015, tres de ellos, YESICA VANESA ALBOR, MARÍA ANGELICA BETIANA SUAREZ Y RUBEN LEONARDO SUAREZ, se encuentran incluidos en la base de facturas APOC del Organismo Fiscal.
8. Menciona que del contrato de locación de obra celebrado el 18/2/2015, entre la proveedora cuestionada (como contratista) y Corredores Ferroviarios S.A. actuando por cuenta y orden de SOFSE, surge que en caso de que la Contratista (Vial Suarez), efectúe una subcontratación para la ejecución de la obra, deberá previamente solicitar autorización a CORREDORES aportando además todos los datos y documentación que CORREDORES requiera de la subcontratista. (fs. 268/280 cpo. IIGG II). Que el precio del contracto asciende a $3.590.861,34.- (I.V.A. incluido).
9. Aclara que dado el corto plazo que existió entre la firma del contrato con Vial Suarez el 18/2/2015 y la rescisión contractual de Corredores Ferroviarios S.A. el 02/03/2015, “…dicho contrato nunca fue ejecutado por esta última, no verificándose facturación alguna hacia Corredores Ferroviarios S.A., ni pagos de esta Sociedad a Vial SuarezConstructora S.R.L, por tal motivo carecemos de la información solicitada.”
En vista de toda la información recolectada acerca de la proveedora cuestionada, el Fisco N acional presume la inexistencia de las operaciones realizadas con la misma, por lo que se efectuó un relevamiento de los pagos efectuados por la responsable, sobre la que se decidió aplicar la tasa del 35% de acuerdo a lo previsto en el art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En conclusión, le asiste la razón y el derecho al Fisco Nacional, ya que lo que se viene a cobrar es el impuesto que comprende al beneficiario oculto, independientemente del hecho de que la recurrente tenga una exención y no se produzca la deducción de un gasto en contraposición de un ingreso gravado.
IX. Que en lo que hace a la cuestión de fondo, la recurrente afirma la existencia de la obra de Refacción del Almacén N°9 situado en la Estación Victoria, y el Fisco Nacional le asevera que lo que se está cuestionando son los servicios prestados por la supuesta proveedora y no la efectiva realización de la obra, lo cual se pone más en duda cuando al detectar ese sinfín de inconsistencias, se llega a la conclusión de que la proveedora no se vale de capacidad económica ni operativa como para llevar a cabo la prestación de los servicios. (locación de obras y servicios).
Que en otro sentido, el Fisco Nacional advierte que el hecho de haberle otorgado personería tributaria a la supuesta proveedora mediante una CUIT o bien la autorización para imprimir facturas, no implica que luego las mismas no puedanser apócrifas, ya que se trata de meros cumplimientos formales susceptibles de ser observados, como en este caso, cuando lo que se pone en tela de juicio es la real existencia de laspresuntas operaciones que efectúo esa proveedora, a quien el Organismo Fiscal le otorgó determinadas facultades con efectos tributarios.
Que frente a ello, no existe ningún elemento de prueba presentado en autos, que logre contrad ecir la postura fiscal, siendo el único, el oficio dirigido a Construcciones Emek S.R.L que viene a ratificar un informe Geotécnico sobre las características de los estratos del terreno para definir las condiciones de fundación (sic) , prueba que a todas luces pone de relieve la falta de elementos probatorios adecuados y capaces para acreditar la veracidad de las salidas de fondos.
Que no se han acompañado otros elementos probatorios contundentes, lo que sumado a las varias circularizaciones efectuadas por el Fisco Nacional a fin de constatar la prestación debatida, no surgió informaciónsuficiente que refute los planteos del ente fiscal. Que ello así, de haber presentado prueba pericial contable, se podría haber acreditado quien es el verdadero beneficiario de los pagos y probar el destino dado a los fondos, ya que no se disponía de documentación complementaria con aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario.
Que así es como resulta pertinente el encuadre efectuado por el organismo fiscal en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias. Que en dicho sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante sentencia de fecha 26/08/2003 en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A.” en el Considerando 18 sostuvo que “…debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridada su verdadero beneficiario”.
Que también en dicho precedente agregó que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado en la causa “Radioemisora Cultural S.A. (TF15.144-I) c/DGI” del 9/11/00, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio, indicando que dicha doctrina lleva a descartar que el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria. Que dicho criterio fue reiterado por el Máximo Tribunal, al remitir al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, en los autos “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” de fecha 27 de septiembre de 2011, al expresar: “… ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”, pronunciándose en el mismo sentido en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” (31/07/2012) al establecer “… la mera localización de quienes emitieron las facturas no excluye la aplicación de la figura prevista en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, toda vez que esa circunstancia no significa que aquéllos fueran los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas…”
Por lo expuesto, voto por confirmar el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas.
X. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, cabe señalar que han sido liquidados conforme con lo dispuesto en el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, y que la recurrente no ha formulado agravios con relación a los mismos, por lo corresponde su confirmación.
XI. Por ello, voto por confirmar la resolución recurrida en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte en lo sustancial lo expuesto por el Dr. Martín en el punto V de su voto, resultando este Tribunal competente para resolver la procedencia de la resolución apelada.
II. Que adhiere al rechazo del Vocal Instructor del planteo de nulidad formulado por la actora, conforme surge del Considerando VI de su voto.
III. Que comparte la solución propiciada por el Dr. Martín en cuanto confirma el ajuste practicado con relación al Impuesto a las Ganancias- Salidas no documentadas por los períodos fiscales 6/2015 a 09/2015, 11/2015 y 12/2015 como así también la liquidación de accesorios; efectuando algunas precisiones adicionales.
Que la finalidad del art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, conforme la doctrina y jurisprudencia, es poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del beneficiario del gasto y a quien, por determinadas circunstancias, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En tal sentido, la Corte Suprema sentenció que "...lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Radio Emisora Cultural SA, 9/11/2000).
Ello así, la exención de la actora en el Impuesto a las Ganancias no impide el reclamo respecto a un gravamen distinto y con caracteres propios, a lo que se suma que el hecho de gozar de una gabela no implica un “status de indemnidad”, pudiendo el organismo recaudador ejercer las potestades de fiscalización atribuidas por la ley 11.683 y, eventualmente, sustanciar el procedimiento de determinación de oficio, tal como sucede en autos (cfr. Sala I de la CNACAF in re “Fundación Patagonia Natural”, sentencia del 15 de agosto de 2017). Que en el caso concreto y tal como surge del alegato producido por el organismo recaudador (RE- 2022-10617174-APN-SGAI#TFN), el criterio fiscal es que si bien fue constatada la existencia de la obra, la misma no fue realizada por la proveedora Vial Suárez Constructora SRL.
En tal sentido, la recurrente no desvirtuó en autos los hechos y fundamentos sobre los que se efectuó el ajuste, en especial, en lo referente a la ausencia de capacidad operativa, comercial y financiera de la citada proveedora cuestionada. Cabe concluir, entonces, que no se ha demostrado que Vial Suárez Constructora SRL fuera destinataria de las erogaciones invocadas por la recurrente, en virtud las irregularidades reseñadas que impiden tener por materializadas las operaciones objetadas; frente a ello, resulta procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (vide criterio de la suscripta en diversos precedentes, entre otros “Quality Work S.A.”, sentencia del 4 de junio de 2015 y Harengus S.A., sentencia del 26 de diciembre de 2018).
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar el acto apelado en todas sus partes. Con costas. La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $19.746,27.-(diecinueve mil setecientos cuarenta y seis con veintisiete pesos) por la representación procesal y de $49.365.67.-(cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco con sesenta y siete pesos) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primera etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $111.308 (pesos ciento once mil trescientosocho) equivalente a 12.37 (doce 37/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y por el patrocinio letrado, la suma de $278.270 (pesos doscientos setenta y ocho mil doscientos setenta) equivalente a 30.92 (treinta con 92/100) UMA en la segunda y tercera etapa, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. -
Date: 2022.08.22 10:56:56 -03:00 Date: 2022.08.22 13:52:03 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.22 14:07:22 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.22 14:07:26 -03:00
Fin de la sentencia