Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida.
Respecto a la regulación de honorarios por los labores efectuados en la instancia de grado, propondré regular los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto el proceso, los honorarios de <PER_3>, <PER, <PER_5>, <PER_6> , <PER_7> y <PER_8> , letrados de la demandada, en conjunto, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, los honorarios del perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero <PER_10> , por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso y los honorarios de la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso. En todos los casos, más IVA de corresponder.
En atención a las disposiciones de las leyes arancelarias el monto del proceso estará conformado por el capital reclamado en la demanda más los intereses a la tasa peticionada en la demanda que se devengarán desde la misma, en atención a que allí fue cuantificada la pretensión rechazada.
Respecto a las labores efectuadas en esta instancia, propondré al acuerdo regular los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, los honorarios de <PER_7> y <PER_8> en …
001074/2025 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. María Marta Nieto y la vicepresidencia del Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "PER c/ <PER_1> de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario", expte. nro. 1074/2025, venidos de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero Civil y Comercial –Secretaría N° 3- (expte. nro. 20093/2020), y atento al resultado del sorteo de fecha 12 de agosto de 2026(art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. María Marta Nieto y Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 166/2025 de fecha 19 de septiembre de 2025 y la Aclaratoria nro. 183/2025 de fecha 29 de septiembre de 2025? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Dra. Nieto dijo:
I. Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación que interpusieran las partes: actora (ID 2073130- ID 2073112), demandada (ID 2081440), y el perito ingeniero, (ID 2070852), en contra de la Sentencia Definitiva Nro. 166/2025 y su aclaratoria Nro. 183/2025. Concedido en las providencias de fecha 29 de septiembre y 03 de octubre de 2025, corridos los respectivos traslados de ley, solo el accionante emitió su réplica a través del escrito ID 2242085.
II. Antecedentes:
El Sr. <PER_1> promovió demanda en contra de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a efectos de que se la condene a abonarle la suma de $22.936.000, en concepto de indemnización integral reparadora por los rubros: pérdida de valor venal de la propiedad, daño patrimonial y daño moral, o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse con más sus intereses conforme la tasa activa del Banco del Chubut SA para sus operaciones de descuento de documentos comerciales y aplicación el art. 770 inc. b) del CCCN por los daños sufridos por los eventos climáticos acaecidos en la ciudad a fin de marzo y principios de abril del año 2017 y declare a cargo de la demandada los honorarios devengados de la reclamación administrativa que instó con costas, por la exclusiva culpa y responsabilidad del estado municipal que no ejecutó las obras necesarias para mitigar o neutralizar los efectos de las lluvias persistentes en la ciudad. Relató hechos, fundó en derecho, ofreció prueba, se opuso a la aplicación del protocolo de gestión oral (Acordada nro. 4723/19) y efectuó reserva de caso federal. Seguidamente amplió demanda en varias oportunidades.
En tiempo oportuno compareció a contestar demanda la Municipalidad de Comodoro Rivadavia peticionando el rechazo de la acción, con costas. Negó los hechos invocados y relató los propios, desconoció la documental incorporada por la contraria y acompañó la propia, fundo su defensa en la inexistencia de falta de servicio por un hecho fortuito y de fuerza mayor, subsidiariamente impugnó los rubros indemnizatorios reclamados, ofreció prueba e hizo reserva de caso federal.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presente a la hora de resolver.
En lo que aquí interesa el juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda del Sr. <PER_1> entabló en contra de idad de Comodoro Rivadavia, condenándola a abonarles dentro del plazo de diez días la suma de $9.903.015 (15% de $66.020.102, integrado por los rubros daño patrimonial, daño moral), más intereses desde el día 30 de marzo de 2017 y hasta la fecha del fallo de primera instancia una tasa pura del 8% anual; y desde este punto y hasta el efectivo pago, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Impuso las costas a la demandada vencida (conforme Sentencia Aclaratoria Nro. 183/2025). Reguló los honorarios de los diferentes profesionales intervinientes: Dr. <PER_2> en la suma de pesos equivalente al 25%, Dres. <PER_3>, <PER_4>, <PER_5> , <PER_6>, <PER_7> y <PER_8> , en conjunto, en la suma de pesos equivalente al 20%, al perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al 5%, al perito ingeniero <PER_10> en la suma de pesos equivalente al 5%, al perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al 5% y a la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al 5%, todos ellos del monto del proceso, más IVA de corresponder.
En fecha 09 de abril de 2026 se dictó Sentencia Interlocutoria Nro. 233/2026 en donde se rechazó el replanteo de prueba informativa pedido por la parte actora en esta instancia.
III. Agravios, contestación y tratamiento.
III.1. Agravios de los actores.
En toda su queja alega que el fallo es arbitrario brindando diversos motivos para arribar su conclusión, la que va desglosando en diversos agravios.
III.1.a. Como primer agravio consigna la omisión de resolver dos cuestiones decisivas para el litigio: a) la actuación del Poder Ejecutivo Municipal por inobservancia de su poder de policía relativo a la planificación, ejecución y mantenimiento de las obras publicas necesarias en el ejido urbano, en materia de pluviales y canales, ante la evidente insuficiencia y desastroso estado de funcionamiento del sistema de drenaje en el barrio Pueyrredón y sus aledaños desde el año 2010, con el consiguiente impacto urbanístico y ambiental, con perjuicio para todos los vecinos y en particular para su parte; b) la omisión constitutiva de mora en el cumplimiento de sus obligaciones como poder de policía en la materia, excluye el caso fortuito y determina la responsabilidad civil de la contraria conforme el art. 1773 inc. c) del CCCN.
Menciona que estos graves defectos privan de validez a la sentencia. Cita doctrina. Agrega que sus consecuencias son perjudiciales e irreversibles para la justa solución del pleito e incompatible con la garantía de defensa en juicio establecida por el art. 18 de la CN.
Solicita se revoque el fallo y se subsane el tratamiento de ambas cuestiones, admitiéndose totalmente la demanda civil promovida, condenado a la contraria al pago de todos los conceptos demandados por su responsabilidad civil objetiva.
III.1.b. Continúa su queja señalando que en la resolución se prescindió de pruebas decisivas, excluyendo conclusiones dirimentes acreditadas con las pericias producidas en el caso.
De la valoración de la pericia en geología critica que se prescindió la acreditación de la reiterada previsión y advertencias de lluvias y aluvionales extremas con riesgo para la ciudad por deficiente e insuficiente estado de la red de fluviales. Manifiesta que en dicho dictamen se demostró que existieron desde el año 1985 numerosos estudios técnicos generados desde organismos públicos, nacionales e internacionales, que analizaron la problemática de la cuenca hidrológica del Río de las Quintas en particular y de la zona patagónica en general, advirtiendo los riesgos de las inundaciones aluvionales por lluvias extraordinarias con impacto en la zona sur de la ciudad ( <DIRECCION_1> ), proponiendo soluciones e indicando la necesidad de construir reservorios para evitar el ingreso de sedimento a la trama urbana.
Procede a efectuar transcripciones del dictamen y entiende que, ante la inacción por falta de servicio consumada por las autoridades de la MCR, comprobadas las previsiones de fenómenos climatológicos extremos y reiteradas advertencias sobre las causas del riesgo localizado en nuestra ciudad, efectuadas por los especialistas locales e internacionales, clausuran la posibilidad de considerar y calificar como hecho imprevisible el temporal de 2017, en los términos del artículo 1730 CCCN.
Respecto a la pericia en ingeniería dice que se acreditó que recién en el año 2022 el municipio local, con base en el proyecto licitatorio del 2012, construyó el reservorio N° 4 previsto en el año 2012 encontrándose pendiente los otros cuatro reservorios, siendo esta morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones la que califica la falta de servicio, por tratarse el temporal del 2017, en un hecho previsible y evitable, lo que no excluye la responsabilidad civil objetiva de la MCR del artículo 1710 inc. b) del CCCN.
Insiste en criticar la valoración del magistrado de las pruebas periciales, especialmente el descarte de la pericial geológica, en violación del art. 18 de la CN y art. 481 del C.Pr., carente de argumentos que demuestre la falta de eficacia de las pruebas, ni error o contradicción como tampoco la falta de competencia de los expertos que elaboraron las pericias de ingeniería civil hidráulica y geológica, para su apartamiento. Cita jurisprudencia y doctrina.
Luego agrega que se ha omitido valorar las pericias de ingeniería civil e hidráulica que dan cuenta que de haberse ejecutado las obras de la Licitación del año 2012 (construcción de cinco reservorios y ampliación de los colectores principales) se hubiera evitado o minimizado las consecuencias del temporal del año 2017 en la zona sur de la ciudad, donde se localiza el inmueble de su parte. Lo que verifica la omisión de la demandada por falta de servicio al no gestionar la licitación del proyecto.
Remarca que el perito hidráulico al contestar el pedido de explicaciones indicó que el intendente <PER> el 23/02/2023 inauguró el reservorio número cuatro propuesto en el proyecto licitatorio, lo que demuestra que las autoridades del municipio consideraron que el proyecto licitatorio resultaba técnicamente adecuado y suficiente para evitar y minimizar inundaciones aluviales por lluvias extremas en la zona sur de la ciudad.
Sostiene que el juez de grado elude y aplica una defensa que no fue esgrimida por la contraria como es la concausalidad o responsabilidad concurrente, con evidente afectación al debido proceso y a su derecho de defensa, lo que motiva el agravio y consiguiente pedido de revocación del fallo admitiéndose la demanda en su integralidad condenando al pago del 100% de los conceptos demandados por su responsabilidad civil objetiva total. Cita doctrina y jurisprudencia. III.1.c. En tercer término, reprocha que la sentencia considero hechos y defensas no invocados por las partes y aplicó erróneamente el principio “iura novit curia”, en violación al principio de congruencia, el derecho de defensa y la doctrina de la CSJN. Afirman que la única defensa introducida por la accionada fue la existencia de caso fortuito o fuerza mayor para eximirla de responsabilidad del reclamo, pero el sentenciante termina fallando que existió concausalidad o responsabilidad concurrente por los hechos atribuidos al estado municipal, cuestión que no integró la traba de la litis. Rememora transcripciones parciales del fallo para fundar la aplicación errónea de la doctrina de la CSJN alegando que se citaron parcialmente publicaciones y procede a efectuar su propia transcripción.
Indica que se rechazó sin causa el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, la jurisprudencia que invocó, se descartaron las declaraciones testimoniales pese a haberle asignado gran peso a la prueba adquirida.
Entiende que es errado concluir que su parte no pudo probar los hechos invocados por medios de prueba legalmente admitida, aduciendo que se produjeron antes de la vigencia del nuevo CCCN, cuando es admitida su aplicación de conformidad con el art. 7 de la norma, privándola de ejercer su derecho de defensa.
Rechaza lo resuelto respecto a los precedentes locales “Cores” y “Cerezo”, no existiendo razón alguna para que el juez concluya que los criterios sentados en ellos no resultan aplicables de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la Ley Provincial 560.
Expone que el magistrado destacó las declaraciones testimoniales rendidas (28), pero contrariamente a ello, omitió su valoración al igual que el reconocimiento de documental que efectuaron los testigos, referidos a los daños sufridos por su parte, resultando absurdo que de las declaraciones solo se pueda sostener el agua moja y/o que ello es inocuo, cuando los declarantes expusieron detalladamente cuales fueron los daños que sufrió.
Argumenta que en el fallo se aplicaron leyes ajenas a la materia del juicio a hechos no invocados, que no fueron objeto del debate y prueba, tales como el Código de Aguas de Chubut y la Ley XVII N° 88 de Política Hídrica de Chubut, las que estuvieron vigentes en las causas Cores y Cerezo.
Comenta que el magistrado erró su análisis normativo, equivocándose en atribuir la jurisdicción al Estado Provincial que no ostenta, en violación de la autonomía de las municipalidades, su jurisdicción y competencia, consagradas por la C.N., C.P., la Carta Orgánica Municipal y la normativa específica municipal (Res. P.E.M. N° 3943/11 y 1205/06). Cita jurisprudencia y requiere la admisión de su demanda en un 100% de los conceptos demandados por su responsabilidad civil objetiva total.
III.1.d. En cuarto lugar, se queja de que en la sentencia no se aplicó los efectos de la conducta omisiva de la demandada y su responsabilidad, no obstante haberse admitido que no hizo nada para evitar las inundaciones por las lluvias.
Reiteran sus fundamentos de que los hechos ocurridos en la ciudad, revelan que los pluviales y canales en el ejido urbano, son insuficientes, ineficientes y desastrosos, pero el magistrado evita considerar los datos técnicos antiguos que así lo acreditan, como las recomendaciones, advertencias y previsiones explicadas en el segundo agravio, minimizando equivocadamente la gravedad de lo ocurrido. Ponen de resalto los informes meteorológicos (agregados en la causa <PER>) de los días en que sucedieron los eventos climáticos. Sostienen que las inundaciones por la lluvia caída desde el 29/03/2017 al 08/04/2017 pudieron ser evitadas con el sistema pluvial integrado proyectado de enero del 2012 y que recién comenzó a ejecutarse en el año 2022, conforme surge de las pruebas periciales obrantes en el expediente, y descartadas por el juez de grado en la fundamentación de su resolución.
Insiste en que la accionada no argumento como defensa la responsabilidad de la Provincia del Chubut o su responsabilidad concurrente o concausalidad en el caso, solo alegó la existencia de casos fortuito como eximente de responsabilidad, siendo ello la materia de debate y prueba, reiterando defensas ya introducidas en los agravios previos.
III.1.e. En su quinto agravio consigna la arbitrariedad del fallo por desconsiderar acreditado la ausencia de caso fortuito.
Dice que se demostró que la inundación por las lluvias ocurridas en el año 2017, eran evitables, resultando inexistente el caso fortuito, sumado a que existió mora (art. 1733 inc. c) del CCCN). Reiteran que el municipio local incumplió con sus deberes o falta de servicio, a efectos de evitar o disminuir las consecuencias dañosas de la inundación, por ello es responsable y debe responder por la totalidad del objeto demandado.
Manifiestan que no correspondió la aplicación en el fallo de las precedentes de segunda instancia (SD N° 40/2022 y N°13/2025), por no haber intervenido ellos, violándose de ese modo su derecho de defensa. Agregan que en la sentencia se sacó de contexto una frase perteneciente al fallo “Walton” de la Cámara Nacional de Apelaciones, el que no guarda relación con esta causa.
Concluye que el razonamiento realizado por el juez de grado torna la sentencia arbitraria al atenuar y graduar la responsabilidad proporción a la cantidad de agua de lluvia caída, violando el principio de congruencia, las normas de orden público aplicables en la materia y su derecho de propiedad (art. 17 CN). En el fallo condenó al 15% de responsabilidad de la demandada en función de la proporción de precipitaciones que cayeron sin que lo mismo fuese invocado, fuera objeto de debate y prueba.
III.1.f. Prosigue su queja por la desestimación de la procedencia del rubro pérdida del valor venal de la propiedad (depreciación).
Razona que el sentenciante se apartó de las pruebas periciales rendidas arribando a una conclusión sin fundamento, dado que el hecho fue notorio y que con posterioridad al año 2017 se hicieron obras hidráulicas conforme lo informado por el perito ingeniero, siendo incongruente, al igual que la admisión del hecho nuevo de las inundaciones del año 2022.
Informa que el afloramiento del salitre es por la elevación de la napa freática lo que es un hecho probado y ello causó la procedencia de la partida reclamada. Las pruebas de tasación y explicaciones brindadas, así como la pericia en ingeniería civil e hidráulica y en geología, fueron consentidas y no existe ningún elemento que las contradiga. Es por ello que concluye que el juez de grado se apartó de ellas sin causa arribando a una decisión infundada y que es contraria a las circunstancias comprobadas en la causa. Toda vez que con la numerosa prueba detallada se acreditó la existencia del rubro pérdida del valor del inmueble demandado, por lo que solicitó se revoque el fallo disponiéndose su procedencia conforme con la pericia en tasación que lo estableció en la suma de dólares estadounidenses U$S 265.000 al 15/02/2023 (fecha de la pericia), que representa el cincuenta por ciento (50%) del valor de mercado del inmueble (U$S 530.000) que deberá ser convertida a la moneda de curso legal, al tipo de cambio vendedor del dólar oficial, publicado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de la sentencia que se dicte, con más un interés equivalente al 2% anual desde la fecha del hecho hasta la fecha del fallo que se dicte.
III.1.g. En séptimo lugar se queja por qué en el fallo se omitió el costo del tratamiento psicológico como daño material habiéndose acreditado con lo informado por la perita psicóloga que a la fecha es de $5.000.000 resultando procedente su admisión actualizado a la fecha de la resolución con sus intereses desde el 30/03/2017 hasta la fecha de la resolución a una tasa pura del 8% anual y, desde esa fecha y hasta la del efectivo pago, de acuerdo a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y costas. III.1.h. Como octavo agravio alega que fue arbitrario el desconsiderar la incapacidad psicológica cuantificada por la perita psicológica en un 10%, resultando insuficiente el monto admitido de $16.020,102.
Comenta que el monto que se estimó provisoriamente en la demanda, por tratarse de una deuda de valor alcanzada por el art. 772 CCCN, su valor real debe establecerse al momento de dictar sentencia, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueda generar dicha suma, que se estima en la suma de $35.000.000, más sus intereses desde el 30/03/2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa pura del 8% anual y, desde esa fecha y hasta la del efectivo pago, de acuerdo a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y costas, solicitando se revoque el importe señalado por magistrado.
III.1.i. Finalmente se queja por los intereses dispuestos y su capitalización. Indica que en su demanda se reclamó que a la suma de dinero cuantificada por los rubros reclamados “…y/o la que en más o en menos resulte de prueba a producirse, juntamente con sus intereses…”, y que por su naturaleza la capitalización establecida en el artículo 770 inciso c, del CCCN, sigue a la suerte de su principal que son los intereses.
Por ello requiere se establezca que, en caso de mora en el pago del monto en condena, se computen nuevos intereses a la tasa activa mensual que publica el Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del fallo y hasta su efectiva cancelación, con capitalización de intereses conforme el artículo citado. Hace reserva del caso federal.
III.1.h. En su escrito ID 2073130 interpuso recurso de apelación por considerar que la regulación de honorarios de los letrados de la parte demandada en la sentencia definitiva nro. 166/25 fueron altas.
III.2. Agravios de la demanda.
III.2.a. En su primer agravio se queja por la conclusión arribada en la sentencia donde se sostiene que la vivienda del actor se encontrara asentada sobre una laguna salobre, y que el barrio se inunda cada dos años, considerando que su parte permitió la urbanización en una depresión expuesta al peligro de aluviones, omitiendo dotarla de capacidad hidráulica suficiente para evitar que se inunde. Cuestión que no surge de los escritos postulatorios y del contenido probatorio del expediente.
Comenta que en las pericias se documentó que, en un tiempo remoto pudo haber existido una laguna, deducido por los restos salobres que existen y que se repite en todos los barrios y terrenos de esta ciudad, lo que obedece a la cercanía al mar y a la existencia de napas freáticas salobres.
Describe que el accionante habita un barrio adecuadamente urbanizado, contando con todos los servicios públicos necesarios, y entre ellos un sistema para drenar el agua de lluvia a través de los canales que han sido construidos y que evacuan las lluvias. Señala que primero el sentenciante acepta que se trató de un fenómeno imprevisible e inevitable dada la magnitud de la lluvia caída, pero al analizar el requisito de la inevitabilidad consideró que la inundación debe calificarse de “inevitable a medias” dando a entender que si su parte hubiera asentado el barrio en otra zona “no lagunar” tal vez la inundación no se hubiera producido.
Informa que, tratándose de un supuesto de responsabilidad extracontractual, el temporal ha sido correctamente calificado como “hecho fortuito”, lo que excluye el factor de atribución invocado en la demanda, y que luego se recepta parcialmente en el fallo. Detalla que, el aluvión de sedimentos no fue una consecuencia dañosa de la depresión lagunar, o de los supuestos vicios de la red pluvial, o de la falta de ejecución del proyecto de ampliación, sino que fue la consecuencia de un evento climático absolutamente extraordinario y fatal, imprevisible e inevitable. Pues no se trató de una inundación por defectos de la red pluvial, sino de un cataclismo que superó abrumadoramente toda previsión humana haciendo imposible su evitación.
Dice que a su parte le resultaba imposible al mes de marzo de 2017, proyectar y ejecutar una obra que contuviera un fenómeno pluvial del que siquiera se tenían registros meteorológicos en toda la historia de la región, lo que descarta por completo la configuración de una omisión antijurídica, de una conducta pasiva que haya violado una norma expresa, como supone el magistrado de grado.
Recuerda que el fenómeno de la naturaleza sufrido por nuestra ciudad, constituyó un supuesto de hecho fortuito que, como tal, no le genera obligación de resarcir, conforme las disposiciones del art. 1730 CCCN, del art. 2 inc. a) y del art. 2 inc. a de la Ley Provincial I N° 560. Invoca el precedente <PER> a los fines de fundar su defensa. Cita jurisprudencia y doctrina.
Entiende que la decisión del juez de grado de atribuir responsabilidad “concausal” a su parte por el infausto del año 2017 no se ajusta a derecho por encontrarse acreditado que dichos sucesos configuraron un caso fortuito que, como tal, quiebra el nexo de causalidad y lo exime de responsabilidad. En consecuencia, peticiona se revoque el fallo de la instancia de grado que la condena al 15% de los supuestos daños sufridos por el accionante.
III.2.b. Luego se agravia por la imposición de costas que le fueran impuestas íntegramente a su parte, cuando la demanda ha prosperado en el 15% de lo reclamado, habiéndose rechazado el 85% de la pretensión de la parte actora.
Entiende que corresponde la misma admisibilidad de los montos que prosperaron en la imposición de costas (85% a cargo de la actora y 15% a cargo de su parte). Mantiene la reserva del caso federal.
III.2.c. En su escrito ID 2081440 interpuso recurso de apelación por considerar que la regulación de honorarios de la totalidad de profesionales intervinientes (letrados, peritos y consultores de parte) en la sentencia definitiva nro. 166/25 fueron altos.
III.3. Agravios perito ingeniero.
Por derecho propio el ingeniero en construcciones, Sr. <PER_10> interpuso recurso de apelación contra su regulación de honorarios en la Sentencia Definitiva nro. 166/25 por considerarlos bajos. Requirió se aplique el último párrafo del art. 60 Ley XII N°. 4 por la importancia, extensión de los trabajos realizados y la trascendencia del caso, por las dos pericias que efectuó.
Detalla que ha intervenido realizando dos pericias en la causa, una en ingeniería civil y la otra en ingeniería civil con orientación hidráulica, habiéndose regulado honorarios como si hubiera realizado una sola pericia, circunstancia que viola su derecho de propiedad y su derecho alimentario. Solicita se regulen sus honorarios por cada trabajo realizado.
III.4.a. Replica de los agravios.
La parte actora da respuesta a los agravios de su contraria, contraponiendo los fundamentos de la apelante, considerando ajustados a derecho los fundamentos del fallo de primera instancia. Peticiona se rechace en su totalidad el recurso interpuesto por la demandada, con expresa imposición de costas.
III.5. Tratamiento de los agravios. Solución.
Antes de ingresar a la cuestión de fondo, suelo hacer un señalamiento, a fin de facilitar el alcance de mi resolución: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para 7 decidir el caso (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado”, T° I, pág. 825; Fenochietto Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, Tº 1, pág. 620).
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
III.5.a. Ahora bien, considero que deben abordarse en un primer momento los agravios expuestos por la demandada, en atención a que en ellos se cuestiona la responsabilidad civil condenada, insistiendo el municipio demandado en la existencia de caso fortuito que lo liberaría de responsabilidad en el acontecimiento dañoso. En tal sentido, de su resultado, corresponderá abordar las quejas de la parte actora, quien, en resumida expresión cuestiona la limitación de la responsabilidad condenada y la extensión de las partidas indemnizatorias.
También debo anticipar que, respecto a las consecuencias dañosas provocadas por el temporal de precipitaciones inusuales en la zona ocurrido en el 29 de Marzo/17 y principio de Abril de año 2017 (en adelante el temporal de lluvia), ya me he pronunciado en SD 13/2025 junto al Dr. <PER_16, y tengo aquí presente tal pronunciamiento, como la SD 29/2026 dictada por la Sala 3 de esta Cámara de Apelaciones en el Expte. 564/25, y 40/2022, todas ellas con origen, también es el acontecimiento extraordinario ocurrido en el año 2017. Así, <PER_17>, autor que he seguido en mis pronunciamientos por compartir sus enseñanzas (La Responsabilidad Civil, Editorial Rubinzal-Culzoni Tomo I pag. 56, año 2021) afirma que en materia de responsabilidad civil se parte de principios, como el activismo judicial que deben responder a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Respecto a la razonabilidad, afirma que la misma, como estándar, tiene su origen en el art 28 de la CN y nació como un límite impuesto a las normas generales (leyes) e individuales (actos administrativos) y a la actividad estatal que debe desenvolverse dentro de los límites de sus funciones.
Dicho estándar luego se extendió como principio propio de la decisión judicial asociada –en el sentido coloquial- a lo que es “conforme a razón”, “adecuado” “proporcionado”. Se trata de una pauta de conducta o comportamiento, una medida, vinculada a la relación entre medios y fines; constituye un subrogado de prueba y una presunción de que, salvo prueba en contrario, las personas se conducen de modo razonable.
Y por más que la cita que efectúo a continuación, sea “vieja” entiendo que lejos de perder su valor, la misma resulta totalmente vigente, por lo que en el caso, para dar entendimiento a mi pronunciamiento, cito a Couture quien afirma que la razonabilidad “puede determinarse en forma genérica como una relación adecuada entre el fin y los medios; o en forma específica, ante las particularidades de cada caso concreto, en una casuística de amplia extensión (Eduardo Couture, “El debido proceso como tutela de los derechos humanos” LL 72-812 doctrina año 1953), por su lado, Manuel Atienza (en “Para una razonable definición de razonable” en Doxa 4 1987, pag. 193) afirma que una decisión jurídica es razonable en sentido estricto si y solo si: 1) se toma en situaciones en que no sería aceptable, o no se podría, adoptar una decisión estrictamente racional; 2) logra un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión y 3) es aceptable para la comunidad.
Su raíz constitucional impone un límite a la arbitrariedad y se erige en un mandato de optimización que procura hacer efectivo y eficaz el derecho al debido proceso sustantivo.
Me he permitido introducir el análisis de mi pronunciamiento con dichas citas, por cuanto –adelantoentiendo que la sentencia recurrida, no respeta tal pauta de razonabilidad o proporcionalidad. Aparece justa, si, más aún ante el inequívoco daño sufrido por los actores, en los bienes de su propiedad, conforme periciales producidas y ante la evidencia que la magnitud del temporal de lluvia ocurrido los días 29 y 30 de marzo y 06 de abril del año 2017, ha dejado registros y en nuestros recuerdos. Sin embargo, esa misma magnitud es la que conlleva la eximición prevista en la norma (1730 CCCN), la que integra el objeto de debate al haber sido planteada como defensa por el Municipio y por ello no luce, ni proporcional ni razonable. Proporcional, por cuanto se ignora cómo llega al porcentaje de responsabilidad que condena y no “razonable” por cuanto avanza en confirmar lo extraordinario del acontecimiento natural hacia una “evitabilidad parcial” de haberse cumplido con las obligaciones legales impuestas en el ordenamiento jurídico que analiza.
Jurisprudencialmente, se ha reconocido la responsabilidad estatal si la causa está dada por la falta de obras de infraestructura adecuada, por parte del municipio, para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra y que desbordan ante lluvias intensas. En tal sentido se hace una limitación del concepto del caso fortuito como excluyente total de la responsabilidad estadual. Para ello se entiende que el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una es el caso fortuito de las lluvias intensas y otra, la negligencia del estado municipal, quien incumplió las obligaciones dentro del marco de su respectiva competencia (CNCiv, Sala H, “Boada Osvaldo Norberto c/ Consorcio de Prop. Av. Cramer 1754 y otros s/ daños y perjuicios”, 12/12/2006, MJJ10212).
Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado, el caso fortuito o de fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. En consecuencia, dos cuestiones debían ser abordadas y resueltas en el caso, ante la pretensión deducida; primero, si existió un caso fortuito o de fuerza mayor y segundo, si existe “disposición en contrario” a fin de no viabilizar la eximición de responsabilidad que provoca, legalmente, la existencia de un hecho fortuito o fuerza mayor. Trigo Represas define al caso fortuito y la fuerza mayor como el acontecimiento sobreviniente, no imputable al deudor, imprevisible o previsible pero inevitable, que imposibilita el cumplimiento de la obligación. Entonces, bien enuncia el magistrado y analiza –respecto a los daños ocasionados por el temporal- las obligaciones en cabeza del estado, es más aborda aquellas en cabeza del estado provincial y las que se encuentran en la órbita del municipio demandado y con cita de calificada doctrina, determina que el estado responde por falta de servicio por omisión, por incumplimiento de una manda legal, que le obliga a hacer, es decir, responde por abstención de hacer o haber dejado de hacer. Sin embargo, determinada la obligación cuyo incumplimiento se demanda, y alegada la eximición de responsabilidad por la existencia de caso fortuito, a ello debía limitarse el pronunciamiento. Así, ante la pregunta de por qué la existencia de un acontecimiento que configure caso fortuito o fuerza mayor, dicho suceso, debidamente alegado y probado es una eximente de la responsabilidad civil, surge como respuesta que el daño se debe a un suceso absolutamente extraño y ajeno al dominio del agente a quien no puede atribuírsele las consecuencias dañosas. Y ello aparece acreditado con la prueba agregada al caso y detallada en la sentencia recurrida.
Surge incuestionable y sin prueba en contrario, que las precipitaciones de los días 29 y 30 de marzo y 06 de abril del año 2017 fueron excepcionales para el periodo 1956/2023 (SMN), que si bien se analizan las consecuencias de tormentas de diseño, que acontecen cada 30 años duran aproximadamente 1.440 minutos con una intensidad de 174,20 mm, lo cierto es que en el temporal de 2017 llovió 55 mm el 29/03, 232.4 mm el 30/03/2017 y 63.40 mm el 06/04/2017, rompiendo el record de precipitaciones de 140.6 mm en el año 1946, es decir, 71 años antes del fenómeno natural por el que se reclama. En resumida y tajante afirmación, llovió un 900% más que el promedio mensual histórico, así surge de la prueba producida en el caso.
En este sentido, siguiendo con la eximente opuesta por la accionada, es sabido que el caso fortuito determina la falta de autoría del daño y traslada la causa que lo produjo al hecho de la naturaleza o a otros eventos ajenos y externos al responsable, se pone el acento en la inevitabilidad, irresistibilidad e imposibilidad y la prueba que valoro al igual que el juez de grado, da cuenta de ellos.
Se requiere que se produzca un acontecimiento de la naturaleza o un hecho del hombre a partir del cual se desviará el curso normal y ordinario de los hechos, en el caso, como dice Galdós (Tomo II pag. 67 de la obra citada) si bien los hechos de la naturaleza responden a un orden regular que permite preverlos e inclusive evitarlos, adoptando medidas tempestivas y adecuadas (por ejemplo, las lluvias estacionales) lo cierto es que se producen o suceden fenómenos extraordinarios que escapan a la causalidad regular y por lo tanto son imprevisibles e inevitables constitutivos del caso fortuito. Aquí me detengo, ni la parte actora reniega de lo extraordinario del suceso por el que reclama daños, ni el magistrado ha sentenciado la inexistencia de un caso fortuito.
Por ende, al respecto no corresponde ahondar en la acreditación de los demás presupuestos o que en cuanto a qué se entiende por inevitable e imprevisible, por cuanto no se cuestionan la existencia de un caso fortuito (temporal de lluvia) sino que centran su fundamento en incumplimientos legales por los que entienden responsable a la municipalidad, no al estado provincial.
Allí es donde asiste razón a la municipalidad quien alego falta de responsabilidad por existencia del casus, casus que arriba firme a esta instancia, continuando la actora con la insistencia de obligaciones legales municipales incumplidas, sin hacerse cargo de las propias previsiones del art. 1730 CCCN “salvo disposición en contrario”. Específicamente en este sentido, advierto que las normas citadas por el magistrado establecen obligaciones en cabeza del municipio, más no se constituyen en liberación contraria a la existencia del casus, no disponen que el municipio responderá por su responsabilidad por omisión de servicio, por los daños ocasionados, aún ante la existencia de caso fortuito o fuerza mayos. En consecuencia, la liberación dispuesta en el 1730 del CCCN es totalmente procedente.
Se ha cumplido con la prueba de la existencia del caso fortuito o fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, se ha cumplido con probar los hechos impeditivos, modificatorios y extintivos en los que basa su defensa. Dice Palacio que por prueba debe entenderse “la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley, y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas” (Palacio, Lino Enrique (2003); “Manual de derecho procesal civil”;
Decimoséptima edición; Ed. Abeledo Perrot; Buenos Aires). Entonces, probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Afirmaba que quien invoca el caso fortuito para eximirse de la responsabilidad que se le pretende imputar debe acreditar el mismo, no sólo su existencia, sino su incidencia en el daño ocasionado, a fin de ser desplazado de la causalidad. No detallaré toda la prueba producida, sino la relevante para formar convicción para resolver el recurso interpuesto, sin dejar de afirmar, que todas han sido íntegramente valoradas conforme las reglas de la sana crítica, en la sentencia definitiva recurrida.
El perito meteorólogo <PER_18> señaló que “la tormenta eléctrica que se desató el día 29 dejó un acumulado de 29 mm entre las 15 hs y 21 hs, mayormente registrado entre las 17:30 y 18:30 hs, lapso en dónde se desarrolló la mayor intensidad del fenómeno dando lugar a inundaciones repentinas por lo que se estima que en algunos sectores de la ciudad los acumulados de lluvia en ese período de tiempo pudieron haber superado los 30 mm” y que el “día 30 se alcanzó la extraordinaria medición de 232 mm en 24 hs constituyendo un valor record en la historia de los registros de lluvia de la estación meteorológica de Comodoro Rivadavia. Cabe destacar que en 48 hs se acumularon 287 mm”, completando con que el “día 6 se registraron 63 mm y el día 7 de abril 28 mm con lo cual 91 mm en 48 hs. sigue siendo un registro alto para la zona”. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que “las condiciones de mal tiempo que dominaron los primeros 9 días del mes de abril estuvieron asociadas a un patrón de circulación estacionario conocido como bloqueo atmosférico”, “en Comodoro Rivadavia también se ha registrado un valor récord con 232 mm el día 30 de marzo”, si se considera el período de tiempo comprendido entre 1929 a 2017, el valor record anterior al 2017, fue 140.6 en 1946.
Asimismo, se indicó que “si bien se preveían fenómenos extremos de precipitaciones en la zona de interés para los días 29 y 30 de marzo y 06 y 07 de abril, con acumulados estimados de 60 a 100 mm y 70 a 120 mm respectivamente, los datos registrados en la estación meteorológica Comodoro Rivadavia Aero dan cuenta de que los fenómenos acontecidos fueron excepcionales para el período 1956-2023 (tabla B), de baja frecuencia de ocurrencia y baja previsibilidad en su magnitud”. A ello ha de sumarse las especificaciones de “tormenta de diseño”, que acontece cada 30 años y en la misma, la precipitación no llega ni por asomo a la cantidad acaecida en el temporal 2017.
Con estos fundamentos, entiendo que en el caso, la prueba de los eximentes –en forma total- ha sido inequívoca, aun interpretando la misma en forma restrictiva, en tanto que acorde con una orientación jurisprudencial aquiescente, cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y el demandado debe acreditar la intervención de una causa ajena, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto”, conforme palabras que hago propias de esta Cámara de Apelaciones, Sala A, Sentencia Definitiva N°14/2018 Fecha: 28/05/2018.
En este sentido, en los casos de responsabilidad, los eximentes por caso fortuito o fuerza mayor, operan únicamente ante la existencia acreditada de sus caracteres, imprevisibilidad e inevitabilidad, de ahí que, demostrado de modo fehaciente e indubitable y con interpretación restrictiva por tratarse de eximentes, que el evento dañoso no pudo evitarse por su carácter extraordinario, existe eximición del responsable. Así se ha resuelto, que “La lluvia, así como la sequía, son hechos que se producen, según el curso regular de la naturaleza y sólo puede configurar caso fortuito o fuerza mayor, cuando por su intensidad, alcanza proporciones realmente extraordinarias, es decir, fuera de toda normalidad. No habitual, ni siquiera posible, en zona y época, es decir, un fenómeno que no se hubiera visto desde "época remota" o "tiempo inmemorial", según la expresión utilizada en literatura jurídica…” (lo subrayado es propio, Id SAIJ:
SUB1400334).
Bajo tales parámetros, “proporciones realmente extraordinarias, no habitual ni posible para la zona y época, con los informes agregados al caso y antes detallados, entiendo acreditada la existencia del caso fortuito.
Así, recuerdo que el art. 390 del C.Pr. establece que, salvo disposición en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Esto implica que la prueba ofrecida por las partes con la intención de procurar el convencimiento del sentenciador, es analizada por éste desde un punto de vista lógico, mediante un examen crítico que lo coloca en una situación activa y no ya de mera contemplación: el juez no “acepta” la prueba; todo lo contrario, debe valorarla como jurisperito, como un técnico en el conocimiento del derecho.
Nace así la necesidad de fundar el análisis de la sentencia, que permitirá el control a las partes y al tribunal de apelación. La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas; imperativo legal de carácter general, reiterado en relación a los distintos medios de prueba. La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las “máximas de experiencia”, es decir, el “conocimiento de la vida y de los hombres” que posee el juez; simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación (conf. Fenochietto-Arazi: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 1993, T° 2, págs. 341/342).
Conforme a lo expuesto, propondré al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada, revocar la sentencia de grado y la consecuente imposición y regulación de honorarios (282 C.Pr.) y así lo voto.
III.5.b. Respecto al recurso de la parte actora, en atención a como propongo resolver el recurso de la accionada, el tratamiento de los agravios expuestos en extenso memorial, devienen de tratamiento abstracto, al haber hecho lugar a la eximición de responsabilidad, en el caso, conforme art. 1730 del CCCN y así lo voto. III.5.c. Respecto al recurso interpuesto tanto por las regulaciones de honorarios como imposición de costas, por ambas partes y el perito Sr. <PER_10>, advierto que conforme manda del art. 282 del C.Pr., al haberse propuesto modificar la sentencia de grado, costas y honorarios deben ser readecuado, razón por la cual, el recurso deviene de abstracto tratamiento y así lo voto.
IV. Costas y honorarios:
En atención al resultado de los recursos, analizados los antecedentes del caso, cabe recordar, como destaca <PER_19> en “La condena en costas en el proceso civil” (Editorial Zavalía 1966 pág. 63) que, en nuestro derecho positivo en general, la condena en costas al vencido es la regla, y la exoneración constituye la excepción. Así lo dispone el art. 69 del CPCCCh. En nuestro sistema procesal, las costas al vencido, no se imponen como una sanción, sino simplemente para resarcir las erogaciones que ha debido efectuar la parte ganadora para lograr el reconocimiento de su derecho y el vencimiento, se determina por el resultado del proceso o del incidente.
Dicho entendimiento esta dado en base a que el criterio objetivo que determina la imposición de costas al vencido, no tiene una finalidad punitoria, sino que parte de la idea de plena reparación que preside toda indemnización de carácter civil y muestra un exacto y adecuado sentido de justicia al resarcir los gastos en que debió incurrir la parte para obtener el reconocimiento de sus derechos.
Analizadas las constancias, surge que existe cuestión contenciosa, conflicto de intereses y la parte actora reviste el carácter de vencida. Dice Palacio, que la parte vencida es aquella que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (Conf.: Derecho Procesal Civil, T. III, p. 369). Las excepciones al principio fundado en el hecho objetivo de la derrota remiten al arbitrio judicial (Conf.: Palacio – Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 3°, Rubinzal Culzoni Editores, 1989, Santa Fe, p. 94), el cual debe ejercerse en forma restrictiva y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio general antes expuesto (v. S.T.J.Ch. S.D. N° 05/2005).
Por ello, las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida.
Respecto a la regulación de honorarios por los labores efectuados en la instancia de grado, propondré regular los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto el proceso, los honorarios de <PER_3>, <PER, <PER_5>, <PER_6> , <PER_7> y <PER_8> , letrados de la demandada, en conjunto, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, los honorarios del perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero <PER_10> , por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso y los honorarios de la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso. En todos los casos, más IVA de corresponder.
En atención a las disposiciones de las leyes arancelarias el monto del proceso estará conformado por el capital reclamado en la demanda más los intereses a la tasa peticionada en la demanda que se devengarán desde la misma, en atención a que allí fue cuantificada la pretensión rechazada.
Respecto a las labores efectuadas en esta instancia, propondré al acuerdo regular los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, los honorarios de <PER_7> y <PER_8> en el 30%, en ambos casos respecto a los honorarios regulados por los trabajos efectuados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera. A la segunda cuestión, la Dra. Nieto dijo:
1. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y en consecuencia revocar la SD 166/2025 y su aclaratoria SD 183/2025 en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por <PER_1> contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerando respectivo.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida conforme el art. 69 del C.Pr.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios de, <PER_4>, <PER_6>, <PER_3> <PER_5> <PER_7> y <PER_8> , letrados de la demandada, en conjunto, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, los honorarios del perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero <PER_10> Carrizo, por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso y los honorarios de la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso. En todos los casos, más IVA de corresponder.
4. Respecto a las labores efectuadas en esta instancia, propondré al acuerdo regular los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, los honorarios de <PER_7> y <PER_8> conjuntamente en el 30%, en ambos casos respecto a los honorarios regulados por los trabajos efectuados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
5. Tener presenta las reservas de caso federal efectuadas por las partes actora y demandada.
A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación interpuestos en contra de la SD N° 166/2025 por la actora (ID <CUIT_1>, agravios ID 2212236), la demandada (ID 2081440, agravios ID 2222715) y, en piezas separadas por ambas partes contra la regulación de los honorarios profesionales, por altos (ID <CUIT_2> e ID 2081440) y el perito ingeniero, por derecho propio, quien asimismo los cuestiona por bajos (ID 2070852). Corridos los respectivos traslados, los actores dieron respuesta a los de la contraria (ID 2242075), no mereciendo respuesta por parte de la demandada.
I. Análisis de los agravios. Solución.
I.1.a. Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191).
Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V nº 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial y toda vez que en el marco del voto precedente se ha efectuado la reseña de los antecedentes, de los hechos de la causa, como asimismo de las cuestiones objeto de planteo por los recurrentes, me remitiré expresamente a lo ya expuesto sobre aquellos puntos, en resguardo de los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva.
I.1.b. Luego, habiendo efectuado un análisis detallado del caso y de las quejas de los apelantes, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravios, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los mismos en los puntos III.5.a –exención de responsabilidad de la demandada por caso fortuito o fuerza mayor, III.5.bdeclarar abstracto el tratamiento de los agravios de los actores en atención a como fuera resuelta la cuestión y III.5.c.- declarar abstractos recursos contra costas y honorarios por readecuación de los mismas-, como así también en el punto IV. –costas y honorarios-, por la primera votante Dra. María Marta Nieto.
A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, y de ser compartido mi voto, propongo al acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y en consecuencia revocar la SD 166/2025 en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por el Sr. PER contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerandos respectivos.
2. Imponer las costas de ambas instancias a las actoras vencidas (arts. 69 y 282 CPCCCh).
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, para el Dr. <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, y para los Dres. <PER_3> , <PER_4> , <PER_5> , <PER_6> , <PER_7> y <PER_8> , letrados de la demandada, conjuntamente, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, los honorarios del perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero <PER_10>, por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, y los honorarios de la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, con más la alícuota del IVA de corresponder.
4. Por las labores ante la Alzada, fijar los honorarios profesionales del Dr. <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, y de los Dres. <PER_7> y <PER_8> , conjuntamente, en el 30%, en ambos casos a calcular respecto de los correspondientes a la primera instancia, con más el IVA, si correspondiera.
5. Tener presenta las reservas de caso federal efectuadas por las partes actora y demandada.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente, SENTENCIA:
1. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y en consecuencia revocar la SD 166/2025 y su aclaratoria SD 183/2025 en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por <PER_1> contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerando respectivo.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida conforme el art. 69 del C.Pr.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, los honorarios de <PER_3>, PER_4> , <PER_5> , <PER_6> , <PER_7> y <PER_8>, letrados de la demandada, en conjunto, en la suma de pesos equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del proceso, los honorarios del perito martillero <PER_9> , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero <PER_10>, por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo <PER_11> en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso y los honorarios de la perito psicóloga <PER_12> , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso. En todos los casos, más IVA de corresponder.
4. Regular en ésta instancia los honorarios de <PER_2> , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al veinticinco por ciento (25%), los de <PER_7> y <PER_8> conjuntamente en el treinta por ciento (30%), en ambos casos respecto a los honorarios regulados por los trabajos efectuados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
5. Tener presenta las reservas de caso federal efectuadas por las partes actora y demandada.
6. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 84 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "C"
Fin de la sentencia