Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 27517-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios, con costas a cargo de la parte actora.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 4525/2020 “Optel Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”.
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2021, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Optel Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. La firma Optel Argentina SA dedujo un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución DE PRLA n° 8326, dictada el 3 de diciembre de 2009, que la condenó al pago de una multa, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, y al ingreso de los tributos respecto de la mercadería importada temporariamente por medio de la DIT n° 01 001 IT14 4407 V.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación admitió parcialmente el recurso y resolvió:
1. Confirmar el artículo 2 de la resolución 8326 que impuso una multa de $33.163,76, con costas a cargo de la firma actora.
2. Modificar el artículo 3 de la resolución 8326 y establecer la suma de $44.158,90 en concepto de tributos, con costas según los respectivos vencimientos.
Para decidir de esa manera sostuvo:
i. La Dirección General de Aduanas (DGA) liquidó la multa mínima al tiempo en que otorgó la vista de las actuaciones, por lo que debe rechazarse el planteo de nulidad.
ii. La recurrente reconoció la falta de regularización de una parte de la mercadería “alegando que ello acaeció por razones de fuerza mayor y que ante la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con la reexportación, solicitó una prórroga extraordinaria”.
iii. La aseveración formulada por la firma demandante en cuanto a que “las reglamentaciones han dispuesto la posibilidad de ‘prórrogas extraordinarias’ encuentra una limitante objetiva” en la norma específica que regula el régimen a cuyo cumplimiento se obligó. La alegada “falta de notificación” no tradujo efectos sobre el vencimiento del plazo de permanencia.
iv. Ante la inactividad del servicio aduanero, la parte actora adoptó una conducta pasiva consistente en “esperar la contestación de la administración” sin enfocarse a regularizar la situación de la mercadería en infracción.
v. La DGA reconoció la dificultad en el cumplimiento del régimen, y por esa razón otorgó “sucesivas prórrogas (hasta una extraordinaria) postergando el vencimiento del plazo por aproximadamente dos años vista del ‘hecho imprevisible’, plazo en el cual no se corrobora ni aprecia en autos la ‘actualidad’ o ‘vigencia’ del impedimento inicial ni se colige acción concreta para —como bien señala en la resolución aduanera recurrida— importar para consumo la mercadería incursa en la potencial infracción”.
vi. La firma actora no probó la reexportación de la mercadería involucrada mientras que la DGA probó “el vencimiento del plazo”.
vii. El abono del derecho adicional previsto en el artículo 23 del decreto 1439/1996 es improcedente. En cambio, sí debe abonarse las percepciones en concepto de IVA adicional y de impuesto a las ganancias (resolución DGI 3543/1992) que fueron incluidas en la declaración aduanera.
viii. No es aplicable el artículo 916 del Código Aduanero ya que “la actora incumplió con las obligaciones a su cargo, impuestas por este régimen particular de importación temporaria”.
III. La firma actora apeló (fs. 236) y expresó agravios (fs. 240/243) que fueron replicados (fs. 246/249).
Ofrece los siguientes planteos:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 4525/2020 “Optel Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”.
i. Solicitó una segunda prórroga extraordinaria “cuya concesión o no jamás fue notificada” lo que lleva a concluir en que los plazos de permanencia de los insumos se encuentran aún vigentes y, por ende, en que no cometió ninguna infracción.
El artículo 14 de la Constitución Nacional —añade— garantiza el derecho a peticionar a las autoridades, de manera que tiene derecho a solicitar las prórrogas que considere necesarias como también tiene derecho a obtener una decisión fundada.
ii. Se configuró un supuesto de “caso fortuito” o “fuerza mayor” consistente en que los compradores del exterior suspendieron las operaciones de compra que estaban previstas, los mercados estaban muy deprimidos con una baja sustancial de la demanda y “nuestro país sufría la peor crisis económica (año 2001/2002)”.
iii. Si se tiene en cuenta que el plazo transcurrido desde el registro de la operación es por demás irrazonable, debe aplicarse el precedente “Losicer” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 335:1126) en el que “se declaró extinguida la acción por prescripción en el entendimiento de que se había vulnerado la garantía constitucional de defense en juicio” y el derecho a obtener una decisión en un “plazo razonable”.
IV. El argumento que gira en torno de que la falta de respuesta de la DGA a la petición dirigida a obtener una nueva prórroga extraordinaria impidió que se configure la infracción establecida en el artículo 970 del Código Aduanero no puede ser admitido.
En efecto, la firma recurrente hace hincapié —como lo hizo ante el Tribunal Fiscal— en que “tenía derecho” a peticionar una nueva prórroga extraordinaria, pero soslaya:
i. La diversidad de los argumentos expuestos en la decisión apelada para desestimar dicho planteo.
ii. Las normas que fijan las pautas procedimentales y sustanciales del régimen de importación temporaria contempladas en el decreto 1439/1996 relativamente a la prórroga de los plazos de permanencia de la mercadería que haya ingresado al amparo de ese régimen.
V. La alegada conformación de un “caso fortuito” o de “fuerza mayor”, a partir de las condiciones económicas ocurridas en los años 2001 y 2002 y de un complejo contexto internacional en materia mercantil experimentado en esos años, no comporta un argumento idóneo para rebatir dos afirmaciones expuestas por el Tribunal Fiscal:
1. La firma actora no produjo ninguna prueba dirigida a demostrar el impacto que las circunstancias invocadas habrían provocado en la situación concreta de la firma actora.
2. La DGA otorgó sucesivas prórrogas “postergando el vencimiento del plazo por aproximadamente dos años vista del ‘hecho imprevisible’”, por lo que no es apreciable la actualidad del “impedimento inicial” ni la razón por la cual no efectuó ninguna acción concreta para importar para consumo la mercadería aquí involucrada.
VI. El planteo que concierne a la “duración irrazonable del proceso” no puede ser atendido, toda vez que el recurrente no demostró que las circunstancias del caso sean sustancialmente análogas a las que fueron examinadas por la Corte Suprema en el precedente “Losicer”.
VII. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte actora que resulta vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo desestimar los agravios, con costas a cargo de la parte actora. Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 4525/2020 “Optel Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios, con costas a cargo de la parte actora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia