Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009, en cuanto al Cargo 36/09 formulado contra AGENCIA MARITIMA OPMAR S.A. por la suma de u$s 9.551,18 más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 9/06/2009 hasta su efectivo pago.
2Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009 por el concepto de IVA Adicional.
3Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 86 % a cargo de la actora y un 14 % a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-79864180-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Julio de 2023 recurso de apelación”, expediente n° 35503-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís, a fin de resolver en los autos caratulados “OPMAR S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente n° 35503-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 6-18 se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución de la Aduana de Campana N° 569/2014, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12574-1924-2009 el 15/12/2014, por la que se confirmó el Cargo tributario 36/09 formulado en su contra, en su calidad de Agente de Transporte Aduanero, en relación a la descarga del buque “APALIS ARROW” documentada mediante Manifiesto de Carga 06008MANI019174G. Ello en virtud de una diferencia en menos, entre la cantidad de mercadería declarada y la efectivamente descargada, según verificación efectuada por el servicio aduanero. Dicha diferencia arrojó un faltante del 2,22 % del producto carbonato de sodio, clasificado en la posición arancelaria (P.A.) 2836.20.10.000F, importado a consumo mediante las destinaciones de importación nros. 06008IC04002940P, 06008IC04002941Z, 06008IC04002949B, 06008IC04003103H, 06008IC04003113X, 06008IC04003041X y 06008IC04003039P. La recurrente plantea la nulidad de la resolución apelada por considerarla viciada de causa y carente de los requisitos establecidos en el art. 7 de la Ley 19549. Opone excepción de prescripción de la acción del fisco para exigir tributos. Sostiene que el faltante fue debidamente justificado. Impugna la liquidación del cargo formulado. Ofrece prueba. Cita jurisprudencia. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 31-34 vta. se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Niega las afirmaciones de hecho y de derecho expresadas en la apelación en traslado, no reconocidas expresamente. Sostiene que la recurrente no aportó ninguna prueba en el plazo del art. 142 del Código Aduanero (CA) para justificar el faltante detectado. Tampoco impugnó el método de pesaje o de verificación utilizado por el servicio aduanero ni se propusieron pruebas tendientes a acreditar que la mercadería en cuestión presenta características que autoricen un porcentaje de tolerancia mayor al de ley. Hace referencia a las facultades de control de la Aduana. Asimismo afirma que la exención de IVA no corresponde al transportista ni a su agente de transporte. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas, las cuales acompaña. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada con costas.
III. A fs. 38 de autos se abre la causa a prueba. A fs. 65 se clausura el período probatorio. A fs. 76 se ponen los autos para alegar. A fs. 91-100 vta. la recurrente presenta su alegato y por su parte, a fs. 89-89 vta., lo hace la demandada. A fs. 103 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
IV. La representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEAS Nros. 12574-1924-2009, 12574-1226-2015, 12574-1924-2009/1, 12574-1924-2009/2 y 12579- 11-2007 en soporte papel y en un cuerpo de 74 fojas —y anexo con los sobres originales de los 7 DI involucrados— en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional. Dichas actuaciones se encuentran agregadas por cuerda en autos.
V. Compulsadas las actuaciones administrativas resulta que a fs. 23 obra el informe emitido por la Aduana de Campana sobre la descarga, finalizada el 14/06/09, respecto de los 7 conocimientos de embarque, a saber: USPXE CAM BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6 y BB7, amparados en el manifiesto de carga 06008MANI019174G del Buque Apalis Arrow. Dicho informe arrojó un faltante del 2,22 % del producto carbono de sodio, P.A. 2836.20.10.000F, en relación a las cantidades declaradas en los despachos de importación (DI) de la mercadería en cuestión.: 06008IC04003113X, 06008IC04002941Z, 06008IC04002949B, 06008IC04003103H, 06008IC04003039P 06008IC04003041X y 06008IC04002940P cuyos sobres contenedores de su documentación original obran agregados a las actuaciones.
En virtud de la diferencia arrojada según el informe referido —la cual superaría la tolerancia del 6 por mil o 0,6 % a los efectos tributarios y estaría dentro del 4 % de tolerancia a los fines del art. 959, inc. c) del CA, de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones ex ANA N° 2220/90 y 2914/94— y ante la falta de presentación de la carta de rectificación, emitida por el cargador del exterior en el plazo y forma establecidos por el art. 142 ap. 1 del CA, a fin de justificar el faltante de la mercadería, a fs. 28 de las actuaciones se dispuso formular el cargo contra la recurrente por la diferencia de tributos originada en dicho faltante. Ello por aplicación de la presunción establecida en el ap. 2 del artículo precitado del CA. Cabe destacar que, a fs. 7 de las actuaciones administrativas, la recurrente presentó una nota mediante la cual reconoció las diferencias detectadas por el servicio aduanero en la descarga de marras y solicitó que se las tuviera por justificadas en los términos del art. 142 del CA “POR ESTAR DICHAS DIFERENCIA DENTRO DE LA TOLERANCIA”.
A fs. 25-26 de las actuaciones se liquidó el monto de los tributos correspondientes a la cantidad de mercadería faltante y el 22/05/09 se notificó el Cargo 36/09 a la recurrente, según constancias de fs. 29 de dichas actuaciones.
A fs. 1-6 de las actuaciones la recurrente impugnó, en los términos del art. 1053 del CA, el cargo formulado. A fs. 43 se tuvo por iniciado el procedimiento de impugnación en legal tiempo y forma y se abrió a prueba el expediente. A fs. 64-66 se emitió el Dictamen Jurídico N° 425/14 (AD CAMP) y a fs. 68- 70 se dictó la Resolución 569/14 (AD CAMP) apelada en autos.
VI. Previamente a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo relativas al proceso de descarga, corresponde expedirme sobre los planteos de nulidad y excepción de prescripción alegados por la recurrente en su libelo recursivo.
La actora plantea la nulidad de la resolución apelada por considerar que se encuentra viciada de causa en los términos del art. 14, inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Sostiene que la Aduana fundó la resolución en el art. 141 del CA (supuesto de sobrante en la descarga) cuando en realidad el objeto de las actuaciones siempre fue faltante. Asimismo afirma que la resolución en cuestión carece de los requisitos establecidos en el art. 7 de la LPA.
Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados en el planteo recursivo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador de declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En los considerandos de la resolución cuestionada la Aduana centró los fundamentos para su dictado en sostener que, a su criterio, la recurrente no justificó debidamente las diferencias en menos resultantes de la descarga. Dice haber analizado la documentación aportada, pero que la misma no resulta suficiente para desvirtuar la imputación efectuada.
La resolución cuestionada es la consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa, como también en la normativa aplicable al caso.
No se colige en la especie, que el acto administrativo cuya nulidad absoluta e insanable se plantea haya sido emitido sin motivación ni causa alguna. Por el contrario la Aduana expresa sus razones, las cuales, independientemente de ser compartidas o no, dan sustento suficiente para considerar al acto válido en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley 19.549.
A mayor abundamiento, resulta evidente que se ha incurrido en un error material o de hecho al consignarse el art. 141 en lugar del art. 142 del CA en los considerandos de la resolución en cuestión, puesto que la transcripción allí efectuada corresponde efectivamente al texto del art. 142, apartados 1, 2 y 3, el cual resulta fundamento de la resolución en cuestión.
Por lo expuesto corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente.
En cuanto a la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos, la recurrente afirma que la descarga de la mercadería finalizó el 12/09/06, con lo cual el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del 1/1/07, por lo que vencía el 1/1/12. Notificada la liquidación aduanera el 22/05/09 (fs. 29 de las actuaciones), por aplicación del art. 806 del CA el plazo de prescripción se interrumpió y comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal a partir del día siguiente al de la notificación referida, por lo que el nuevo plazo venció el 23/04/14 y la resolución aquí apelada fue dictada el 15/12/14.
Cabe destacar que la recurrente omite en sus afirmaciones que el 5/06/09 interpuso procedimiento de impugnación en los términos del art. 1053, inc. a) del CA respecto de la liquidación notificada el 22/05/09 (ver fs. 1-6 de las actuaciones). Dicha impugnación, según lo establecido en el art. 1058 del CA tiene efecto suspensivo y tal como lo expresa el art. 805, inc. d), la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en el supuesto en que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución. Con lo cual a partir de la interposición de la impugnación referida el plazo de prescripción quedó suspendido hasta el dictado de la resolución aquí apelada.
Por lo expresado precedentemente corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto por la recurrente.
VII. Sentado ello, para proceder a analizar si es ajustada a derecho la resolución apelada, es necesario examinar el proceso de descarga de la mercadería en cuestión.
Como ya se expresó, se trata de carbonato de sodio a granel, clasificado en la P.A. 2836.20.10.000F. Cabe destacar que el resultado de la descarga de marras, el cual arroja un faltante del 2,22 %, imputado a la actora, no se encuentra controvertido en autos. La recurrente, en su libelo recursivo, no cuestionó ni el método de pasaje utilizado por el servicio aduanero, ni el resultado obtenido según informe obrante a fs. 23 de las actuaciones. Tampoco aportó pruebas que permitieran desvirtuarlo.
Ahora bien, la recurrente sostuvo, en su planteo de nulidad, que las diferencias detectadas fueron debidamente justificadas —en los términos del art. 142, ap. 1 del CA— mediante la solicitud de rectificación de la declaración efectuada, presentada dentro de los 10 días de finalizada la descarga —conforme lo prevé la Resolución General ex ANA 630/94 modificada por Resolución ex ANA 4289/95—, limitándose a expresar que las diferencias en menos se encuentran dentro del margen de tolerancia legal.
Por su parte, el servicio aduanero afirma que el faltante excedió la tolerancia admitida legalmente, sin ser debidamente justificada, por lo que generó responsabilidad tributaria en los términos del art. 142 del C.A. En cuanto a la justificación del art. 142 ap. 1 del CA alegada por la recurrente, la misma no reúne los requisitos establecidos por la norma, dado que no se ha presentado carta de rectificación dentro del plazo establecido — dos (2) días— emitida por el exportador del exterior. Al respecto cabe destacar que la actora cita el Anexo IV de la Resolución ex ANA 630/94 modificada por Resolución ex ANA 4289/95, el cual se refiere al plazo de 10 días para los casos de rectificación de faltante en supuestos de descargas parciales de la misma mercadería donde se hubieran constatado sobrantes. Ello a los fines de poder compensar los sobrantes detectados en una descarga parcial con los faltantes detectados en otra descarga parcial, pero no se trata del supuesto de autos.
Tampoco, la recurrente, ha justificado el faltante mediante otras formas previstas en el CA. Cabe destacar que el art. 299 de la Ley de Navegación, citado por la actora, no resulta de aplicación en el ámbito aduanero, puesto que dicha Ley, en su art. 5 establece: “Las disposiciones de esta ley se aplican a todo tipo de navegación por agua, excepto en lo que estuviere diversamente dispuesto”. En este sentido el CA —que resulta ser la ley especial aplicable— es claro en cuanto al proceder en casos como el de autos, donde se ha verificado una diferencia en menos, en la descarga de la mercadería, en relación con la declarada según arts. 135 y 136 del CA.
Sentado ello, corresponde analizar, si la diferencia del 2,22 % de mercadería faltante verificada por la Aduana genera responsabilidad tributaria a la firma recurrente en los términos del art. 142 ap. 2 del CA. Cabe destacar que las tolerancias admitidas se encuentran reguladas por la Resolución ex ANA 2220/90, según la modificación introducida por la Resolución ex ANA 2914/94. Dicha norma, en su art. 11.1, establece que el margen de las aludidas tolerancias se establecerá “en el seis por mil del total de la carga...considerándose a los efectos fiscales correcta y real la cantidad declarada, siempre que no exceda ese límite”.
Mediante el fallo plenario de este Tribunal, del 31/8/05, dictado en la causa n° 14.287-A “SUPERMAR S.A.”, se fijó la doctrina legal en cuanto a que la tolerancia del seis por mil dispuesta a los fines tributarios se aplica a toda operación de sólidos a granel, sin importar el método utilizado para determinar su peso (ello en concordancia con lo dispuesto en relación a la tolerancia —del 4%— admitida por la citada Resolución n° 2914/94, a los efectos infraccionales).
En este orden de ideas, en el caso en análisis el porcentaje de faltante determinado ha sido del 2,22 %, es decir que supera la tolerancia aceptada en esta instancia que es, como ya se expresó, del 6 por mil o 0,6 % —art. 11.1 de la Resolución General ex ANA 2914/94— y por consiguiente generaría responsabilidad a la recurrente en los términos del art. 142 del CA.
En consecuencia, a los fines tributarios, de un total de 10.600.000 kg. de mercadería declarada frente a un total de 10.365.200 kg. efectivamente descargado, verificado el faltante del 2,22 % sin justificar y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 11.3 de la Resolución mencionada en cuanto a que establece: “…Cuando se determinen excesos a la tolerancia de Ley, serán definitivas las cifras obtenidas en la medición por calado, sin deducir cantidad alguna en concepto de la tolerancia fijada en el punto 11.1” Se colige, entonces, que corresponde a la Aduana exigir los tributos atinentes a la cantidad de 234.800 kg (2,22 %), conforme al faltante no justificado y que excede la tolerancia de ley a los fines fiscales.
VIII. Expuesto lo que antecede, corresponde analizar la determinación tributaria contenida en la resolución apelada que confirma el Cargo 36/09 (AD CAMP).
Como se expresó en el considerando precedente, se ha verificado que el faltante de la mercadería carbonato de sodio es del 2,22 %, es decir que excede la tolerancia de ley a los efectos fiscales —art. 11.1 de la Resolución ex ANA 2914/94—. Asimismo la recurrente no ha justificado la diferencia resultante mediante carta de rectificación o demás formas previstas en el CA y disposiciones reglamentarias, dentro del plazo de dos (2) días a contar desde la finalización de la descarga.
Tal como fuera indicado, el servicio aduanero reclamó a la aquí recurrente el importe que a su entender correspondía abonar en concepto de tributos por la mercadería faltante, en virtud de la presunción legal dispuesta por el art. 142, ap. 2 del CA, por el 2,22 % resultante de la verificación efectuada y no cuestionada.
Ahora bien, conforme surge de la liquidación practicada a fs. 25-26 de las actuaciones administrativas, al valor en aduana de la mercadería faltante se aplicaron las alícuotas IVA (21 %) IVA Adicional (10 %) e Ingresos Brutos (1,5 %).
La actora considera que la alícuota del 21 % de IVA no le corresponde por encontrarse exenta del pago de dicho impuesto en virtud de lo establecido por el art. 7, inc. h), punto 13 de la Ley de IVA. Sostiene que el art. 34 de la reglamentación de la Ley de IVA (Decreto 692/98 modificado por Decreto 1228/98) comprende, dentro de esa exención, a todos los servicios conexos al transporte.
En este sentido cabe destacar que la exención alegada por la recurrente, sin lugar a dudas, se trata de un beneficio impositivo que la ley establece para el tipo de actividad específica en virtud de su naturaleza. No obstante ello dicho beneficio no puede considerarse extensivo a situaciones como la analizada en autos, ello por cuanto la mercadería faltante se presume importada a consumo y se encuentra gravada por el impuesto en análisis.
La aplicación del impuesto en cuestión se centra sobre el objeto —mercadería— y no es excluyente de quienes son sujetos “beneficiarios” de exenciones en virtud de la actividad que desarrollan —en el caso transporte internacional de cargas—. Claro está que la actora se encuentra excluida de la presentación del Certificado de Validación de Datos de Importadores (CVDI) en tanto no es importadora y la norma no tuvo en cuenta un extremo como el aquí analizado, lo que aduna mi convencimiento de que es en el objeto —insisto, mercadería— el foco que se pretendió establecer en la norma en cuestión.
En función de lo precedentemente expuesto considero que corresponde a la actora abonar la alícuota del 21% del IVA por el faltante detectado en la descarga respecto del producto carbonato de sodio. En cuanto al planteo de incompetencia de la Dirección General de Aduanas para determinar los rubros no aduaneros, el mismo no resulta atendible en virtud de los motivos que expondré a continuación. Las facultades del Director General de la Dirección General de Aduanas (DGA), en tanto “responsable de la aplicación de la legislación aduanera, en concordancia con las políticas, criterios, planes y programas dictados por el Administrador Federal y las normas legales que regulan la materia de su competencia” - 7mo. párrafo, art. 4° del decreto 618/97-, se encuentran desarrolladas en el apartado 2, inc. a) del art. 9° del decreto n° 618/97. De él se desprende que la DGA tiene a su cargo la función de “determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidos por leyes y normas aduaneras a cargo del organismo”.
Al mismo tiempo, la DGA actúa como agente de percepción del IVA originado en operaciones de importación definitiva de cosas muebles —art. 51 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1997 y modif.)—, y de las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, según arts. 6° y 4° de las RG AFIP nros. 2937/10 y 2281/07, respectivamente, modificadas por RG AFIP n° 3373/12 -las resoluciones mencionadas derogaron y sustituyeron a las resoluciones DGI nros. 3431/91 y 3543/92-. Dichos tributos y sus percepciones se originan y se cobran en ocasión de operaciones de importación definitiva de cosas muebles, aplicándose una alícuota sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se agregarán todos los tributos a la importación o con motivo de ella, es decir, sobre una base imponible determinada a partir de datos declarados por el importador en el Sistema Informático María (SIM), declaración cuyo control y fiscalización compete a la DGA, de conformidad con lo previsto en el inc. d), párrafo 2), art. 9°, del decreto 618/97.
Por su parte, en el art. 1122 del CA, se prevén las medidas que puede establecer el administrador “Si no se pagaren los importes de los tributos y de las multas cuya percepción estuviere encomendada al servicio aduanero (...) dentro del plazo de QUINCE (15) días de quedar ejecutoriado el acto por el que se hubiere liquidado o fijado su importe o, en su caso, antes del vencimiento de la espera que se hubiere acordado para su pago”. Asimismo, en el art. 1125 del C.A. se dispone que “En los supuestos previstos en el artículo 1122, (...), el servicio aduanero podrá promover la ejecución judicial de la deuda”. En las presentes actuaciones el servicio aduanero ejerció atribuciones propias y, como consecuencia de ello, determinar y liquidar la deuda tributaria correspondiente, incluyendo entre los rubros liquidatorios el IVA e IVA adicional, esto último en ejercicio de su carácter de agente de percepción.
Resulta claro que el servicio aduanero no se inmiscuyó en facultades que competen a la DGI. No ha controvertido, ni desconocido, ni ha ejercido funciones de interpretación de normativa impositiva, propias de la DGI.
Habida cuenta de lo expuesto, resulta indiscutible que la DGA se encuentra habilitada no solo para percibir el pago de los importes correspondientes, sino que también le compete perseguir su cobro e iniciar, llegado el caso, la ejecución fiscal en sede judicial.
No obstante lo expresado precedentemente, en relación al concepto de IVA Adicional, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
En cuanto a las costas, teniendo en consideración la fecha del dictado del precedente mencionado y la falta de oportuno allanamiento, deberán ser impuestas a la demandada.
IX. Corresponde, entonces, practicar nueva liquidación de tributos por la cantidad de 234.800 kg. de carbonato de sodio, es decir el 2,22 % —faltante verificado sin justificar— clasificado en la P.A. 2836.20.10.000F, conforme lo dispuesto en los considerandos precedentes.
Valor en aduana de la mercadería faltante: 234.800 kg.
u$s 41.324,77 Estadística (0,5%)
u$s 206,62 Base imponible I.V.A. u$s 41.531,39 I.V.A. (21%)
u$s 8.721,59 Ingresos Brutos (1,5%)
u$s 622,97 Total de tributos: u$s 9.551,18 El monto de tributos adeudados asciende a u$s 9.551,18 más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 9/06/2009 y hasta la fecha de su efectivo pago.
Por lo expuesto VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009, en cuanto al Cargo 36/09 formulado contra AGENCIA MARITIMA OPMAR S.A. por la suma de u$s 9.551,18 más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 9/06/2009 hasta su efectivo pago.
2. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009 por el concepto de IVA Adicional.
3. Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 86 % a cargo de la actora y un 14 % a cargo de la demandada.
Así lo voto.-
La Dra. Sarquís dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
Así lo voto.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009, en cuanto al Cargo 36/09 formulado contra AGENCIA MARITIMA OPMAR S.A. por la suma de u$s 9.551,18 más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 9/06/2009 hasta su efectivo pago.
2. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 569/2014 dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación Administrativa SIGEA 12574-1924-2009 por el concepto de IVA Adicional.
3. Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 86 % a cargo de la actora y un 14 % a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo —Vocal Titular de la Vocalía de la 17ª Nominación— y la Dra. Claudia B. Sarquís —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación— en los términos del art. 59 de la Acordada 840/93 T.F.N.
Date: 2023.07.11 12:36:44 -03:00 Date: 2023.07.11 15:17:15 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.11 15:17:16 -03:00
Fin de la sentencia