Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35503-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra las regulaciones de honorarios de fs. 137 y vta. y 147 y vta., corresponde, en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1 y 22), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE FIJAN los honorarios fijados a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las dos primeras etapas del proceso en ciento setenta mil pesos -$170.000- y los correspondientes a la tercera etapa en 5 UMA, que equivalen -a la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Fecha- a la suma de trescientos sesenta y seis mil veinte pesos -$366.020-. …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de julio de 2025.- TAR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 105/109 vta., el Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante, TFN): (i) confirmó parcialmente el art. 1º de la Resolución Nº 569/14, recaída en la actuación SIGEA 12574-1924-2009, en cuanto al cargo 36/09, formulado contra Agencia Marítima Opmar SA, por la suma de U$S 9.551,18, más los intereses correspondientes según el art. 794 del Cógido Aduanero (en adelante, CA), devengados desde el 9/6/2009 hasta la fecha de total y efectivo pago; (ii) revocó la citada resolución en lo relativo al reclamo del IVA adicional; y (iii) impuso las costas a la actora en un 86% y a la demandada en el 14% restante.
Para resolver como lo hizo, en primer término, rechazó la prescripción opuesta por la Agente de Transporte Aduanero (en adelante ATA). En lo atinente a dicho tópico, apuntó que los cálculos efectuados por la recurrente, en base a los cuales había pretendido establecer que la acción para la percepción de los tributos reclamados se hallaban prescriptos al emitirse la resolución cuestionada, no habían ponderado que la liquidación de tributos efectuada por el ente aduanero y notificada 22/5/09 había sido impugnada por el ATA en los términos del art. 1053, inc. a) del CA, de manera tal que dicha presentación presentaba efecto suspensivo del plazo de prescripción, según lo establece el art. 1058 del CA.
Seguidamente, respecto al fondo del asunto y en lo que aquí interesa, destacó que el resultado de la descarga de marras, el cual había arrojado un faltante del 2,22%, imputado a la actora, no se encontraba controvertido en autos. En este sentido, subrayó que en el líbelo recursivo de la firma actora no se había cuestionado ni el método de pesaje utilizado por el servicio aduanero, ni el resultado obtenido según informe obrante a fs. 23 de las actuaciones administrativas.
Por su parte, la firma había esgrimido la defensa consistente en alegar que las diferencias detectadas habían sido debidamente justificadas, conforme a las previsiones del art. 142, ap. 1 del CA, mediante la solicitud de rectificación de la su declaración jurada, que había presentado dentro de los diez días de finalizada la descarga -en este caso en cumplimiento de lo previsto en la Resolución General ex ANA 630/94.
Sobre tal punto, el Tribunal a quo resolvió que dicha presentación no reunía los requisitos establecidos por el art. 142, ap. 1 del CA, dado que se había presentado la mentada carta de rectificación dentro del plazo allí establecido (dos días). Destacó que el plazo de diez días fijado por el Anexo IV de la Resolución ex ANA 630/94 -modificada por Resolución ex ANA 4289/95- se refiere a los casos de rectificación de faltante en supuestos de descargas parciales de la misma mercadería donde se hubieran constatado sobrantes. Supuesto en el cual se requiere dicha amplitud para poder compensar los saldos detectados, pero que no se trata de un presupuesto asimilable al aquí involucrado.
Precisó que la diferencia comprobada excedía la tolerancia aplicable a los efectos tributarios (del 0,6%, conforme a lo previsto por la Resolución 2220/90) y que, como consecuencia de lo expuesto, el servicio aduanero había formulado el cargo 36/09, en los términos de lo dispuesto por el artículo 142 del Código Aduanero.
A su vez, indicó que la recurrente no había logrado demostrar que la diferencia comprobada se debiese a un error de pesaje o a la merma natural del producto, pese a contar con amplias posibilidades probatorias.
Consideró que ello habilitaba a la Aduana a tener por configurada la importación para consumo irregular y a reclamar los tributos en forma solidaria al agente de transporte, sin perjuicio de que dicha obligación pudiese ser extinguida total o parcialmente por una persona distinta, como podría ser el importador.
Finalmente, en lo concerniente al reclamo del IVA adicional, consideró que debía dejárselo sin efecto con arreglo al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19; con costas por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
su orden a este último respecto, en atención a que el precedente era posterior a la resolución aduanera y a la interposición del recurso.
II. Que esa decisión fue apelada por la parte actora a fs. 116, expresando sus agravios a fs. 119/129 vta., los que fueron contestados por su contraria a fs. 133/134 vta. Los agravios de la firma actora se pueden sintetizar de la siguiente manera:
(i) Rechaza que se encuentre acreditada la existencia del faltante endilgado. Alega que el informe en el cual se basó dicha imputación no fue acompañado de las correspondientes constancias del pesaje efectuado. Cuestiona el método de pesaje utilizado. Aduce que, en todo caso, la diferencia arrojada podría ser atribuible a la utilización de un método de pesaje al embarcarse las mercaderías y otro al efectuarse su descarga.
(ii) Sostiene que, de todas maneras, no le sería oponible, en su carácter de Agente de Transporte Aduanero, el resultado generado a partir de una mala elección del método de pesaje por parte del importador. Agrega que, como ATA, no pudo participar de la verificación de dichos procedimientos.
(iii) Subsidiariamente, reitera que presentó la rectificación de las declaraciones defectuosas “en tiempo y forma”, sin que, por lo demás, corresponda atribuir a dicha presentación el reconocimiento de la existencia del faltante ni su responsabilidad al respecto (iv) Finalmente, insiste con el planteo de la prescripción operada en relación al plazo para la exigencia de los tributos requeridos.
III. Que por otra parte, los honorarios regulados a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional a fs. 137 y vta. fueron apelados por los letrados de dicha parte, por estimarlos bajos y por el letrado de su contraparte, en este caso por considerarlos elevados. Posteriormente, los emolumentos regulados al Sr. letrado de la parte actora a fs. 147 y vta. fueron apelados solamente por dicho profesional, por considerarlos bajos.
IV. Que, conforme lo hasta aquí explicitado, las cuestiones cuya discusión se sigue manteniendo en esta instancia, enumerados según el orden lógico de su tratamiento, son: (i) si operó la prescripción del plazo para reclamar el pago de los tributos requerido; (ii) si procede el requerimiento de pago efectuado contra la firma actora, en su calidad de ATA; (iii) si se encuentra demostrado el faltante de mercadería en cuya verificación se funda dicho requerimiento; y (iv) si la rectificación realizada por la recurrente presenta aptitud para tener por subsanada la diferencia de pesaje detectada.
V. Que, de conformidad con tal temperamento, en primer lugar corresponde abordar la prescripción opuesta. Al respecto, no puede soslayarse que en el memorial se insiste con el cálculo efectuado primigeniamente, si bien con una corrección en la fecha computada en la sentencia, lo cual lleva a la apelante a señalar que dicha prescripción operó el día 22/5/14.
De esta manera, al fundarse el recurso se ha omitido toda consideración al efecto suspensivo que el TFN otorgó, en el pronunciamiento apelado, a la impugnación efectuada, en fecha 5/6/09, por Opmar SA contra la liquidación de tributos que le fue notificada el día 22/5/09.
Claramente, el art. 1053 del CA establece que “[t]ramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra los actos por los cuales: (…) a) se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones”. Concordantemente, el art. 1058 del mismo cuerpo normativo -en su redacción vigente al momento de los hechos-, rezaba: “[l]a interposición de la impugnación del acto previsto en el inciso a) del artículo 1053 tendrá efecto suspensivo”.
Merced a tales disposiciones, el planteo de prescripción efectuado no puede prosperar.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
VI. Que con relación al plazo razonable que debe durar el proceso sin afectar los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales, esta Sala ha sostenido, con sustento en el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 335:1126, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 – SUM FIN 708)”, del 26/06/12, que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado, pues existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (cfr. Causas Nº 103/19, “Kimberly Clark Argentina SA TF 32663-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 26/12/19; 23.452/16, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, del 17/04/18; 42.279/12, “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, del 6/06/13; 77.974/16, “AMX Argentina S.A. c/ EN-Mº Comunicación y otro s/ Proceso de conocimiento”, del 5/11/19; entre muchos otros y, en su actual composición, Causa Nº 50.488/14, “Telecom Personal SA c/ EN-M Planificación Federal - CNC s/ Proceso de Conocimiento”, del 25/04/24 y sus citas).
En el sub examine, se comprueba que la duración de este proceso, incluyendo la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión inferior a la verificada en la que analizó la Corte federal (en sentido concordante, cfr. esta Cámara, Sala IV, Causas Nº 16.733/13, “Aseguradora de Créditos y Garantías (TF 29497-A) y acum c/ DGA”, del 20/03/14, y 37.465/13, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/03/14).
Además, toda vez que la actora tuvo oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho y, en definitiva, las copias de la documentación acompañadas fueron evaluadas tanto en sede aduanera como en el Tribunal Fiscal de la Nación, sumado al hecho de que la litigante no efectuó presentaciones instando a su pronta resolución, corresponde descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (esta Sala, Causa Nº 42.279/12, “Jeferson Sudamericana”, cit., en igual sentido, cfr. Sala II, Causa Nº 1.353/14, “Bini, Fabrizio c/ DGA”, del 12/06/14 y Sala IV, Causa Nº 49.566/16, “Visteon SA c/ DGA”, del 1/12/16; entre otras).
De este modo, no se advierte que en el caso se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa, ni se observa que el demandante haya obrado con la intención de agilizar y finalizar el proceso con la mayor celeridad ni ha efectuado presentaciones tendientes a impedir la dilación del trámite (cfr. C.S.J.N., Fallos: 335:1126; esta Sala, Causas Nº 1.405/11, “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, del 7/2/13; 62.573/17, “Telecom Personal SA c/ EN-Enacom s/ proceso de conocimiento”, del 14/03/23 y, en su actual composición, Causa Nº 50.488/14, “Telecom Personal SA”, cit.).
VII. Que, respecto al segundo agravio esbozado por la recurrente, es menester comenzar formulando las siguientes precisiones:
1. En primer lugar, cabe destacar que el Código Aduanero, en su art. 142, dispone: “1. Cuando al concluir la descarga resultare faltar mercadería que hubiera sido declarada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 y 136, deberán justificarse las diferencias con la respectiva carta de rectificación o en las demás formas previstas en este código o en sus disposiciones reglamentarias, dentro del plazo de DOS (2) días a contar desde la finalización de la descarga. (…) 2. Cuando las diferencias no hubieran sido justificadas en la forma prevista en el apartado 1, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que la mercadería faltante ha sido importada para consumo, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, considerándose al transportista y al agente de transporte aduanero solidariamente responsable de las correspondientes obligaciones tributarias.”
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Los referidos arts. 135 y 136, detallan la documentación que el buque debe traer a bordo para su presentación al servicio aduanero en los casos de arribo de mercadería por vía acuática.
2. Mediante dicha norma el legislador ha pretendido proteger la renta aduanera frente a posibles desviaciones del tráfico comercial desde el exterior, que provoquen una merma en los ingresos tributarios. Así lo ha entendido desde siempre la jurisprudencia al sostener que la exigencia del pago de derechos por la mercadería que faltare en la descarga de un buque tiene una finalidad de protección de la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible ingreso ilegítimo; de allí que la ley cree una presunción de que la mercadería se introdujo al país a través de ese despacho, concluyendo el trámite a él relacionado (confr. esta Cámara, Sala IV, in re “Fletamar SA (TF 8792-A) c/DGA”, sentencia del 17/10/00 y esta Sala, Causa Nº 65.533/15, “Baltzer Maritima SRL (TF 26866-A) c/ DGA s/ recurso directo organismo externo”, del 2/05/18).
3. En términos generales, se denomina “presunción” al proceso de deducción lógica mediante el cual de un hecho conocido, cuya existencia es cierta, se infiere un hecho desconocido, cuya existencia es probable (confr. NAVARRINE, Susana C. y ASOREY, Rubén O., Presunciones y ficciones en el derecho tributario. Doctrina, legislación y jurisprudencia, Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 7). La función técnica de las presunciones consiste, entonces, en crear una relación causal a partir de un hecho conocido, de forma tal de facilitar el establecimiento jurídico de otro hecho cuando su prueba, dentro del campo del derecho, resulta difícil o improbable.
Siguiendo este razonamiento, en lo que al caso interesa, una vez verificada la existencia del faltante, el citado artículo 142 establece una presunción iuris et de iure en virtud de la cual se deben abonar los tributos correspondientes; es decir que basta con el hecho objetivo de la merma comprobada para que se presuma que dicha mercadería ha sido importada para consumo y aquellos resulten exigibles, sin que exista la posibilidad de comprobar lo contrario (cfr. Sala II, Causas “Agencia Marítima Neto SA (TF 10937-A) c/ DGA”, del 15/12/05, y “Baltzer Marítima SRL (TF 1843-A) c/ DGA”, del 1/12/09).
Por su parte, la norma en análisis no presenta ambigüedad alguna en cuanto establece categóricamente que, en tales supuestos, se considerará al transportista y al agente de transporte aduanero solidariamente responsables de las correspondientes obligaciones tributarias. Debe aquí recordarse que, conforme ha dicho el Cimero Tribunal, “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma” (C.S.J.N., Fallos: 323:620 y, en sentido análogo, Fallos: 313:1007; 314:458; 315:1256; 318:950; 324:2780). Por ende, no resultan admisibles los planteamientos de la actora, dirigidos a establecer su falta de responsabilidad en relación a los actos y declaraciones del importador. Máxime cuando en ningún momento del proceso ha esbozado cuestionamiento alguno respecto a la validez del art. 142 CA y sus disposiciones.
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo tocante a las objeciones formuladas respecto a la correcta acreditación del faltante de mercadería que suscitó el cargo tributario, así como a la validez del procedimiento por medio del cual se obtuvo dicho resultado, viene a colación reiterar que el Tribunal a quo manifestó que no se encontraba controvertido el resultado de la descarga de mercadería que había arrojado el faltante del 2,2 %, así como tampoco se había cuestionado ni el método de pesaje utilizado por el servicio aduanero, ni el resultado obtenido en el informe invocado en la resolución aduanera cuestionada.
Pues bien, tales aseveraciones encuentran adecuado correlato en las constancias de la presente causa. Ciertamente, tras una detenida lectura del recurso presentado ante el TFN, obrante a fs. 6/18vta., se advierte que la firma se limitó a oponer, como única defensa de fondo, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
que “sin perjuicio de la prescripción y nulidad señaladas precedentemente, en el caso resulta claro que el administrado, como ATA del buque, ha presentado en debido tiempo y forma la justificación de la diferencia constatada a la descarga a depósito fiscal, en los términos del art. 142 del C.A., razón por la cual no debería operar la presunción prevista en este artículo” (cfr. fs. 11 y vta.).
Seguidamente, detalló que “…conforme surge de fs. 1, el ATA ha justificado y rectificado debidamente el faltante a la descarga, dentro de los diez días de finalizada la descarga conforme lo prevé la RG 630/94: la finalización de la descarga fue el 12/9/06 (según reconoce el propio Administrador a fs. 22) y la nota de fs. 1, que hace mención a las ‘justificaciones de diferencias en la descarga’ obrantes en poder de la DGA, tiene fecha de entrada en 18/12/06” (cfr. fs. 11 vta., el énfasis corresponde al original).
De esta manera, los argumentos atinentes a cuestionar la existencia del faltante de marras o la validez del proceso de pesaje que permitió arribar a tal conclusión, vertidos recién en la expresión de agravios, se perciben como el fruto de una reflexión tardía y no pueden ser abordados por esta Alzada, en tanto no fueron oportunamente planteados ante el Tribunal que intervino en forma previa.
IX. Que, en último orden, también se puede apreciar que, más allá de haber aseverado de forma genérica que su presentación rectificativa había sido efectuada “en debido tiempo y forma” (cfr. fs. 124, in fine), la recurrente no ha dedicado pasaje alguno de su memorial a controvertir el fundamento expuesto por el TFN, sobre cuya base desestimó la relevancia de dicha presentación merced a su extemporaneidad. Ello, pues estimó el Tribunal que el plazo a tales efectos era el contemplado en la última parte del apartado primero del art. 142 CA - es decir, dos días- y que el plazo de diez días, regulado en el Anexo IV de la Resolución ex ANA 630/94 -modificada por Resolución ex ANA 4289/95-, invocado por Opmar SA, solamente se encontraba previsto para casos especiales, entre los cuales no correspondía encuadrar a la presente controversia.
En este sentido, es pertinente recordar que cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a reproducir mecánicamente la postura sostenida desde la presentación inicial y traduce una crítica parcial -que implica una visión fragmentada de la causa-, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide la revocación de la misma (cfr. C.S.J.N., Fallos, 333:1657 y 334:1703 “Alfacar S.A.”; asimismo, con otra formulación: Fallos, 328:645).
X. Que, finalmente, las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte actora vencida, ya que no se advierte la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra las regulaciones de honorarios de fs. 137 y vta. y 147 y vta., corresponde, en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1 y 22), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE FIJAN los honorarios fijados a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las dos primeras etapas del proceso en ciento setenta mil pesos -$170.000- y los correspondientes a la tercera etapa en 5 UMA, que equivalen -a la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5929/2024 "OPMAR SA (TF 35503-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
fecha- a la suma de trescientos sesenta y seis mil veinte pesos -$366.020-. Con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. contestación de memorial de fs. 133/134 vta.) en 3 UMA, que equivalen -a la fecha- a la suma de doscientos diecinueve mil seiscientos doce pesos -$219.612-. Finalmente, SE CONFIRMAN, en tanto solamente han sido apelados por bajos, los honorarios fijados al letrado de la parte actora (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839; arts. 16, 20, 21, 30 de la Ley 27.423 y Res. SGA 1432/25). Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia