Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-27474556-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 22 de Marzo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 44360-I, caratulado “ORDEÑANA GABRIELA MARIA”
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 16/20 y 63/67 se interponen sendos recursos de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI, fechados ambos de 23 de junio de 2015, mediante los cuales se determina de oficio la obligación fiscal de la recurrente frente a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, correspondiente al período fiscal 2006. En ambos casos se liquidan intereses resarcitorios y en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769 se abstiene de aplicar sanciones previstas en la ley 11.683 hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal.
Explica que luego de la tramitación en tiempo sumario de una fiscalización electrónica con fundamento en la supuesta existencia de una cuenta en el exterior de su titularidad, la administración inició sendos procedimientos de determinación de oficio.
Más allá de los argumentos que expusiera en sede administrativa, específicamente ante esta instancia plantea la nulidad de los actos impugnados con sustento en la indebida incorporación -con violación del ordenamiento jurídico aplicable- que lesiona directa e inmediatamente su derecho de defensa de prueba obtenidos ilegalante. Argumentos estos, dice, que si bien planteó en sede administrativa no fueron tratados fundadamente por la jueza administrativa, que entiende que actuó bajo el marco de las leyes N° 22.357 y 26.276, que aprueban el Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y que aprueba el Protocolo modificatorio, respectivamente. Considera que la invocación de información tributaria de fuente extranjera no respetó las normas que taxativamente regulan su incorporación a un procedimiento local de determinación de oficio, así como tampoco es acertado avalar una actuación irregular que vulnera los derechos de los contribuyentes.
Cuestiona la utilización de la información obtenida por la administración fiscal francesa toda vez que para que la actividad de aquella administración pueda ser utilizada debe ser el resultado de su actividad, situación que no se dio en la especie. Sobre esta cuestión señala que la información que los Estados pueden válidamente intercambiar es la que proviene del ejercicio de sus potestades públicas, en relación con hechos de relevancia tributaria que hayan sucedido en sus territorios. Reitera que ese argumento defensístico no fue abordado en la instancia administrativa, lo que traduce el proceder fiscal en una pesquisa, que sin información jurídicamente válida, concluyó en un procedimiento electrónico rápido con el fin de evitar la prescripción y que a la postre resultó un obrar fiscal teñido de desviación de poder y contrario al ordenamiento legal.
Entiende que la información obtenida en clara violación a los textos legales citados y al Convenio suscripto con Suiza implica que las determinaciones que reposan en documentación que carece de validez legal, en nulas, no siendo admisible el rechazo de la jueza administrativa por considerar que no alegó un interés jurídico que demuestre que la nulidad se invoca por la nulidad misma.
Reitera que la ilegítima actuación fiscal le provoca un perjuicio claro y concreto: la invocación de información ilegítimamente obtenida e incorporada a un procedimiento que violenta su derecho de defensa, al enfrentarla con documentación que carece de veracidad.
Con sustento en esos elementos solicita que se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 33/41 y 83/91 contesta los recursos la representación fiscal, que por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se rechacen los planteos nulificantes de la recurrente, con costas.
Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 100 obra el decisorio del Tribunal en Pleno que ordenó la acumulación del Expediente N° 44.363-I al que lleva el N° 44.360-I.
No habiendo ofrecido pruebas, se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a conocimiento de la Sala A, con fecha Finalmente, pasan los autos a sentencia.
IV. Que cabe señalar que el desarrollo que efectúa la recurrente en sus escritos recursivos constituye un planteo limitado a cuestionar la validez de los actos administrativos. Centra sus cuestionamientos en la -a su criterioerrónea aplicación de los Convenios suscriptos con la República Francesa para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, que fue el resorte legal utilizado por el fisco francés para proporcionar la información referida a la existencia de cuentas bancarias financieras de una entidad Suiza, pertenecientes a contribuyentes argentinos, que no las habían declarado. Dicha actuación fiscal, alega, le origina una violación a su derecho de defensa que debe concluir en la nulidad de los actos apelados.
A mi modo de ver, los recursos impetrados son improcedentes toda vez que -como enseñara el Dr. Agustín Torres en numerosos precedentes- en el sistema de impugnación que se intenta por vía del recurso de apelación ante este organismo, el de nulidad queda subsumido en el de apelación con la importante consecuencia de que por no tratarse de un recurso autónomo, es inviable si no resulta admisible el segundo. Por ello, al no haber planteado la apelante cuestiones de fondo que habiliten por si misma la instancia, resulta improcedente el recurso de apelación interpuesto, sin que los argumentos desarrollados en cuanto a la defensa de nulidad articulada permitan superar la valla procesal porque el de nulidad no es “per se” idóneo para habilitar la instancia. (Vid. entre muchos otros, Sala B, “Candle S.A.”, "Rentería Hnos.", 31/10/85, "Metalúrgia Dalmacio Vélez SRL", 19/6/91).
Finalmente, es importante destacar que en su escrito recursivo, la recurrente no ha expuesto cuales han sido las defensas que no ha podido alegar, tanto en sede administrativa como ante esta instancia, limitándose a discrepar con la interpretación que debe otorgarse a un texto legal.
En mérito a lo expuesto, voto por rechazar el recurso interpuesto, con costas.
El Dr. Marchevky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.-
Por ell, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía 1° Nominación (art. 184 de la ley 11.683)
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.22 15:55:33 -03:00 Date: 2022.03.22 16:56:06 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.22 16:56:04 -03:00
Fin de la sentencia