Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-115513737-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de amparo interpuesto por Orazul Energy Cerros Colorados S.A., con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $20.800 equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $52.000 equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de la amparista, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-124940065-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Noviembre de 2022 s/ amparo”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el EX-2022- 115513737- -APN-SGAI#TFN caratulado "Orazul Energy Cerros Colorados S.A. s/ amparo”
La Dra. O’ Donnell dijo:
I. Orazul Energy Cerros Colorados S.A. (de aquí en adelante Orazul) interpone el recurso de amparo previsto en el art. 182 de la ley 11.683 invocando la demora excesiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos en resolver la solicitud presentada en su sede el 26/11/2021 para que se le pague el monto que se le reconociera en la acción de repetición tramitada bajo el Expediente N° CAF 78131/2017” por $11.077.732,61, más intereses resarcitorios hasta su efectivización.
Relata que este trámite es consecuencia de la acción que inició ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en la que se dictó sentencia el 29/12/2020 haciéndose lugar a su reclamo. Agrega que en la sentencia se dispuso también que para el cobro Orazul tenía que seguir el procedimiento previsto en la Resolución General (AFIP) N° 2224/79. Manifiesta que el 29/6/2021 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia y que la Administración Federal dedujo recurso extraordinario contra la misma. Como el recurso fue rechazado, interpuso recurso de queja, el que, aclara, se encuentra a la fecha de promoción del recurso de amparo ante este Tribunal sustanciándose ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señala que según lo dispuesto por el art. 285 in fine del CPCCN, “…mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”, por lo que considera que la sentencia a su favor resulta plenamente ejecutable y que así lo entendió el juez de primera instancia al aprobar la liquidación practicada por Orazul de las sumas objeto de la acción de repetición.
Destaca que el 26/11/21 inició el trámite por transferencia electrónica de datos previsto en la Resolución General N° 2224/79, emitiéndose como constancia el Form. 746, y que desde esa fecha no recibió respuesta alguna a su solicitud, por lo que el 30/8/2022 presentó un pedido de pronto despacho, en los términos del art. 182 de la ley 11.683. Afirma que, a través de una comunicación telefónica, la Sección Gestiones y Devoluciones de la Dirección Regional Palermo le indicó que para poder finalizar el trámite a la brevedad era necesario rectificar el Form. 746 consignando allí únicamente el capital, sin los intereses devengados hasta ese momento como había hecho en su solicitud original. El 1/9/2022 Orazul rectificó su presentación, según dice, con la expectativa de que la cuestión fuese rápidamente resuelta.
Se queja que ante dicha presentación la Administración Tributaria le notificó que se la tenía por desistida de la solicitud de pronto despacho, ya que afirma que se la condujo a rectificar el formulario por un mero formalismo para luego pretender sanear su propia demora de diez meses en resolver el trámite.
Sostiene, por otro lado, que no está en la esfera de discrecionalidad del organismo la facultad de decidir si pagar o no cuando hay una sentencia judicial que lo obliga a hacerlo, por lo que no puede con su inacción obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido judicialmente y concluye que habiendo transcurrido más de diez meses desde que interpuso la solicitud, todo plazo razonable se encuentra cumplido, por lo que se configura la demora excesiva requerida por la ley para la procedencia del amparo, además del grave perjuicio que le provoca no poder contar con esa importante suma de dinero para el ejercicio de sus actividades Por todo ello, solicita a este Tribunal que haga lugar al recurso y dicte sentencia en la que se ordene el pago de la suma reconocida en la sentencia judicial, más los intereses a la tasa allí establecida, con costas.
II. En ocasión de presentar el informe previsto en el art. 183 de la ley 11.683, la representación fiscal, sostiene que el recurso de amparo es inadmisible ya que el trámite iniciado por Orazul no está ni estuvo paralizado. Resalta que el trámite previsto en la Resolución General N° 2224/79 requiere el cumplimiento de distintas etapas indispensables, con tiempos prudentes para su realización, y destaca que Orazul rectificó su presentación original al haber verificado un error en la original.
Afirma también que “…yerra al intentar por la vía del amparo otra solución para su solicitud, atento que el trámite administrativo tiene su origen en el cumplimiento de una sentencia”, y que lo que pretende excede el propósito del remedio previsto en el art. 182 de la ley 11.683.
Considera que la presión procesal que efectúa Orazul resulta prematura y contraria a derecho, ya que el organismo debe efectuar “la debida constatación de los requisitos y condiciones de procedencia de la devolución, con circunstancias de orden administrativo y financiero que, dentro de un contexto más general, pudieran justificar la existencia de algún atraso o inconvenientes en los trámites de acreditación respectivos”, por lo cual solicita se rechace el recurso. En cuanto a las costas, explica que como no se trata de un proceso controversial, no existe parte vencida y por tratarse el amparo de un procedimiento de excepción y unilateral, solicita que no se impongan costas.
III. Por PV-2022-123459097-APN-VOCXI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala. IV. Corresponde resolver si se encuentran reunidos los requisitos previstos en el art. 182 de la ley 11.683 para que se haga lugar al recurso de amparo, concretamente, si la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra incursa en el supuesto de demora excesiva en resolver el trámite iniciado por Orazul bajo el régimen reglado por la Resolución General N° 2224/79 con el objeto de cobrar la suma de $11.077.732,61 (capital) reconocida a su favor en la sentencia dictada en el Expediente N° 78131/2017 por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, confirmada por la Cámara el 29/6/2021.
Cierto es que en la primera presentación, la del 26/11/2021, Orazul incluyó en el Form. 746 tanto el capital objeto del pedido de devolución como los intereses liquidados a dicha fecha; mientras que en la segunda, la del 1/9/2022, incluyó solo el monto del capital, resultando éste el único aspecto que modificó.
Como resultado de ello, la Administración le comunicó “Tu presentación N° 202201069392 del 30/08/2022 ha sido finalizada. Se recepcionó su pronto despacho, el cual fue agregado al EE: EX 2022-00474075- -AFIP- OCOAAGM051#SDGOPIM. Se informa que se constató que con fecha 01/09/2022 vía internet fue rectificado el pedido de devolución, que fuera notificado por Uds. mediante la Presentación digital 202201088303 dejando sin efecto esta solicitud. Atentamente”.
Obra en los antecedentes administrativos aportados por la representación fiscal al contestar el informe previsto en el art. 183 de la ley 11.683, la nota presentada en la misma fecha en la que Orazul explicó las razones de la presentación y solicitó su incorporación a las actuaciones iniciadas el 26/11/2021. Ello así corresponde entender que con el acto del 26/9/2022 se dio respuesta al pronto despacho del 30/8/2022.
Sin perjuicio de ello, lo que no vislumbra de las mismas actuaciones es la demora excesiva que invoca Orazul, es decir no se advierte allí la inactividad de la Administración Tributaria configurativa de este supuesto, recaudo esencial para hacer lugar al recurso de amparo previsto en el art. 182 de la ley 11.683.
En efecto, tanto con posterioridad a la primera presentación, como a la rectificación del formulario que efectuara el 1/9/2022, se llevaron a cabo diligencias en las dependencias internas y pases entre éstas, tendientes a impulsar su tramitación que dieron lugar, inclusive, vg. a los Informes de la División Gestiones y Devoluciones de la Dirección Regional Palermo del 30/3/2022 y del 5/9/2022 que obran allí agregados, respectivamente. Allí se detallan en forma minuciosa cada una de las tareas realizadas tendientes a verificar la situación fiscal de la empresa, en particular, el estado de la inspección fiscal y de su cumplimiento en orden a determinar la existencia de deudas líquidas y exigibles susceptibles de ser compensadas a las que se refiere el art. 7° de la reglamentación a la que Orazul se sujetó. Debe recordarse aquí que el recurso de amparo establecido por la ley 11.683 ha sido instituido para proteger los derechos o intereses de los administrados obstaculizados por la demora excesiva del Fisco Nacional en la realización de un trámite, es decir que se trata de un remedio frente a su pasividad en el marco de un expediente administrativo o petición concreta, por el perjuicio que le origina al administrado la falta de respuesta.
Como ya se dijo, es esa pasividad o inactividad, lo que falta en el caso y con ello no puede concluirse que el proceder de la Administración sea arbitrario o irrazonable. A mayor abundamiento, no puede perderse de vista que el recurso de amparo no tiene por objetivo condenar a la Administración a decidir en un sentido o a resolver de determinada manera” (cfr. CNFed. Cont. Adm. - Sala IV - “Estexa SA” - 22/3/1989; “Promac SA” - 8/6/1989, entre muchos otros).
Por todo ello, corresponde rechazar el recurso, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Rechazar el recurso de amparo interpuesto por Orazul Energy Cerros Colorados S.A., con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $20.800 equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $52.000 equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de la amparista, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala, por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2022.11.18 12:58:56 -03:00 Date: 2022.11.18 13:01:07 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.18 13:01:08 -03:00
Fin de la sentencia