Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1-2023, en cuanto condena a ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY por la comisión de la infracción prevista en el art. 970.1 del CA, confirmando la multa en la suma de $52.212,86 y determinando la exigencia tributaria en la suma de $416.295,9, esta última con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
2Revocar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administratvias SIGEA 17320-1-2023, en cuanto ordena el comiso de la mercadería secuestrada (automóvil marca Toyota, modelo Corolla 2012, dominio DRSV-28-9), que deberá ser devuelta a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-51499668-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 15 de Mayo de 2025 DIMSEY TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Claudia B. Sarquis (subrogante en la Vocalía de la 14a nominación que se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados: “ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY c/D.G.A. s/recurso de apelación”, EX2023-145152163--APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1- 2023, mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción del art. 970 del Código Aduanero (“CA”) y se le comisó el automóvil marca Toyota, modelo Corolla 2012, dominio DRSV-28-9, atento a tratarse de mercadería de importación prohibida. Explica que el 10.09.22 ingresó desde Chile con la admisión temporal de su vehículo, venciendo el plazo de permanencia el 08.03.23. Señala que confundió la fecha en que debía egresar el automóvil, creyendo estar en fecha para cumplir el recaudo. Sostiene que la resolución apelada carece de fundamentación y es arbitraria, por equiparar este caso al común de las importaciones temporarias, aplicando una sanción exagerada. Refiere que en estos casos no se advierte un aprovechamiento económico de la mercadería introducida temporalmente, ni una desnaturalización o abuso de confianza respecto del servicio aduanero que coloquen al infractor en una posición ventajosa respecto de sus competidores. Se expresa sobre la naturaleza jurídica de las infracciones aduaneras y los principios que rigen su aplicación. Reitera que no puede considerarse que el error en la fecha de reexportación implica sin más el incumplimiento de la obligación asumida, cuando el responsable se presenta de forma espontánea a cumplirla. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Indica que el automóvil comisado no se encuentra entre las mercaderías de carácter prohibido previstas en la resolución 909/94, por no ser un bien de los allí previstos. Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 916 del CA y plantea la improcedencia de la liquidación de los tributos reclamados en dólares. Finalmente, hace reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Mediante el IF-2024-69120799-APN-DTD#JGM, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido. Relata brevemente los hechos y realiza la negativa de rigor. Señala que los argumentos expuestos por la actora no han podido desvirtuar la configuración de la infracción tipificada en el art. 970 del CA. Sostiene que la sanción no resulta exagerada, ya que no se puede ser infractor por causalidad o por error. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Luego refiere al esquema de responsabilidad infraccional del código aduanero y cita lo establecido por el art. 970 del CA. Se expresa sobre la procedencia de la liquidación en dólares de los tributos. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 03.07.24 se tiene por contestado el traslado. El 11.09.24 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. El 14.05.2025 se elevan los autos a la Sala “E”, y luego se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1-2023 se inician con el acta de secuestro 4/23. A fs. 3 luce el permiso de circulación, a fs. 5/6 la póliza del seguro y a fs. 7 la planilla de salida y admisión temporal de vehículos. A fs. 12 se determina el valor en aduana, valor en plaza y los tributos aplicables para el vehículo secuestrado. A fs. 14 obra el acta de denuncia 23R8OOM11001881H. A fs. 21/23 la actora presenta el testimonio sobre lo ocurrido. A fs. 29 luce liquidación de tributos y multa. A fs. 30 se resuelve instruir sumario contencioso y se ordena correr vista de lo actuado, lo que se notifica el 09.10.23 (fs. 31). A fs. 32/35 la actora contesta la vista. Finalmente, a fs. 39/41 obra la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -4278/23-, en cuanto condena a ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA y ordena el comiso del vehículo, se ajusta a derecho.
V.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que la ley 23.825 aprobó el Convenio de Turismo Argentino-Chileno del 06.11.86, celebrado entre ambos países como consecuencia del Tratado de Paz y Amistad firmado en la ciudad del Vaticano el 29.11.84 y que tiene como objetivo consolidar, a través del turismo, la cooperación e integración entre ambos países limítrofes.
Siguiendo los lineamientos del convenio bilateral, se dictó la resolución 127 (ANA) del 01.01.86 que reglamentó la entrada y salida temporal de vehículos utilizados en viajes de turismo entre la República Argentina y la República de Chile. Dicha resolución fue posteriormente sustituida por la RG AFIP 2623 del 08.06.09, en cuyo Anexo I se regula la admisión temporal de vehículos particulares con fines de turismo procedentes de la República de Chile. Con relación al plazo máximo de admisión temporal del vehículo en la República Argentina, el punto 6 lo fija en 180 días, prorrogables por única vez y por igual término. Aclara además el punto 7 que la solicitud de prórroga deberá efectuarse durante la vigencia del plazo original, y que será otorgada siempre que, al momento de la solicitud, el titular de la admisión temporal acredite su calidad de turista y pueda permanecer como tal en el país, conforme a la documentación y normativa migratoria vigente.
No resulta controvertido en autos, conforme las manifestaciones de ambas partes, que la actora ingresó al país desde Chile el 10.09.22, venciendo el plazo de 180 días el 08.03.23. Asimismo, conforme el acta de secuestro que luce a fs. 1 de las act. adm., el servicio aduanero verificó que el vehículo en cuestión procedía a egresar del territorio el 21.03.23, es decir, vencido el plazo de permanencia otorgada. En su defensa, la actora manifiesta que confundió la fecha en que debía egresar el automóvil, creyendo estar en fecha para cumplir el recaudo.
Ante situaciones como esta, el artículo 3 de la RG AFIP 2623/09 indica que, cuando se constate el incumplimiento de las obligaciones allí establecidas, el sujeto responsable será pasible de las sanciones y medidas cautelares previstas en el Código Aduanero. En esta línea, el art. 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. En estos casos, la carga de la prueba del cumplimiento en término del régimen recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
En este sentido, se recuerda que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Aclarado ello, encontrándose verificados en autos los presupuestos que configuran la infracción endilgada por el servicio aduanero, y toda vez que no consta en el expediente administrativo solicitud de prórroga al plazo de admisión temporal otorgado originalmente, corresponde confirmar la resolución apelada, en cuanto condena a la actora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970.1 del CA.
En consecuencia, corresponde confirmar la multa impuesta en la suma de $52.212,86 y determinar la exigencia tributaria en la suma de $416.295,9 conforme el siguiente detalle:
Valor en aduana en U$S 3.000 Derechos de importación 35% 1.050 Tasa de estadística 3% 90 Tasa de comprobación 2% 60 Base de IVA 4.200 IVA 21% 882 Total tributos en U$S 2.082 Total tributos en $ (TC. 199,95) 416.295,9 V.2.- Sentado lo que antecede, resta expedirse respecto de la sanción de comiso establecida en el art. 970.2 del CA. La Aduana ordenó el comiso de la mercadería por considerar que el automóvil en cuestión se trata de mercadería de importación prohibida. Sin perjuicio de tales manifestaciones, no se observa a lo largo de todas las actuaciones administrativas justificación alguna para sus dichos, en el sentido de indicar expresamente el fundamento normativo de la supuesta prohibición.
En efecto, véase que la única referencia se encuentra a fs. 12 de las act. adm., en donde luego de realizar un detalle de la mercadería, indica en el último renglón que la mercadería se encuentra prohibida por el régimen general. Al respecto, es procedente recordar lo resuelto por la CSJN en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/DGA”, en cuanto a que las prohibiciones han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas. Asimismo, recuerda que de la exposición de motivos del Código Aduanero surge que el término prohibiciones designa a restricciones directas, es decir, las que impiden en forma directa la importación o la exportación.
En conclusión, toda vez que las manifestaciones de la Aduana no cuentan con sustento normativo, ni cumplen con los recaudos supra señalados, corresponde revocar la sanción de comiso y ordenar la devolución del automóvil a la actora.
VI. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1-2023, en cuanto condena a ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY por la comisión de la infracción prevista en el art. 970.1 del CA, confirmando la multa en la suma de $52.212,86 y determinando la exigencia tributaria en la suma de $416.295,9, esta última con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1-2023, en cuanto ordena el comiso de la mercadería secuestrada (automóvil marca Toyota, modelo Corolla 2012, dominio DRSV-28-9), que deberá ser devuelta a la actora.
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17320-1-2023, en cuanto condena a ORELLANA ANDRADE YULY DIMSEY por la comisión de la infracción prevista en el art. 970.1 del CA, confirmando la multa en la suma de $52.212,86 y determinando la exigencia tributaria en la suma de $416.295,9, esta última con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la resolución RESOL-2023-4278-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en el marco de las actuaciones administratvias SIGEA 17320-1-2023, en cuanto ordena el comiso de la mercadería secuestrada (automóvil marca Toyota, modelo Corolla 2012, dominio DRSV-28-9), que deberá ser devuelta a la actora.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben los Dres. Soria y Sarquis, por encontrarse de licencia el Dr. Juárez (art. 6 y 52 RPTFN y art. 1162 CA). Date: 2025.05.15 14:32:00 ART Date: 2025.05.15 14:39:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.15 14:40:03 -03:00
Fin de la sentencia